Nota
Encerrar y vigilar: Paul Preciado y la gestión de las epidemias como un reflejo de la soberanía política
El filósofo trans de origen español elabora en este artículo imprescindible una detallada lectura sobre cómo pensar al coronavirus a partir de Foucault, que fue víctima de un virus. Las conclusiones a las que llega son tan originales como los conceptos que crea para nombrar la novedad de lo que sucede. Por qué la biopolítica es una farmacopornografía. Qué significa la biovigilancia, la telerepública y el ciberautoritarismo. Cómo es el sujeto del technopatriarcado del Covid. Y el desafío al que nos enfrentamos: “Sabemos que llaman a la descolectivización y al telecontrol. Utilicemos el tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí. Apaguemos los móviles, desconectemos Internet. Hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan e imaginemos juntos en la revolución que viene”.
Link a artículo original publicado en El País.
Por Paul. B. Preciado
Si Michel Foucault hubiera sobrevivido al azote del sida y hubiera resistido hasta la invención de la triterapia tendría hoy 93 años: ¿habría aceptado de buen grado haberse encerrado en su piso de la rue Vaugirard? El primer filósofo de la historia en morir de las complicaciones generadas por el virus de inmunodeficiencia adquirida, nos ha legado algunas de las nociones más eficaces para pensar la gestión política de la epidemia que, en medio del pánico y la desinformación, se vuelven tan útiles como una buena mascarilla cognitiva.
Lo más importante que aprendimos de Foucault es que el cuerpo vivo (y por tanto mortal) es el objeto central de toda política. Il n’y a pas de politique qui ne soit pas une politique des corps (no hay política que no sea una política de los cuerpos). Pero el cuerpo no es para Foucault un organismo biológico dado sobre el que después actúa el poder. La tarea misma de la acción política es fabricar un cuerpo, ponerlo a trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso a través de las que ese cuerpo se ficcionaliza hasta ser capaz de decir “yo”. Todo el trabajo de Foucault podría entenderse como un análisis histórico de las distintas técnicas a través de las que el poder gestiona la vida y la muerte de las poblaciones. Entre 1975 y 1976, los años en los que publicó Vigilar y castigar y el primer volumen de la Historia de la sexualidad, Foucault utilizó la noción de “biopolítica” para hablar de una relación que el poder establecía con el cuerpo social en la modernidad. Describió la transición desde lo que él llamaba una “sociedad soberana” hacia una “sociedad disciplinaria” como el paso desde una sociedad que define la soberanía en términos de decisión y ritualización de la muerte a una sociedad que gestiona y maximiza la vida de las poblaciones en términos de interés nacional. Para Foucault, las técnicas gubernamentales biopolíticas se extendían como una red de poder que desbordaba el ámbito legal o la esfera punitiva convirtiéndose en una fuerza “somatopolítica”, una forma de poder espacializado que se extendía en la totalidad del territorio hasta penetrar en el cuerpo individual.
Durante y después de la crisis del sida, numerosos autores ampliaron y radicalizaron las hipótesis de Foucault y sus relaciones con las políticas inmunitarias. El filósofo italiano Roberto Espósito analizó las relaciones entre la noción política de “comunidad” y la noción biomédica y epidemiológica de “inmunidad”. Comunidad e inmunidad comparten una misma raíz, munus, en latín el munus era el tributo que alguien debía pagar por vivir o formar parte de la comunidad. La comunidad es cum (con) munus (deber, ley, obligación, pero también ofrenda): un grupo humano religado por una ley y una obligación común, pero también por un regalo, por una ofrenda. El sustantivo inmunitas, es un vocablo privativo que deriva de negar el munus. En el derecho romano, la inmunitas era una dispensa o un privilegio que exoneraba a alguien de los deberes societarios que son comunes a todos. Aquel que había sido exonerado era inmune. Mientras que aquel que estaba desmunido era aquel al que se le había retirado todos los privilegios de la vida en comunidad.
