Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva Constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Entrevista al hermano de Luciano Arruga, a 17 años de su desaparición: “Los pibes no son lo que nos dicen”

Sebastián Alegre es uno de los hermanos del joven desaparecido el 31 de enero de 2009 y finalmente encontrado enterrado como NN en el cementerio de Chacarita en 2014. Una parábola que solo deja en evidencia el encubrimiento por parte del Estado y que tiene a la Policía Bonaerense en el centro de las denuncias sobre el asesinato de este joven de 16 años, crimen que jamás se investigó a fondo. El pedido de memoria, verdad y justicia sigue intacto, y también la asociación de amigos y familiares empujando desde hace años un centro de memoria y arte, todo en un destacamento donde Luciano fue torturado, hecho por el que un policía fue condenado a 10 años de prisión. Este sábado recordarán a Luciano con una radio abierta, a las 16.30 horas, en Indart 106, Lomas del Mirador.
En esta nota -que recuerda a Luciano a 17 años de su desaparición y asesinato- repasamos el derrotero del caso que se convirtió en bandera de lucha contra la desapariciones en democracia en el país de los 30 mil, pero cuya impunidad persiste cada día. Sebastián, que tenía 13 años cuando Luciano, de 16 años, desapareció, recuerda a su hermano, cuenta quién verdaderamente era y lo conecta con los discursos actuales de la baja de imputabilidad.
Lo que cambió, y empeoró, en el barrio de 12 de octubre de Lomas del Mirador, con el avance del narco y la facilidad para conseguir armas. Lo que nunca llega: oportunidades y asistencia estatal para salir de la pobreza. Lo que ellos mismos encaran: organización y cultura “para darle otro camino a las juventudes”.
Por Lucas Pedulla
Su primera interacción con la policía fue a los 13 años.
Estaba con su hermano Luciano y un amigo de él caminando hacia la Plaza del Cañón, en Lomas del Mirador. No hacía mucho que se habían mudado a esa localidad de La Matanza tras haber vivido en una pensión porteña de Flores y, luego, en la bonaerense Ciudadela. Sebastián sabía de la hostilidad de esos oficiales porque más de una vez lo habían amenazado sólo por estar jugando al rinraje en el barrio: “Pendejo, tomatelá, porque te voy a llevar”.
Pero esa tardenoche fue distinta. Caminaban por avenida Mosconi cuando un patrullero los abordó a la altura de la Clínica del Buen Pastor, a tres cuadras de la plaza. “Me acuerdo que se bajó un oficial con la escopeta en la mano y se la pone en el pecho al amigo de Luciano. Le dice: Ponete ahí contra la pared. A Luciano le hace lo mismo. Vos también, me dice. Luciano se da vuelta y le dice: Él es menor. ¿Entendés? Él también era menor, nos llevábamos tres años de diferencia, según la época del año cuatro. Qué me importa, dice el policía y me pegó una patada que me hizo abrir las piernas y apoyarme contra la pared. Uno me palpaba, el otro seguía con la escopeta en la mano”.
Por esos años Sebastián (13) y Luciano (16) trabajaban juntos en una fábrica a pocas cuadras de su casa, en el barrio 12 de Octubre, un asentamiento de casas humildes que abarca una manzana. Uno de los límites del barrio da a una plaza que hoy lleva el nombre de su hermano. El otro límite, justo en diagonal a la casa en la que vivían, da a una zona residencial de clase media, vecinos que pidieron la creación de un destacamento policial ante la llamada “inseguridad” en la zona.
Por esas calles caminaban Sebastián y Luciano para ir a la fábrica de hebillas para zapatos y cinturones, en la que trabajaban de ocho a diez horas al día. Hacían todo el proceso –tirar los moldes, lijar, pulir– menos la fundición, ya que era una máquina gigante que veían con mucho respeto. A los mediodías se iban a almorzar bajo algún árbol con sombra de la General Paz, la enorme avenida que divide a estos conurbanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llegaban los fines de semana, con sus salarios se iban a Liniers –frontera entre ambos mundos– a comprar ropa. Sebastián recuerda los consejos administrativos de su hermano: “Lu me decía: Comprate esto, comprate aquello y esto dámelo que lo guardo para casa. Todo pasaba así, hasta que hubo un momento en el que Luciano ya no estaba más…”.
El 31 de enero de 2009, hace 17 años, Sebastián cruzó a su hermano mayor caminando por la calle Perú, la de su hogar. “Andá para casa, me dijo. Tengo el recuerdo que era de tarde, porque el sol le pegaba de frente. Fue la última vez que lo vi”.
Desde entonces comenzó un recorrido que tuvo a su mamá, Mónica Alegre, y a su hermana, Vanesa Orieta, haciendo lo impensado para saber dónde estaba y qué le había pasado. Sebastián empezó a ver cómo el nombre y el rostro de su hermano, Luciano Arruga, comenzó a imprimirse en carteles, pintarse en banderas, escribirse en paredes y gritarse en marchas. El pedido era “aparición con vida”, una consigna que se gritaba para los desaparecidos de la última dictadura militar, y congregó multitudes para saber qué había pasado con un chico pobre de 16 años. Su hermano, Luciano.
“Soy la mamá de un negro villero que se negó a robar para la policía”, escuchó Sebastián, de boca de Mónica, ese enero y cada enero en adelante, cuando se cumplían años de su desaparición. Y así, fue viviendo este doloroso camino a partir de los 13 años, la misma edad desde la que hoy quieren meter presos a los chicos con el nuevo proyecto de baja de imputabilidad, defendido por el Gobierno nacional y sus aliados. Su recuerdo de esa tardenoche camino a la Plaza del Cañón cobra entonces una triste actualidad, como las realidades que Luciano nos sigue revelando, a 17 eneros de su desaparición.

