Nota
Resistencia contra los Rodríguez Sáa: cadenas en la Corte Suprema
La capital de San Luis tiene dos intendentes. Como las elecciones las ganó un opositor, el gobierno provincial avaló otra elección que garantizara el triunfo de un leal a los Rodríguez Sáa. Frente a la esquizofrenia, 49 personas (concejales, empleados municipales, integrantes de la Multisectorial) llegaron a Buenos Aires y se encadenaron a las escalinatas de ingreso a la Corte para reclamar el fin del absurdo, y un plebiscito para dirimir la cuestión. La desilusión con Kirchner, y los hallazgos interplanetarios del gobernador.
Es un planeta oscuro, no brilla. No refleja la luz: tiniebla intergaláctica. Absorbe los colores y las ondas, por eso es negro, no se deja ver por cualquiera.
Según su propio anuncio radiofónico, tal planeta fue descubierto por Alberto Rodríguez Sáa, gobernador de San Luis, amante de la astronomía y observador perseverante de la noche.
Lo bautizó Xilium. Está a 200 años luz de la Tierra.
Toda persona tiene derecho a ver y descubrir los planetas que desee. O a mantener contactos extrasensoriales con los habitantes de Xilium (que Rodríguez Sáa se atribuye, según múltiples fuentes políticas y de su propia familia). Ese no es el problema.
El problema es que Alberto Rodríguez Sáa gobierna San Luis. Su régimen es oscuro, absorbe los colores, y sus conductores ejercen una estrategia de dominio político (y si puede ser extrasensorial, mejor) en esa especie de imperio de ciencia ficción que no hace más que reproducir lo que ocurre en tantas provincias argentinas.
La escena ha tenido una derivación en estos días en Palacio de Tribunales, en la Capital Federal. Desde San Luis llegaron 49 personas (concejales, empleados del Concejo Deliberante y de la municipalidad), se instalaron en dos carpas en la Plaza Lavalle, y seis de ellas se encadenaron en las escalinatas.
Las banderas explican el reclamo: “San Luis increíble: 1 ciudad, 2 intendentes” dice la principal. Las otras: “San Luis reclama. La Corte se debe expedir, o consulta popular ya”. Y una más: “Feudo Rodríguez Sáa = corrupción, muerte, persecución”.
Daniel Sosa es uno de los seis concejales que ha optado por encadenarse a los Tribunales: “El problema es así. El 9 de noviembre del año pasado hubo elecciones en San Luis capital, convocadas por el municipio, como lo establece la carta orgánica y la Constitución. Ganó el intendente Daniel Pérsico, y salimos electos una serie de concejales. Se presentaron a las elecciones varios partidos, incluidos la UCR, el ARI, socialistas, demócratas y distintas variantes del peronismo disidente. Pero por una acordada del Superior Tribunal de Justicia, 14 días después hubo otras elecciones. Los Rodríguez Sáa no se podían permitir perder ese espacio de poder. En esas nuevas elecciones ganó María Angélica Torrontegui, que se presentó sola, aunque con el intento de convalidación de la izquierda boba que terminó prestándose a legitimar esa elección”.
El primer comicio no contó con el aval provincial, ni con lugares públicos donde efectuarse, por lo que terminó desarrollándose en clubes, parroquias, iglesias evangelistas y bailantas. El segundo comicio se hizo en las escuelas habituales, y no hay precisiones sobre cuánta gente votó en uno y otro. Según los cálculos de Sosa, entre ambas habrá votado aproximadamente el 60 por ciento de los habilitados.
En las escaleras de Tribunales, con sus cadenas, están Jorge Jofré (ARI), Norma Crespo (peronista), Rosa González (UCR) y Edgardo Dicolla (PJ), electos junto al propio Sosa en la primera elección que consagró a Pérsico. La Policía Federal instaló un corralito de vallas metálicas alrededor suyo, y la entrada al edificio pasó a ser la de la calle Tucumán. Marisa, una de las municipales viajeras, dice: “Esta gente -la policía- es muy amable. No te da miedo. No sabés lo que es allá”.
Sosa vuelve a tomar la palabra:
“Pérsico ocupa el edificio de la municipalidad, donde la gente está pagando masivamente sus impuestos como una manera de convalidar quién es el verdadero intendente. La municipalidad se encarga además de todo el mantenimiento de la ciudad, los servicios públicos, y todos los trámites. Nosotros funcionamos en el Concejo Deliberante. Y en cambio la Torrontegui se instaló en la Legislatura Provincial, donde la apoyan porque ese es territorio de los Rodríguez Sáa”.