Roberto Espósito nos enseña que toda biopolítica es inmunológica: supone una definición de la comunidad y el establecimiento de una jerarquía entre aquellos cuerpos que están exentos de tributos (los que son considerados inmunes) y aquellos que la comunidad percibe como potencialmente peligrosos (los demuni) y que serán excluidos en un acto de protección inmunológica. Esa es la paradoja de la biopolítica: todo acto de protección implica una definición inmunitaria de la comunidad según la cual esta se dará a sí misma la autoridad de sacrificar otras vidas, en beneficio de una idea de su propia soberanía. El estado de excepción es la normalización de esta insoportable paradoja.
A partir del siglo XIX, con el descubrimiento de la primera vacuna antivariólica y los experimentos de Pasteur y Koch, la noción de inmunidad migra desde el ámbito del derecho y adquiere una significación médica. Las democracias liberales y patriarco-coloniales Europeas del siglo XIX construyen el ideal del individuo moderno no solo como agente (masculino, blanco, heterosexual) económico libre, sino también como un cuerpo inmune, radicalmente separado, que no debe nada a la comunidad. Para Espósito, el modo en el que la Alemania nazi caracterizó a una parte de su propia población (los judíos, pero también los gitanos, los homosexuales, los personas con discapacidad) como cuerpos que amenazaban la soberanía de la comunidad aria es un ejemplo paradigmático de los peligros de la gestión inmunitaria. Esta comprensión inmunológica de la sociedad no acabó con el nazismo, sino que, al contrario, ha pervivido en Europa legitimando las políticas neoliberales de gestión de sus minorías racializadas y de las poblaciones migrantes. Es esta comprensión inmunológica la que ha forjado la comunidad económica europea, el mito de Shengen y las técnicas de Frontex en los últimos años.
En 1994, en Flexible Bodies, la antropóloga de la Universidad de Princeton Emily Martin analizó la relación entre inmunidad y política en la cultura americana durante las crisis de la polio y el sida. Martin llegó a algunas conclusiones que resultan pertinentes para analizar la crisis actual. La inmunidad corporal, argumenta Martin, no es solo un mero hecho biológico independiente de variables culturales y políticas. Bien al contrario, lo que entendemos por inmunidad se construye colectivamente a través de criterios sociales y políticos que producen alternativamente soberanía o exclusión, protección o estigma, vida o muerte.
Si volvemos a pensar la historia de algunas de las epidemias mundiales de los cinco últimos siglos bajo el prisma que nos ofrecen Michel Foucault, Roberto Espósito y Emily Martin es posible elaborar una hipótesis que podría tomar la forma de una ecuación: dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré qué formas tomarán tus epidemias y cómo las afrontarás.
Las distintas epidemias materializan en el ámbito del cuerpo individual las obsesiones que dominan la gestión política de la vida y de la muerte de las poblaciones en un periodo determinado. Por decirlo con términos de Foucault, una epidemia radicaliza y desplaza las técnicas biopolíticas que se aplican al territorio nacional hasta al nivel de la anatomía política, inscribiéndolas en el cuerpo individual. Al mismo tiempo, una epidemia permite extender a toda la población las medidas de “inmunización” política que habían sido aplicadas hasta ahora de manera violenta frente aquellos que habían sido considerados como “extranjeros” tanto dentro como en los límites del territorio nacional.
La gestión política de las epidemias pone en escena la utopía de comunidad y las fantasías inmunitarias de una sociedad, externalizando sus sueños de omnipotencia (y los fallos estrepitosos) de su soberanía política. La hipótesis de Michel Foucault, Roberto Espósito y de Emily Martin nada tiene que ver con una teoría de complot. No se trata de la idea ridícula de que el virus sea una invención de laboratorio o un plan maquiavélico para extender políticas todavía más autoritarias. Al contrario, el virus actúa a nuestra imagen y semejanza, no hace más que replicar, materializar, intensificar y extender a toda la población, las formas dominantes de gestión biopolítica y necropolítica que ya estaban trabajando sobre el territorio nacional y sus límites. De ahí que cada sociedad pueda definirse por la epidemia que la amenaza y por el modo de organizarse frente a ella.
