Nota

Petróleo y protesta social. Caso testigo: La situación en el norte de la provincia de Santa Cruz

Publicada

hace 19 años

23/03/2006

“En los albores del siglo XXI, la Cuenca del Golfo San Jorge se encuentra en un proceso de reemplazo de un modelo de acumulación de capital basado en la fuerte participación del Estado (a través de políticas proteccionistas), por un nuevo modelo caracterizado por el mantenimiento de la extracción petrolífera como actividad principal, la reducción del costo laboral y la precarización de las relaciones salariales, la crisis en las instituciones gremiales, la flexibilización de los procesos productivos a través del uso intensivo del recurso tecnológico, la fuerte dependencia de los comportamientos de los mercados internacionales de crudo y la marcada ausencia de actores encargados de la Planificación y la definición de políticas sobre el Desarrollo Regional”.
Salvia, A. (comp.); La Patagonia de los Noventa. Sectores que ganan, sociedades que pierden; Buenos Aires; Editorial Colmena; 1999
Contexto: La Cuenca del Golfo San Jorge es una amplia región ubicada en la Patagonia central entre los paralelos 43 y 47 grados de latitud sur. Comprende la zona meridional de la provincia del Chubut, la parte norte de la provincia de Santa Cruz y gran parte de la plataforma continental argentina.
El área total de la cuenca se estima en unos 200.000 Km2 de los cuales 70.000 Km2 (35%) tienen interés petrolero (posibilidades potenciales de contener hidrocarburos) según los conocimientos y datos actuales.
En la provincia de Santa Cruz, la red de oleoductos está integrada por el que se origina en el yacimiento Las Heras con destino al tramo de ducto Pico Truncado. Estas instalaciones alcanzan un recorrido de 72 km de extensión con una capacidad de 9.600 m3/día, siendo el transportista Repsol /Y.P.F.
Desde el tramo de ducto Pico Truncado hasta el yacimiento Caleta Olivia se conectan las estaciones intermedias Cañadón León y Cañadón Seco, en 53 km de extensión y con una capacidad de 35.000 m3/día. A su vez, el ducto Pico Truncado se conecta con el ducto Huemul a través de un recorrido de 27 km y una capacidad de 3.500 m3/día, siendo el transportista Total Austral.
Como podrá notarse, el trazado de estos oleoductos marcan el mapa de los más graves conflictos sociales de la actualidad.
a) Las riquezas en juego
La Cuenca del Golfo San Jorge es como una mancha de otro color en el entramado de los reservorios hidro- carburíferos del país. Mientras los niveles de reservas de petróleo y gas, entre 1988 y 2004, se redujeron en los yacimientos de todo el país, en el sur del Chubut y el norte de Santa Cruz se produjeron incrementos. Esos aumentos son del 14,62% en el petróleo de dicha cuenca y del 8,56% del gas.
En mayo de 2005 la administración Kirchner lanzó un plan de incentivos fiscales para que las compañías destinen mayores inversiones a la exploración y la ampliación de los horizontes de explo- tación.
La iniciativa oficial contempló otorgar los siguientes beneficios para las inversiones petroleras:
– La devolución anticipada del IVA por la compra de bienes de capital e inversiones en infraestructura.
– La amortización acelerada de los bienes y equipos en el pago de Ganancias.
– La exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
– La eliminación de derechos de importación para equipos y bienes de capital que se no produzcan en el país.
– Los beneficios se extenderán por 15 años para las nuevas áreas y 10 años para las subdivisiones de las zonas concesionadas.
– Los actuales titulares de permisos de explotación podrán acceder a áreas adyacentes con continuidad geológica.
– Las áreas que no están asig- nadas se concursarán según lo previsto en cada jurisdicción.
– Las concesiones actuales se podrán subdividir y el área generada se volverá a concursar, pero con derecho de preferencia para el concesionario actual en base a la prórroga de diez años que prevé la ley de hidrocarburos.
– Para acceder a estas áreas y a los incentivos fiscales será ineludible una asociación con Enarsa. Si bien no se dieron a conocer las condiciones para esa asociación, los funcionarios de Planificación destacaron que se instrumentará un mecanismo por el cual las empresas interesadas deberán ofrecerle una partici-pación a Enarsa y la que plantee la opción más conveniente se adjudicará el proyecto. Si Enarsa desiste expresamente de alguna asociación, en ese caso la petrolera que impulsa el proyecto podrá realizarlo por su cuenta y recibir los beneficios fiscales.
