#NiUnaMás
Paren de matarnos
En lo que va de marzo, al menos 25 mujeres y una niña fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o conocidos. 15 mujeres más una niña fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o conocidos. Además hubo tres femicidios vinculados: las tres eran niñas. Y son cinco las mujeres que encontraron fallecidas sobre las que todavía no hay información precisa. Reconstruimos en esta nota las historias a partir de los datos aportados por observatorios de organizaciones sociales y medios de todo el país, para exigir al Estado que elabore medidas urgentes para frenar los femicidios durante el aislamiento social preventivo.
En lo que va de marzo de este año son en total 25 las mujeres y niñas que arrebató la violencia. 15 mujeres más una niña fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o conocidos. Además hubo tres femicidios vinculados: las tres eran niñas. Y son cinco las mujeres que encontraron fallecidas sobre las que todavía no hay información precisa.
Desde que empezó la cuarentena -20 de marzo- fueron asesinadas al menos 12 mujeres y niñas. Cinco de ellas -Cristina, Claudia, Susana, Lorena y Verónica – fueron femicidios en los que están involucrados sus parejas o ex parejas. Tres fueron femicidios vinculados de niñes: Ada de 7 años, una niña de 2 años y una bebé de 2 meses. Tres casos están todavía en investigación: Haydee Salazar de 54 años en Bariloche y María Leonor Ginés de 70 años en Salta fueron halladas el 28 de marzo, una adolescente de 17 años en Tolosa el 22 de marzo y Maria Florencia Santa Cruz, 30 años, encontrada el último día de marzo ahorcada con una campera en la localidad bonaerense de Tigre. Tampoco hay esclarecimiento del contexto de las muertes de Jesica Rocío Farías de 21 años en Santa Fe, la encontraron el 13 de marzo, y el de Florencia Micaela Soto de 27 años en Neuquén hallada el 18 de marzo.
Después de estar días y semanas desaparecidas, el 28 de marzo hallaron sin vida a cinco de ellas. Cuatro mujeres y una niña encontradas muertas en un solo día.
En lo que va del 2020, de enero al día de hoy, son 87 los femicidios y travesticidios confirmados y 5 los femicidios vinculados. Un total de 92 muertes por la violencia machista.
El machismo en Argentina se cobra, en promedio, una víctima por día.
Además, en El Jagüel buscan sin descanso a Gabriela Lucila Monzón de 19 años. Desapareció la mañana del 14 de marzo en esa localidad. Su hermana difundió en Facebook que Gabriela venía recibiendo amenazas y que el viernes 13 hizo la denuncia a esta comisaría. La vieron por última vez el sábado 14 de marzo a las 7.30 hs. El pelo de Gabriela es colorado. Sus familiares y amigos piden que cualquier información llamen al 1140259754 o al 1122670032 o también a la Comisaría 5ta de El Jagüel.
Las mujeres asesinadas por la violencia machista no son números. No son una estadística más en una lista que parece sin fin. Cada una de las que ya no están son madres, hijas, hermanas, compañeras, amigas, primas, mujeres queridas con identidades e historias de vida. Detrás de ellas hay familias y comunidades. Cuesta reconstruir cuáles eran sus gustos, sus habilidades, que amaban hacer, cuáles eran sus sueños, para hablar de ellas con otra perspectiva. Contar la crueldad es exponer a los femicidas, sus modus operandi y poner en relieve cómo los van a investigar, si serán juzgados por “crímenes menores” o con la contundencia del femicidio.
Las que nos faltan este mes. Ni olvido ni perdón.
2 de marzo. Guadalupe, 8 años, Lobos, Provincia de Buenos Aires, un día desaparecida. La golpearon y prendieron fuego viva en un presunto intento de ataque sexual. El principal sospechoso es un primo de la madre de la niña, Sergio Ramón Olivera, 22 años, al que detuvieron a 33 kilómetros de la escena y le encontraron rasguños que coinciden con los signos de defensa en el cuerpo de Guadalupe. La fiscal Patricia Hortel calificó el crimen como “homicidio calificado”.