Pensemos, por ejemplo, en la sífilis. La epidemia golpeó por primera vez a la ciudad de Nápoles en 1494. La empresa colonial europea acababa de iniciarse. La sífilis fue como el pistoletazo de salida de la destrucción colonial y de las políticas raciales que vendrían con ellas. Los ingleses la llamaron “la enfermedad francesa”, los franceses dijeron que era “el mal napolitano” y los napolitanos que había venido de América: se dijo que había sido traída por los colonizadores que habían sido infectados por los indígenas… El virus, como nos enseñó Derrida, es, por definición, el extranjero, el otro, el extraño. Infección sexualmente transmisible, la sífilis materializó en los cuerpos de los siglos XVI al XIX las formas de represión y exclusión social que dominaban la modernidad patriarcocolonial: la obsesión por la pureza racial, la prohibición de los así llamados “matrimonios mixtos” entre personas de distinta clase y “raza” y las múltiples restricciones que pesaban sobre las relaciones sexuales y extramatrimoniales.
La utopía de comunidad y el modelo de inmunidad de la sífilis es el del cuerpo blanco burgués sexualmente confinado en la vida matrimonial como núcleo de la reproducción del cuerpo nacional. De ahí que la prostituta se convirtiera en el cuerpo vivo que condensó todos los significantes políticos abyectos durante la epidemia: mujer obrera y a menudo racializada, cuerpo externo a las regulaciones domésticas y del matrimonio, que hacía de su sexualidad su medio de producción, la trabajadora sexual fue visibilizada, controlada y estigmatizada como vector principal de la propagación del virus. Pero no fue la represión de la prostitución ni la reclusión de las prostitutas en burdeles nacionales (como imaginó Restif de la Bretonne) lo que curó la sífilis. Bien al contrario. La reclusión de las prostitutas solo las hizo más vulnerables a la enfermedad. Lo que curó la sífilis fue el descubrimiento de los antibióticos y especialmente de la penicilina en 1928, precisamente un momento de profundas transformaciones de la política sexual en Europa con los primeros movimientos de descolonización, el acceso de las mujeres blancas al voto, las primeras despenalizaciones de la homosexualidad y una relativa liberalización de la ética matrimonial heterosexual.
Medio siglo después, el sida fue a la sociedad neoliberal heteronormativa del siglo XX lo que la sífilis había sido a la sociedad industrial y colonial. Los primeros casos aparecieron en 1981, precisamente en el momento en el que la homosexualidad dejaba de ser considerada como una enfermedad psiquiátrica, después de que hubiera sido objeto de persecución y discriminación social durante décadas. La primera fase de la epidemia afectó de manera prioritaria a lo que se nombró entonces como las 4 H: homosexuales, hookers —trabajadoras o trabajadores sexuales—, hemofílicos y heroin users —heroinómanos—. El sida remasterizó y reactualizó la red de control sobre el cuerpo y la sexualidad que había tejido la sífilis y que la penicilina y los movimientos de descolonización, feministas y homosexuales habían desarticulado y transformado en los años sesenta y setenta. Como en el caso de las prostitutas en la crisis de la sífilis, la represión de la homosexualidad sólo causó más muertes. Lo que está transformando progresivamente el sida en una enfermedad crónica ha sido la despatologización de la homosexualidad, la autonomización farmacológica del Sur, la emancipación sexual de las mujeres, su derecho a decir no a las prácticas sin condón, y el acceso de la población afectada, independientemente de su clase social o su grado de racialización, a las triterapias. El modelo de comunidad/inmunidad del sida tiene que ver con la fantasía de la soberanía sexual masculina entendida como derecho innegociable de penetración, mientras que todo cuerpo penetrado sexualmente (homosexual, mujer, toda forma de analidad) es percibido como carente de soberanía.
Volvamos ahora a nuestra situación actual. Mucho antes de que hubiera aparecido la Covid-19 habíamos ya iniciado un proceso de mutación planetaria. Estábamos atravesando ya, antes del virus, un cambio social y político tan profundo como el que afectó a las sociedades que desarrollaron la sífilis. En el siglo XV, con la invención de la imprenta y la expansión del capitalismo colonial, se pasó de una sociedad oral a una sociedad escrita, de una forma de producción feudal a una forma de producción industrial-esclavista y de una sociedad teocrática a una sociedad regida por acuerdos científicos en el que las nociones de sexo, raza y sexualidad se convertirían en dispositivos de control necro-biopolítico de la población.
