Nota
Policía sin cuarentena y la brutal golpiza a un joven de 22 años: “Me decían que tenían una bala para mí”
Un joven de 22 años llamado Enzo relató a lavaca cómo fue golpeado por efectivos de la Policía de la Ciudad el viernes por la tarde. Una médica constató las lesiones y el estado de pánico del muchacho. Otras dos denuncias reflejan cómo la violencia policial no entra en la cuarentena, sino que se exacerbó con las medidas de control: cuatro cuidacoches en situación de calle en Bahía Blanca y un militante del Movimiento Evita que trabaja en un merendero en la Villa 31 también contaron abusos. “Vemos con preocupación que la policía detenga personas por ir a buscar un plato de comida”, reflejaron. La situación de comedores, femicidios y represión: las denuncias con datos concretos que suman territorio desde La Garganta Poderosa.
“Me tiraron al piso, gas pimienta en los ojos, me golpearon dentro del patrullero y me dijeron que tenían una bala para mí. No puede ser así: la policía se está aprovechando mucho”. El relato de Enzo–joven de 22 años, monotributista, trabaja instalando equipos de aire acondicionado y repartiendo delivery por las noches-es otro de los testimonios que revelan las crecientes denuncias por violencia policial en los barrios en medio del despliegue de las diversas fuerzas para custodiar el cumplimiento de la cuarentena.
Enzo vive en Flores con su novia. Esa tarde fueron en moto hacia la casa de los padres de ella, en el barrio de Paternal, a buscar materiales de estudio, porque está terminando el secundario. Previo a eso, Enzo pasó a ver a su mamá. “Es pensionada, discapacitada, y cuida a una señora. Fui a ver cómo estaba. De paso, me dio algo de comida”.
Eran las siete de la tarde cuando ya estaban saliendo de la casa de la joven. Cuando sale a la calle, Enzo ve a mitad de cuadra un oficial de la Policía de la Ciudad caminando en su dirección, a los gritos. Lo que sigue es la reconstrucción del joven a lavaca.
“Una bala para cada uno”
“Estaba con mi cuñado y mi novia. Cuando salimos, vemos que el policía se acercaba gritando: ´¿Qué están haciendo ustedes afuera? ¿Se piensan que esto es una joda, pendejos?´. Nos quedamos mirando a ver si era para nosotros, porque ya nos estábamos yendo. Sí, era para nosotros. Se acerca, se acerca, y se me pone al lado. ´¿Qué están haciendo acá, pendejos?´, me dice. Y me empuja. Ahí le digo ´pará, pará´, y lo empujo yo también. Y ahí me pega. Vino directamente a pegar.
Agarra un palo y me empieza a tirar palazos. No me pega ninguno. Entonces saca el arma. Cuando la saca, me levanto la remera diciendo que la guarde que yo estoy desarmado. La guarda. En ese momento aparecieron muchos policías más y me empezaron a pegar. Me tiraron gas pimienta en los ojos. Me pegaron muchísimo: tengo marcas en todos lados. Me tiraron al piso, me seguían pegando. El vecino pedía que no me peguen más, la mamá de mi novia se tiró encima para cortar todo. Hay un video donde se ve que un policía la empuja. Sale el padre de mi novia, y también lo detienen, porque intenta separar: lo tiran arriba del auto y le empiezan a pegar. También a mi cuñado. Nos detienen a los tres. Pero a mí me llevan a un móvil solo.
Acá cerca hay una villa, La Carbonilla le dicen, y me llevan para ahí. Antes, me siguen pegando. Después me tiraron gas pimienta de nuevo. No podía respirar. Me decían:
-¿Así que te gusta pegar a policías? Mirá cómo llorás, maricón. Seguí llorando.
A los 20 minutos me llevan a la Comuna 15, que está en Lacroze y Guzmán. Cuando me bajan y los policías me ven, no me querían recibir porque estaba todo golpeado. Me dejaron un rato ahí. Se me caían los mocos.
-Quedate ahí, pendejo -me decían.
-Pero soltame un poco las esposas, no doy más, por favor -les pedía.
-Callate la boca y quedate ahí -me contestaban.