Racconto de un encubrimiento
Sebastián recibe a lavaca en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. El lugar está en Indart 106, en Lomas del Mirador, y es el mismo chalet donde funcionó el Destacamento Policial N°8, dependiente de la Comisaría 8°, un ex centro clandestino de detención en dictadura conocido como “El Sheraton”, una turbia ironía de los represores. El destacamento fue creado a instancias de un grupo de vecinos nucleados en la asociación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (VALoMi). Su fundador, Gabriel Lombardo, sigue al día de hoy apareciendo en televisión reclamando “más seguridad” ante cada hecho del barrio. Sin embargo, esa dependencia, en verdad, sólo debía cumplir tareas administrativas porque no tenía las condiciones para llevar a personas detenidas, mucho menos un adolescente menor de edad. Pero allí detuvieron y llevaron a Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición. “Vane, sacame de acá porque me están cagando a palos”, escuchó su hermana, Vanesa, que gritaba Luciano cuando lo fue a buscar a ese destacamento. Por ese hecho, en un fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión por torturas físicas y psicológicas.
Familiares y Amigos de Luciano, la organización que encabezó la lucha todos estos años, logró también que ese destacamento se cerrara, aunque la Municipalidad de La Matanza, entonces encabezada -al igual hoy- por el intendente Fernando Espinoza, lo trasladó al predio Monte Dorrego, a tan sólo unas pocas cuadras. Para la familia, Espinoza y Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense –antes peronista, hoy reconvertido libertario–, son los principales responsables políticos de la desaparición del joven.
La expropiación del destacamento la consiguieron con acampes, radios abiertas y festivales multitudinarios. Allí abrieron un espacio para la “memoria social y cultural” de Luciano, que está pronto a comenzar sus jornadas de apoyo escolar para el barrio. “Queremos llenar de vida este lugar”, cuenta Sebastián, entusiasmado.
Tras la detención de Luciano en septiembre del 2008, el hostigamiento y el verdugueo policial se acentuaron al punto de que el joven ya tenía miedo de salir de su casa. El 31 de enero de 2009, Luciano no volvió más. Según testigos, lo subieron a un patrullero y lo llevaron a la comisaría. La familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como “desaparición forzada de persona”.
Cinco años y ocho meses después, el 17 de octubre de 2014, y tras presentar un nuevo hábeas corpus, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita.
Según la reconstrucción, había sido atropellado en la madrugada de ese mismo 31 de enero luego de intentar cruzar –con ropa que no era de él– la General Paz por el medio, un lugar imposible siendo que la avenida tiene sus cruces peatonales. Herido por el atropello, Luciano fue trasladado en ambulancia al Hospital Santojanni, donde murió. Fue inhumado como NN, pese a que la familia de Luciano salió desde el inicio a denunciar su desaparición. La lupa de la familia se posaba sobre la Bonaerense, y luego la investigación les dio la razón: la persona que lo atropelló declaró que esa noche había visto una camioneta doble cabina sobre la colectora de la avenida. El conductor también dijo que Luciano “corría desesperado, como si estuviera escapando de algo”. Nunca se profundizaron estas líneas de investigación.
La autopsia de Luciano estuvo en el expediente desde 2010 pero ningún juez ni fiscal a cargo de la causa la vio. En cambio, pusieron la lupa en el entorno familiar. La fiscal Roxana Castelli derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración provincial, y el juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas pincharon los teléfonos familiares 15 veces, durante 1 año y 6 meses. Por ello, hace 12 años que Mónica y Vanesa iniciaron un pedido de destitución de estos tres funcionarios. Ni el jury ni la causa por la desaparición tuvieron avances ni detenidos.
Palabras como negligencia, desorden burocrático, desidia o complicidad estatal son pocas para describir la impunidad que se construyó en torno a la causa de Luciano Arruga, en un país que evidenció, aún con 30.000 desaparecidos, la inexistencia de herramientas estatales para la búsqueda de personas desaparecidas.
Por eso, la familia afirma: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”.

A través de Luciano
Sebastián, aquel niño de 13, hoy tiene 30 años. Trabaja en un vivero en Ramos Mejía y está por anotarse en las últimas materias para terminar el secundario. Hace pocos años que su voz se sumó a las de su mamá y su hermana para mantener viva la memoria de Luciano. Por eso accede a hablar con lavaca, y dice: “Hay algo muy tremendo que pasa cuando empezás a entender lo que es un desaparecido. Hace poco la pandemia se llevó a un montón de personas, pero a un amigo le podés decir: Che, tu abuelo está ahí, descansando. Lo viste, estuviste con él. Para nosotros, todos esos años fueron de un proceso de no poder darle nunca ese descanso, porque no lo tuvimos y hubo que aprender a lidiar con eso.
Se te viene la frase nefasta de Videla: No está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es una mierda, porque es verdad. No teníamos forma de cerrar un ciclo.