Hoy estamos pasando de una sociedad escrita a una sociedad ciberoral, de una sociedad orgánica a una sociedad digital, de una economía industrial a una economía inmaterial, de una forma de control disciplinario y arquitectónico, a formas de control microprostéticas y mediático-cibernéticas. En otros textos he denominado farmacopornográfica al tipo de gestión y producción del cuerpo y de la subjetividad sexual dentro de esta nueva configuración política. El cuerpo y la subjetividad contemporáneos ya no son regulados únicamente a través de su paso por las instituciones disciplinarias (escuela, fábrica, caserna, hospital, etcétera) sino y sobre todo a través de un conjunto de tecnologías biomoleculares, microprostéticas, digitales y de transmisión y de información. En el ámbito de la sexualidad, la modificación farmacológica de la conciencia y del comportamiento, la mundialización de la píldora anticonceptiva para todas las “mujeres”, así como la producción de la triterapias, de las terapias preventivas del sida o el viagra son algunos de los índices de la gestión biotecnológica. La extensión planetaria de Internet, la generalización del uso de tecnologías informáticas móviles, el uso de la inteligencia artificial y de algoritmos en el análisis de big data, el intercambio de información a gran velocidad y el desarrollo de dispositivos globales de vigilancia informática a través de satélite son índices de esta nueva gestión semiotio-técnica digital. Si las he denominado pornográficas es, en primer lugar, porque estas técnicas de biovigilancia se introducen dentro del cuerpo, atraviesan la piel, nos penetran; y en segundo lugar, porque los dispositivos de biocontrol ya no funcionan a través de la represión de la sexualidad (masturbatoria o no), sino a través de la incitación al consumo y a la producción constante de un placer regulado y cuantificable. Cuanto más consumimos y más sanos estamos mejor somos controlados.
La mutación que está teniendo lugar podría ser también el paso de un régimen patriarco-colonial y extractivista, de una sociedad antropocéntrica y de una política donde una parte muy pequeña de la comunidad humana planetaría se autoriza a sí misma a llevar a cabo prácticas de predación universal, a una sociedad capaz de redistribuir energía y soberanía. Desde una sociedad de energías fósiles a otra de energías renovables. Está también en cuestión el paso desde un modelo binario de diferencia sexual a un paradigma más abierto en el que la morfología de los órganos genitales y la capacidad reproductiva de un cuerpo no definan su posición social desde el momento del nacimiento; y desde un modelo heteropatriarcal a formas no jerárquicas de reproducción de la vida. Lo que estará en el centro del debate durante y después de esta crisis es cuáles serán las vidas que estaremos dispuestos a salvar y cuáles serán sacrificadas. Es en el contexto de esta mutación, de la transformación de los modos de entender la comunidad (una comunidad que hoy es la totalidad del planeta) y la inmunidad donde el virus opera y se convierte en estrategia política.
Inmunidad y política de la frontera
Lo que ha caracterizado las políticas gubernamentales de los últimos 20 años, desde al menos la caída de las torres gemelas, frente a las ideas aparentes de libertad de circulación que dominaban el neoliberalismo de la era Thatcher, ha sido la redefinición de los estados-nación en términos neocoloniales e identitarios y la vuelta a la idea de frontera física como condición del restablecimiento de la identidad nacional y la soberanía política. Israel, Estados Unidos, Rusia, Turquía y la Comunidad Económica Europea han liderado el diseño de nuevas fronteras que por primera vez después de décadas, no han sido solo vigiladas o custodiadas, sino reinscritas a través de la decisión de elevar muros y construir diques, y defendidas con medidas no biopolíticas, sino necropolíticas, con técnicas de muerte.