Los planes de incentivos a la exploración han sido múltiples en los últimos 30 años y ninguno de ellos ha dado resultados satisfactorios, y cada vez que se exploró en forma abultada la inversión fue realizada por el Estado con el objetivo de facilitarle los negocios a las compañías privadas.
Entre 1999 y 2005 la rentabilidad de los pozos argentinos ha sido altísima, pero contradictoriamente a estos niveles de ganancia se puede apreciar como los pozos exploratorios fueron los de menor cuantía en las últimas tres décadas. Nunca antes se había explorado tan poco, ni siquiera tras la privatización de YPF, pero desde la llegada del grupo Repsol los niveles exploratorios fueron cada vez menores.
b) Los dueños del golfo
Las empresas que extraen las riquezas en esta cuenca son:
Repsol-YPF Según informa su página web, al 31 de marzo de 2004, sus principales accionistas son:
1)Repinves 5,6%
2)Repcon Lux 4,8%
3)Caixa 10,2%
4)BBVA (Banco Bilvao Vizcaya) 6,3%
5)Free float 73,1%
El diario El País, de España, el 10 de noviembre de 2002 anunció que el mayor accionista de Repsol es un californiano: “Una gestora norteamericana, Brandes Investment Partners, ha desplazado a la banca española como primer accionista de Repsol-YPF. La californiana Brandes, propiedad exclusiva de un financiero del mismo nombre, se convirtió en uno de los principales accionistas institucionales de Telefónica y de BBVA en España, de Portugal Telecom en Portugal y de Telmex y su filial América Móvil en América Latina”. Cuenta también con participaciones superiores al 2 % en Unilever, Hitachi, BAT, Matsushita o Tyco y Volkswagen.
Sin embargo, no es cierto, como aseguró El País, que Brandes pertenezca a un solo propietario. Tal cual informa el propio fondo, así fue en los comienzos. Pero la estructura de la corporación fue cambiada en 1985, primero; en mayo del 96 después y, por último, en junio de 2002, hasta licuarse en anónimas manos, apenas unos meses antes de la inversión en Repsol.
Tecpetrol: perteneciente a la División Energía del Grupo Techint, con operaciones en Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú. Opera 12 áreas en las cuencas argentinas, con participación total o mayoritaria en concesiones de largo plazo. A fines de la década del ´80 – tras ganar una licitación del Chase Manhattan Bank – Tecpetrol se adjudicó el yacimiento José Segundo, en la Cuenca chubutense del Golfo de San Jorge. A mediados de 1991 -al ser licitadas cuatro áreas centrales- Tecpetrol se adjudicó El Tordillo (Chubut) junto a La Tapera y Puesto Quiroga y pasó a ser una de las áreas productoras de primera línea.
El Área El Tordillo, en el Golfo de San Jorge, es uno de los yacimientos de petróleo más importantes operados por Tecpetrol. Produce alrededor de 10 millones de barriles de petróleo y 6 billones de pies cúbicos de gas al año. El Tordillo posee actualmente más de 700 pozos en producción.
Vintage Petroleum: compañía estado- unidense que hace negocios en el país desde 1995, a través de su subsidiaria Vintage Oil Argentina. El grupo compró en agosto de 2004 la petrolera Río Alto por 36,4 millones de dólares. Río Alto pertenecía a la petrolera canadiense Río Alto Resources International y había ingresado en el mercado hidro- carburífero de la Argentina en el 2000. Actualmente posee 52 pozos productivos en la cuenca de San Jorge.
Pan American Energy: es una com- pañía de BP (60%) y BRIDAS Corp. (40%). Sus directores son Carlos y Alejandro Bulgheroni
Chevron, la cuarta petrolera de los Estados Unidos, compró a la local San Jorge en 1999 por 1.000 millones de dólares. La empresa vendedora fue Bolland, una firma de servicios para la industria petrolera creada por Jorge Priú y Guillermo Ostry, dos ex funcionarios de YPF, a comienzos de los 60. San Jorge creció con la política de privatizaciones de Raúl Alfonsín.
Sipetrol: Sociedad Internacional Petro- lera (Sipetrol) es la filial internacional de la Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en diferentes partes del mundo.
TERMAP S.A.: Es la canilla que concentra la producción de petroleo de toda la cuenca. Sus dueños son los principales operadores de la zona, que formaron un consorcio para centralizar las tareas de almacenaje y carga. Ellos son Repsol-YPF (37.35%), Pan American Energy (31.72%), Vintange Oil (13.79) y Shell (4,20). Opera desde febrero de 1994 las terminales de Caleta Córdova y Caleta Olivia ubicadas en las provincias de Chubut y Santa Cruz. Ambas terminales reciben el crudo de los distintos yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge que equivale aproxi- madamente al 35% de la producción del país. El petróleo es almacenado y preparado para ser bombeado a los buques tanques, de hasta 160.000 toneladas de Porte Bruto, que amarran en las monoboyas distantes a 3.500 metros de la costa. Mensualmente TERMAP S.A. recibe de los productores de la Cuenca del Golfo San Jorge un volumen promedio aproximado de petróleo crudo de 1.250.000 m3. Este volumen de petróleo constituye aproxi- madamente el 33,4 % del producido en el país.