Me dejaron media hora. Al rato escucho que piden que me lleven a General Paz y no sé cuál otra, y que quede detenido allá. No me querían llevar porque estaba muy golpeado. Cuando me meten al móvil, ya estaban mi suegro y mi cuñado. Cuando llegamos, el policía de la reja dijo que primero vaya al hospital y después volviera, así me podían recibir. Ya no quería saber más nada. Les dije, por favor, que si ellos no me iban a golpear, necesitaba quedarme ahí. Me dijeron que nadie me iba a golpear. Me terminaron dejando ahí.
Me lastimaron mucho. Tengo marcas de la tonfa en la cara, en el brazo, el codo hinchado, raspaduras. No se lo deseo a nadie.
Estoy asustado. Cuando nos estaban pegando, a mi cuñado y a mí nos dijeron que tenían una bala para cada uno. Una locura: habíamos ido a buscar cosas porque mi novia tenía que entregar un trabajo. Pasamos por lo de mi mamá, también: nos dieron comida, lavandina, para que tengamos estos días. Me patearon todo. Y me sacaron la plata que tenía.
Cuando me sueltan, al mediodía del sábado, no tenía ni la SUBE. Me tomé un colectivo y le pedí al chofer si me podía llevar. Me llevó hasta Lacroze. Ahí me fui caminando.
Y llegué a lo de mi mamá”.
Abrir los ojos
La médica Lucía Scrimini volvía a su casa de hacer las compras cuando vio en la puerta a una señora llorando y a un joven muy lastimado. Era Enzo. “Estaba todo lastimado, golpeado y muy angustiado”, dice Scrimini (71 años) a lavaca. “Además, estaba desesperado porque no tenía constancia médica de las lesiones. Como tengo experiencia militante, y viví todas las dictaduras, les orienté con la denuncia. Y constaté los golpes”.
La médica constató:
- Conjuntivitis (por gas pimienta).
- Luxación y golpe inflamatorio en articulación de codo.
- Inflamación de muñecas por esposa y esguinzados.
- Escoriaciones por golpes en zona izquierda de cabeza y oreja.
- Escoriaciones en espalda.
- Escoriaciones en rodillas y hematomas en hombros, piernas y brazos
- “Estado de pánico con toda la sintomatología: angustia, palpitaciones, llanto. Recibió amenaza de muerte con arma de fuega (aumenta la angustia con el relato)”.
Enzo acudirá este lunes a hacer la denuncia.
Scrimini le dio indicaciones para calmar el dolor. Su lectura de lo que pasó: “Pude verlo porque eso sucede cuando abrimos los ojos. Esta cuarentena lo que hace es darle poder a represores, y así estamos muy lejos de producir cuidados. Porque, ¿a quién beneficia esta cuarentena? A muchas personas de clase media, que tienen donde estar. ¿Qué pasa con quienes no? ¿Con quienes no tienen un techo, o las personas que tienen que ir a comedores o hacer largas colas para algo de comer?”.
Sin techo y sin merendero
Las preguntas de la médica Scrimini resuenan con dos nuevas denuncias que llegan en la mañana del domingo. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) denunció que la policía de Bahía Blanca desalojó y detuvo a cuatro cuidacoches en situación de calle que se habían instalado en una vivienda abandonada para pasar la cuarentena. “Allí fue donde las fuerzas de seguridad aprovecharon para realizar un desalojo violento”, denuncia la organización en un comunicado. “Martín, referente del MTE de Bahía Blanca, intervino ante los balazos de goma que constan en el informe policial, y sufrió una detención arbitraria”. Y apunta: “No hace falta mucho sentido común para darse cuenta que es imposible realizar la cuarentena si no tenés un techo”. La causa tramita en el Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Walter López Da Silva.
A su vez, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Policía de la Ciudad detuvo en el barrio Mujica (en la villa 31) a Brian Agustín Regules, militante del Movimiento Evita y trabajador del merendero “El Futuro es Nuestro”, acusado de violar la cuarentena.
Textual del comunicado:
- “Él mismo (Regules) se encontraba en su casa y salió al enterarse que la policía estaba esposando y queriendo detener a su pareja, que estaba yendo a buscar una ración de comida a uno de los comedores del barrio”.
- “Sin mediar palabras la policía detuvo a Brian, a pesar de que se acercó de manera tranquila y pacífica y que el inciso 8vo del artículo 6to del DNU 297/2020 que establece la cuarentena obligatoria exime a lxs trabajadorxs de comedores y merenderos de la cuarentena obligatoria al considerarlo un servicio esencial, entendiendo su carácter imprescindible para garantizar el abastecimiento y alimentación de millones de personas que no pueden salir a ganarse la diaria y dependen de la asistencia alimentaria”.