Por eso conseguir este espacio fue un hito, tenerlo para la lucha, darse cuenta que esto no era una problemática social, sino que abarcaba una problemática política más grande. Particularmente, con 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, empecé a darme cuenta de que todo era parte de un problema sistemático: Luciano no era el único, no sería el último, y tampoco había sido el primero. Fue un camino de militancia entender eso. Y atravesar la adolescencia así. Fue muy groso ver a mi mamá y a Vane que supieron entender qué había detrás. No somos una familia que haya venido de la militancia. Mi abuela vino de Corrientes, del campo, con una mano atrás y otra adelante. Aprendimos a luchar a través de Lu, gracias a él. Y también con su humanidad, porque le gustaba la música, era hincha de River, estudiaba, alguna vez se enamoró. La lucha fue un simple acto de humanidad. Creo que por eso también se acercó tanta gente. Incluso hoy. A 17 años no tenemos una verdad concreta, una justicia absoluta de lo que pasó con Luciano. Seguimos reclamando el derecho a la verdad y a saber. Seguimos preguntándonos qué pasó. Es un hecho que sigue siendo doloroso, pero lo interpelamos desde otro lugar, proyectando cosas buenas, ideas para el espacio, para brindar oportunidades a los chicos del barrio”.
Sebastián dice eso y mira las calles del barrio con preocupación: “Veo con urgencia que están queriendo aprobar la baja de imputabilidad. Llegué a escuchar gente que pedía la baja hasta los 12 años. Podemos, si querés, meterlos desde que tengan chupete, pero sacame una ley para que eso se revierta porque en diez años, si no, vamos a tener a todos los pibes presos. No estás ofreciendo otro camino para que los jóvenes no delincan, para que no se metan en el narcotráfico. Los 13 es una edad donde el pibe está forjando su vida, pero hoy está atravesado por toda una falta de instituciones hasta llegar, finalmente, al penal”.
¿Qué ves que cambió de hace 17 años a hoy?
Lo narco avanzó mucho, y conseguir un arma es súper accesible. Pareciera que estamos en Estados Unidos, como si la compraran en WalMart. Hay muchos pibes con problemas de adicción, falta de contención, una población hecha mierda, otra pidiendo justicia, alguna gente que hace la diferencia y otra en situaciones cada vez más marginales.
Sebastián trae el caso de Uriel Giménez, el chico de 12 años asesinado por la policía en medio de una persecución en Tres de Febrero. Por las redes se viralizaron fotos de Uriel con un arma, lo que trajo una cloaca de comentarios estigmatizantes: “Siento que el eje de la lucha se perdió. No pasa por si somos más de izquierda o de derecha, sino entender que un chico de 12 años no tendría que estar en esa situación. Hoy llega más rápido el narcotráfico y la delincuencia a la puerta de tu casa que el asistente social. No es azar, estamos en una sociedad muy individualista, carente de valores y necesidades. Antes la maestra podía hacer un acompañamiento, pero hoy tiene que agarrar tres turnos para cubrir un alquiler que le vale el doble que cuando empezó a alquilar. A la abuela de ese chico, posiblemente, ni siquiera le alcanza lo que tiene para ir al súper. Vivimos en el medio de un montón de violencias institucionales que terminan encadenando hechos represivos”.
Lo que decís de Uriel me hace acordar a Santiago Beltrán, un chico de 15 años asesinado por una Policía de la Ciudad en Moreno. Las coberturas mediáticas y sus comentarios festejaban la muerte de un delincuente. ¿Cómo damos vuelta esa crueldad?
Hay que conectar con el de al lado, pensar qué pasó con este vecino, en vez de mirarlo por las redes, que te queman las neuronas. Hay que recuperar el contacto físico de acercarse al vecino. ¿Qué hubiese pasado acá si los vecinos decían lo que pasaba en este destacamento? Tendríamos que volver a las raíces, como comunidad, juntarnos para denunciar hechos violentos e institucionales. Que sean los vecinos los que se pregunten por qué en la escuela del barrio dejaron de ir 10 pibes. Uno, porque nos vuelve más empáticos. Dos, porque nos conecta con el otro. Y tres: porque es entender el barrio en el que vivimos.
Familiares y amigos recordarán a Luciano este 31 en el espacio con una radio abierta, a partir de las 16.30. Piden a quienes se acerquen que traigan como donación alimentos para la merienda y útiles para las jornadas de apoyo escolar que están por comenzar.
“No sé si encontrar a Luciano me dio justicia o paz, a mí lo que me da paz es esto”, dice Sebastián, señalando el espacio, y completa: “Saber que hay un lugar para la contención de los pibes, para que puedan venir a hacer una huertita, hacer una murga, hacer música. Que sepan que hay un lugar en el barrio donde se puede pensar la vida. Queremos enfocarnos a que haya infancias y juventudes. A transformar el dolor en más risas. A salir del negacionismo y del individualismo que plantea día a día esta sociedad. Los pibes no son lo que nos dicen, no nacieron así. Queremos otro camino para las juventudes. Y, acá, tienen ese espacio”.

Foto: lavaca.org
Nota
Comienza un juicio histórico por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino

A partir del próximo 2 de febrero, el Tribunal Oral Número 2 de Rosario comenzará a juzgar a siete productores agropecuarios y dos funcionarios públicos de la ciudad bonaerense de Pergamino –señalada como la capital del veneno– por contaminación ambiental y por ejecutar y permitir la fumigación con agrotóxicos en campos linderos a la zona urbana, a contramano de la normativa vigente. Todos los detalles de este juicio histórico en el que testimoniarán madres que luchan contra distintas enfermedades, entre ellas el cáncer, como Sabrina Ortíz y Paola Díaz que hablan en esta nota: «El impacto del juicio será inmenso. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: agrotóxicos».
