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Cooperativa de trabajo, imprenta, y usina de teatro: que cumplas felices 20 años, Gráfica Patricios

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La imprenta Gráfica Patricios está cumpliendo 20 años desde la toma que permitió que los trabajadores pudieran salvarla del vaciamiento al que estaba siendo sometida por la antigua patronal. Este 20 de diciembre habrá un acto, y además la presentación de la obra de teatro Furia, en línea con una tendencia que Gráfica Patricios siempre supo implementar a partir de su relación con Norman Briski: el trabajo, la autogestión, y el arte. Incluimos aquí el anuncio de la celebración y, como homenaje a Gráfica Patricios, La rebelión de las máquinas, la historia de la recuperación publicada en aquel momento por lavaca, que forma parte del libro Sin Patrón – Fábricas y empresas recuperadas en la Argentina.

Por María del Carmen Varela

“Cuando nosotros ocupamos la fábrica, éramos 75 compañeros que quedábamos acá. Esos compañeros se mantuvieron 60, 70 días, se iban yendo y algunos no regresaban, hasta que quedamos 28”, relata Gustavo Cali Ojeda, —actual  presidente de Cooperativa Gráfica Patriciosen la serie documental de 8 capítulos Lo que hay que hacer para trabajar, producida por lavaca y estrenada a comienzos de este año.  Se refiere al año 2003,  momento económico especialmente complicado, post debacle 2001 en el que Talleres Gráficos Conforti fue tomado por sus trabajadores luego de reclamar por el pago de los sueldos y fuera muy evidente el vaciamiento de la empresa por parte del dueño,  Raúl Gonzalo.

Los cañones apuntaron hacia los trabajadores y fueron acusados de usurpación. Durante ese largo período de resistencia, el actor Norman Briski acompañó la toma y estrenó Maquinando, obra de teatro con los obreros como protagonistas. “Era una lucha alegre, no era una lucha cejijunta, ni intelectual”, cuenta Briski en el capítulo 4° de la serie.

Cooperativa de trabajo, imprenta, y usina de teatro: que cumplas felices 20 años, Gráfica Patricios

Gustavo Cali Ojeda, presidente de la Cooperativa Gráfica Patricios, y el actor, director y dramaturgo Norman Briski, que acompañó la recuperación desde un primer momento, en la filmación del documental Las cosas que hay que hacer para trabajar.

Sin temor a spoilear, porque ya sabemos que la toma tuvo su recompensa, el enorme taller gráfico de Barracas fue convertido en cooperativa de trabajo y tiempo después se produjo la expropiación. Pasaron exactamente veinte años y este miércoles 20 de diciembre, Gráfica Patricios se prepara para celebrar. “Tenemos el compromiso de seguir y no bajar los brazos, queremos que nuestra cooperativa quede para nuestros hijos, nietos, que no se detenga el sueño del control obrero. Nos costó mucho construir en lo político y social para que después vengan estos gobiernos neoliberales y echen todo por tierra”, plantea Ojeda.

Cooperativa de trabajo, imprenta, y usina de teatro: que cumplas felices 20 años, Gráfica Patricios

“Destaco el compromiso de nuestro sindicato gráfico, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MNER y otras organizaciones sociales. Me hubiera gustado más decisión política del gobierno saliente”. Con respecto a lo que sostuvo a la cooperativa durante estas dos décadas, Gustavo subraya: “El trabajo organizado, no nos olvidemos que pasamos una pandemia de casi tres años tremendos. Creo que lo imprescindible es la organización y el compromiso del trabajador. La toma de conciencia es la parte más difícil”. Gráfica Patricios no solo es una imprenta de excelencia sino que a lo largo de estos años han sabido albergar otras áreas como la educativa, sanitaria y de comunicación. En sus instalaciones de Av. Regimiento Patricios 1941 funciona la Escuela de Educación Media N° 2 “Trabajadores gráficos”, un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y Radio Gráfica FM 89.3.

Los veinte años de trabajo ininterrumpido se festejarán este 20 de diciembre con doble evento. A las 18 arrancará el acto y a las 20, la impronta teatral aportada desde siempre por Briski reactivará su potencia con la obra teatral Furia, creada y producida por TSO: Teatro Sanitario de Operaciones (www.teatrosanitario.com.ar).