- “El cumplimiento de la cuarentena es el imperativo y la tarea que todxs nos venimos dando. Para que ésta sea posible es fundamental que la policía, en vez de buscar intimidar, garantice el adecuado cumplimiento de la ley y no obstaculice el funcionamiento de los comedores y los merenderos”.
- “Vemos con preocupación que la policía detenga personas por ir a buscar plato de comida”.
Denuncias y verdades de La Garganta
Texto publicado por Nacho Levy, referente de la organización barrial La Poderosa, presentado como un informe especial sobre otro grupo de riesgo: las villas.
Durante toda esta larga noche de cuarentena, noche de sol, noche a cualquier hora, noche cayendo sobre los barrios, no hallamos horarios para sentarnos a escribir, ni para sentarnos a discutir, ni para sentarnos. Vomitando corolarios imposibles para conmover a funcionarios inconmovibles, tosiendo campañas de donaciones en las redes y caminando por las paredes, entre los yugos de verdugos que nos ponen de cuclillas y la curva del dengue disparada cada día más arriba, nuestras villas también están entrando a terapia intensiva, sin respiradores para los comedores que siguen salvando abuelas e hijos, sin guantes ni barbijos para sus laburantes. Sin agua, sin platos, sin bidet y sin datos para Internet, ni siquiera para el ANSES, tampoco hubo tiempo de contestarle a la televisión, donde los miedos continúan al acecho y la indignación fluye con total naturalidad, como si todos tuvieran un techo y derecho a la dignidad. A los noticieros, como a los medios compañeros que acercaron su solidaridad, hoy les agradecemos con todas las gargantas de nuestra comunidad y les traemos algunos esbozos de respuestas a esas preguntas pospuestas que no buscan volverse un reproche, pero sí buscan la cura para la hipocresía que contagia la sobreinformación, porque hoy la noche es más oscura. Y se viene el día en tu corazón.
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– ¿CÓMO SE VIENE LLEVANDO LA CUARENTENA EN LAS CASAS DONDE LA CUARENTENA NO TIENE TAN LINDAS CASAS?
* Como se puede, como se puede porque inevitablemente se complica, tal como lo indica la experiencia en la supervivencia de quienes han debido enfrentar a la malaria, en largas décadas de resistencia comunitaria. Ahí está nuestro capital. Porque sí, el coronavirus distingue clase social y no es lo mismo quedarse en la casa cuando la casa tiene todos los servicios vitales, que cuando la caza se vuelve un cóctel de trampas mortales. Y no tengan dudas: estamos haciendo todo lo humanamente posible para minimizar los riesgos en cada comunidad, pero hoy más que nunca necesitamos la empatía del resto de la sociedad, para esos hombres y mujeres con la suficiente ternura como para seguir lavando verdura, mientras tantos moralistas se resisten a cortar el alambre. Ni cocineros, ni cocineras, son los terapistas del hambre.
* El coronavirus llegó para sumarse a las demás epidemias que venían azotando a las villas con impunidad: el riesgo eléctrico, la precariedad, esos cables asesinos que no por mala suerte fueron causal de muerte, los incendios, la desocupación en la batalla, la desnutrición que trae déficit de talla, la narcopolicía, los pobricidios, la trata del terror, los femicidios con silenciador… Una infinidad de epidemias que no supieron infectar a toda toda toda la sociedad: hay que frenar la pandemia de la desigualdad.
* Según el último relevamiento que realizó nuestro propio Observatorio Villero, hoy están viviendo entre 4 y 10 personas en cada hogar, acomodadas así, “como se puede”; la casa de mi vecina es la casa de 19.
* Sólo este año se registraron 1833 casos de dengue en la Ciudad de la posverdad. Sólo en las comunas del sur, 1091. Sólo en la última semana, sumamos 450. Sólo en la Villa 21, hubo 214. Pero fíjense qué curioso, qué impredecible, qué inimaginable: justito ahí, en la Villa 21, el 70% no tiene agua potable. Y entonces para lavarse las manos, debe juntarla dentro de cacharros que se hacen lugar en el hacinamiento, escondiditos en cualquier rincón: el dengue llega y entra, con tarjeta de invitación.