Por Francisco Pandolfi
La causa penal empezó en 2018 en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, cuando Sabrina Ortiz, una de las vecinas damnificadas, fue escuchada por primera vez por la Justicia. Pero antes (y después) hubo mucha agua (contaminada) que pasó debajo del puente, como publicamos en esta nota de 2021:
Porque antes, en 2011, Sabrina comenzó a denunciar las fumigaciones a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia de Pergamino. La intoxicación fue el causante, ese año, de perder el embarazo que llevaba de seis meses: un aborto (nada) espontáneo. Luego vino un primer ACV y luego un segundo ACV. Luego, los análisis que confirmaron que tanto ella como sus hijos chiquitos portaban en sus cuerpos niveles alarmantes de agrotóxicos. En 2013, ante la ausencia de abogados que quisieran tomar el caso, empezó a estudiar derecho. Y se recibió en 2018: cuando empezó la causa penal que deriva en este juicio.
Ahora es fin de enero de 2026 y Sabrina –41 años– le dice a lavaca: “Estoy con muchas emociones al mismo tiempo. Por un lado, la angustia, se me vienen al pensamiento todas las situaciones vividas con la salud de mis hijos y mía, las historias que conocí de otras personas que enfermaron por causa de los agrotóxicos, se me vienen palabras dolorosas, de abandono, de soledad, de desprecio por la vida ante el grito de ayuda. Siento que ya no tenemos que probar más nada, ya está todo expuesto y nuestros cuerpos lo manifestaron de esa manera, con mucho dolor”.
Envenenamiento sistemático
Una de esas historias entrelazadas (entre tantas) es la de Florencia Morales. Ella no estará de manera presencial, corpórea. En 2011 se había mudado a una quinta de Pergamino para criar a sus dos hijas en una calma impropia de la ciudad de Buenos Aires. En 2016, le descubrieron un cáncer que ya había hecho metástasis en la columna, sin posibilidades de cura. En 2021, le decía a MU: “Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”. Florencia falleció en mayo de 2023.
Otra de esas historias fue la de Paola Díaz –47 años–, que junto a varias vecinas se nuclearon en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Paola sí declarará en el juicio. Y dirá (entre tantas cosas) que en 2014 falleció Mónica, su nena de 11 años, por leucemia aguda. A horas de empezar el proceso judicial, dice: “Es histórico que hayamos llegado a juzgar a quienes afectaron a nuestro barrio, a nuestras familias, a toda la comunidad. La salud y el ambiente son fundamentales y por eso necesitamos medidas que nos protejan y garanticen un futuro seguro. Tengo la esperanza de que será un paso hacia la verdad y la justicia y que nadie más sufra el envenenamiento sistemático”.
El juicio
Este lunes 2 de febrero será la audiencia preliminar. La causa, instruida por el fiscal federal Juan Ignacio De Lello y promovida por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, tiene como imputados a siete productores acusados de aplicar pesticidas a metros de viviendas y escuelas rurales, vulnerando la legislación: Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Hugo Sabattini, Cristian Taboada, José Luis Grattone y Carlos Sabbatini. Sabrina Ortiz denunció que en 2016, su vecino y productor agropecuario Mario Roces fue a “visitarla” a su casa. “Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, sacó un arma y disparó dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada. Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’”.
Además, se juzgará a dos exfuncionarios municipales de la gestión del aún intendente de Pergamino, Javier Martínez, por omisión en sus deberes de control: Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural del municipio. Cuando desde este medio entrevistamos al intendente Martínez sobre las enfermedades de cuerpos y territorio, se desligó: “No manejo el tema”, esbozó, previo a cortar la llamada.

El cronograma del juicio estipula, por ahora, ocho audiencias en febrero y la declaración de alrededor de 100 testigos (además de las personas afectadas, médicos, químicos, biólogos, bioquímicos, ingenieros agrónomos y otros profesionales). Carlos Quintana es uno de los abogados querellantes junto a Fernando Cabaleiro. Es abogado ambientalista y de derechos humanos, y uno de los representantes legales de las Madres de Ituzaingó (proceso que en 2012 condenó a tres años de prisión a un productor y un fumigador por contaminación con agrotóxicos). Lo primero que subraya Carlos Quintana es que será un acontecimiento histórico para la Justicia de este país, por varias razones.
1) “Es el primer juicio penal ambiental de esta envergadura en la provincia de Buenos Aires, corazón productivo de la Argentina. No es cualquier lugar: ocurre en el núcleo duro del agronegocio”.
2) “Por primera vez se sienta en el banquillo a todo el arco operativo del agronegocio: productores, ingenieros agrónomos y funcionarios públicos. No solo a quienes fumigan sus campos sino también a quienes deciden, habilitan, controlan -o dejan de controlar- cómo, dónde y bajo qué condiciones se fumiga. Este juicio viene a romper con la tradición de impunidad que rodeó históricamente al modelo.
3) “Por primera vez el modelo productivo no aparece solo como una política económica, sino como un problema político, sanitario y de derechos humanos. Aunque faltan las grandes corporaciones que diseñan, promueven y lucran con este esquema productivo, que este juicio exista es una grieta muy importante en ese blindaje histórico”.
4) “Que esto ocurra a 30 años del desembarco del paquete tecnológico (1996), de la siembra directa, del modelo transgénico y el uso masivo de agrotóxicos, no es un dato menor. Es la primera vez que la Justicia se ve obligada a mirar los costos reales de ese modelo, no en términos de exportaciones o divisas, sino en términos de salud, ambiente y vida cotidiana de las familias que habitan los pueblos fumigados”.