Como sociedad europea, decidimos construirnos colectivamente como comunidad totalmente inmune, cerrada a Oriente y al Sur, mientras que Oriente y el Sur, desde el punto de vista de los recursos energéticos y de la producción de bienes de consumo, son nuestro almacén. Cerramos la frontera en Grecia, construimos los mayores centros de detención a cielo abierto de la historia en las islas que bordean Turquía y el Mediterráneo y fantaseamos que así conseguiríamos una forma de inmunidad. La destrucción de Europa comenzó paradójicamente con esta construcción de una comunidad europea inmune, abierta en su interior y totalmente cerrada a los extranjeros y migrantes.
Lo que está siendo ensayado a escala planetaria a través de la gestión del virus es un nuevo modo de entender la soberanía en un contexto en el que la identidad sexual y racial (ejes de la segmentación política del mundo patriarco-colonial hasta ahora) están siendo desarticuladas. La Covid-19 ha desplazado las políticas de la frontera que estaban teniendo lugar en el territorio nacional o en el superterritorio europeo hasta el nivel del cuerpo individual. El cuerpo, tu cuerpo individual, como espacio vivo y como entramado de poder, como centro de producción y consumo de energía, se ha convertido en el nuevo territorio en el que las agresivas políticas de la frontera que llevamos diseñando y ensayando durante años se expresan ahora en forma de barrera y guerra frente al virus. La nueva frontera necropolítica se ha desplazado desde las costas de Grecia hasta la puerta del domicilio privado. Lesbos empieza ahora en la puerta de tu casa. Y la frontera no para de cercarte, empuja hasta acercarse más y más a tu cuerpo. Calais te explota ahora en la cara. La nueva frontera es la mascarilla. El aire que respiras debe ser solo tuyo. La nueva frontera es tu epidermis. El nuevo Lampedusa es tu piel.
Se reproducen ahora sobre los cuerpos individuales las políticas de la frontera y las medidas estrictas de confinamiento e inmovilización que como comunidad hemos aplicado durante estos últimos años a migrantes y refugiados —hasta dejarlos fuera de toda comunidad—. Durante años los tuvimos en el limbo de los centros de retención. Ahora somos nosotros los que vivimos en el limbo del centro de retención de nuestras propias casas.
La biopolítica en la era ‘farmacopornográfica’
Las epidemias, por su llamamiento al estado de excepción y por la inflexible imposición de medidas extremas, son también grandes laboratorios de innovación social, la ocasión de una reconfiguración a gran escala de las técnicas del cuerpo y las tecnologías del poder. Foucault analizó el paso de la gestión de la lepra a la gestión de la peste como el proceso a través del que se desplegaron las técnicas disciplinarias de espacialización del poder de la modernidad. Si la lepra había sido confrontada a través de medidas estrictamente necropolíticas que excluían al leproso condenándolo si no a la muerte al menos a la vida fuera de la comunidad, la reacción frente a la epidemia de la peste inventa la gestión disciplinaria y sus formas de inclusión excluyente: segmentación estricta de la ciudad, confinamiento de cada cuerpo en cada casa.
Las distintas estrategias que los distintos países han tomado frente a la extensión de la Covid-19 muestran dos tipos de tecnologías biopolíticas totalmente distintas. La primera, en funcionamiento sobre todo en Italia, España y Francia, aplica medidas estrictamente disciplinarias que no son, en muchos sentidos, muy distintas a las que se utilizaron contra la peste. Se trata del confinamiento domiciliario de la totalidad de la población. Vale la pena releer el capítulo sobre la gestión de la peste en Europa de Vigilar y castigar para darse cuenta que las políticas francesas de gestión de la Covid-19 no han cambiado mucho desde entonces. Aquí funciona la lógica de la frontera arquitectónica y el tratamiento de los casos de infección dentro de enclaves hospitalarios clásicos. Esta técnica no ha mostrado aún pruebas de eficacia total.