* El 40% de la población del barrio Los Álamos, en La Matanza, padece enfermedades cardíacas o complicaciones respiratorias debido a las inundaciones, afecciones que dificultan todavía más el encierro en la imposible soledad, soledad en el tumulto, soledad en la humedad. Todas esas condiciones imponen las limitaciones del “QuedateEnCasa” si se pasa por alto la necesidad: cuando el cuerpo rechaza un remedio, quizá esté padeciendo alguna otra enfermedad. Seamos sinceros, hoy los curas villeros y también el propio gobierno están buscando recetas que se puedan ir ajustando, subrayando que por supuesto no significa esto ningún tipo de habilitación para que salgan a boludear los que se aburren en su sillón. Y sí, ahí está la razón del terror que nos enferma, el temor a la eventual circulación interna.
* En innumerables casos y casas del hábitat informal, no existe ni siquiera la infraestructura sanitaria esencial, como bien se puede ver en Entre Ríos, al sur de Paraná, donde muchas familias pasan semanas sin una sola gota de agua, porque no pueden inventarla, ni salir a comprarla. ¿Cómo te relajás? Por más que se indignen, se salgan de sus cabales o se cansen de pontificar en sus editoriales, hay muchísima gente que no se lava las manos cada dos horas, no porque no quiere, ¡porque no puede!
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– ¿CÓMO SIGUEN FUNCIONANDO LOS COMEDORES DE LOS BARRIOS CUANDO LOS FUNCIONARIOS QUE SIGUEN MORFANDO DEJAN DE FUNCIONAR?
* Siguen funcionando por amor al amor, gracias al motor comunitario que fabricó la villa en 70 años de resistencia, esa conciencia colectiva que le permitió sobrevivir a la deriva, a las topadoras de la dictadura, al neoliberalismo de los 90, al ayuno del 2001 o al cinismo del chocobarismo, porque la villa entendió clarito que acá nadie se salva sólito. Y en esa trayectoria de nuestra cultura comunitaria que recién ahora el mundo pareciera comenzar a valorar, ¡ahí está el pulmotor que nos hace respirar!
* Funcionan mal o funcionan bien, también gracias al entramado de organizaciones sociales, nos caigan bárbaro o no tan bárbaro, porque son esos vagoschoriplanerosceosdelapobrezaquevivendelestado quienes dejan a sus familias de lado para presionar las respuestas a las preguntas que se ahogan en la grieta de la impunidad, cuando la mezquindad puede más que cualquier pandemia, cuando niegan los recursos para los alimentos o cuando tenemos que profundizar determinados pronunciamientos, poniendo en riesgo su estética de tipos buenos, porque su imagen les preocupa más que los estómagos ajenos.
* Funcionan porque la dignidad no tiene frenos, porque si no funcionaran, la curva del Coronavirus hoy estaría infectando al ARSAT. Y entonces ahí están, entregando viandas para que no se produzcan aglomeraciones, haciendo el delivery que no pagan las jubilaciones y abrazando con empatía a los inmunizados del pan de cada día: albañiles, recicladoras, ayudantes, vendedoras ambulantes, trabajadoras y trabajadores de la economía informal que, cuando dejan de laburar, ¡dejan de morfar!
* Funcionan con la energía que provee la rebeldía, barriendo la mugre de la alta sociedad, porque brota la necesidad de darle una respuesta urgente a esos bidones de detergente que no están donde deben estar, porque nadie los puede pagar. No es fácil ni barato conseguir los productos de limpieza que permiten mantener impecables los merenderos de tantos, ni sus cocinas listas, ni sus pisos brillosos, ni sus pulcras piletas, como lo exigen tantos panelistas desde sus maravillosos planetas…
* Funcionan porque la vida importa y porque, cuando se trata de comida, la explicación es corta: a espaldas de todos los reconocimientos, los comedores de Rosario triplicaron la demanda de alimentos. Y en el barrio platense Los Hornos, hoy se va en almuerzo lo que antes también cubría la cena: se duplicó la demanda con la cuarentena.