Carlos Quintana también dirá: “Este juicio no nace de una decisión espontánea del sistema judicial, sino de años de resistencia, de denuncias, organización comunitaria y visibilización del daño. La Justicia llega tarde, como suele pasar, pero llega porque hubo personas que no se resignaron a enfermarse en silencio. Por eso Pergamino no es solo un juicio penal: es un acto de memoria, reparación simbólica e interpelación al poder. Es la prueba de que cuando las comunidades se organizan, incluso los modelos más sólidos empiezan a resquebrajarse. Este juicio no va a resolver todos los problemas, pero marca un antes y un después. Por primera vez la pregunta no es cuánto se produce, sino quiénes se enferman para que ese modelo funcione. No se juzga al campo: se juzga un modo de producir que naturalizó la enfermedad y llamó progreso a lo que era daño. Y esta vez, el daño tiene nombre, voz y prueba. Es una escena histórica donde se cruzan ciencia, territorio y justicia; donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado; donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”.
La esperanza
Llegar a este juicio oral no es la primera conquista. Por las denuncias y las evidencias científicas, desde 2019 en Pergamino rige –pese a la presión empresarial y de las autoridades locales por boicotearla– una medida cautelar que prohíbe fumigar a menos de 1.095 metros de las viviendas por vía terrestre y a menos de 3.000 metros por vía aérea.
A Sabrina Ortiz le anda mal el teléfono, pero se las arregla para decir (como tantas otras veces): “Tengo la esperanza de que los jueces que resuelvan esta causa cambiarán la historia; una historia de tragedias, de sufrimiento y de sacrificio humano. Tienen en sus manos la posibilidad de hacer justicia y aunque no signifique retroceder en el tiempo para que no nos enfermen, sí estarán fallando en pos de los que quedamos, en memoria de los que murieron envenenados y preservando a las generaciones futuras”.
Y agrega, como puede (como tantas otras veces): “Tan inmenso será el impacto de sus decisiones que también afectarán en sus propios seres queridos. Habrá de todo, de lo que imaginen: desestimaciones a los afectados, chicanas y argumentos absurdos intentando corromper la verdad. Lo cierto es que ya no se puede negar lo que está en nuestra sangre, en nuestro ADN, haciendo estragos: lo que hay son agrotóxicos. En todo este tiempo también pasaron cosas buenas y personas inmensas, de esas que valen la pena, que hacen más liviana la lucha, la resistencia, los miedos. Hoy ya no me siento sola como en un principio, hoy somos muchas y muchos limando las patas a los gigantes. Como mamá, como afectada, como abogada, y por sobre todo como ser humana, deseo profundamente que haya justicia”.
Nota
Adiós, Capitán Beto

¿Cómo es el pensamiento y la acción de quienes trabajan mirando siempre cómo encontrar luz al final del túnel? Así vivió Roberto Beto Pianelli, fundador de los Metrodelegados pero por encima de eso, una excelente persona. La noticia horrible es que falleció este jueves, aunque es de aquellos que hizo tanto que en muchos sentidos seguirá siempre presente.
Logró triunfos impensables en el plano laboral, y a su vez ayudó a gestar una dinámica sindical novedosa y potente, a partir de actitudes e ideas que empalman con lo mejor del gremialismo argentino. Fue un gran amigo de MU, suscriptor desde siempre, y al margen de eso recibió el premio que la revista le entregó como reconocimiento a su trayectoria. Fue una persona con permanente buen humor, compañerismo y creatividad para enfrentar los problemas más sórdidos.
De tantísimos materiales y entrevistas que recordamos en medio de esta tristeza elegimos esta nota (originalmente publicada en la revista MU n°30, en 2009), convertida en una clase magistral, en la que Beto nos hablaba de la pelea por el tiempo libre, democracia sindical, música, el sentido de lo que hacemos en la vida, la comunicación, el onanismo, el olfato, la izquierda, el cristianismo y los sacrificios, la sociedad democrática, la política de saber escuchar, y varias otras cuestiones que ayudan a iluminar tiempos oscuros. Y a recordar a un gran tipo.
Por Sergio Ciancaglini
Bajo tierra el clima puede ser ágil y fluido como un tren a horario, o denso como la oscuridad cuando no se ve la luz al final del túnel. O como un volcán.
Los trabajadores del subte han experimentado cada sensación. Vienen peleando estas últimas semanas por el reconocimiento de su Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (agtsyp): “Sigla totalmente impronunciable” se ríe Roberto Beto Pianelli, uno de los metrodelegados que hace ya década y pico comenzaron un trabajo primero clandestino (en la Edad Menemista), y luego tan público que llevó a que los trabajadores consiguieran algunas cosas que en la antigüedad (Edad Peronista) se llamaban “conquistas”. Y hasta comprendieron que podían tener su propio sindicato al que llaman –en jerga humana– Sindicato del Subte.
