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Trigo transgénico: 1.400 científicos cuestionan el modelo productivo como “nocivo en términos ambientales y sociales” y proponen la agroecología para la producción sana de alimentos

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La “Carta Abierta de científicos/as argentinos/as al gobierno nacional sobre el trigo transgénico” que reproducimos íntegramente, plantea y fundamenta el rechazo desde distintas ramas de la ciencia al proyecto oficial que convertiría a la Argentina en el primer país del mundo que aprueba esa modificación genética en el trigo (y por lo tanto en sus derivados, como harina, pan, etc).  

El texto plantea que el actual modelo de agronegocios, además de los daños ambientales y sociales que genera, “no resuelve los problemas de la alimentación” y “amenaza además la salud de nuestro pueblo”. Menciona los inéditos y masivos niveles de fumigación y contaminación actuales, que esta aprobación extendería en el tiempo (al año completo) y en los territorios. Consolidaría además problemas como los desmontes masivos, la la desertificación y la destrucción de ecosistemas naturales que este año puso a la Argentina en el foco de la destrucción por incendios.      

Desde el punto de vista del consumo, El texto plantea que “dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria”, con efectos imposibles de prever para la salud humana.  
“Estamos conscientes de que necesitamos abrir un debate democrático sobre el modelo de producción, la necesidad de un cambio transformador y la promoción de una ciencia independiente que observe y registre el accionar de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico. Una ciencia que en lo agrario pueda ser denunciante de procedimientos dañinos, que escuche las voces de transformación y que conduzca hacia la soberanía alimentaria”.

Las científicas y científicos culminan solicitando que se deje sin efecto la aprobación del trigo transgénico, y que además se “abra un amplio espacio de debate ciudadano que contribuya a la transformación del actual modelo de producción agrícola hacia modalidades agroecológicas que consideren el interés común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común.

Entre las más de 1.400 firmas reunidas hasta ahora se encuentran la de especialistas como Alicia Massarini (biología evolutiva); Damián Verzeñassi (salud socioambiental); Santiago Sarandón, Walter Pengue y Claudio Lowy (agronomía y agroecología); Matías Blaustein (biología molecular); Guillermo Folguera (ciencias biológicas y filosofía); Damián Marino (química ambiental), María Elena Zaccagnini, Bibiana Vilá y Alejandro Giraudo (biodiversidad); Cristina Pérez Coll y Rafael Lajmanovich (ecotoxicología); Ignacio Bocles (embriología); Haydé Pizarro, Irina Izaguirre y Antonio Brailovsky (ecología).

El texto completo del documento.     

CARTA ABIERTA DE CIENTÍFICOS/AS ARGENTINOS/AS AL GOBIERNO NACIONAL SOBRE EL TRIGO TRANSGÉNICO

En el Boletín Oficial el 9 de octubre fue publicada la Resolución 41/2020 de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que aprueba el primer trigo transgénico del mundo y anuncia su cultivo en el país, sujeto a que Brasil lo admita, dado que es el comprador del 45% de las exportaciones argentinas de este cereal. El trigo genéticamente modificado autorizado se denomina HB4 (trigo IND-ØØ412-7) y presenta, según consta en la mencionada resolución, dos características introducidas por técnicas de ingeniería genética: resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio.

Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentarias. Esto nos lleva a cuestionarnos acerca de los supuestos beneficios que traería aparejado.

Los daños del modelo del agronegocio

Existen evidencias acerca de las consecuencias negativas que producen los modos y los paquetes tecnológicos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en varios países centrales, especialmente en Estados Unidos. Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria, concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente.

Algunos de los principales daños que está produciendo este modelo se deben al uso intensivo de agrotóxicos. Lejos de reducirse, como anunciaban hace más dos décadas los promotores del paquete tecnológico soja-glifosato, el uso de agrotóxicos se ha incrementado exponencialmente ya que la práctica de la siembra directa con semillas transgénicas y barbecho químico actualmente está concentrando la mayor demanda de glifosato y otros agrotóxicos. La agricultura basada en el uso de organismos genéticamente modificados (OGM), tolerantes a diversos herbicidas selecciona a las malezas resistentes que proliferan, lo cual obliga a aumentar las dosis, a realizar mezclas de múltiples activos y a su vez recurrir al consumo de nuevos herbicidas más potentes. En Argentina, hay falta de registros oficiales de uso y, en función de las proyecciones, actualmente se usan más de 525 millones de kg/litros de formulados de agrotóxicos por año (alrededor de 12 litros por habitante, la tasa más alta del mundo), esparcidos en miles de millones de litros de caldos de aplicación. La autorización del trigo resistente al glufosinato de amonio implicará aumentar aún más ese volumen, que de por sí resulta exorbitante.