Furia se estrenó en el Centro Cultural Haroldo Conti, ex ESMA, a veinte años del 2001. “Es una representación vía performance de lo que se vivió en esa época del 2001 que tiene tanta vigencia hoy en dia, por eso se llama así, el pueblo unido salió a la calle a reclamar sus derechos”, cuenta Kike López, director de TSO, compañía de teatro no convencional que viene produciendo obras desde 1996 con una calidad y creatividad destacables. Utilizan distintos lenguajes como el teatro aéreo, video, poesía y diversas técnicas para crear atmósferas que den contexto a la trama.

“Venimos trabajando hace años con empresas recuperadas. Una de nuestras casas es IMPA, hace más de veinte años que estamos ahí y ahora nos acercamos también a la Gráfica donde nos abrieron las puertas para poder presentar nuestras obras. La Gráfica abre su espacio a la cultura”, se alegra Kike. Durante noviembre hicieron funciones en las instalaciones del taller de su obra Mantua XP, que combina teatro aéreo, máquinas escenográficas, actuaciones entre el público, dj en vivo, coctelería y el uso de los elementos fuego, aire, agua y tierra.

Quiere decir que todo esto trata de nuestra historia, el teatro como herramienta para recuperarla y observarla de cerca como un espejo donde mirarnos desde un presente en conflicto. Kike: “En este momento necesitamos ver y esclarecer los hechos, tener memoria para no caer en errores y en procesos del pasado que si bien tenían otro contexto histórico, no funcionaron. La reflexión nos lleva a ponernos de un lado, lo humano siempre está primero”.  

Si bien las entradas se agotaron casi apenas subido el formulario, habrá otras ocasiones para ver el trabajo de TSO en Gráfica Patricios. El año próximo vuelve Mantua y también talleres, seminarios y nuevas producciones teatrales.

Cooperativa de trabajo, imprenta, y usina de teatro: que cumplas felices 20 años, Gráfica Patricios

Aquí reproducimos La rebelión de las máquinas, crónica publicada en 2003 por lavaca, que forma parte del libro Sin Patrón-Fábricas y empresas recuperadas en la Argentina.

La rebelión de las máquinas

por Sergio Ciancaglini

PRIMERA PARTE

Julio del 2003. Las paredes del edificio verde que ocupa media manzana en la Avenida Patricios al 1900, Barracas, Buenos Aires, podrían ser calificadas como murales informativos. Allí hay todo un tratado que detalla con pocas palabras la situación de los Talleres Gráficos Conforti. En letras blancas mayúsculas se relata:

  • Trabajadores de Conforti por la fuente de trabajo. Nos deben más de un año de salarios. ¡¡No al vaciamiento!!
  • Justicia para los trabajadores ¡¡Solución ya!!
  • Más de 3 meses de lucha.
  • Raúl Gonzalo, delincuente, pagá.
  • No al vaciamiento de empresas.
  • No al desalojo.

Aparece además una propuesta que, de acuerdo al efecto que provocan estas situaciones, resulta un dechado de precisión y armonía:

  • Gonzalo, ladrón hijo de puta, pagá lo que debés.

Esta oración está desactualizada en su último tramo. Hoy los trabajadores de Conforti mantienen la primera parte del postulado, pero no parecen querer siquiera que les paguen lo que les deben.
Ahora exigen la expropiación definitiva de la empresa, para que se cumpla la ley y para hacer honor y poner en práctica las dos palabras más profundas pintadas allí, en blanco sobre verde:

  • Queremos trabajar.

Barracas es uno de los barrios más originales de Buenos Aires, con sus manzanas en desnivel con respecto a la calle para no sucumbir a las inundaciones. Conforti está a media cuadra del Riachuelo. Las persianas bajas parecen los ojos cerrados de una empresa que está en coma, víctima de una inundación de otra clase y de uno de esos casos de corrupción empresaria tan emblemáticos de la llamada dirigencia nacional (si es que esas dos palabras conservan algún sentido).

Cooperativa de trabajo, imprenta, y usina de teatro: que cumplas felices 20 años, Gráfica Patricios

Tapa de una de las ediciones de Sin Patrón, de lavaca, con prólogo de Naomi Klein y Avi Lewis.

Matar el tiempo

Una de las ediciones de Sin Patrón, con el prólogo de Naomi Klein y Avi Lewis, que incluye «La rebelión de las máquinas».