Para sustentar su reclamo las mujeres y los hombres del subte se fundamentan en su propia historia, creatividad, trompadas y olfato. Pero además leyeron un libro secreto, con algunos párrafos que destilan una ideología subversiva, a saber:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Este texto corresponde al artículo 14 bis de un panfleto llamado Constitución Nacional, reformada por guerrilleros de la UCR y el PJ en 1994 (Edad del Pacto de Olivos). En el subte han puesto en marcha su “organización sindical libre y democrática” y llevaron los papeles para que fuera “reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. Su idea, independizarse de la uta (Unión Tranviarios Automotor, que concentra sobre todo a los choferes de colectivos, y abulta a los seguidores de Hugo Moyano y su sindicato de camioneros). Fue en septiembre de 2008, de la Edad Contemporánea. Pasaron todos los filtros de aprobación burocrática, direcciones, subsecretarías, todo como un viaje sin escalas hasta que el propio ministro Carlos Tomada detuvo el trámite. Los trabajadores acudieron a la justicia para destrabar la cuestión, la justicia les dio la razón, Tomada apeló, la justicia rechazó la apelación y así tres veces. Tienen además un fallo de la Corte Suprema (en su composición actual se trata de una asociación sin fines de lucro), que los favorece. La idea de la libertad sindical parece gozar de consenso salvo para los sindicatos burocráticos, las patronales, y los funcionarios que prefieren los colectivos y los camiones a los subtes.
Pianelli: “Nosotros no quisimos hacer el sindicato de un día para el otro, son años de trabajo y maduración, con muchas cosas que ganamos no por la uta sino pese a la uta, una burocracia patotera que sólo juega a favor de la patronal”.
Los metrodelegados consiguieron:
- La primera reincorporación de un despedido por una empresa privatizada, Marcelo Contreras. Fue con un paro en plena Era Menemista, y con trabajadores que no conocían a Marcelo pero que en todas las líneas se sentaron en las vías para lograr que no lo echaran. (En esa época los bienpensantes clamaban por lo insolidarios e individualistas que eran “los argentinos”). Desde 1997 no hubo más despidos.
- Bajar de 8 a 6 las horas de jornada laboral, por la insalubridad de la tarea.
- Romper el “neoliberal” sistema de las empresas tercerizadas, incorporando a Metrovías como personal estable a trabajadores de la limpieza y seguridad, por ejemplo.
- Sueldos que en su momento fueron de los más altos del país, aunque hoy perdieron la punta del campeonato (y rondan los 2.500 pesos para personal de limpieza, y 4.000 para las jerarquías más altas). El hecho de que hayan logrado salarios dignos parece resultar irritante, curiosamente, no para quienes ganan menos, sino para los que ganan más, como muchos comunicadores sociales.
La lista de conquistas es enorme. Cuando lanzaron la idea del sindicato organizaron un plebiscito realizado en enero de este año. Las patotas sindicales bajaron a pegarles a los trabajadores, y consiguieron hacerlo también a integrantes de la cta como Fabio Basteiro, pero no a una Madre del Plaza de Mayo como Nora Cortiñas, más bajita que Messi y tal vez mejor gambeteadora de patadas ajenas.
Esas batallas tienen una característica. Los trabajadores del subte son –esperemos no sonar excesivamente obvios– trabajadores del subte. Los gladiadores de la uta, en cambio, tal vez posean frondosos currículums pero no como trabajadores de subte, y no es seguro que como choferes. En el subte, cientos de mujeres y hombres de edades bien distintas, pidieron a mu fotografiarse mostrando sus credenciales, como para resolver el viejo enigma de quién es quién.
De Nick Cave a Jaime Roos
El nuevo sindicato planteó otra novedad. El cuerpo de delegados que era de 26 integrantes iba a subir a 40 en medio de todo el debate con la uta, pero ahora se armó con 85 trabajadores, como para lograr las mayores dosis de comunicación e intercambio con los 2.700 trabajadores del subte, 1.600 de los cuales ya están formalmente afiliados a ese sindicato que el gobierno no da por existente. “Es casi un problema filosófico –dice Pianelli– ¿Qué son las cosas? ¿Las que existen jurídicamente o las que existen realmente?”. Curiosidad: el propio Pianelli es delegado, pero no está en la directiva del nuevo sindicato. “Si uno quiere la democracia sindical es para que los compañeros hagan las cosas, entonces hay que dejar que eso ocurra”.
Pero además, una permanente obsesión de los metrodelegados ha sido la comunicación en todas sus formas. Este año inauguraron un programa de radio, 2 Horas Menos (en homenaje a la reducción de la jornada laboral) en el que no se habla de política ni de paros ni de sindicalismo, sino del ocio, el entretenimiento, el juego, el esparcimiento, la vida cultural. “Un programa sobre el tiempo libre, liberado y sin patrones” lo presenta Facha Méndez. Pianelli interviene poco, pero ha tomado un control cuasi autoritario sobre la parte musical: “Un músico por día. Puede ser Peter Hammill, Chico Buarque, Nick Cave o Jaime Roos. Me dijeron que lo haga más variado, pero no transo”. Fue un trabajador que toca el arpa, otros que tienen una murga, Raúl Daloy apareció con sus investigaciones sobre las viejas series como El Avispón Verde o Mujer Maravilla. “Y hasta sobre Titanes en el Ring” abunda Pianelli, ratificando que la lucha de clases o la sindical no son las únicas de las que se puede hablar, en un espacio que se permite menos Che y más Karadagián. Otro trabajador, Leonardo Tano Gervasi se encarga de la columna literaria.
Hablamos de esto, y uno se queda pensando. ¿Existe el tiempo libre?
Ésa es la cuestión. Cómo pensarlo sin que sea pasarte diez horas delante del televisor. Eso es tiempo enajenado. Para mí el discurso de los viejos socialistas y anarquistas de defender el ocio, la cultura, estar con la familia, disfrutar, es absolutamente revolucionario en una sociedad que te quiere hacer laburar 14 horas y de paso reventarte en ese tiempo.