2 de marzo. Brenda Micaela Gordillo, 24 años, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca. Desapareció el 29 de febrero. Según la investigación, esa noche discutieron y su pareja la asfixió, la prendió fuego en una parrilla y como no pudo deshacerse de su cuerpo la descuartizó y repartió sus restos por la Ciudad. Naim Vera (19) intentó con frialdad y crueldad encubrir el asesinato; se entregó a la policía y confesó el crimen dos días después. El fiscal Hugo Costilla calificó el crimen como “homicidio agravado por femicidio”.
3 de marzo. Jordana Belén Rivero, 28 años, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. La golpearon hasta desmayarla y la tiraron por el balcón desde un séptimo piso. El departamento lo encontraron desordenado y adentro, atrapado, a Bernardo Luis Baraj, 50 años, quien fue detenido. Baraj había sido denunciado por un ataque a su ex pareja en Tierra del Fuego. El fiscal Fernando Castro investiga la causa como “homicidio agravado por la condición de género de la víctima”.
3 de marzo. Mónica Ramos, 61 años, asesinada a puñaladas en su casa de la ciudad de San Luis. La encontraron los bomberos cuando acudieron a la casa porque se estaba incendiando. No hay detenidos por el crimen pero se descartó la hipótesis de un robo y apuntan a alguien de su entorno. Los investigadores creen que fue un femicidio porque no había forzamientos de puertas ni ventanas.
3 de marzo. Octavia Colque, 39 años, Las Toninas, Provincia de Buenos Aires, cuatro días desaparecida. La golpearon, asfixiaron y enterraron en el patio trasero de la casa de la ex pareja, Balvino López, quien fue detenido sospechado del femicidio. El fiscal, Gustavo Mascioli, caratuló la causa como “homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género”.
3 de marzo. Agustina Atencio, 17 años, Catriel, Río Negro, cuatro días desaparecida. La golpearon y la arrojaron al río. El posible femicida es Ezequiel Rebolledo, 21 años, con quien compartía la tarde en las orillas de Río Colorado. Rebolledo era de su círculo de conocidos; Agustina intentó defenderse él cuando la atacó porque ella se negó a la seducción. No queda claro si murió por asfixia a la inmersión o por estrangulamiento. El fiscal, Santiago Márquez Gauna, investiga el caso como “femicidio”.
8 de marzo. Fátima Acevedo, 25 años, Entre Ríos. Sufría violencia en manos de su pareja, Nicolás Martínez de 35 años. Lo denunció a la policía y al juzgado porque intentó quemarla con ácido, pero nadie lo detuvo. Estaba cansada de hacer denuncias que no llegaban a nada, desesperada por ella y su pequeño hijo. Les dijo en un mensaje de texto a sus amigas que ya no sabía qué hacer. Había desaparecido el 1 de marzo, siete días después encontraron su cuerpo en un aljibe.
9 de marzo. Denise Vergara, 31 años, fue asesinada por su ex pareja en su lugar de trabajo, en Villa del Totoral, Córdoba. Miguel Gutiérrez, de 40 años, había amenazado al padre de Denise con que iba a matarla. Ella lo había denunciado el 2 de marzo por violencia familiar – tenían un hijo- tras una “sucesión de hechos y conductas violentas” según contó la familia al diario La Voz. Él resultó imputado por lesiones leves y la oficina de violencia familiar de Jesús María emitió una orden de restricción. Gutiérrez premeditó el femicidio: la noche del 9 de marzo rompió el alambrado del complejo fabril donde trabajaba Denise, se ocultó en la oscuridad a esperar que ella terminara su turno y al verla pasar la golpeó en el rostro y la apuñaló en zonas vitales. Mientras las compañeras de Denise pedían ayuda, Gutiérrez huyó. Se entregó a la Justicia la madrugada del 10 de marzo. El fiscal Guillermo Monti lo imputó por femicidio.