c) Comprar la “paz social”
Con el cliché de asegurar la paz social el 25 de agosto del 2004 se sentaron en una mesa las operadoras petroleras de YPF, representada por el sr Roberto Alfredo Domínguez, (quien el 9 de febrero de 2006 fue uno de los que se sentó en Comodoro Rivadavia a negociar con los petroleros de Las Heras) y el intendente de la ciudad de Pico Truncado, Osvaldo Maimo.
Allí uno por parte del Estado y otro por la parte privada decidieron firmar lo que denominaron “convenio de cooperación” en cuyos considerandos se establece que del análisis realizado por “las partes” (es decir Municipalidad y petroleras) respecto de la situación social en la zona del Golfo de San Jorge ” desean colaborar mutuamente en la generación de una red de contención transitoria que permita atenuar los impactos que se están dando en los niveles de ocupación territorial, generando situaciones de transición para disponer de plazos que posibiliten la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura básica por parte de la Municipalidad que habiliten paliar de mejor manera la situación “, señala el fundamento de este acuerdo.
En el primero de los 9 puntos del convenio se advierte ” Que la Operadora asume el compromiso de subsidiar con carácter de excepción, el costo de los proyectos productivos de forestación y/o de saneamiento ambiental que lleva adelante la Municipalidad con la entrega de PESOS QUINIENTOS MIL (500.000 pesos) en forma mensual “.
En el segundo punto aclara. “El presente convenio de Cooperación tendrá una duración de 12 meses prorrogables por otro período más en forma automática, en la medida que no se hubieran suscitado nuevos incidentes que afecten la actividad de la Operadora , caso contrario la prórroga solo será viable mediando acuerdo expreso de partes. El primer aporte se efectivizará el quinto día hábil de setiembre y los sucesivos pagos dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes”.
En el punto tercero se establece que la Operadora depositará el dinero a orden de la Municipalidad de Pico Truncado en la sucursal del Banco santa Cruz en la cuenta Nº 71363/9.
En el séptimo artículo que tiene el documento se insiste en que la Operadora con este dinero se “asegura” que nadie va a entorpecer su actividad. Al respecto destaca: “Las partes signatarias comprometen su máximo esfuerzo para garantizar la paz social y el normal desarrollo de las activi- dades que tiene a su cargo la Operadora en la zona, quien en caso contrario, podrá suspender el aporte referido en el artículo primero, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de la Municipalidad “.
Tal como se presenta el documento se inferiere que se trata de un seguro de producción donde la operadora YPF/Repsol paga para que la Municipalidad ejerza la vigilancia social a través de subsidios para controlar cualquier tipo de desbordes que impida el desenvolvimiento de la actividad extractiva. En ese marco la comuna de Truncado puede distribuir a su total arbitrio sin que, al menos públicamente, exista la menor idea de cómo se gestiona ese dinero, cómo se controla, quién los distribuye, cuál es el criterio de selección y de prioridades, qué se hace con lo que no se afecta al pago de sueldos y otros detalles por el estilo.
A través de este dinero la Municipalidad enfrió la atmósfera caliente de la zona norte y 700 personas usufructuaron inicialmente de un subsidio de 700 pesos cada uno lo que en total sumaba alrededor de 500 mil pesos que ingresaban a la comuna para afectar a ese concepto.
Lo cierto es que a medida que se fue depurando el padrón, el número de las personas que cobraban ese subsidio fue disminuyendo al punto que en diciembre de 2005 y de acuerdo a fuentes de la municipalidad de Pico Truncado que omitieron revelarse, no serían más de 100 los que cobran esa suma.
Averiguaciones practicadas en el medio de Pico Truncado dan cuenta extraoficialmente que a lo que abona Repsol se habrían sumado otros 500 mil pesos que aportan las empresas Panmerican y Vintage Oil, con lo cual la Municipalidad de Pico Truncado estaría recibiendo alrededor de 12 millones de pesos anuales distribuidos estos aportes en un 50% por Repsol YPF, 31% Pan american y 19% Vintage.
