Nota
Distopía de alta tecnología: la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus. Por Naomi Klein
En este revelador artículo para The Intercept, la periodista canadiense Naomi Klein analiza el fichaje del ex Ceo de Google Eric Schmidt para encabezar una comisión para “reimaginar la realidad post-Covid” en Nueva York donde, dice, comienza a gestarse un futuro dominado por la asociación de los estados con los gigantes tecnológicos: “Pero las ambiciones van mucho más allá de las fronteras de cualquier estado o país”. Klein define una Doctrina del Shock pandémico, a la que llama el nuevo pacto o New Deal de las Pantallas (Screen New Deal). Plantea el riesgo liso y llano de que esta política de las corporaciones amenace destruir al sistema educativo y de salud. El rastreo de datos, el comercio sin efectivo, la telesalud, la escuela virtual, y hasta los gimnasios y las cárceles, parte de una propuesta “sin contacto y altamente rentable”. La cuarentena como laboratorio en vivo, un “Black Mirror”, y la aceleración de esta distopía a partir del coronavirus: “Ahora, en un contexto desgarrador de muerte masiva, se nos vende la dudosa promesa de que estas tecnologías son la única forma posible de proteger nuestras vidas contra una pandemia”. Cuáles son las dudas (de siempre) y cómo, bajo el pretexto de la inteligencia artificial, las corporaciones vuelven a pelear por el poder de controlar las vidas. (Traducido por Agencia Lavaca.org).
Por Naomi Klein para The Intercept
Durante la sesión informativa diaria sobre coronavirus del gobernador de Nueva York Andrew Cuomo el miércoles, la sombría mueca que llenó nuestras pantallas durante semanas fue reemplazada brevemente por algo parecido a una sonrisa.
La inspiración para estas vibraciones inusualmente buenas fue un contacto en video del ex CEO de Google Eric Schmidt, quien se unió a la reunión informativa del gobernador para anunciar que encabezará una comisión para reimaginar la realidad post-Covid del Estado de Nueva York, con énfasis en integrar permanentemente la tecnología en todos los aspectos de la vida cívica.
“Las primeras prioridades de lo que estamos tratando de hacer”, dijo Schmidt, “se centran en telesalud, aprendizaje remoto y banda ancha… Necesitamos buscar soluciones que se puedan presentar ahora y acelerar la utilización de la tecnología para mejorar las cosas”. Para que no haya dudas de que los objetivos del ex CEO de Google eran puramente benevolentes, su fondo de video presentaba un par de alas de ángel doradas enmarcadas.
Justo un día antes, Cuomo había anunciado una asociación similar con la Fundación Bill y Melinda Gates para desarrollar “un sistema educativo más inteligente”. Al llamar a Gates un “visionario”, Cuomo dijo que la pandemia ha creado “un momento en la historia en el que podemos incorporar y avanzar en las ideas [de Gates] … Todos estos edificios, todas estas aulas físicas, ¿para qué, con toda la tecnología que se tiene?” preguntó, aparentemente de modo retórico.
Ha tardado un tiempo en edificarse, pero está comenzando a surgir algo parecido a una doctrina del shock pandémico. Llamémoslo “Screen New Deal” (el New Deal de la pantalla). Con mucho más de alta tecnología que cualquier otra cosa que hayamos visto en desastres anteriores, el futuro que se está forjando a medida que los cuerpos aún acumulan las últimas semanas de aislamiento físico no como una necesidad dolorosa para salvar vidas, sino como un laboratorio vivo para un futuro permanente y altamente rentable sin contacto.
Anuja Sonalker, CEO de Steer Tech, una compañía con sede en Maryland que vende tecnología para el auto estacionamiento de vehículos (self parking), resumió recientemente el nuevo discurso que genera el virus. “Hay una tendencia definida a la tecnología sin contacto con humanos”, dijo. “Los humanos son biopeligrosos, las máquinas no lo son”.