* Funcionan como sea pero funcionan igual. Y menos mal que funcionan, incluso en la Capital Federal, donde gobierna la prepotencia de una casta aria, con sus “tres vías” para la “””asistencia””” alimentaria: 1) Mediante las escuelas, que siguieron repartiendo los mismos sanguchitos pelados, pero encima concentrados en pocas bocas, induciendo a esas largas colas que después denostan desde la TV, aprovechando que la pauta se pone y no se ve. Recién ahora, por la presión de los gremios y sus docentes fundamentales, anuncian que darán cajas semanales y por supuesto no les creemos. Veremos. 2) Mediante los Centros de Primera Infancia, donde cada uno recibe lo que recibe, como si la demanda fuera la misma que ayer, de acuerdo al poder o la afinidad con el Gobierno de la Ciudad. 3) Los comedores comunitarios, donde las raciones atrasan más que los salarios, porque todo este parate de changas multiplicó la concurrencia e incluso el número de miembros por familia que necesitan asistencia. Y lo peor de toda esta doble vara es que nunca, nunca, nunca ponen la cara, porque así como los directivos de las escuelas aparecen como responsables de las viandas impresentables, las vecinas y los vecinos deben poner el cuerpo que otros prefieren esconder, para decirle a otro ser humano: “Hoy no vas a comer”.
* Y la verdad, amigos periodistas, así como el pico del virus no llegó según los propios sanitaristas, el pico de la demanda alimentaria tampoco, porque poco a poco se van terminando los restitos de suelditos que todavía les permiten a muchos valerse de su propio alimento: donde se termina la comida, se termina el aislamiento.
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– ¿CÓMO GARANTIZAN LA SALUD, DONDE NO LLEGAN LOS INSUMOS, NI LAS AMBULANCIAS, NI UN ATAÚD?
* Ante todo, hay una realidad que no se dice, ni se piensa, porque buena parte de la prensa se avergüenza: en las villas se hace muy difícil escalar hasta la tercera edad, porque hay un laberinto de dificultad para sobrevivir a la niñez, la juventud y la adultez, rampas y trampas que no siempre se pueden sortear. Hay que tener mucha, pero mucha suerte para ganar. Y si no, lean los números de la realidad: hay 20 años de diferencia entre la longevidad del barrio Zavaleta y la glamorosa Recoleta.
* Hoy las distintas asambleas vienen desplegando sus propias postas de salud, a lo ladran y a lo sancho del territorio nacional, en especial, para el acompañamiento de nuestras viejitas y viejitos, como cajas multiplicadoras de gritos para contener, cuidar, atender e informar.
* En la Villa 1-11-14, por ejemplo, el centro médico que atiende las zonas 19, 20 y 40 exhibe una predisposición fenomenal, pero vive desbordado por la falta de personal y la escasez de insumos para los enfermos de pobreza: faltan guantes, barbijos y productos de limpieza, también ahí, en la salita, sí.
* El pasillo 2 del barrio San Petersburgo, en La Matanza, tiene vacía la panza y una sola sala médica que fue remodelada un año atrás: hoy cuenta nada más que con una médica generalista. Y para conseguir un turno hay que anotarse en una lista, haciendo fila desde la madrugada, pero sin que te vea la prensa, ¡porque está muy enojada!
* Con el fin de replicar ese desmadre por allá, el hospital público en la bajada de Paraná sólo entrega turnos telefónicos, para revisar abuelos o embarazadas: eso sí, “todas las líneas están colapsadas”.
* Apenas casos aislados, que se replican en todos lados porque así trabajan los heroicos médicos de la Patria Baja, administrando gotitas de medicina en cada barriada de América Latina. Y en muchísimos pasillos libres de ambulancias, también en la Ciudad. Por cuestiones de accesibilidad. Y por la falta de voluntad.
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– ¿CÓMO SE AMESETA LA CURVA DE LOS FEMICIDIOS, CUANDO EL CORONAVIRUS GANA EL MONOPOLIO DE LOS HOMICIDIOS?
* Todas las Casas de las Mujeres y las Disidencias que componen el Frente de Géneros, están desdoblando sus brazos cotidianamente en cada órbita local, mientras acompañan 327 casos a nivel nacional.
* Todos nuestros barrios tienen ahora compañeras asignadas a monitorear las denuncias y las amenazas que sólo circulan en ámbitos de confianza, porque la única esperanza es la comunidad al servicio de la sororidad, con guardias en casos particulares y con muchísimas vecinas trabajando desde sus hogares, para salvaguardar la vida de otras compañeras, vidas villeras que ojalá valgan tanto como la de cualquier tipo, ahora que “todos jugamos en el mismo equipo”.