A raíz de la inquietud que generó esto en medios sociales y laborales de Pico Truncado, los primeros días del mes de agosto de 2005 en una radio de la ciudad petrolera, el Secretario de Planificación Económica y Producción de la Municipalidad Luis Alberto Martínez, argumentó que el dinero que reciben de las operadoras (lo cual recordemos estaba destinado en principio al pago de subsidios a los desocupados) es utilizado inicialmente para cubrir este objetivo social y “lo que sobra” es destinado a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, señaló el funcionario como forma algo difusa de detallar cuánto, cómo y en qué se invierte tanto dinero mensualmente.
d) Los conflictos sociales
Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, consigna que durante 2005 Santa Cruz fue la provincia con más cortes de rutas y vías públicas en relación a su población, ya que con sólo el 0,5% de los habitantes concentró el 4,8% de las protestas, registrando un corte cada 3.455 personas.
El alto nivel de conflictividad no tuvo su correlato en una más activa partici- pación de las autoridades locales y nacionales en la búsqueda de una solución.
Analicemos algunos de los casos más conflictivos que marcaron la agenda de la región durante el 2005:
Abril
A fines de abril de 2005 el Tribunal de Justicia de Santa Cruz hizo lugar a un recurso de casación y nulidad presentado por el abogado Ramón Amaya a favor de seis detenidos durante un reclamo social. Concluía así ocho meses de prisión en los calabozos de Caleta Olivia donde permanecieron encerrados Elsa Orozco (32 años, 2 hijos) Marcela Constancio (32 años, 6 hijos) Selva Sánchez (28 años, 3 hijos), Jorge Mansilla, Mauricio Perenacho y Hugo Iglesias . Los habían acusado de “usurpación con impedimento de funciones públicas”, “privación ilegítima de la libertad y daños”, “usurpación” y “entorpecimiento de la actividad económica”. En su sentencia, los jueces realizaron un llamamiento a no aplicar el Código Penal para resolver los conflictos sociales. Para argumentar en esa dirección citaron a prestigiosos juristas como el ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni, dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obra de Roberto Gargarella, “El Derecho ante los Cortes de Rutas”.
Todo había comenzado el 19 de agosto de 2004, cuando unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron “trabajo genuino” frente a la Municipalidad. Unos días después, los manifestantes se trasladaron para reclamar a la playa de tanques de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), el consorcio de empresas multinacionales que controlan el negocio petrolero de la zona.
La tensión se había resuelto con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes -unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos- y aseguró que no iba a haber represalias. Sin embargo, en la noche del tres al cuatro de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción Nº1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó quince. Se llevó a las personas de sus casas a los golpes y sin explicar los motivos. Incluso, a un hombre que terminó en la comisaría con su bebé tras las rejas. La acción duró dos días y el saldo fue la detención de las seis personas que habían oficiado como voceros de los reclamos.
Mayo/Junio
Los estatales de la ciudad de Pico Truncado -unos 600 trabajadores- sostuvieron desde mayo un plan de lucha en reclamo de una mejora de 300 pesos y por el blanqueo del personal contratado. El reclamo se extendió por 44 días, en 37 de los cuales hubo piquetes. Finalmente, el municipio firmó un acta-acuerdo, pero luego el intendente denunció que la mejora había sido conseguida en forma “compulsiva” y aseguró que él y otros funcionarios fueron “tomados de rehenes hasta las 5 de la mañana para llegar a una propuesta”. Maimo sostuvo que los trabajadores rodearon el lugar donde se negociaba y lo amenazaron de muerte.
El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, acusó a los manifestantes de haber roto bienes de la municipalidad valuados en 100 mil pesos. Así fueron tomados prisioneros e incomunicados Alejandro Garzón, secretario del gremio de empleados estatales de Santa Cruz y los delegados gremiales del municipio de Pico Truncado, David Esteré, Belisario Segel, Julio Pesolano, Pedro Pallagulla y Pilar Peralta. Al secretario gremial, de ATE, Alejandro Barriga, no pudieron llevarlo a la comisaría porque los vecinos de Río Turbio corrieron a los gritos al móvil policial. Los seis fueron imputados de coacción, privación ilegítima de la libertad y daños, y, por la gravedad de los delitos imputados, la jueza Graciela Roarte de Leone les denegó la excarcelación.