La reunión con los obreros de la Cooperativa Patricios es en un taller silencioso, oscuro, quieto, la mayor tristeza para cualquier gráfico o cualquier periodista.
En Terminator 3 se retoma una idea clásica de la ciencia ficción: la rebelión de las máquinas como un anuncio de la catástrofe humana. En la Argentina la catástrofe ya ocurrió, y la rebelión de las máquinas es, en todo caso, la que permitiría que fábricas y talleres como Conforti vuelvan a funcionar. Se trata de otro guion: las máquinas y los hombres aquí son aliados.
En el taller, las máquinas están en silencio, con sus ojos apagados. Los trabajadores estaban jugando a las cartas. En el fondo el juego es siempre el mismo: se trata de ir matando el tiempo, para evitar que el tiempo los mate a ellos.
Pero hay algo que se sobrepone al silencio: calculan que en unos 20 días esta situación puede cambiar definitivamente hacia un ambiente más ruidoso. Ellos, y las máquinas, recuperando su capacidad de trabajar.

La historia comenzó a desmoronarse entre 1998 y 1999 cuando el presidente de Conforti, Raúl Gonzalo, hombre más bien redondeado, decidido, veloz, de palabra fácil (“es de los que te convence que todo lo tuyo es de él, y le creés” dicen los obreros), siempre de barba y 4×4, comenzó a pagar poco y mal a sus obreros.
No faltaba trabajo.
Gustavo Ojeda, delegado gremial y ahora integrante de la Cooperativa Patricios que han conformado los trabajadores, recuerda que entre los clientes estaban El Cronista Comercial, las revistas de Cablevisión y Telecentro, Segundamano y Vía Aérea (que se entrega a los pasajeros de aviones) por nombrar unas pocas. Está dicho: no faltaba trabajo, faltaba pagarlo.
Había unos 80 obreros que aguantaban los retrasos y los recortes que consideraron un mal menor frente a las amenazas de despido o a los retiros voluntarios que cada vez fueron menos voluntarios. “Incluso muchos acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo no se cumplían. O sea, se firmaba el acuerdo, y la plata no aparecía. Íbamos a reclamar al Ministerio, y la homologación no aparecía”.
En la Argentina el sistema de despidos fue privatizado para lograr una mayor eficiencia: despedir más y mejor con el disfraz del “acuerdo mutuo” entre trabajadores y empresas. Sin embargo, las homologaciones en este caso desaparecieron. Para Ojeda la única explicación a semejante enigma es un puño arriba de la mesa: “Alguien puso plata”.

Navidad con monedas

Siempre se puede estar peor. La Argentina lo supo en el 2001, cuando la recesión menemista y su empalme con la recordada gestión del señor De la Rúa y los suyos provocó un colapso absoluto de la economía. En ese ambiente, Gonzalo iba pagando cada vez menos. De sueldos cercanos a a los 1.000 pesos, pasó a pagar fracciones semanales de 150, luego de 100 y finalmente de 50.
De paso, humillaba: hacía que los trabajadores tuvieran que esperar hasta siete horas, fuera de su turno de trabajo, para cobrar esos 50 pesos.
Pero al mismo tiempo Gonzalo ensanchaba sus negocios, como propietario y presidente de Conforguías S.A., empresa a la que iban a parar clientes y contratos que funcionaban en Conforti.
Por eso los trabajadores empezaron a sospechar que ante sus ojos se producía un nuevo acto de magia negra: lo que estaba, desaparecía. Lo llamaron vaciamiento. A fines del 2001 quedaba un solo cliente para Conforti: el diario El País, de España, que tiene una pequeña tirada en Buenos Aires y Montevideo.
Raúl Gonzalo se presentó en convocatoria de acreedores. “Nosotros seguíamos trabajando” reconoce Juan José Rodríguez “y es más: los sábados y domingos trabajábamos gratis. Lo hacíamos pensando que iba a ser peor todavía si la empresa se cerraba”.
Cuando hacían asambleas reclamando pagos atrasados, Gonzalo bajaba a arengar a los gráficos. El señor Miguel Isidro Barrios todavía se asombra con los argumentos: “¿Sabe qué nos decía? Que la culpa de la crisis de la empresa era nuestra. Que hacíamos mal el trabajo y por eso los clientes se iban”.
Llegó diciembre del 2001. Corralito. Denuncia Ojeda: “Pero a éste el corralito no lo agarró. Iba a Uruguay a buscar la plata”. No se sabe cuánta, pero la Navidad de 2001 le pagó $10 (diez pesos) a cada uno de los obreros. A esa altura eran unos 80 empleados, así que Gonzalo invirtió 800 pesos para unas felices fiestas. Un dato curioso: pagó en monedas, porque fue el único cambio chico que consiguió.
A otros no les pagaba siquiera con diez monedas. La AFIP, los organismos previsionales, la obra social y el sindicato, sumados a los salarios caídos, generaron una deuda que –al estilo de la deuda externa argentina- iba siendo cada vez más inmanejable.

