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Lago Puelo: las trastiendas del circo político y judicial, a la caza de docentes
Megaoperativos para detener docentes, publicitados desde las redes sociales de la Policía de Chubut, por el supuesto ataque a la comitiva presidencial, que no contaba con seguridad. Las violaciones en las que incurrió el ministro de Seguridad Federico Norberto Massoni, al exponer mediáticamente a los acusados, varios de los cuales ni siquiera estuvieron en el lugar de los incidentes. Ayer, cuatro nuevas detenciones y tres allanamientos con show mediático incluido. «Es la vendetta contra los docentes», aseguran a lavaca algunos de los señalados, que tras las notificaciones quedaron libres (pero asustados). La persecución político-judicial como parte de las violaciones a derechos humanos, en una provincia en emergencia económica, social y ambiental, que sigue organizándose contra los intentos de instalar la megaminería y reconstruir la vida después de los incendios.
Por Francisco Pandolfi
Todavía no había terminado de aclarar del todo en la Comarca andina, cuando la Policía de Chubut puso play a la segunda parte del circo montado por el ministro de Seguridad provincial, Federico Norberto Massoni, y detuvo a otras cuatro personas acusadas de “resistencia a la autoridad y daños” en los incidentes acontecidos a partir de la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández. El fiscal Carlos Díaz Mayer, encargado de la investigación, dictó además otros tres allanamientos en Lago Puelo. El primer eslabón de una cadena que no parece haber tenido hoy su cierre, había comenzado el lunes por la mañana cuando, en una conferencia de prensa, el mismo Massoni violó el derecho de presunción de inocencia, así como el de preservación de identidad, al exponer una multiplicidad de información sobre los acusados, varios de los cuales ni siquiera habían estado en el lugar de los incidentes.
El modus operandi de hoy fue el mismo que días atrás: mucha parafernalia, mucha cámara, muchas fotos y sobre todo muchísimos policías. Para cuidar la presencia del Presidente, en las afueras del Centro Cultural de Lago Puelo había menos de cinco efectivos provinciales, mientras que para llevar adelante cada allanamiento nunca hubo menos de 30.
“Hoy llegaron alrededor de las siete y media de la mañana a mi casa. Eran aproximadamente 30 policías. Doce ingresaron al interior; y el resto se quedó afuera haciendo un cordón perimetral”, cuenta Iván González, docente, minutos después de ser dejado en libertad en la comisaría de El Hoyo. “Además de la cantidad, llama la atención la manera: escudos y armas larguísimas, todo por una persona”, expresa Paula, su compañera.
Todos los detenidos fueron dejados en libertad tras ser notificados de la acusación, minutos después de haber ingresado, lo cual evidencia la magnitud del escenario armado y la espectacularidad del procedimiento: “El lunes, como otro ejemplo del accionar de la Policía de Massoni, fueron 35 policías a detener a un papá docente y a su hija adolescente. Veinte se quedaron afuera montando el show para los vecinos y quince entraron a su casa para llevárselos”, afirma un maestro que prefirió reservar su identidad por seguridad y que, por ahora, aún no fue allanado.
Massoni tiene una larga trayectoria en la criminalización de la protesta y un particular ensañamiento con las y los docentes, profesión de la mayoría de los detenidos y a quienes mandó a reprimir en reiteradas ocasiones.
“Es una vendetta para los maestros, como si fuera un pase de factura por todo lo que le hicimos pasar”, analiza un docente de Lago Puelo. Otro complementa: “Sabemos que de Seguridad le pidieron al Consejo Educativo muchos legajos de docentes”. Otro testimonio: “Es un intento aleccionador colectivo contra la militancia, contra toda la gente que se está movilizando en Chubut contra la megaminería. La embestida minera es muy fuerte. Todo el tiempo estamos alerta. Y todo el tiempo, es todo el tiempo».
La abuela paterna del actual ministro fue maestra. Su padre, por el que lleva su segundo nombre, fue ministro de Educación y un reconocido dirigente radical que también condujo el ministerio de Economía y ocupó una banca como senador. Ambos abogados, ambos políticos, el diálogo que caracterizaba a Massoni padre no fue heredado por Federico, quien orquestó el “Protocolo para la utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas”, cuya resolución fue publicada en el Boletín oficial el 11 de noviembre de 2020. Desde ese día, Chubut se desentiende de los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego” que establecen las Naciones Unidas.

Señalada por perseguir también a militantes populares y sindicales, la doctrina Massoni es analizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en uno de sus informes, de febrero de este año: “A la crisis económica, el Estado provincial sólo ha respondido con represión. El contexto de pandemia ha intensificado esta situación encabezada por el Ministro de Seguridad Federico Massoni, que ha generado múltiples informes de violencia institucional que dieron origen incluso a un Habeas Corpus en el que la jueza determinó la vuelta atrás de resoluciones represivas surgidas desde ese ministerio”. Completa la APDH, en el mismo sentido: “En el marco de la profunda crisis económica en la que no se realizan inversiones en servicios esenciales como salud y educación, el Ministerio de Seguridad encarga nuevo armamento”.
Previo a ocupar su actual cargo, Massoni fue nombrado secretario de Seguridad en enero de 2018 y un año y medio después el gobernador Mariano Arcioni lo designó Coordinador de Gabinete, cargo que ocupó sólo cuatro meses, cuando el mismo Arcioni le pidió la renuncia en medio de un elevado conflicto docente donde Massoni fue responsable de una cruenta represión. Sin embargo, sólo unos pocos días pasaron para que Arcioni lo premiara con la conducción de la cartera de Seguridad. Cercano a Patricia Bullrich y a su protocolo, fue un férreo defensor de las pistolas Taser, las mismas que destilan descargas eléctricas.
Las horas parecen contadas para Massoni tras los incidentes del último sábado. Él mismo aseguró que tiene su renuncia a disposición. Podrá ser el fusible que elija sacar Arcioni para intentar descomprimir la situación, pero ni esa decisión ni ninguna otra podrá apagar tanto fuego que hoy sigue mancillando a la provincia: varios focos de incendios siguen activos; la familias que perdieron sus casas aún esperan una contención de Provincia; y parte de las localidades de Lago Puelo y El Hoyo siguen sin haber recuperado ni el agua, ni la luz, ni Internet. El circo de las detenciones continúa; los reproches entre Nación y Provincia también; y ahí, justito en el medio, hay un pueblo que se sigue ayudando a sí mismo, muy solo, diez días después de la catástrofe.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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