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Piden un nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez
El fiscal Carlos Altuve reclamó hoy la realización de un nuevo juicio durante la audiencia en la que se apeló el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez, 16 años, ocurrido en Mar del Plata en 2016. La cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires realizó este jueves en La Plata esa audiencia de apelación de un caso en el que el impresentable fallo (2018) del tribunal oral marplatense se regodeó en cuestionar a la víctima en lugar de dilucidar el crimen. El fiscal reconoció que la propia justicia no está dando respuestas y es parte del problema. La defensa de la familia de Lucía está de acuerdo con el pedido del fiscal de realizar un nuevo juicio. Participaron de la audiencia Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía; la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas; la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz; Rosa Bru; Andrea Antico (pareja de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago) y Gustavo el papá de Natalia Mellman, entre otras figuras. El pedido del fiscal deberá resolverse en un máximo de 20 días, para reescribir la historia de un caso emblemático, en un país en el que solo en lo que va del año hubo 70 femicidios.
Este jueves a las doce del mediodía en el Tribunal de Casación de La Plata comenzó la audiencia de apelación del fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez.
Le dieron la palabra a la defensa de la familia de la joven de 16 años asesinada. Entonces la abogada Florencia Piermarini se paró, y recitó: «Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú». Es la letra del tema del grupo chileno LasTesis devenida en himno contra los femicidios.
Silencio.
Siguió Florencia: «Esto le dice Lucía a los jueces que la condenaron».
Silencio.
Mientras tanto en la calle doscientas mujeres bailaban y cantaban esa misma canción de cara al edificio. Sus dedos señalaban así al poder judicial y a la trama que construye la impunidad.
Pero ya no hay silencio. Es un estruendo.
Y se repite un grito: «Lucía somos todas».
En la sala, el momento culminante ocurriría cuando el fiscal Carlos Altuve planteó que el propio poder judicial es parte del problema, que no se está dando respuesta a la ola de femicidios que existe en el país, y solicitó que el juicio por el caso de Lucía Pérez se realice de nuevo, ante otro Tribunal.

Salir a la calle
Marta Montero, mamá de Lucía, se despertó el miércoles a las cinco de la mañana para ir a trabajar al Hospital Interzonal de Mar del Plata donde es enfermera. Volvió a su casa después de las tres de la tarde y junto a Guillermo Pérez, papá de Lucía, prepararon decenas de carteles con la cara de su hija y una frase: “Nulidad al fallo y condena por femicidio”. Después marcharon junto a una multitud que desbordó las calles de su ciudad para poner un freno a la violencia machista: un día antes Bernardo Luis Baraj, 50 años, había golpeado y arrojado desde un séptimo piso a Jordana Belén Rivero, de 28 años. Mientras marchaban, Claudia Repetto, 53 años, seguía, y sigue, desaparecida en esa misma ciudad desde el domingo pasado.
Terminada esa marcha y sin dormir, parte de la multitud llegó hasta La Plata. Se juntaron a la una y media de la madrugada para consensuar, entre 112 personas, las medidas para garantizar el cuidado de todes. Después subieron a dos micros y salieron a la ruta durante toda la noche.
“Ayer marchamos por Jordana, una manifestación multitudinaria, un femicidio terrible. Y a su vez marchamos por Claudia Repetto. -cuenta a lavaca María Inés de la Campaña Nacional Todas Somos Lucía-. Mar del Plata está viviendo un momento difícil con gran cantidad de femicidios. Fue impresionante el apoyo. Estuve con la familia de Jordana algunas horas en su casa, una de sus hermanas me decía: ‘jamás pensé que nos podía tocar a nosotros’, creo que a la ciudadanía en general le está pasando de pensar que no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotres, a nosotras, a nuestras hijas, a un familiar. Eso es parte de lo que está generando una conciencia. Hay que hablar, sembrar conciencia. Y es fundamental que el Estado accione en forma inmediata, que las políticas públicas lleguen. Hoy estamos acá porque construimos justicia desde estos lazos que armamos”.