Omar Ochoa, secretario legislativo del Concejo Deliberante agrega: “Se instalaron en la Legislatura, es una vergüenza. Pero después se alquiló una casa a la que le están haciendo reformas faraónicas, para meter ahí la intendencia trucha”.
Hay, además, una pelea por los recursos. La municipalidad recauda 600.000 pesos mensuales de los contribuyentes, pero el municipio paralelo recibe de la provincia los fondos por coparticipación: 1.200.000 pesos, según los cálculos de Sosa. “Pudimos pelearla y logramos un fallo judicial por el cual los sueldos de los empleados municipales los tiene que pagar ella. Pero por lo demás, todo ese dinero que le da la provincia no se sabe a dónde va, ni para qué se usa” (aunque el alquiler y las reformas de la intendencia Torrontegui deben llevarse lo suyo).
En esa esquizofrenia, los empleados del Concejo Deliberante, los concejales y los integrantes de la Multisectorial que ha reunido en San Luis a 64 organizaciones están proponiendo distintas medidas, entre las cuales está la intervención directa a la provincia por parte del gobierno nacional y, para el caso de la intendencia duplicada, un plebiscito. Dice Sosa: “Pérsico se presentó directamente, aquí, ante la Corte Suprema de la Nación para que establezca a quién le corresponde seguir gobernando la ciudad. También le pedimos al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que medie en esta cuestión”.
En el planeta del poder, todo es silencio ante estos reclamos. ¿Qué proponen los puntanos? “Que se haga un referéndum, una consulta, un plebiscito, éntre Pérsico y Torrontegui, y que la gente decida quién debe continuar en el cargo”, dice Sosa, que anuncia: “Nos vamos a quedar hasta que volvamos con una solución. Hasta que nos dé el cuero”.
El viaje se hizo en una camioneta blanca, y un micro especialmente prestado por la Cámara de Transporte de San Luis (otro indicio de la fuerza que va adquiriendo la Multisectorial opositora a los observadores de planetas). Al intentar salir de la órbita provincial, en el límite con Córdoba, los viajeros fueron detenidos por la policía. Raúl Orozco, prosecretario del Concejo Deliberante, cuenta: “Dijeron que llamamos la atención porque íbamos despacio, y por eso nos pararon. En realidad íbamos a 120. Y nos pidieron una lista de los que iban en el micro. Se la dimos, y pudimos seguir. Una apretada más, para cuando volvamos”.
La Multisectorial ha ido organizando formas de resistencia y organización (ver en esta página): “Hemos organizado marchas masivas, se hacen asambleas, y tenemos dos estamentos” dice Sosa. “Uno amplio, para que todos nos reunamos, y hay además doce referentes que van coordinando las distintas acciones. Tenemos talleres psicopedagógicos, se trabaja en los barrios, hay ámbitos de discusión política y social, y se ha convertido en un punto de referencia para múltiples problemas. Ojalá esto se pueda convertir en algo que reemplace a los Rodríguez Sáa y a toda la dirigencia cómplice, incluyendo a la izquierda boba”.
Sigue la ronda de voces. Hablan de las elecciones que ganó Alberto Rodríguez Sáa el 27 de abril del 2003. Como candidato a gobernador tuvo más votos que su hermano Adolfo como candidato a presidente, y según los datos propios superó el 90 por ciento. Marta Guzmán, una de las viajeras puntanas, cuenta: “En realidad no se puede saber mucho de esa elección porque fue un fraude. Cuando fueron a recontar los votos resulta que las boletas sábana que supuestamente habían sacado de las urnas, ni siquiera estaban dobladas”. La oposición a los Rodríguez Sáa sospechó de esas boletas que estaban intactas pese a que no podían ser introducidas en un sobre sin plegarse, pero sus representantes fueron entonces excluidos de la junta electoral.
¿Cómo se llega a toda esta crisis en una provincia que siempre vendió imagen de bonanza, y a donde iba a vivir mucha gente? Sosa: “Es que hubo una situación de bonanza hasta mediados de los 90, por la radicación industrial que fue una monumental estafa al Estado. Pero los trabajadors seguían cobrando 300 o 400 pesos, mientras los Rodríguez Sáa se enriquecían. Quedó un gobierno empobrecido, gobernantes muy ricos, y un pueblo muy pobre”.
Las marchas de la multisectorial han sido combatidas por otra creación de Alberto Rodríguez Sáa: los planes de inclusión social (57.000, en una población de menos de 350.000 habitantes).