El glufosinato de amonio es un herbicida que, mirado desde la seguridad alimentaria según FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, ampliamente cuestionado y prohibido en muchos países por su toxicidad aguda y sus efectos neurotóxicos, genotóxicos y alteradores de la colinesterasa. Es letal para organismos que contribuyen naturalmente a mantener la dinámica de los agroecosistemas: arañas, ácaros, artrópodos depredadores, mariposas y otros polinizadores y microorganismos del suelo. Además, en estos agroecosistemas desequilibrados aumenta la susceptibilidad de los cultivos a enfermedades, con el consecuente aumento en la dependencia del uso de más agroquímicos. Asimismo, deteriora enormemente la calidad del agua dulce acelerando procesos de eutrofización, siendo además tóxico para algunos organismos acuáticos. Además, penetra hacia napas subterráneas, aumentando la lixiviación del nitrógeno de los suelos.

La incorporación del trigo transgénico incrementaría la frecuencia de las fumigaciones, extendiéndolas durante todo el año. Hasta ahora, las fumigaciones masivas con agrotóxicos se circunscribían a las temporadas de primavera y verano (también se aplican a finales del invierno como “barbecho químico”). Dado que el trigo es un cultivo de invierno, la aplicación del glufosinato de amonio dará lugar a fumigaciones con este herbicida, en una estación del año en la que se prolonga la vida media de plaguicidas en el ambiente, debido a la incidencia de las bajas temperaturas en los procesos de biodegradación y/o a la baja irradiancia solar en la fotodegradación, todo lo cual coincide además con la mayor susceptibilidad de la población a contraer enfermedades respiratorias.

Hasta el momento, el uso del paquete tecnológico estaba particularmente asociado al cultivo de soja, maíz y algodón, cultivos principalmente vinculados a la producción de granos para forraje y aceites. El trigo, en cambio, es la base de la alimentación de las y los argentinos, ya que con él se elabora el pan y gran parte de nuestros alimentos que están basados en sus harinas. A partir de esta autorización, el trigo HB4 tendrá residuos de glufosinato al igual que las harinas y sus derivados, es decir, habrá glufosinato en alimentos básicos de consumo diario. Dado que en Argentina no hay ley de etiquetado de transgénicos, toda la población estaría expuesta a su ingesta en la dieta diaria.

Por otra parte, el trigo podría correr una suerte similar a la soja no transgénica, que ha sido completamente reemplazada por variedades transgénicas. No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico, entre otras cosas por la llamada “contaminación genética” que ocurre durante la polinización. El trigo se autofecunda en un gran porcentaje, pero también se cruza con otros cultivos de trigo que se encuentren en las cercanías. Del mismo modo que en el caso de la soja, una vez liberadas las variedades transgénicas en pocos años se podrían diseminar debido a la fecundación cruzada por polinización con las variedades no transgénicas, en un proceso irreversible de flujo genético. Además de los procesos naturales, el mercado también podría imponer la adopción de OGM, haciendo llegar a los productores insumos sin identificación a bajo costo, como ocurrió en el caso de la soja RR.

La reconfiguración de la producción hacia la agricultura de mercado y la producción de commodities basada en precios internacionales han llevado a un avance descontrolado de la frontera agrícola en las últimas décadas para ampliar las áreas de cultivo en nuestro país. Este escenario se agrava con la aprobación de la “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” que, junto con el Anexo registrado con el Nº IF-2020-65541846-APN-SSA#MAGYP, no toma en cuenta ninguna consideración respecto a las consecuencias ambientales de este emprendimiento.

Los desmontes masivos de bosques nativos, la devastación de áreas de alta susceptibilidad como el monte chaqueño y las yungas en Salta, la desecación de humedales y actualmente los incendios extensivos que destruyen ecosistemas naturales en 14 provincias son distintas caras del mismo modelo que a su vez potencian sus consecuencias negativas en los escenarios actuales de cambio climático. Esta expansión avasalla a las poblaciones rurales, campesinas y comunidades de pueblos originarios, generando la ruptura de entramados sociales, pérdida de infraestructura rural, expulsión de población, y concentración de la propiedad de la tierra y los beneficios que se obtienen de ella, dejando como saldo una invaluable pérdida de saberes y prácticas, de diversidad cultural, biodiversidad y degradación de ecosistemas. Al mismo tiempo, es inmenso el deterioro de bienes comunes de la naturaleza tan relevantes como lo son las funciones ecosistémicas que contribuyen a la regulación climática e hidrológica, afectadas por cambios estructurales en las coberturas vegetales, e incluso por impactos indirectos sobre otros ecosistemas tales como la degradación de los humedales por la intensificación de la actividad ganadera desplazada de las tierras altas o la formación de “ríos nuevos” por cambios profundos en el ciclo hidrológico.