La segunda estrategia, puesta en marcha por Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong-Kong, Japón e Israel supone el paso desde técnicas disciplinarias y de control arquitectónico modernas a técnicas farmacopornográficas de biovigilancia: aquí el énfasis está puesto en la detección individual del virus a través de la multiplicación de los tests y de la vigilancia digital constante y estricta de los enfermos a través de sus dispositivos informáticos móviles. Los teléfonos móviles y las tarjetas de crédito se convierten aquí en instrumentos de vigilancia que permiten trazar los movimientos del cuerpo individual. No necesitamos brazaletes biométricos: el móvil se ha convertido en el mejor brazalete, nadie se separa de él ni para dormir. Una aplicación de GPS informa a la policía de los movimientos de cualquier cuerpo sospechoso. La temperatura y el movimiento de un cuerpo individual son monitorizados a través de las tecnologías móviles y observados en tiempo real por el ojo digital de un Estado ciberautoritario para el que la comunidad es una comunidad de ciberusuarios y la soberanía es sobre todo transparencia digital y gestión de big data.
Pero estas políticas de inmunización política no son nuevas y no han sido sólo desplegadas antes para la búsqueda y captura de los así denominados terroristas: desde principios de la década de 2010, por ejemplo, Taiwán había legalizado el acceso a todos los contactos de los teléfonos móviles en las aplicaciones de encuentro sexual con el objetivo de “prevenir” la expansión del sida y la prostitución en Internet. La Covid-19 ha legitimado y extendido esas prácticas estatales de biovigilancia y control digital normalizándolas y haciéndolas “necesarias” para mantener una cierta idea de la inmunidad. Sin embargo, los mismos Estados que implementan medidas de vigilancia digital extrema no se plantean todavía prohibir el tráfico y el consumo de animales salvajes ni la producción industrial de aves y mamíferos ni la reducción de las emisiones de CO2. Lo que ha aumentado no es la inmunidad del cuerpo social, sino la tolerancia ciudadana frente al control cibernético estatal y corporativo.
La gestión política de la Covid-19 como forma de administración de la vida y de la muerte dibuja los contornos de una nueva subjetividad. Lo que se habrá inventado después de la crisis es una nueva utopía de la comunidad inmune y una nueva forma de control del cuerpo. El sujeto del technopatriarcado neoliberal que la Covid-19 fabrica no tiene piel, es intocable, no tiene manos. No intercambia bienes físicos, ni toca monedas, paga con tarjeta de crédito. No tiene labios, no tiene lengua. No habla en directo, deja un mensaje de voz. No se reúne ni se colectiviza. Es radicalmente individuo. No tiene rostro, tiene máscara. Su cuerpo orgánico se oculta para poder existir tras una serie indefinida de mediaciones semio-técnicas, una serie de prótesis cibernéticas que le sirven de máscara: la máscara de la dirección de correo electrónico, la máscara de la cuenta Facebook, la máscara de Instagram. No es un agente físico, sino un consumidor digital, un teleproductor, es un código, un pixel, una cuenta bancaria, una puerta con un nombre, un domicilio al que Amazon puede enviar sus pedidos.
La prisión blanda: bienvenido a la telerrepública de tu casa
Uno de los desplazamientos centrales de las técnicas biopolíticas farmacopornográficas que caracterizan la crisis de la Covid-19 es que el domicilio personal —y no las instituciones tradicionales de encierro y normalización (hospital, fábrica, prisión, colegio)— aparece ahora como el nuevo centro de producción, consumo y control biopolítico. Ya no se trata solo de que la casa sea el lugar de encierro del cuerpo, como era el caso en la gestión de la peste. El domicilio personal se ha convertido ahora en el centro de la economía del teleconsumo y de la teleproducción. El espacio doméstico existe ahora como un punto en un espacio cibervigilado, un lugar identificable en un mapa google, una casilla reconocible por un dron.
Si yo me interesé en su momento por la Mansión Playboy es porque esta funcionó en plena guerra fría como un laboratorio en el que se estaban inventando los nuevos dispositivos de control farmacopornográfico del cuerpo y de la sexualidad que habrían de extenderse a la a partir de principios del siglo XXI y que ahora se amplían a la totalidad de la población mundial con la crisis de la Covid-19. Cuando hice mi investigación sobre Playboy me llamó la atención el hecho de que Hugh Hefner, uno de los hombres más ricos del mundo, hubiera pasado casi 40 años sin salir de la Mansión, vestido únicamente con pijama, batín y pantuflas, bebiendo coca-cola y comiendo Butterfingers y que hubiera podido dirigir y producir que la revista más importante de Estados Unidos sin moverse de su casa o incluso, de su cama. Suplementada con una cámara de video, una línea directa de teléfono, radio e hilo musical, la cama de Hefner era una auténtica plataforma de producción multimedia de la vida de su habitante.