Para evitar pagar parte de esa deuda, el señor Raúl Gonzalo intentó un nuevo acto esotérico: declaró bajo juramento a la AFIP que no tenía empleados. Los esfumó.
Pero tiempo después, en marzo de este año, solicitó ante el Ministerio de Trabajo la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis para poder despedir a la mitad del personal.
Conclusión: no tenía empleados, pero iba a echar a la mitad.
Esta teoría sobre la subdivisión de la nada merecería un arduo debate filosófico, el Nobel de Física, o una reparación a las víctimas de la asociación ilícita entre este tipo de empresarios y un Estado neoliberal que los apoya como empresa prestadora de servicios.

La reactivación de la falsificación

A fines de febrero de 2003 los trabajadores se hartaron y comenzaron la llamada “retención de tareas”: al no cobrar, concurren a sus puestos de trabajo a no hacer nada. De todos modos colaboraban en lo indispensable para que siguiera editándose El País. Raúl Gonzalo informó que no podría pagarles ni los 50 pesos semanales que venían cobrando y el 10 de marzo comenzó el cese total de trabajo que continúa hasta hoy. El juez del concurso Juan José Dieuzeide nombró un veedor.
Gonzalo contraatacó iniciando una causa por “ocupación del establecimiento” exigiendo el desalojo de los trabajadores. La fábrica en realidad no estaba tomada ni ocupada, sino que los trabajadores concurrían en sus horarios. El propio veedor judicial elevó al juez un escrito describiendo que no había tal ocupación: el control de la planta –informó- lo realizaba la empresa de seguridad Libercoop y personal adicional de la Policía Federal Argentina, en contacto permanente con el propio Gonzalo.
Hubo más intentos de magia. Gonzalo sostenía que su deuda con los obreros era ínfima y que les había pagado todo el 2002. Para demostrarlo, hizo lo lógico: le presentó al Veedor judicial todos los recibos firmados por los trabajadores durante ese año.
Hubo sólo un detalle disonante: todas las firmas, en más de 300 recibos, eran falsas. A simple vista podía notarse que, además, la misma persona aparecía con firmas absolutamente dispares, cosa que pudo confirmar el propio juez comercial sin necesidad de revisa demasiado esos garabatos amorfos. Esto es algo que puede generar la indignación de cualquier ciudadano honesto, e incluso la de cualquier falsificador eficiente.

Justicia privada

Con el descubrimiento de la falsificación, y de todo lo que eso implica como delito, llegó la orden de detención.
Pero no para Raúl Gonzalo, sino para los obreros acusados de usurpación por la jueza del Juzgado Nacional Correccional número 2, Mónica Atucha de Ares. Esta señora demostró la velocidad de la que es capaz la justicia –a veces- aceptando la denuncia por usurpación, ordenando el desalojo de una fábrica que no estaba tomada, y dictando el procesamiento de 14 de los trabajadores que estaban en la planta el día que ella envió a un oficial de justicia a inspeccionar.
La jueza, como ocurrió con el juez provincial Marcelo Goldberg en el caso de Crometal, puso la defensa de la propiedad privada (aunque se trate de un evidente evasor y falsificador denunciado por vaciamiento) y el ejercicio del desalojo, por encima de cualquier otro interés y derecho. El juez Goldberg terminó pidiéndole disculpas personalmente a los obreros, apenas entendió que estaba poniéndose en la mira de un juicio político. Esta jueza, en cambio, sigue con la amenaza de desalojo pendiente.
Don Aniceto Sanabria, uno de los veteranos de la cooperativa dice en voz alta: “Aquí no hay justicia, ¿no?”. Ninguno de los que estamos con él en el taller tenemos nada nuevo que decir al respecto.

Los obreros presentaron la idea de una ley de expropiación, que tomaron algunos legisladores porteños.
Cuenta Gustavo Ojeda: “Nuestra intención es poner aquí una escuela de artes gráficas, un centro de salud para Barracas y La Boca, y un centro cultural”. El modelo de IMPA, contagiando a otras cooperativas.