Pero con la genealogía de conflictividad que tienen en el subte, ¿qué significa hablar del ocio?
Es ir a los verdaderos valores humanos. Uno en la vida va perdiendo el sentido de lo que hace. Y más en una ciudad donde ni tenés lugares a dónde ir. Lo que hacemos con el programa –cuando no tenemos que suspenderlo por todos los conflictos– es mostrar que uno puede sentarse a conversar, contar historias, sentirse placenteramente en un lugar sin hacer nada, o haciendo algo que te gusta. ¿Sabés qué es? No pensar tanto a dónde vas, sino disfrutar más el recorrido.
Cristo, Marx y Metrovías
El cristianismo, la izquierda y Metrovías, por poner apenas tres ejemplos de estos siglos, predican en cambio que lo relevante es la estación de llegada: Reino de los Cielos, Dictadura del Proletariado, o Carabobo, según la línea. El futuro subordina al presente y el fin justifica los medios, o al menos los explica. Pianelli, que viene del trotskismo, es de los que está intentando abandonar esas visiones tan terminales, poniendo la atención en el recorrido, como le gusta decir. O en qué son capaces de crear las personas por sí mismas y colectivamente en tiempo presente. O en formas menos repetitivas y dogmáticas de relacionarse con la vida.
Es cierto, la izquierda tenía una idea cristiana de sacrificio. Es algo trágico. Yo reivindico a todos los que quieren transformar las cosas y lograr una sociedad justa, porque lo hago. Pero no se te puede ir la vida en eso. Hay que tratar de cambiar las malas y disfrutar las buenas. El estalinismo (buscar José Stalin) liquidó esa idea.
¿Qué es ser sindicalista?
Es complicado. Hoy es ser un Moyano. Enriquecerse. Es un oficio, una desgracia, perdió en muchos casos el sentido transformador. Por supuesto que hay otra gente que no es así, que es honesta, pero pasa casi a creer que en un conflicto se va la vida, se va todo. O sea, hay gente que pone el cuerpo, que es valiosa, brillante, pero no por eso sabe ver bien qué es un conflicto.
¿Qué es un conflicto?
Es una situación donde jugás contra los malos. Las patronales y la burguesía son muy malas. Yo soy hincha de Boca, y sabía que un contrario no le podía ir a tirar un caño a Pernía, porque te partía al medio. Acá es parecido. Si pueden te pisan. Un conflicto implica saber avanzar, parar, negociar, avanzar otra vez, o incluso retroceder.
Muchas malas palabras: retroceder, negociar.
Pero es la realidad con la que te encontrás si querés ganar. Los maestros ciruela dirán que no queremos luchar. Cualquiera se da cuenta de que no es así. Queremos luchar, pero para ganar. Y la pregunta no es sobre la lucha, sino sobre por qué perdimos.
¿Y la respuesta?
En muchos casos es porque no se entiende algo que decía Claudio Marín hace tiempo en lavaca: tenemos una especie de contrato con la gente que te vota. Y si uno no lo entiende, vuela por el aire.
¿Cómo es ese contrato?
Significa que te votaron para conseguir mejoras, para defender al trabajador que es tu compañero, no para hacer la revolución. Creo que Horacio Tarcus decía que hacen falta más triunfos parciales que derrotas heroicas. Tenemos que poder pensar en eso.
¿Por ejemplo?
Con la crisis de 2000 surgieron muchas nuevas conducciones gremiales, chicas, focalizadas en los servicios. Muchas utopías y sueños, pero la mayoría se estroló contra la pared. Sobrevivieron muy pocos: subtes, telefónicos, ferroviarios con golpes muy fuertes… Los que sobrevivimos quedamos repudiados por esas izquierdas que descubrieron el agua tibia, y te dicen “no lucharon”. En realidad, no luchamos cuando no había que luchar. Es olfato. Entender los momentos en los que podés hacer las cosas. Y también suerte.
Cómo se divide la izquierda
O sea que al subte lo corren por izquierda.
Claro, pero el problema es la propia izquierda, que ya no tiene partidos, cada vez son más sectas. El Iluminismo y la Razón superaron a las sectas, se terminaron convirtiendo en nuevos dogmas, y ahora se vuelve a las sectas. Hay un norteamericano, Hal Draper, que explica eso: los partidos políticos son otra cosa, movimientos cada vez más amplios con acuerdos cada vez más generales para poder abarcar a más gente. Aquí es al revés, grupos cada vez más chicos, con acuerdos más específicos que se van dividiendo…, y yo lo digo porque fui parte de eso.
¿De qué modo?
Estaba en el mas (Movimiento al Socialismo) y llegué a participar de la fractura, formamos el prs (Partido de la Revolución Socialista). Y, ¿sabés por qué?
Ni idea.
Porque unos planteaban que en Yugoslavia los agredidos eran los bosnios y otros opinaban que eran los serbios. Capaz que ni sabíamos dónde quedaba en el mapa, pero nos sabíamos todas las discusiones y dividimos el partido aquí, en Argentina, por esa discusión. Yu-gos-la-via. Discusión totalmente onanista. Pero las sectas son así, cuantos menos somos, mejor, porque así tenemos más comprensión, nos gusta el mismo equipo, la misma fruta. Y la conclusión siempre es: se han ido estos compañeros, pero mejor, porque ahora somos menos, pero más sólidos.