El sindicato ATE nacional declaró un paro que fue acompañado con movilizaciones. En Pico Truncado hubo una marcha con antorchas, mientras que en Río Turbio los mineros cortaron la ruta de acceso a Chile. Se hicieron manifestaciones en San Juan, Jujuy, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa. En la Capital Federal hubo una concentración frente al Ministerio del Interior.
La esposa del detenido Alejandro Garzón, Olga Reinoso, denunció que en vísperas de la jornada de protesta su casa fue robada y que los ladrones se llevaron electrodomésticos. “Quiero creer que se trató de un robo común”, indicó. El secretario de ATE Santa Cruz cumplió su detención internado en el Hospital de Caleta Olivia, ya que sufrió una peritonitis. Los cinco detenidos restantes fueron repartidos entre esa ciudad, Perito Moreno y Los Antiguos. Además, el acta-acuerdo del aumento fue declarada nula por la Justicia tras la denuncia que dio origen a las detenciones.
Por su parte, los abogados Mariano Mansilla y Matías Cremonte, de la Asesoría Jurídica del gremio estatal, elaboraron una carta modelo para que las organizaciones gremiales y políticas de todo el país sumen su pedido de libertad a los detenidos enviándola al Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado, mientras que informaron que “tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) han pedido a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata libertad de los delegados”.
Pocos días después, la presentación de un video en donde se ve al intendente conversando relajadamente con las mujeres que protagonizaron el reclamo salarial desbarató la acusación que mantuvo siete días en prisión a seis representantes gremiales.
Julio
El 14 de julio de 2005, un grupo de desocupados mantuvo cortadas las rutas provinciales N° 12 y N° 99 en Cañadón Seco, en el norte de Santa Cruz, en reclamo de puestos de trabajo en la industria del petróleo. El martes 19, cerca de 200 desocupados tomaron una planta deshidratadora de Repsol y bloquearon las oficinas operativas de Vintage Oil.
Ese mismo día, Repsol formalizó una denuncia en la cual se acusaba a los trabajadores desocupados por usurpa- ción y daños contra la entidad. A raíz de esta presentación judicial, la jueza subrogante Marta Yánez dispuso el desalojo de la planta el miércoles 20 por la noche. En el operativo participaron más de 300 integrantes de las fuerzas de seguridad, junto al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEO) y gendarmería. El desalojo se produjo en forma violenta y 44 manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, localidad a 12 kilómetros de Cañadón Seco. Allí distintas organizaciones sociales recla- maron la libertad de los presos. La policía respondió con balas de goma y detuvo a otras 50 personas, entre ellas 15 menores y 16 mujeres.
Los trabajadores desocupados afirmaron que fueron brutalmente golpeados por la policía. Varios de ellos sufrieron poli traumatismos, fracturas y golpes, por lo que algunos tuvieron que ser internados internados en el hospital zonal. El director del hospital local, Dr. Daniel Esloper, confirmó que tres personas habían sido internadas allí: un hombre con herida de bala de goma, una mujer con varios golpes y una niña menor que sufrió un golpe en una pierna. El médico informó que durante toda la tarde del 25 estuvo entrando gente con lesiones de distinta consideración e irritación en los ojos y garganta, resultado de la represión policial.
Los familiares efectivizaron una serie de denuncias por abuso de autoridad y malos tratos y catalogaron de “aberrante” el accionar de las fuerzas de seguridad.
Por estos episodios permanece aún detenido Cristián Ruiz, quien durante el reclamo actuó como vocero de los manifestantes.
Cañadón Seco no tiene intendente. Su gobierno está a cargo del presidente de la sociedad de Fomento de la localidad, José Claudio Dalle Mura, quien luego de estos hechos asumió como ministro de Gobierno de la provincia.
Setiembre