* Todas esas vecinas que ya venían luchando por su propia integridad, están siendo acompañadas en la cotidianeidad por otras mujeres que sostienen talleres, cooperativas o asambleas, porque además de gritos, tenemos ideas que tampoco se pueden silenciar; cuando todo parece jodido, ¡es cuando hay que gritar!
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– ¿CÓMO SE CUIDA LA GENTE DE LA VILLA DE LOS QUE VAN A CUIDAR A LA GENTE DE LA VILLA?
* Sobre calles casi vacías, ahora llenas de policías, los apremios están al desorden del día, porque aun cuando primara nuestra propia voluntad de refundar a las Fuerzas de Seguridad, “arrancando sus malas yerbas”, hoy son viveros de malas yerbas, que no se pueden arrancar, ni enderezar en lo que dura una cuarentena. Y hete aquí el problema: en el Bajo Flores, dos pibes verdugueados, videos de abusos por todos lados, una cacería por acá, unos escarmientos por buscar comida allá, una violación de domicilio en Tucumán y van… ¿Cuántas van? Los violentos que no quedan registrados, ni son viralizados por el conjunto de la sociedad, nunca terminan pasados a disponibilidad y entonces nos queda nuestra propia capacidad de organizarnos, para cuidarnos de los que vienen a “salvarnos”.
* Cada dispositivo de control popular al accionar policial funciona en base a un mapa de seguimiento barrial, en el cual se identifican los puestos de las fuerzas inmersas en cada territorio y los puntos rojos de inseguridad que genera la Seguridad, como así también las instituciones de apoyo permanecen abiertas y una lista de vecinos alertas en cada sector del barrio, que mantienen entre sí las comunicaciones permanentes para monitorear el trabajo de los agentes.
* Desde ahí, se asiste a vecinas y vecinos detenidos arbitrariamente por el artículo 205, para que la versión vecinal llegue con ahínco hasta el Poder Judicial.
* Al detectar situaciones de violencia policial, un responsable designado se pone a disposición de la víctima inmediatamente, por si requiere algún tipo de atención urgente y dispara nuestro protocolo de acompañamiento, en ese mismo momento.
* Ahí nomás, integrantes del equipo en aislamiento toman los casos para impulsar los pasos que sea necesario dar: oficializar la denuncia, completar el registro, recopilar imágenes, conectar testigos y contactar a las entidades médicas que custodian el bienestar de cada víctima en cuestión, así como también la articulación con todas esas instituciones que componen la cadena de cuidados: defensorías, secretarías, juzgados.
* En el barrio Bosco II de Santiago del Estero, detuvieron a un compañero cuando asistía a una señora mayor que vive justo al lado de su casa, pero si no pasa en la tele, no pasa. Y entonces terminó cagado a palos, justo por “los pocos policías malos” en la comisaría 5°, hasta que fue liberado, golpeado, ahorcado y amenazado.
* El 23 de marzo, la Policía de Tucumán ingresó a la casa de José Luis Ríos, para detener a Juan José Ríos, otra persona que vive en otra casa y, en medio del allanamiento, entre insultos, patadas y caños, le apuntaron a su hija, que tiene 6 años.
* El 24 de marzo, sí, el 24 de marzo, Raquel Rodríguez fue detenida por la Policía de la Ciudad en su barrio, la Villa 31, por un delito aterrador: salió a buscar comida a un comedor.
* El 25 de marzo, Nahuel Orrego fue detenido y apaleado en la Villa 21, por la Prefectura Naval, por haber ido al kiosco en una actitud criminal.
* El 26 de marzo, Mirta Echavarría y su hija, una compañera trans, fueron retenidas en el mismo barrio, por la misma Prefectura, en otro indebido proceso: “Callate, maricón, te vamos a meter preso”.
* El 27 de marzo, en el mismo barrio, frente a la misma Prefectura, Jesús Reales vio interrumpido su recorrido hacia el bono del salario social complementario: le labraron un acta, por no ser millonario.