Su biógrafo Steven Watts denominó a Hefner “un recluso voluntario en su propio paraíso.” Adepto de dispositivos de archivo audiovisual de todo tipo, Hefner, mucho antes de que existiera el teléfono móvil, Facebook o WhatsApp enviaba más de una veintena de cintas audio y vídeo con consigas y mensajes, que iban desde entrevistas en directo a directrices de publicación. Hefner había instalado en la mansión, en la que vivían también una docena de Playmates, un circuito cerrado de cámaras y podía desde su centro de control acceder a todas las habitaciones en tiempo real. Cubierta de paneles de madera y con espesas cortinas, pero penetrada por miles de cables y repleta de lo que en ese momento se percibía como las más altas tecnologías de telecomunicación (y que hoy nos parecerían tan arcaicas como un tam-tam), era al mismo tiempo totalmente opaca, y totalmente transparente. Los materiales filmados por las cámaras de vigilancia acababan también en las páginas de la revista.
La revolución biopolítica silenciosa que Playboy lideró suponía, más allá la transformación de la pornografía heterosexual en cultura de masas, la puesta en cuestión de la división que había fundado la sociedad industrial del siglo XIX: la separación de las esferas de la producción y de la reproducción, la diferencia entre la fábrica y el hogar y con ella la distinción patriarcal entre masculinidad y feminidad. Playboy acató esta diferencia proponiendo la creación de un nuevo enclave de vida: el apartamento de soltero totalmente conectado a las nuevas tecnologías de comunicación del que el nuevo productor semiótico no necesita salir ni para trabajar ni para practicar sexo —actividades que, además, se habían vuelto indistinguibles—. Su cama giratoria era al mismo tiempo su mesa de trabajo, una oficina de dirección, un escenario fotográfico y un lugar de cita sexual, además de un plató de televisión desde donde se rodaba el famoso programa Playboy after dark. Playboy anticipó los discursos contemporáneos sobre el teletrabajo, y la producción inmaterial que la gestión de la crisis de la Covid-19 ha transformado en un deber ciudadano. Hefner llamó a este nuevo productor social el “trabajador horizontal”. El vector de innovación social que Playboy puso en marcha era la erosión (por no decir la destrucción) de la distancia entre trabajo y ocio, entre producción y sexo. La vida del playboy, constantemente filmada y difundida a través de los medios de comunicación de la revista y de la televisión, era totalmente pública, aunque el playboy no saliera de su casa o incluso de su cama. En ese sentido, Playboy ponía también en cuestión la diferencia entre las esferas masculinas y femeninas, haciendo que el nuevo operario multimedia fuera, lo que parecía un oxímoron en la época, un hombre doméstico. El biógrafo de Hefner nos recuerda que este aislamiento productivo necesitaba un soporte químico: Hefner era un gran consumidor de Dexedrina, una anfetamina que eliminaba el cansancio y el sueño. Así que paradójicamente, el hombre que no salía de su cama, no dormía nunca. La cama como nuevo centro de operaciones multimedia era una celda farmacopornográfica: sólo podría funcionar con la píldora anticonceptiva, drogas que mantuvieran el nivel productivo en alza y un constante flujo de códigos semióticos que se habían convertido en el único y verdadero alimento que nutría al playboy.
¿Les suena ahora familiar todo esto? ¿Se parece todo esto de manera demasiado extraña a sus propias vidas confinadas? Recordemos ahora las consignas del presidente francés Emmanuel Macron: estamos en guerra, no salgan de casa y teletrabajen. Las medidas biopolíticas de gestión del contagio impuestas frente al coronavirus han hecho que cada uno de nosotros nos transformemos en un trabajador horizontal más o menos playboyesco. El espacio doméstico de cualquiera de nosotros está hoy diez mil veces más tecnificado que lo estaba la cama giratoria de Hefner en 1968. Los dispositivos de teletrabajo y telecontrol están ahora en la palma de nuestra mano.