Ghelco es contagioso

La idea de derivar el conflicto hacia una cooperativa surgió por el comentario que un policía le hizo al propio Gustavo. El agente les dijo: “Mirá: esta gente pasó por mil bolonquis y terminaron armando una cooperativa quedándose con la fábrica”. Le dio un número de teléfono. Gustavo se conectó así con Ghelco, a cargo de la Cooperativa de Trabajo Vieytes, productora de insumos para confitería y heladería. Luego Gustavo contó la experiencia en su sindicato gráfico, y allí lo conectaron con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
“Para mi es una metamorfosis. Fui nueve años delegado gremial, y ahora tengo que pensar más en que todos vamos a ser dueños de la empresa” dice un sorprendido Ojeda.
El sindicato (Federación Gráfica Bonaerense) fue el que en mayor medida los apoyó económicamente durante este tiempo (anteriormente, los obreros de Chilavert no habían recibido apoyo alguno).
Cuando se les pregunta qué efecto tuvo toda esta situación en las familias, los hombres de la cooperativa son parcos. Ojeda dice: “Las familias nos apoyan” pero Cristóforo Gramajo hace una mueca y dice: “Fue muy duro”.

Medios callados

El conflicto tuvo una repercusión anoréxica en los medios. Los casos más extraños (por llamarlos de algún modo) fueron los de Canal 9, que les hizo una nota que jamás emitió al aire, lo mismo que el periódico Página/12 (que hasta mediados de los 90 se imprimió en Conforti). Dice Gustavo Ojeda: “Los de Página nos vinieron a hacer una nota, pero después supimos que no la publicaron por la relación que tiene Gonzalo con los capos de ese diario”.
Los obreros siguieron cruzándose con Gonzalo en el Ministerio de Trabajo y en el propio taller, al cual el empresario concurre de vez en cuando, releyendo acaso las referencias a su persona pintadas en las paredes verdes. En una reunión en el ministerio, Gonzalo planteó las dificultades en que se encontraba, con riesgo incluso de no poder pagar el seguro de su 4×4, ni el de la su señora esposa. De todos modos, esa dura caída bajo niveles de subsistencia automovilística no parece haberse concretado. Los obreros, poco después, vieron que ambos llegaban a Conforti en sus respectivas camionetas, lo cual debe llevar tranquilidad a los allegados y amigos de la familia, y a los promotores de seguros.

¿Cuál es el futuro? Si sale la Ley de Expropiación, calculan que en cinco o seis días lograrían afinar y aceitar todo el funcionamiento de las máquinas. Gustavo: “Tenemos al menos tres clientes muy fuertes que volverían con nosotros. Con uno que se concrete, ya comemos los 28 que quedamos en la cooperativa, pero además podemos ir recuperando poco a poco nuestro mercado”.
Bajo la mirada de Lauro Vázquez y Gustavo Miranda, dos de los más jóvenes integrantes de la cooperativa (unos pocos de treinta y pico, y de allí para arriba) don Aniceto Sanabria vuelve a tomar la palabra: “Usted hizo muchas preguntas. ¿Puedo yo hacerle una? ¿Por qué este Gonzalo no está preso? ¿Hay justicia?”
Tal vez convenga dejar el interrogante abierto. Al igual que el de saber si Conforti pasará finalmente a manos de sus trabajadores. Todo está empezando. La fábrica está impecablemente mantenida por los obreros. Sobre la mesa del taller quedó el mazo de cartas. Mientras las máquinas sean sólo un adorno, el mazo tendrá como trabajo un acto de magia: ir matando al tiempo que falta para saber qué contestarle a don Aniceto cuando pregunta si hay justicia.

SEGUNDA PARTE

(Agosto de 2004)