Esto es algo descripto hasta en películas como La vida de Brian ¿Cuál es el atractivo de estos grupos y estilos para el militante?
El mundo es hostil, y uno se siente cómodo en la secta, en un ambiente ficticio. Los trabajadores, la gente normal, te discuten, no hacen lo que vos querés. En cambio los del partido son bárbaros, progresistas, maravillosos, tienen relaciones entre ellos, arman parejas, son amigos, el mundo gira a su alrededor. Y no tienen contradicciones. Pero la verdad, ¿cómo pretender que una clase o sectores sociales sean homogéneos? No entra en la cabeza de nadie. Pero bueno, yo me las comí todas, la del amor libre, la secta, los debates, las divisiones. Con el tiempo entendés que para hacer esto lo más importante es otra cosa: escuchar al otro, o estás muerto.
Mientras tanto el sindicalismo convencional parece estar cada vez más fortalecido.
Es que los espacios en política se ocupan. Los tipos repudiados en el año 2000, si no aparece un reemplazo o no armás alianzas para superarlos, terminan apareciendo de nuevo. Son los mismos cadáveres que no enterraste, que gozan de buena salud.
¿Es homogéneo ese sindicalismo “gordo”?
Para mí hay una confusión. Son distintos los “gordos” que Hugo Moyano. Si no entendés la diferencia se hace difícil actuar, como le pasó a la izquierda con el gobierno de Kirchner, que sintió que le robaban los discursos y se desesperó en lugar de decir “Bravo, muy bien, ahora vamos por más”. En cambio decís: “Demagogos, nos robaron las banderas”. Sí papá, las robaron. Es como los que critican al peronismo diciendo: “Pero las leyes de Perón eran las de Alfredo Palacios”. Fenómeno, pero las puso Perón. Nunca fui peronista, te aclaro, y creo que después metió verticalismo, burocracia, cosas monstruosas, pero si no entendés aquel aspecto positivo te quedás hablando solo.
¿Y Moyano?
A eso iba. Los gordos son un sindicalismo empresario, pero Moyano no es eso. Compararlo es no entender. En camioneros te dicen: “Nos hizo dignos, tenemos salario, nos hizo respetar”. No comparto su forma de hacer sindicalismo, pero hizo algo que no es lo mismo que Pedraza o Lescano. Si me dicen que no hay nada peor que Moyano yo contesto: sí, hay 50 peores que él. Y estoy muy lejos de reivindicarlo porque andamos enfrentados con un sector de la uta muy amigo del moyanismo, pero no dejo de entender que es otro sindicalismo. Y todavía hay otra variante que es la cta, un sindicalismo más abierto, de gente que no se enriquece. Ahí hay elecciones. El que pierde le da las llaves de la seccional al que gana. En la cgt ni te podés presentar, ni entrás. Ahí también es una estupidez decir que son lo mismo. De todos modos para mí el problema central no es ése, sino la patronal.
¿Cómo se encara a estas empresas?
La patronal, para decirlo fácil, es mala. Tiene un poder de coerción sobre los trabajadores, delatores, buchones, espías. Compran gente. Los compañeros se asustan, y es toda una relación condicionada por esa presión permanente.
¿Y cómo se hace sindicalismo entonces?
Sin discursos previos, discutiendo y sobre todo escuchando lo que te dicen, y tratando de interpretarlo. Cuanto más libres son los compañeros para hablar, expresar lo que sienten, más posibilidades hay para hacer las cosas juntos. Es el contrato del que te hablaba. No podés inventarte una realidad porque te agarra la patronal, te tira a la mierda, y en un error quemás todo lo que conseguiste. Por eso yo creo que el principal objetivo del sindicalismo es la autonomía.
¿Qué quiere decir autonomía en este caso?
Es poder pensar uno con los compañeros. No quiere decir no escuchar, al revés. Escuchar tampoco significa hacer lo que te dicen, sino intercambiar para llegar a la mejor variante. Y autonomía es no tener ninguna dependencia de ningún partido, ni del Estado, ni de la patronal, ni lo que venga. Hacer sindicalismo es juntarse con gente que tiene intereses comunes que no logran satisfacer. Si te lleva a pelear, pelearás. Si lo podés conseguir, mejor. Casi siempre hay que pelear. Pero es por intereses comunes, reivindicativos. Dicen que el sindicalismo es reformista. Claro, ¿qué iba a ser?
Hay varios volúmenes que lo consideran una opción revolucionaria.
Pero no es el sindicalismo… creo que hay que superar el ideario del cambio social, buscando paradigmas más libres. Que no haya explotación del hombre, que haya una sociedad democrática en lo ideológico y en las prácticas sociales. Si no, no hay posibilidad de cambio frente al saqueo, la guerra y la muerte que te propone todo el círculo vicioso del sistema. Entonces yo estoy a favor de una actitud que modifique esa relación social existente en el capitalismo. Pero a la vez, lo delirante es que haya revolucionarios que no les den bola a las reformas. Hay un pelado ruso (Lenin por elevación) que decía que las reformas son demasiado importantes para dejarlas en manos de los reformistas. Porque no me da lo mismo que un tipo gane 200 que 500 ó 1.000. La reforma, la reivindicación, le cambia la vida a la persona. Si no hago la reforma porque hablo de revolución, nunca consigo nada. Y un sindicato es otra cosa: un frente de los trabajadores para hacer reformas. Si pensás que es para la revolución, terminás en derrotas estrepitosas. Porque el contrato con tus compañeros no es para la toma del poder. Es para que vivan mejor.

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