Se cumple el primer aniversario de la masacre en la que murieron Aníbal Suárez (22), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14) tras una brutal balacera de efectivos de la Bonaerense en San Miguel del Monte. La única sobreviviente fue Rocío Quagliarello (14), después de estar 25 días internada. El poder judicial lo definió como «persecución inmotivada». El pueblo amaneció este miércoles con pegatinas y banderas que hicieron las familias, en un día donde las principales actividades serán virtuales por la cuarentena. La causa principal se encamina al juicio oral, con una docena de imputaciones, entre ellas al exsecretario de Seguridad del Municipio. La investigación que se abre sobre la ex intendenta. La voz de las familias y todo lo que se hizo para evitar que el crimen quede impune.

A las 0:50, sonaron cuatro veces las sirenas de los bomberos.

Luego, cuatro campanadas de la Iglesia San Miguel Arcángel, frente a la plaza principal.

A las 8:30, la Municipalidad izó la bandera argentina a media asta.

Así comenzó San Miguel del Monte su 20 de mayo, entre sirenas y campanadas, en la hora exacta al momento en el que comenzó la masacre, concepto que no termina de reflejar el horror que significó esa hora, en esa madrugada y en ese día, hace precisamente un año, no sólo para el pueblo bonaerense sino para todo el país.

Hace un año, el Fiat 147 Spazio que conducía Aníbal Suárez (22) y en el que también viajaban Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (14) chocó contra un camión en la colectora de entrada de la Ruta 3, tras una brutal balacera de efectivos de la Policía Bonaerense, en una “persecusión inmotivada”, como la describió el propio juez de la causa, Eduardo Silva Pelossi.

Rocío fue la única sobreviviente: pasó 24 días internada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

“La causa ha avanzado muchísimo y esperamos llegar a instancia de juicio oral el año que viene”, dice a lavaca Susana Ríos, mamá de Gonzalo. A principios de abril, el fiscal Lisandro Damonte dio por finalizada la investigación, que tiene entre 13 imputados al borde del juicio oral al ex policía Claudio Martínez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad del municipio al momento de la masacre.

Cómo romper el encubrimiento

La celeridad judicial se debió a la lucha de cada una de las cinco familias y al pueblo de Monte, donde el rápido accionar de los vecinos permitió que la trama de encubrimiento que empezaba a cubrir al caso desde las primeras horas -con el aval político de los principales funcionarios de la intendencia de entonces- quedara al descubierto:

• Un vecino encontró los casquillos de los disparos y se los dio a un familiar.
• El camionero contra el que impactó el auto se negó a firmar el acta de la declaración porque los policías escribieron “estruendos” cuando él había dicho disparos, por lo que fue a declarar a sede fiscal.
• En las primeras semanas, más de 38 vecinos se acercaron a testimoniar.
• Y el empleado municipal del Centro de Monitoreo difundió los videos de las cámaras de seguridad que demostraban la persecusión a los tiros, sin ningún motivo, hecho por el cual fue suspendido por la Municipalidad.

Por la cuarentena, las actividades y los homenajes este miércoles serán en su mayoría virtuales, aunque las familias estuvieron recorriendo los principales puntos del municipio realizando pegatinas por las calles, los comercios y colgando banderas.

“Estos días están siendo muy difíciles”, dice a lavaca Yanina Zarzoso, mamá de Camila. “Cuesta mucho. En mi caso, trato de enfocarme en la lucha. Salir a la calle es una manera que hoy encontramos de luchar, aunque sea salir a pegar las calles con fotos y banderas exigiendo justicia. Pero el dolor está, y va a estar siempre. Es un año, pero para mí pasó todo ayer. El dolor está intacto y pienso en todo lo que vivimos este año. Y, como siempre digo, no sé de dónde saco fuerzas para seguir. Es ella la que me guía y me da fortaleza. Era una nena muy alegre, muy activa, y mi consuelo es recordarla con la alegría que la caracterizaba. Ver sus fotos, su sonrisa. Los videos donde era feliz”.

Para este miércoles, las familias estuvieron difundiendo el siguiente cronograma de actividades:

• De 9:30 a 12:30, por la emisora Alternativa 93.9, se transmitirá un programa especial con notas, música en vivo y entrevistas.
• A las 12 hs, las entrevistas seguirán por FM Laguna 87.9.
• A las 14, se estrenará por Facebook el documental Vuelen alto, con la participación de familiares, organizaciones sociales y público en general.
• A las 18, una charla virtual organizada por Correpi, llamada “Crónica de una lucha por justicia”.

Acusados

El fiscal Damonte cerró a principios de abril la “etapa investigativa”. Si bien faltan incorporarse algunas medidas de prueba a la causa principal, la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM, una de las querellas que acompaña a las familias), Margarita Jarque, precisó a lavaca que el próximo paso es la elevación a juicio oral.