Acompañarse
Desde Ciudad de Buenos Aires a las nueve de la mañana salió una combi, tan repleta que implicó que un grupo de personas tuviese que viajar en tren. Entre quienes viajaban para acompañar estaba Andrea Antico, compañera de Sergio Maldonado (el hermano de Santiago): “Hay un patrón, ya sea en femicidios, en gatillo fácil, en el caso de Santiago: las familias padecemos lo mismo. Te agarra impotencia, no podés creer que siga sucediendo, la única forma es seguir luchando, acompañando a todas las familias. A veces con estos aires nuevos en la política te dicen: ‘hay una política del Estado de acompañar’, pero los jueces siguen siendo los mismos. Te agarra impotencia y una tristeza profunda pero lo que mantiene en pie a las familias es esto, la solidaridad, la empatía, no querer esto para nadie, gracias al acompañamiento creemos que se puede llegar a un cambio, en la lucha colectiva, solos no podemos”.
Gustavo Melmann lleva la foto de su hija Natalia en el pecho y la de Lucía en las manos. “Hoy estamos esperando que la justicia sane el error cometido. La Argentina está esperando que los jueces den la posibilidad de que se haga un juicio justo”, dice en la puerta de los Tribunales donde también esta Rosa, mamá de Miguel Bru, que reconoce: “Mi hijo venía a la marcha de un chaboncito, como decía él, y a mí nunca se me dio por decir: ‘dónde es, dónde hay que ir. Era el problema de otro. Entonces cuando empecé a ver que tanta gente te acompañaba, se comprometía, para mí fue una enseñanza. Nos tenemos que involucrar, estar y colaborar en lo que se pueda. Digo siempre: lo que hicieron conmigo lo voy a devolver, estar, acompañar, asesorar”.
¿Qué une casos como el de Miguel y el de Lucía?
El juez Natiello que hoy está en el tribunal, integraba el Tribunal de Casación cuando estaba la causa de Miguel. Y además nos une la solidaridad, estar acá, acompañar, saber lo que significa. Uno en estos casos es multitud. Muchas veces cuando empezaba la marcha de Miguel yo decía: ‘que poquitos somos’, y después iban viniendo de a uno, se iban sumando, por eso siempre sostengo que uno es un montón.

La máquina de impunidad
Lucía tenía 16 años cuando la mataron. Nadie está preso por su femicidio.
Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena el 8 de octubre de 2016. Llegó muerta. Un día después los detuvieron en una camioneta Fiat Strada gris donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto. En el juicio oral, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Maciel fue sobreseído.
Nadie fue condenado por el femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale (Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata) consideraron que a Lucía no la mataron –se murió– ni la violaron, sino que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida.
Todas las partes apelaron.
Muchas de las mujeres que acompañaron la audiencia de apelación del vergonzoso fallo llevaron remeras que decían: “Código Penal. Art. 80.11 Art. 119. 4to parr”. Son los artículos de femicidio y de abuso sexual con acceso carnal.