En este marco cabe preguntarnos: ¿es aceptable el desarrollo y la aprobación de nuevos cultivos transgénicos que profundizarán los daños y el despojo de nuestro pueblo y nuestros territorios? La celebrada «resistencia a la sequía» que se elogia como un logro científico ¿es realmente una ventaja? ¿para qué? ¿para quién? ¿Es una ventaja que el trigo transgénico reemplace bosques y pastizales nativos? ¿Quiénes tendrían que decidir ese cambio de uso de suelo? Este tipo de decisiones que nos afectan a todes y comprometen el futuro de todas las generaciones, es imprescindible que sean tomadas como resultado de un debate que incluya sus consecuencias ambientales, económicas y sociales. Los transgénicos agrícolas, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para “alimentar al mundo” sólo han servido para generar lucro para unos pocos que logran acceder a los altos costos de los paquetes tecnológicos y hacerlos rentables por escala. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario, atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria.

Una oportunidad para reconsiderar el modelo

En un contexto de pandemia, cuyas causas más profundas se vinculan con la pérdida de biodiversidad por destrucción de ecosistemas, cambios en el uso del suelo y degradación del ambiente, uno de cuyos mayores responsables es el modelo del agronegocio, es urgente plantearnos la necesidad de un cambio profundo. La FAO afirma: “Hemos llegado al límite del paradigma de la revolución verde” y alcanzar una agricultura sostenible requiere un enfoque integrado. El paquete tecnológico transgénico-agrotóxicos es hoy la encarnación extrema del paradigma de la «revolución verde» y avanzar hacia una producción agroecológica libre de venenos y transgénicos es el principal desafío que hoy tenemos como humanidad”.

Por otra parte, en su el Informe Especial frente al Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas en su 40º período de sesiones, la Relatora Hilal Elver luego de su visita a la Argentina en septiembre de 2018, reitera la importancia de diversificar la matriz agrícola de manera de disminuir su vulnerabilidad. Asimismo, el informe alienta al Gobierno a dar prioridad al diseño e implementación de políticas y reformas efectivas con la participación de todos los segmentos relevantes de la sociedad con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.

En nuestro territorio se impone la necesidad, entonces, de realizar una transición hacia sistemas de producción agroecológicos que permitan garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y al mismo tiempo, preservar proteger y restaurar los bienes comunes de la naturaleza, celebrando la diversidad cultural, conservando la diversidad de las especies y los recursos genéticos. Las prácticas agroecológicas involucran un valioso diálogo de saberes, ya que combinan los conocimientos tradicionales y autóctonos, los conocimientos prácticos de los campesinos, productores y comerciantes y los conocimientos científicos. A su vez, en un contexto de cambio climático es significativo advertir que los sistemas agroecológicos diversificados son más resilientes, es decir, tienen una mayor capacidad para recuperarse de las perturbaciones, en particular de fenómenos meteorológicos extremos, además de incluir modelos altamente eficientes que pueden generar enorme productividad.

Como científicos/as comprometidos con la vida, estamos conscientes de que necesitamos abrir un debate democrático sobre el modelo de producción, la necesidad de un cambio transformador y la promoción de una ciencia independiente que observe y registre el accionar de las empresas de los agronegocios en lo sanitario, en lo ambiental y en lo económico. Una ciencia que en lo agrario pueda ser denunciante de procedimientos dañinos, que escuche las voces de transformación y que conduzca hacia la soberanía alimentaria.

Por todos estos motivos, quienes suscriben esta carta, científicos y científicas de múltiples especialidades y formaciones, solicitamos al Gobierno Nacional que deje sin efecto la aprobación del cultivo de trigo transgénico y que, al mismo tiempo, abra un amplio espacio de debate ciudadano que contribuya a la transformación del actual modelo de producción agrícola hacia modalidades agroecológicas que consideren el interés común, la salud pública, la defensa de la vida y de la casa común.

Invitamos a la comunidad científica a sumar su apoyo para solicitar al Gobierno Nacional que deje sin efecto la la aprobación del cultivo de trigo transgénico en el territorio de nuestro país.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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#NiUnaMás

Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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