Por el tramo central de la causa (la persecución, el asesinato y el encubrimiento), hay 13 imputados:

• Por homicidio agravado: el capitán Rubén Alberto García y los oficiales Manuel Monreal, Leonardo Ecilape y Mariano Alejandro Ibáñez. Son los policías que iban en los patrulleros que persiguieron y dispararon contra el Fiat 147. Todos están en prisión preventiva.
• Por encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público agravado: el subcomisario Franco Micucci, el oficial subinspector José Alfredo Domínguez, el oficial inspector José Manuel Durán, y los oficiales Cristian Righiero y Juan Manuel Gutiérrez. A estos dos últimos el juez les dictó la falta de mérito pero siguen sometidos a proceso.
• Las oficiales subayudantes Melina Noelia Bianco y Nadia Genaro también están acusadas de encubrimiento y falsificación de actas, pero la Cámara de Apelaciones de La Plata ordenó su excarcelación.
• Por encubrimiento agravado: el teniente primero Héctor Enrique Ángel (alias “El Pipi”, conocido en Monte por hechos de corrupción) y el exsecretario de Seguridad Martínez, quien fue el único beneficiado con prisión domiciliaria, por ser considerado grupo de riesgo por coronavirus.

“Rescatamos que hubo una investigación integral y eso se logró trabajando articuladamente con las querellas”, apuntó Jarque. También remarcó que de la causa principal se desprendieron otras tres investigaciones. Una apunta contra la exintendenta Sandra Mayol, por incumplimiento de funcionario público: la intendenta fue uno de los principales focos de las críticas de los familiares, ya que no sólo justificó el discurso policial sino que, luego de la masacre, designó a la familiar de uno de los policías detenidos en el cargo del que depende las fuerzas de seguridad a nivel distrital.

Otra causa que se desprende es para investigar los incumplimientos de deberes de funcionario público de tres peritos de la Policía Científica de Cañuelas. Y, en tercer lugar, las acciones de inteligencia ilegal sobre las familias en conferencias y en marchas. Un ejemplo se dio durante la presentación de un informe de la CPM sobre la represión policial en el municipio, cuando los vecinos reconocieron a dos policías de civil. “Este acto de inteligencia ilegal refleja un comportamiento mafioso y violento, y se inscribe en una escalada de persecución y hostigamiento contra los familiares”, denunció el organismo en ese momento. En total, las imputaciones son más de 20.

Como en su momento reflejó MU (ver la nota Operación Masacre, publicada en la edición 136 de nuestra revista), la Masacre fue el corolario brutal de un accionar sistemático de abusos y hostigamientos de la Bonaerense sobre los jóvenes en Monte, que se traducían en golpizas, detenciones arbitrarias, amenazas y torturas, en un contexto de saturación policial en el municipio que las familias cuestionaban por innecesario, y que sólo fue aprovechado por la exintendenta Mayol para campaña política. Las denuncias también fueron constatadas por el informe de la CPM.

Nunca más

“Este 20 de mayo vamos a homenajear a los nenes. No queremos más golpes bajos, porque ya mucho tenemos que pasar nosotros”, dice Susana. En la puerta de su casa colgarán banderas, fotos y un pasacalle en conmemoración. “Toda la comunidad está pegando carteles, otros llevarán una cinta negra. En todos los lugares están sus fotos”.

Las familias manifestaron a lavaca estar conformes con la investigación judicial. “Vamos por buen camino, y si seguimos vamos a lograr lo que tanto queremos: justicia”, apunta Yanina.

Susana, sobre cómo está el pueblo: “Hablé con muchas personas, y se les llenan los ojos de lágrimas. La gente no se pudo olvidar. Y nos han acompañado muchísimo. Yo hablo con firmeza, y no es porque no tenga dolor, que lo tengo y es mucho, pero la gente no se aguanta el llanto y termino yo consolándoles a ellos. Los entiendo, porque el dolor se ha hecho unánime. Es una comunidad por la que siento mucho respeto y admiración”.

Susana aclara que va a llegar el momento en el que pueda hacer el duelo: “Todavía no lo pude hacer, porque siempre tenemos un mes, dos meses, cinco, un año. Es una situación horrible. Todo lo que uno tiene que atender durante los días con la propia familia no te da el tiempo de hacer tu duelo sola. Quiero que la gente siga creyendo que uno no baja los brazos. Que una sigue, a pesar de que hay días que no quiero existir. Pero sé que tengo que seguir en lucha: no tengo odio, pero sí sed de justicia. Y una vez que tenga la sentencia será el momento en que pueda hacer el duelo por mi hijo”.

Yanina alerta que las denuncias de abusos siguen ocurriendo, pero algo cambió: “Nos siguen llegando casos. Pero algo muy importante empezó después de todo lo que pasó: la gente ya no se calla. Antes reinaba el silencio. Quizá no nos enterábamos por miedo. Entonces hacía que se manejaran con total impunidad, porque nadie hacía nada. Pero la gente empezó a abrir los ojos y a decir basta. Quizá es la manera que encuentran de denunciar: transformar ese dolor en lucha, y no por justicia sólo por los nenes, sino también por los que vienen. No queremos que esto pase nunca más”.