Hacer justicia
La familia de Lucía Pérez entró a los tribunales acompañada de las abogadas Florencia Piermarini y Verónica Heredia. Minutos después llegó Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora mientras las mujeres en la calle gritaban “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. La audiencia fue en la Sala IV de la Cámara de Casación en La Plata con los jueces Natiello, Kohan y Mancini.
La abogada Florencia Piermarini cuenta a lavaca: “Arrancamos contestando las tres preguntas que se hizo el tribunal para absolver a Farías, Offidani y Maciel, que tenían que ver con juzgar y violentar la intimidad de Lucía Pérez Montero. Dimos respuesta nosotras a todos los prejuicios que atravesaron esa sentencia que lo único que hace es reeditar la vida de Lucía para convalidar que estuvo donde quería con quien quería, y nos pareció que teníamos que responder esa sentencia. Ese fue el objetivo de la exposición”.
¿Cuál fue el planteo de la defensa? “Pedimos nuevamente que se los condene por el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte en concurso ideal con el femicidio, tanto a Farías como a Offidani. Y pedimos que se revoque el fallo que se absuelve a Maciel por encubrimiento agravado. Creemos que el Tribunal tiene elementos suficientes dentro del expediente para poder dictar la sentencia que estamos pidiendo. Nos acompañó el fiscal de Casación Carlos Altuve, quien pidió que se haga un nuevo juicio oral. Y después, lamentablemente, tuvimos que escuchar todos y cada uno de los párrafos de la sentencia en boca de la defensa de los acusados e inclusive escuchar alegar a la defensora general en relación a que no se podía concursar el derecho penal en aras de reclamos feministas. Parece que la perspectiva de género, la figura de femicidio, la ley de protección de violencias contra la mujer, la convención de Belém do Pará no existen”.

Agrega la abogada Verónica Heredia: “Lo que nos llamó la atención de la defensa técnica de los imputados es que es una defensa oficial. Son funcionarios públicos, están obligados a respetar y tener una perspectiva de género porque es ley. No es una cuestión ideológica, si me gusta o no: es la ley, lo dicen la Constitución y los tratados de Derechos Humanos”. Responde Verónica Heredia.
¿Cuáles son las respuestas posibles que puede dar el tribunal?
El tribunal puede confirmar la sentencia tal como lo pide la defensa, pude hacer lugar a lo que nosotros pedimos, que es que ellos mismos condenen con los elementos que ya hay y digan que son responsables por la violación y el femicidio de Lucía. O que hagan lugar a lo que dice el fiscal Altuve y que hagan el reenvío. Nosotros esta opción si bien no la peticionamos expresamente, porque técnicamente nos ajustamos a lo que había pedido la anterior querella, la vamos a acompañar y en definitiva lo que también queremos.
¿En caso de que se haga un nuevo juicio es con otro tribunal?
Sí o sí tiene que ser con otro tribunal y obviamente vamos a pedir que la jurisdicción de la fiscalía de Mar del Plata tampoco intervenga. Pensamos que todo el sistema de acusación del Ministerio Público Fiscal está viciado para llevar adelante una nueva acusación y sostener un nuevo juicio en este caso. Vamos a pedir a las autoridades cambiar la jurisdicción de la fiscalía.
En relación a Mar del Plata se llega a la audiencia de hoy mientras hubo un nuevo femicidio y con una mujer desaparecida, ¿qué papel tiene el Poder Judicial en esta realidad?
El fiscal de Casación en ese sentido estuvo realmente muy certero porque dijo: ‘nosotros somos responsables, hay un femicidio cada 23 horas en Argentina y la justica, nosotros, no le estamos dando respuesta. Nos tenemos que hacer cargo de que somos parte del problema’. Nos llamó la atención también porque no estamos acostumbrados a que el Ministerio Público Fiscal se haga cargo del rol que tienen en cada femicidio que se produce.
¿Cuándo se espera la respuesta del tribunal?
Piermarini detalla: “Dijo el juez Kohan, que la sentencia va a estar en término de ley y eso es en máximo 20 días”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.
Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).
La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.
Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.
Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.
Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.
Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.
En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».
Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.


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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.
Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.
En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.
Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.
Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una comunicadora social que utilizaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quienes no la tenían. Su asesinato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la libertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmente para el libre ejercicio del periodismo”.

Fotos Sebastián Smok para lavaca.
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La tesis del gran bonete

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.
Por Claudia Acuña
Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.
Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.
Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.
La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.
Las raíces de la información
¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).
Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.
Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.
¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.
Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.
Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.
Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.
¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.
En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.
Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.
¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.
¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.
También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.
Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.
Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.
Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.
Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:
- Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
- Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
- Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
- Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.