El 1 setiembre de 2005 los trabajadores del sector petrolero de la provincia de Santa Cruz protagonizan una protesta que tiene lugar en las puertas de dos plantas de Repsol y que bloquea la salida de los camiones. El Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a intervenir y ha sentado en la misma mesa a empresarios y sindicalistas. Según denunció la empresa Repsol, cada día de paro le cuesta unos 1,8 millones de pesos. Inicialmente, la protesta surgió por el despido de dos trabajadores que eran delegados del Sindicato de Petroleros Privados, que luego fueron reincorporados. Luego, siguió cuando los representantes del Sindicato de Petroleros Privados se decidieron a pasar a la acción y exigir por la fuerza la firma de un nuevo acuerdo salarial que se discute desde hace tres meses y que supondría un aumento del 30% al 40% en los salarios. En la actualidad, los trabajadores de este sector cobran 650 pesos mensuales y quieren que se incrementen sus sueldos hasta 850 ó 900 pesos.
Octubre/Noviembre
El 21 de octubre los trabajadores el petroleo continuaron con su reclamo de aumento en las calles. A las 10 de la mañana, unos 400 trabajadores se instalaron frente a la Casa de gobierno de Santa Cruz. A media tarde, un grupo de familiares de policías que desde unos días atrás se habían autoacuartelado en reclamo de mejoras salariales, se sumó a la protesta. Por la noche, el gobernador Sergio Acevedo se reunió con los delegados petroleros y acordó de palabra acepar los reclamos del sector. Al no cumplirse este acuerdo, a mediados de noviembre se anunciaron medidas de fuerza.
e) Denuncias de contaminación: cómo afecta la salvaje extracción petrolera a la región
La industria petrolera necesita cada vez de mayores volúmenes de agua para la recuperación secundaria de petróleo y allí parece radicar uno de los mayores y menos debatidos conflictos. “La falta de agua suficiente para poder abastecer a toda la zona sur del Chubut y norte de Santa Cruz se debe fundamentalmente a la ausencia de una obra en alguna parte de la cuenca del río Senguerr que permita administrar de mejor manera el agua necesaria para el consumo humano, el riego de las zonas alta y medias de la cuenca y el abastecimiento a la industria petrolera. La cuenca hídrica del río Senguerr parece haber llegado a su punto de colapso. Los últimos veranos han mostrado con claridad que el agua que circula por el acueducto no es la suficiente y las propias autoridades han admitido que más allá de tener en funcionamiento el nuevo y el viejo acueducto los niveles de suministro son inferiores a la demanda existente”, informa el periodista Marcelo García en una nota publicada en octubre de 2005.
El otro tema silenciado es el de la contaminación. Además de escasa, el agua de la región está en riesgo por la descuidada acción de las empresas que allí operan. Un ejemplo:
Una serie de inspecciones realizadas por la delegación de Medio Ambiente de la Zona Norte de la provincia de Santa Cruz, determinó que las tareas de saneamiento que comenzaron luego de la privatización de YPF no fueron efectivas y sus consecuencias comienzan a desudar un importante pasivo ambiental. Inspecciones rutinarias que se llevan a cabo por parte del personal de esa delegación, en los distintos yacimientos petrolíferos de la Cuenca del Golfo San Jorge, detectaron un total de 310 piletas de petróleo mal saneadas, que constituyen una fuente de contaminación. Según el informe dado a conocer en febrero de 2005, la responsabilidad de estas violaciones a lo estipulado en el decreto N 3.316 de la Ley de Residuos Peligrosos, se distribuye de la siguiente manera:
– 130 piletas en los diferentes yacimientos operados por Repsol
– 58 en los operados por Pan American Energy,
– 77 en Vintage Oil,
– 27 en la UTE Lago del Desierto,
– 10 en Ehrencap S.A., 4 en Misahar Argentina S.A.
– 4 en Pionner.
Una vez detectadas estas piletas, el personal de la delegación, labró las actas correspondientes en las cuales se solicita a la operadora el correcto saneamiento y el traslado de los suelos afectados con el hidrocarburo a los repositorios habilitados, para su posterior tratamento.
Contacto
Dr Ramón Amaya
(0297) 4851450

La persistencia de la impunidad. Caso testigo: la situación en General Mosconi, Salta

Las fábricas recuperadas por sus trabajadores. Caso testigo: el Hotel Bauen (ciudad de Buenos Aires)

Nota

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

Publicada

hace 5 días

16/11/2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:

Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Nota

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Publicada

hace 2 semanas

10/11/2024

En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

Publicada

hace 3 semanas

02/11/2024

Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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