12 de marzo. Romina Ruiz Díaz, 36 años, fue asesinada a puñaladas en su casa en la localidad de Los Pozos, partido bonaerense de Cañuelas. Detuvieron a Mauricio Wilvers, 38 años, quien era su pareja. Romina, desangrándose, pidió ayuda a sus vecinos y murió en el hospital. El hijo mayor, un adolescente de 14 años, presenció el hecho. También fue testigo el hijo de 3 años. Ambos niños vieron a su padre sobre su madre con un cuchillo en la mano, apuñalandola. La pareja, además, criaba una beba de año y medio. Romina no lo había denunciado por violencia. El fiscal Lisandro Damonte acusó a Wilvers de “homicidio calificado por el vínculo y femicidio”.
13 de marzo. Lidia Elizabeth Britez, 47 años, asesinada a golpes por su ex pareja en Formosa. César David Cáceres, 37 años, la llevó al Hospital Central de Formosa donde lo detuvieron por las heridas que Lidia presentaba, pero el juez ordenó su libertad. Al confirmarse el fallecimiento de la mujer, allanaron la casa de Cáceres y encontraron elementos que coincidían con el ataque a Lidia. Esa noche se entregó a la policía. La hija de Lidia, Yanina Aquino, contó al medio El Comercial que su madre desde hacía un año salía con Cáceres, que había cambiado su forma de ser y que su estado físico estaba deteriorado porque sufría violencia. También que el agresor había sido denunciado por una pareja anterior. Yanina intentó frenar a Cáceres pero en la policía no le tomaron la denuncia. La causa quedó caratulada como “homicidio en ocasión de violencia de género».
15 de marzo. Pilar Riesco, 21 años, cayó del balcón de un cuarto piso en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Quedó imputado su novio, Patricio Reynoso, 31 años, con quien había discutido el sábado 14 de marzo. Según informó Perfil, Reynoso declaró al fiscal Martín López Perrando que ella le había dicho que no lo quería más.
21 de marzo. Susana Edith Melo, 51 años, Ingeniero White, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. La asesinaron a golpes en la cabeza. Fue encontrada sin vida en un camino vecinal. Detuvieron a su ex pareja Raúl Gregorio Costa, 49 años. Una de las seis hijas de Susana contó a Canal 7 que en enero había sufrido agresiones y que en general siempre fue violento. La ex mujer de Costa lo había denunciado por violencia y también tenía una denuncia por violación. Susana también lo había denunciado. El fiscal Diego Conti lo acusó de femicidio.
21 de marzo. Lorena Fabiola Barreto, 32 años, Barrio Itatí, Puerto Libertad, Misiones. La apuñalaron en su vivienda, fue trasladada al hospital, llegó sin signos vitales. Fue detenido su pareja, Roberto Rivero Medina, 74 años, quien fue imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por haber mediado violencia de género y por el vínculo”. Tenía dos hijos, un niño de 10 años y un adolescente de 16 años. Lorena había hecho la denuncia el año pasado por amenazas y Medina tuvo una restricción perimetral que no fue renovada.
24 de marzo. Verónica Soule, 31 años, Santa Fe. Tenía el 80 por ciento del cuerpo quemado, una semana después de estar internada falleció en el hospital. Según la versión de su esposo, Lisandro Cabral, la mujer se autolesiono. Su familia asegura que la violencia que él ejercía contra ella venía desde hacía años, que en más de una oportunidad la vieron golpeada y que ella lo denunció una vez. Se aguarda el resultado de la autopsia pero la justicia inició la investigación con los dichos de él y caratuló la causa como “intento de suicidio”. Al confirmarse el fallecimiento, el fiscal a cargo, Carlos Zoppegni, ordenó profundizar la investigación que no tendrá avances, según dijo al medio TN, “porque no puede mover a nadie por la cuarentena”. Verónica tenía una hija y un hijo, de 8 y 11 años que quedaron al cuidado de Cabral.
