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Tres campos de concentración en el banquillo

Publicada

hace 15 años

15/12/2009

Hoy por la mañana, en los recintos subterráneos de Comodoro Py, cuatro represores se negaron a declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en una clara prolongación de un pacto de silencio. Los imputados que no prestaron declaración fueron Enrique Miguel José Del Pino (capitán del Ejercito argentino), Roberto Antonio Rosa (oficial de la Policía Federal, apodado Clavel), Eufemio Anteojito Quiroga o Führer Uballes (subcomisario de la Policía Federal) y Samuel Cobani Miara (subcomisario, también de la Policía Federal).
Este juicio, iniciado el pasado 24 de noviembre –y que se estima durará ocho meses- se encuentra juzgando a diecisiete agentes por actos de “privación ilegítima de la libertad y tormentos” a 184 víctimas perpetrados en los centros clandestinos de “El Atlético”, “El Banco” y “El Olimpo” como fueron llamados sucesivamente los aciagos lugares de operación que cambiaron de locación (tres veces desde 1977 a 1979) pero no de víctimas, suplicios, ni ejecutores. A excepción de Carlos Alberto Roque Tepedino (jefe del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército que goza de prisión domiciliaria), todos los imputados se encuentran presos, y algunos como El Turco Julián o Miara van camino a segundas condenas.
El pasado jueves 10, once represores habían sido llamados a declarar también por esta misma causa -a cargo de los jueces Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori-, pero lograron escabullirse esgrimiendo todos un mismo modus operandi: por recomendación de sus abogados, se llamaron a no prestar declaraciones.

Pasadas las diez se convocó a un cuarto intermedio hasta las pesadas y húmedas dos de la tarde en Buenos Aires. Media hora más tarde de lo pronosticado, comenzó lo interesante: previo a las indagatorias, la Secretaría informaba de un tímido pedido de los imputados de “trasladarse a una sala contigua.” (imaginé entonces al director de un film de terror que, luego de acabada su película, suplica que le venden los ojos para no ver las escenas más cruentas). Inmediatamente, un murmullo de repudio y desprecio salpicó la sala, por lo que las causas de esa pretensión quedaron sumergidas bajo el peso de frases como:

“Cobardes. Para torturar estaban presentes.”

“Serán cobardes hasta el último día de su existencia.”

Y otras mucho menos indulgentes como para transcribir en esta crónica.

Luego de ser aceptado el mísero pedido por la presidencia del Tribunal, los acompañantes de los represores, miembros del Servicio Penitenciario Federal, esposaron a los reos con extremo cuidado –cual pequeña que viste a su muñeca con chocantes artefactos- y los llevaron fuera de la sala por una puerta lateral, cercana al estrado. Nadie volvió a verlos pero permanecían “en el ámbito del Tribunal”, según la jueza. Sólo quedaron presentes los inculpados Roldán, Donocik, Kalinec y Avena, quienes no adhirieron a la solicitud de escape.

María y sus hijos

Acto seguido, María Esther Biscayart de Tello hizo su ingreso a la sala con pasos cortos y firmes, y brindó su memoria para ser indagada respecto a las sucesivas desapariciones de sus hijos Mariano, Pedro Daniel y Rafael, todos de apellido Tello.

Un dato curioso, impactante: luego de la lectura del artículo 275 (que prevé el delito de falso testimonio) y la correspondiente toma de juramento, el secretario consultó a la interrogada acerca de si posee un vínculo de amistad o enemistad con las personas imputadas en este proceso, cualidad que afectaría su capacidad para declarar. Dirán los especialistas que es un formalismo que proviene de añares de tradición judicial, pero, pregunto –si es que nos queda algún residuo de sentido común y vale la pena arrojarlo sobre la mesa- ¿qué necesidad hay de hacer informar a una madre de cuatro desaparecidos que no desprecia, que no considera enemigos, a los captores de sus hijos?