* El 28 de marzo, la Policía de Santa Fe detuvo a Alejandro Gómez, pero además consideró prudente desnudarlo y golpearlo en las costillas, para masturbarse con su propio poder. Y para que las marcas no se pudieran ver.
* Y sí, es toda una novedad que los pasen a disponibilidad con semejante celeridad, pero no basta que algunos aprendan la lección. Necesitamos garantizar la prevención frente a todos estos atropellos: si no los controlamos nosotros, nos controlan ellos.
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– ¿CÓMO SE HAN AMPLIADO, ADAPTADO O TENIDO QUE REINVENTAR NUESTRAS REDES DE ORGANIZACIÓN POPULAR?
* Cada una de las asambleas poderosas en Argentina, en articulación con otras de América Latina, tienen coordinadores de todas las áreas que atraviesan nuestra agenda barrial, por encima de cualquier diversidad cultural: referentes de tierra, de salud, de educación, de géneros, de deportes, de economía, de comunicación, de control a la represión, de cultura y de varias ramas más, pero el coronavirus nos obligó a establecer además 4 nuevas referencias para contener las emergencias: alimentarias, sanitarias, de violencia institucional y de violencia intrafamiliar; para que se puedan centralizar las notificaciones y para que no debamos convocar a grandes reuniones.
* Desde que comenzó el aislamiento, todo ese acompañamiento se come nuestro tiempo y también nuestro financiamiento comunitario, que va desde las recaudaciones de cada barrio y cada cooperativa, hasta la última estrategia efectiva de autogestión, tragándose incluso el pequeño colchón de reservas que las asambleas suelen guardar para que los peques puedan conocer el mar, cuando llegan las vacaciones, incluyendo las más desesperadas campañas de donaciones…
* Seguramente, no terminaría nunca este informe necesario, si detalláramos cada gesto solidario o cada iniciativa con impronta cooperativa, pero valgan tres como síntesis ilustrativa: 1) En Rodrigo Bueno, la fotocopiadora Paulo Freire decidió seguir trabajando a puertas cerradas, no para ventas tercerizadas, sino para garantizar las tareas de educación popular y para que todos los niños que deban estar en su hogar cuenten con dibujos para colorear. 2) La cooperativa textil Juana Azurduy empezó a producir barbijos para generar algún ingreso y también para invertir todo eso en los productos que nos hacen falta para limpiar mejor cada comedor. 3) La cope Sub-Limada de Santa Fe, en el medio de toda esta oscurísima noche, no sólo está encendiendo una nueva luna, ¡está laburando gratis para la Casa Cuna!
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– ¿Y ENTONCES CÓMO CARAJO SALIMOS ADELANTE?
* No sabemos, pero vamos a invertir mucho corazón y cabeza, ¡para vencer! Y para distribuir la riqueza, porque no existe otra forma de combatir la pobreza y porque nadie se puede aislar en ayuno: hay que repartir la guita, ¡empezando por la de uno! Quienes puedan donar frescos, ¡pueden donar frescos! Quienes puedan comprar los packs que vamos a lanzar para colaborar, ¡pueden comprar esos packs! Y quienes puedan donar millones de pesos, ¡deben donar millones de pesos! Todas y todos juntos debemos acompañar y traccionar al Estado, para que nadie nunca más deje de mirar a su lado. Porque si algo realmente vino a contagiarnos para transformarnos como personas, como colectivos, como humanidad, esta realidad tiene que cambiar hoy mismo, ¡la guerra no es contra un virus, es contra el egoísmo! Y sí, justificar abusos, humillaciones o violaciones a derechos esenciales, sólo pensando en tus garantías individuales, ¡es otra versión del “sálvese quien pueda”! Otra miseria vestida de seda como ésta que dejó al mundo tan en off side, sin gol y sin abrazo, cuando la mierda tiró este pelotazo. Quienes defienden todavía su propio poder o su propia jerarquía, aún no han podido entender que, si no valoramos a todos, nunca tendrá valor nadie. ¡Pero nadie! Ya no se puede pedir mano dura en cualquiera de sus formas, para todos menos para quienes la ejecutan violando todas las normas. Y realmente sí, será muy difícil hacerles entender a los pibes de cualquier esquina el valor que tiene tu vida, tan indiscutiblemente sagrada, mientras les hagamos creer que la suya no vale nada. Vamos, ¡tenemos mucho trabajo! Y esta vez también, es por abajo.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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