26 de marzo. (Femicidio vinculado a Natalia P.) Bebé sin identificar, tenía 2 meses de vida, Puerto Iguazú, Misiones. La balearon, horas después falleció en el hospital. El culpable del ataque, quien fue detenido, sería su padre Mario D. S., 40 años. En la vivienda que compartían el detenido mantuvo una discusión con su pareja y madre de la beba, Natalia P, de 19 años, a quien también amenazó con un arma calibre 22 de aire comprimido. Según relató la joven, durante la pelea, el agresor efectuó un disparo que impactó en el cuerpo de la niña.
28 de marzo. Claudia Repetto, 53 años, Mar del Plata, General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. Desaparecida desde el 1 de marzo, diecinueve días después, el fiscal de la causa resolvió imputar a su ex pareja Ricardo Rodríguez, 54 años, por femicidio. El cuerpo de Claudia Repetto, que falleció ahogada tras ser atacada a golpes, fue encontrado el 28 de marzo sepultado en una zona de acantilados. El dato para el hallazgo fue confesado por su expareja, quien admitió ser el autor de femicidio, luego de que los hijos de la víctima lo encontrarán andando en bicicleta por la ciudad. El fiscal Fernando Castro imputó a Rodríguez por el delito de femicidio. Claudia tenía cuatro hijos adultos.
28 de marzo. (Femicidio vinculado a: sin registro de nombre). Víctima sin identificar, 2 años, Lules, Tucumán. La ahorcó su padre quien se suicidó luego de cometer el crimen. Leandro Almirón, 21 años, habría discutido el viernes a la noche con la madre de la niña, quien era su ex pareja, y tras advertirle que la iba a matar, se la llevó y al día siguiente encontraron a ambos sin vida en una finca limonera de esa localidad.
28 de marzo. Cristina Iglesias, 40 años, Monte Chingolo, Lanús, Provincia de Buenos Aires. Ella y su hija Ada de 7 años desaparecieron el miércoles 25 de marzo. Fueron halladas tres días después en el fondo de su propia casa, asesinadas a puñaladas y la nena también por asfixia. Por el doble femicidio detuvieron al novio de la mujer, con quien cumplían la cuarentena. Su familia denunció en redes sociales que Cristina sufría violencia por parte de Abel Romero (25), quien fue capturado y confesó el crimen, aunque dijo que tres hombres lo obligaron. El fiscal Jorge Grieco lo acusa de doble femicidio.
31 de marzo. Maria Florencia Santa Cruz, 30 años, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Durante la madrugada un patrullero la encontró. Estaba semidesnuda, colgada ahorcada con una campera en un alambrado. Detuvieron a Santiago Ezequiel Hernández, 32 años, a quien se lo ve con ella en las cámaras analizadas. Al momento de la detención Hernández presentaba excoriaciones en los brazos producidas en las últimas 24 horas.
La reconstrucción fue posible gracias a los datos aportados por observatorios de organizaciones sociales y medios de comunicación de todo el país. El resultado es escalofriante e implica que el Estado adopte medidas concretas y urgentes para frenar la violencia machista.

#NiUnaMás
Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)
Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)
En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.
Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.
El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.
Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.
La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.
Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.
Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.
En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.
Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.

En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Ni un paso atrás
La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.
En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.
En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.
Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.
Cronología de 10 años de impunidad y lucha
2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.
2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.
2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».
2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.
2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.
29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.
#NiUnaMás
Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Por Bernardina Rosini para lavaca.org
Desde Córdoba
Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.
Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».
Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».
Un cuerpo desaparecido
La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.
La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.
Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.
Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:
- Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
- Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
- Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
- Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.
La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.
Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”
Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.
La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri

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