Las respuestas de María fueron precisas y seguramente será de los testimonios más contundentes para la resolución del caso. Narró sucesos que parecían esculpidos a fuego eterno en su memoria, sin titubeos ni contradicciones, aportando un cúmulo de nombres, fechas, y precisiones. Con la seguridad que le otorgaba el inadmisible olvido, y por momentos, con lo que parecía una garganta bañada en lágrimas, María Esther les exigía a sus hilos de voz dar testimonio completo.

Un resumen de lo narrado por María a lo largo del extenso interrogatorio:

El 31 de mayo de 1978 María Esther Biscayart de Tello no estaba en el país. Sus hijos Mariano, Pedro y Rafael, sí y eran arbitrariamente secuestrados. Residiendo en Francia, ella conoce la noticia gracias a la carta de un gran amigo de la familia, Alfredo Cerami, quien advierte que, no conformes los militares con el secuestro y el saqueo de sus casas – que duró una semana entera-, también se habían llevado a sus esposas. Antes de que suceda esto, su hijo Marcelo, también había sido desaparecido dos años atrás, en Córdoba. Se comenzaron -por gestiones de la tía- recursos de habeas corpus y otros procedimientos para encontrarlos. En tanto, María, desde Francia, acudía todos los jueves a la Embajada argentina para lograr una audiencia con el cónsul. Semana tras semana, recibía la información de que nadie podía atenderla. “Sabía que el único recurso para sobrevivir al drama era la esperanza. Aprendí a esperar”. Cuenta que fueron manifestaciones infructuosas, pero útiles para reconfortarse. La acompañaron, luego de una gran difusión en la prensa, personalidades del cine, de la política, del arte. Presentó denuncias ante Amnistía Internacional y en la justicia francesa, así como también buscó el apoyo de la central de trabajadores de ese país.

Empresarios & militares

Pablo Daniel estudiaba en la Facultad de Arquitectura de La Plata y tuvo que comenzar a trabajar, al igual que Rafael –que hacía lo propio en Filosofía y Letras- porque luego de la muerte de su padre, “los recursos eran difíciles de distribuir”. Ellos habían asumido “la defensa de los derechos del trabajador y los más desposeídos” luego de vivir un tiempo en el campo y ver “las pequeñas explotaciones rurales”. Su padre, además de periodista, era sindicalista y había trabajado en Amour. Los dos hijos escribían cartas periódicas a su madre contando de sus vidas. En una de ellas, Pablo Daniel le manifiesta que el cuerpo de delegados de los Astilleros del Río de la Plata –lugar donde él trabajaba- desapareció (María aclara que eran los propios empresarios los que entregaban las listas internas a los militares). Poco tiempo después Pablo y Rafael también eran víctimas. Los testigos del secuestro cuentan que ambos fueron apresados de su lugar de trabajo -que pertenecía al arquitecto Jorge Harst- por vehículos sin chapa identificatoria. Los pusieron dentro del baúl. La primera tortura que sufrieron, camino al campo de concentración, fue un simulacro de fusilamiento. Tan real fue el simulacro, que los compañeros de trabajo fueron a darles el pésame a sus esposas luego de ser liberadas. Esto fue posible solo porque quince días después del secuestro, también fueron liberadas de noche, en una ruta, la esposa de Pablo Daniel y la de Rafael. Una de ellas contó que le asignaron un número en vez de un nombre, con el fin de eliminar su identidad. Como si fuese poco, también la obligaron a ver la tortura de su marido y de su cuñado.

En ese mismo campo de concentración al que llevaron a los hijos de María se encontraba Roberto Tito Ramírez, “en calidad de esclavo. Ya en libertad, viajó a Francia, y pidió ver a la madre de sus compañeros de tortura. Pero María no lo conocía, y estando al tanto del caso Astiz, se cuidaba de las infiltraciones, por lo que pidió que acuda a una de esas tantas caminatas hacia la embajada, con el fin de que otras personas lo reconozcan. Tito le dirá después: “Yo también hubiese desconfiado.” Tito, durante tres días, relató ante un tribunal francés todas las torturas a las que había sido sometido. Contó también que en una de esas tantas tandas de morbosidad, fue arrojado inconsciente en un pasillo. Luego de un tiempo escuchó unos pasos. Le dijeron: “Quedate tranquilo. Somos los Tello” En ese instante María se emociona y cuenta como “en las condiciones más atroces sus hijos conservaron un trozo de humanidad para ser solidarios.”