La Cooperativa de Trabajo Patricios consiguió la Ley de Expropiación de los talleres el 27 de febrero de 2004. Ya no hay pintadas. Y cada vez más, el lugar es un rugido de rotativas. “Empezamos poco a poco. Pero ahora ya trabajamos toda la semana” dice uno de los obreros sonriendo, mientras uno de sus compañeros conduce un carro a motor que va entre las máquinas llevando y trayendo cargamentos de revistas y folletos. Ya no juegan a las cartas. No hay que matar al tiempo. Cambió el alma de este lugar.
La Cooperativa Patricios reinauguró la planta el 7 de enero del 2004 y en febrero comenzó a producir. Tiene 28 miembros pero ya hay 6 aspirantes más que trabajan día a día: “La idea es que al elevar el volumen de trabajo, se incorporen definitivamente” postula Ojeda, que trabaja en las máquinas cada turno noche.
Recuperaron clientes. Poligráfica del Plata, para la impresión de revistas como Mía, Debate, o los folletos del supermercado Auchan (sólo en este caso, se trata de tiradas de 400.000 ejemplares). Otra gráfica: IPESA. Productos como Enfoques Alternativos (del Partido Comunista), El Vocero Boliviano, El Descamisado, revistas barriales y derivaciones de trabajo de editoriales como Perfil.
“Hay que pensar que aquí se hacían Página/12, El Cronista Comercial y la impresión local de El País, de España” recuerda Ojeda para explicar el potencial de la imprenta.
Empezaron realizando retiros de 100 pesos semanales cada uno. Hoy ya llegaron a los 200, con la idea de llegar a 1.000 pesos mensuales. “Y después categorizar a los compañeros” plantea Ojeda: todos cobran lo mismo, pero suponen que con el tiempo habrá que reconocer distintos niveles de responsabilidad. “Si no, los compañeros se achanchan. Vengo más tarde, o no vengo, total cobro lo mismo”.
El sueño de la cooperativa es que la imprenta vuelva a tener entre 200 y 250 operarios, aprovechando al máximo su potencial.
Gustavo –que fue delegado sindical diez años hasta el conflicto- no alberga un falso optimismo con respecto a que el movimiento de recuperación de fábricas sea contagioso: “El asunto es concientizar al trabajador para llevarlo a una lucha. Pero la verdad es que es muy difícil, muy tremendo. Muchas veces los compañeros sólo quieren ir al trabajo, cobrar y volverse a la casa”.
Pero aún en esos casos, ¿qué preferirían los trabajadores si pudieran elegir? ¿Trabajar con patrón (privado o estatal), o lo que están haciendo ahora? “Los que están acá, no se van más. Pero los compañeros que no saben lo que es trabajar en una cooperativa, capaz que prefieren seguir como están y desentenderse de los problemas. Por eso es bueno que conozcan cómo son las cosas en las cooperativas”.

Otras novedades:

* La Secretaría de Educación porteña abrió en la planta una escuela especializada en técnicas gráficas, como parte de un programa de reinserción de adolescentes que abandonaron la escuela. Ya hay 140 chicos de 15 a 19 años estudiando.
* Se ha mudado la Biblioteca de Barracas, con 30.000 tomos.
* Funciona un centro cultural donde se enseña desde danza y teatro hasta ajedrez, con festivales los fines de semana.
* Planean instalar un merendero para los chicos del barrio y un centro de salud. Se trata de proyectos, pero teniendo en cuenta la efectividad que han tenido hasta ahora con cada una de sus iniciativas, la Cooperativa tiene crédito.

Dice Gustavo: “Estoy muy entusiasmado con todo este proyecto. Hace pocos años pensar en recuperar una fábrica era una utopía. Sinceramente creo que esto es histórico para el movimiento obrero”.
En términos cotidianos, observa que cambió el clima de trabajo: “Estamos todos más sueltos, más tranquilos, sin miedo al castigo. Eso genera más responsabilidad. A la vez, hay que concientizar más a los compañeros para que se comprenda que hay que defender cada puesto de trabajo, y demostrar que podemos administrar la empresa mejor que nadie”.
Lo hacen cada día, que Gustavo vive como pequeñas batallas ganadas dentro de un gran conflicto entre dos sectores que describe del siguiente modo: “Hay tipos que se levantan a la mañana pensando cómo cagar a la gente, y otros que piensan cómo reconstruimos a esta Argentina que la hicieron pedazos”.

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Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera

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La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.

Por Anabella Arrascaeta

Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.  

Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia. 

Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando. 

“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”. 

¿Qué fue lo que pasó?

Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras. 

¿Ustedes iban a participar del evento?

No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.

¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?

Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”. 

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1863594870515908810

¿El gobernador qué hizo?

El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre. 

¿En ese momento te llevaron a la comisaría?

Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.  

En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?

Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia. 

Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?

Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos. 

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Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:  

  • Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
  • Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
  • Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

  • El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
  • la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
  • el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. 

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

  • la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
  • la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
  • las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. 

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.  “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”. 

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”. 

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”. 

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”. 

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”. 

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.  Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”. 

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”. 

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños. 

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”. 

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”. 

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”. 

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria. 

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”. 

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”. 

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. 

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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