En Vigilar y castigar, Michel Foucault analizó las celdas religiosas de encierro unipersonal como auténticos vectores que sirvieron para modelizar el paso desde las técnicas soberanas y sangrientas de control del cuerpo y de la subjetivad anteriores al siglo XVIII hacia las arquitecturas disciplinarias y los dispositivos de encierro como nuevas técnicas de gestión de la totalidad de la población. Las arquitecturas disciplinarias fueron versiones secularizada de las células monacales en las que se gesta por primera vez el individuo moderno como alma encerrada en un cuerpo, un espíritu lector capaz de leer las consignas del Estado. Cuando el escritor Tom Wolfe visitó a Hefner dijo que este vivía en una prisión tan blanda como el corazón de una alcachofa. Podríamos decir que la mansión Playboy y la cama giratoria de Hefner, convertidos en objeto de consumo pop, funcionaron durante la guerra fría como espacios de transición en el que se inventa el nuevo sujeto prostético, ultraconectado y las nuevas formas consumo y control farmacopornográficas y de biovigilancia que dominan la sociedad contemporánea. Esta mutación se ha extendido y amplificado más durante la gestión de la crisis de la Covid-19: nuestras máquinas portátiles de telecomunicación son nuestros nuevos carceleros y nuestros interiores domésticos se han convertido en la prisión blanda y ultraconectada del futuro.
Mutación o sumisión
Pero todo esto puede ser una mala noticia o una gran oportunidad. Es precisamente porque nuestros cuerpos son los nuevos enclaves del biopoder y nuestros apartamentos las nuevas células de biovigilancia que se vuelve más urgente que nunca inventar nuevas estrategias de emancipación cognitiva y de resistencia y poner en marcha nuevos procesos antagonistas.
Contrariamente a lo que se podría imaginar, nuestra salud no vendrá de la imposición de fronteras o de la separación, sino de una nueva comprensión de la comunidad con todos los seres vivos, de un nuevo equilibrio con otros seres vivos del planeta. Necesitamos un parlamento de los cuerpos planetario, un parlamento no definido en términos de políticas de identidad ni de nacionalidades, un parlamento de cuerpos vivos (vulnerables) que viven en el planeta Tierra. El evento Covid-19 y sus consecuencias nos llaman a liberarnos de una vez por todas de la violencia con la que hemos definido nuestra inmunidad social. La curación y la recuperación no pueden ser un simple gesto inmunológico negativo de retirada de lo social, de cierre de la comunidad. La curación y el cuidado sólo pueden surgir de un proceso de transformación política. Sanarnos a nosotros mismos como sociedad significaría inventar una nueva comunidad más allá de las políticas de identidad y la frontera con las que hasta ahora hemos producido la soberanía, pero también más allá de la reducción de la vida a su biovigilancia cibernética. Seguir con vida, mantenernos vivo como planeta, frente al virus, pero también frente a lo que pueda suceder, significa poner en marcha formas estructurales de cooperación planetaria. Como el virus muta, si queremos resistir a la sumisión, nosotros también debemos mutar.
Es necesario pasar de una mutación forzada a una mutación deliberada. Debemos reapropiarnos críticamente de las técnicas de biopolíticas y de sus dispositivos farmacopornográficos. En primer lugar, es imperativo cambiar la relación de nuestros cuerpos con las máquinas de biovigilancia y biocontrol: estos no son simplemente dispositivos de comunicación. Tenemos que aprender colectivamente a alterarlos. Pero también es preciso desalinearnos. Los Gobiernos llaman al encierro y al teletrabajo. Nosotros sabemos que llaman a la descolectivización y al telecontrol. Utilicemos el tiempo y la fuerza del encierro para estudiar las tradiciones de lucha y resistencia minoritarias que nos han ayudado a sobrevivir hasta aquí. Apaguemos los móviles, desconectemos Internet. Hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan e imaginemos juntos en la revolución que viene.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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