Luego de los tres días de testimonio, el juez se levantó y abrazó a María. Tito le dijo: “Gracias por los hijos que nos diste”. Según ella, fue uno de los momentos más intensos de su vida. Se pregunta ahora si ese tipo de emociones pueden tenerlas los represores. Culmina, muy segura: “Para mí las tienen negadas”.

Nobel Cóndor

En una de sus visitas a Francia, el inconsistente Premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger fue llamado a prestar declaración por el juez Leloir – el mismo que había escuchado las declaraciones de Tito Ramírez- por un documento en el que expresaba “autorizar la represión en Argentina” y también por el Plan Cóndor (por el cual, entre la CIA y las dictaduras latinoamericanas, se coordinaba el secuestro de personas) Kissinger logró escapar de su hotel, sin expresar onomatopeya alguna.

María, lindando el fin de su declaración, dice: “Acá estoy. En la culminación de mis reclamos, aunque faltan otros. Mis hijos tenían derecho a organizarse para derribar la dictadura y yo también haré uso de mis derechos para informarme del paradero de mis hijos y por el reconocimiento del cadáver de Marcelo. Ellos saben que hicieron con los desaparecidos. Como ciudadanos de este país –si es que se consideran ciudadanos- tienen la obligación de contarlo.”

En ese momento, la abogada por la defensa, la doctora Corbacho pregunta a María si conoce las leyes de reparación para los familiares o las víctimas del terrorismo de Estado. “Sí, las conozco. Repiten el procedimiento de lo que hicieron en Alemania con los judíos.

Cuando termina su testimonio, María sale emocionada de la sala, y es recibida por otras Madres, que con pañuelos en la cabeza, la abrazan. Mientras, la audiencia también aplaude.

El siguiente testigo fue más escueto. Marcelo Damián Senra contó que su padre trabajaba en ENTEL, que era delegado sindical y no estaba afiliado a ningún partido político. A pesar de tener nueve años en el momento del secuestro, sabe que pasó por el Olimpo, según lo que pudieron contarle amigos íntimos en un reencuentro, muchos años después. Sus padres estaban separados. En el momento del secuestro, su papá vivía en casa de su abuela, en Darragueyra y Paraguay, en el barrio de Palermo.

Según la abogada Claudia Ferraro, integrante de la querella, los elementos salientes de los testimonios de hoy dan cuenta de la lucha en el exterior de las Madres. También destacó que se pudo reconstruir la desaparición de tres obreros de fábricas de Buenos Aires, lo que dice, da la idea de todo un método.

Las declaraciones testimoniales continuarán mañana, desde las 9 en adelante.

Tres campos de concentración en el banquillo

Cómo evadir la cárcel y amenazar

Eva, Evo y Miss Universo

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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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hace 18 horas

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

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hace 3 días

26/02/2025

Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.

Por Lucas Pedulla

El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:

“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.

El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.

Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.

La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.

Avon, papel & toma

Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.

En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:

“Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
“Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”.
“En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.

La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.

Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.

Gris de espera

Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.

Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.

Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.

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Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Publicada

hace 3 días

26/02/2025

Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro.

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.

Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.

Viaje al corazón mapuche

Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.

En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”.

El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas.

Crimen de Rafael Nahuel: condenan a los prefectos a 4 y 5 años de prisión; la familia apelará

Ataques

El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo

Absurdos

La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.

En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.

¿Qué despropósitos?

Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer.

A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.

Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.

Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.

Truchos

En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”.

Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.

Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.

Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.

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