“Es un ejército privado” dice Lucía, docente jubilada que acompañó el viaje. “Es un grupo de choque. Les dicen ‘pico y pala’ porque los hacen trabajar a cambio del subsidio. Pero la verdad es que ni trabajan. Los convocan desde la mañana cuando hay marchas de la Multisectorial, y los ponen en un corralito frente a la casa de gobierno. Ahí toman tetrabrik, se la pasan todo el día y cuando pasamos nosotros nos tiran piedras, orina, materia fecal. Se lo hacían también a los docentes. Una vez se pusieron tan mal que ni la policía de Rodríguez Sáa los podía parar y les tiraron gases lacrimógenos adentro del corralito. Y un señor que estaba con ellos, y tenía problemas respiratorios, se murió”.
“Nos enfrentan a pobres contra pobres” dice Sosa con respecto a los ‘pico y pala’. “Y después te agarra la propia policía” agrega Orozco que muestra la campera en la que recibió balazos de goma antes de terminar preso durante toda una noche por participar en una marcha. “Además me daban culatazos y yo le decía al loco: ¿por qué pegás si no me estoy resistiendo?” La represión en San Luis ha provocado que varios referentes de la Multisectorial oculten y cambien permanentemente los lugares donde van a pernoctar, por miedo a algún atentado, o a algún accidente.
No es una superstición. El secretario del Concejo Deliberante, Omar Ochoa está convencido de que a su hermano lo mataron. “Apareció como un accidente, pero nunca se pudo definir. Mi hermano Osvaldo era presidente del Concejo Deliberante. Él era el encargado de tomarle el juramento al nuevo intendente. Y le tomó juramento a Pérsico. Nunca lo hubiera hecho con la Torrontegui. Al fallecer él, formaron el Concejo Deliberante trucho”. La familia asegura que había balazos en la carrocería del auto. En la Argentina, la cantidad de accidentes en rutas de opositores a los feudos locales merecería ser investigada con más detenimiento. Lo más asombroso, es que nadie se asombre ante la sospecha de los Ochoca, con respecto a que lo de Osvaldo fue un asesianto.
Un poco más allá, Marisa, junto a Lucía, se pregunta qué ocurre con la causa por enriquecimiento ilícito iniciada por el juez José Galeano contra los Rodríguez Sáa: “Avísenle al juez que con solo ir a San Luis, el enriquecimiento de esta gente se nota a simple vista”. Van enumerando: los tres diarios de la capital, varios casinos, bancos, criaderos de faisanes, las propias casas donde viven los integrantes de la dinastía y todos los etcéteras imaginables. La dinastía, de todos modos, no se queda quieta, y frente al incremento del potencial opositor (aunque aún sea minoritario, quizás) lanzó una campaña publicitaria nacional de mejoramiento de imagen de más de tres millones de pesos. Tal vez por los méritos de la campaña, o por los tres millones de pesos, los Rodríguez Sáa lograron -al menos transitoriamente- que los medios nacionales comiencen a dejar de publicar noticias sobre San Luis.
“¿Sabe cuál es la desilusión nuestra? Kirchner. Porque ni fue para allá, ni mandó a nadie, ni hizo nada frente a lo que él sabe que es un escándalo. Solamente fue una comisión de derechos humanos que va a estar en la universidad, dicen. ¿Y con eso qué van a lograr?” dice Marisa. “¿Sabe qué pasa señor?” dice una señora de lentes que se acerca: “El pueblo se ha cansado de los Rodríguez Sáa. Lo que pasa es que reaccionó un poco tarde. Los dejó estar 20 años”.
En la plaza frente a Tribunales, los viajeros instalaron una carpa azul y una más pequeña, anaranjada. Tienen bolsas de dormir, mate y galletitas, algunas reposeras, bombos y redoblantes, pancartas, frazadas, un juego de ajedrez, y cadenas. “La Multisectorial nos dio apoyo para que podamos comer”.
La historia de este viaje, la de la ciudad del poder esquizofrénico, y la de una provincia desquiciada, sigue escribiéndose. Los puntanos ya no esperan nada de Xilium, y miran con una rara mezcla de esperanza y desilusión a los extraños seres que habitan el poder en otro planeta llamado Buenos Aires, que no se sabe a cuántos años luz está de la sociedad. El tiempo no es infinito. Ya saben, según la señora de lentes junto a las bolsas de dormir y las cadenas de la carpa azul, que el mayor riesgo es reaccionar un poco tarde
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
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