Es un futuro en el que nuestros hogares nunca más serán espacios exclusivamente personales, sino también, a través de la conectividad digital de alta velocidad, nuestras escuelas, los consultorios médicos, nuestros gimnasios y, si el estado lo determina, nuestras cárceles. Por supuesto, para muchos de nosotros, esas mismas casas ya se estaban convirtiendo en nuestros lugares de trabajo que nunca se apagan y en nuestros principales lugares de entretenimiento antes de la pandemia, y el encarcelamiento de vigilancia “en la comunidad” ya estaba en auge. Pero en el futuro, bajo una construcción apresurada, todas estas tendencias están preparadas para una aceleración de velocidad warp (forma teórica de moverse más rápido que la velocidad de la luz).
Este es un futuro en el que, para los privilegiados, casi todo se entrega a domicilio, ya sea virtualmente a través de la tecnología de transmisión y en la nube, o físicamente a través de un vehículo sin conductor o un avión no tripulado, y luego la pantalla “compartida” en una plataforma mediada. Es un futuro que emplea muchos menos maestros, médicos y conductores. No acepta efectivo ni tarjetas de crédito (bajo el pretexto del control de virus) y tiene transporte público esquelético y mucho menos arte en vivo. Es un futuro que afirma estar basado en la “inteligencia artificial”, pero en realidad se mantiene unido por decenas de millones de trabajadores anónimos escondidos en almacenes, centros de datos, fábricas de moderación de contenidos, talleres electrónicos, minas de litio, granjas industriales, plantas de procesamiento de carne, y las cárceles, donde quedan sin protección contra la enfermedad y la hiperexplotación. Es un futuro en el que cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras relaciones pueden rastrearse y extraer datos mediante acuerdos sin precedentes entre el gobierno y los gigantes tecnológicos.
Si todo esto suena familiar es porque, antes del Covid, este preciso futuro impulsado por aplicaciones y lleno de conciertos nos fue vendido en nombre de la conveniencia, la falta de fricción y la personalización. Pero muchos de nosotros teníamos preocupaciones. Sobre la seguridad, la calidad y la inequidad de la telesalud y las aulas en línea. Sobre autos sin conductor que derriban peatones y aviones no tripulados que destrozan paquetes (y personas). Sobre el rastreo de ubicación y el comercio sin efectivo que borra nuestra privacidad y afianza la discriminación racial y de género. Sobre plataformas de redes sociales sin escrúpulos que envenenan nuestra ecología de la información y la salud mental de nuestros hijos. Sobre “ciudades inteligentes” llenas de sensores que suplantan al gobierno local. Sobre los buenos trabajos que estas tecnologías eliminaron. Sobre los malos trabajos que producían en masa.
Y, sobre todo, nos preocupaba la riqueza y el poder que amenazaban a la democracia acumulados por un puñado de empresas tecnológicas que son maestros de la abdicación, evitando toda responsabilidad por los restos que quedan en los campos que ahora dominan, ya sean medios, minoristas o transporte.
Ese era el pasado antiguo conocido como “febrero”. Hoy en día, una gran ola de pánico arrastra a muchas de esas preocupaciones bien fundadas, y esta distopía calentada está pasando por un cambio de marca de trabajo urgente. Ahora, en un contexto desgarrador de muerte masiva, se nos vende la dudosa promesa de que estas tecnologías son la única forma posible de proteger nuestras vidas contra una pandemia, las claves indispensables para mantenernos a salvo a nosotros mismos y a nuestros seres queridos.
Gracias a Cuomo y sus diversas asociaciones multimillonarias (incluida una con Michael Bloomberg para pruebas y rastreo), el estado de Nueva York se está posicionando como la brillante sala de exposición para este sombrío futuro, pero las ambiciones van mucho más allá de las fronteras de cualquier estado o país.
Y en el centro de todo está Eric Schmidt. Mucho antes de que los estadounidenses entendieran la amenaza de Covid-19, Schmidt había estado en una agresiva campaña de lobby, presiones y relaciones públicas impulsando precisamente la visión de la sociedad del Black Mirror (o Espeo Negro, por la serie inglesa) que Cuomo acaba de darle poder para construir. En el corazón de esta visión está la perfecta integración del gobierno con un puñado de gigantes de Silicon Valley: con escuelas públicas, hospitales, consultorios médicos, policías y militares, todas las funciones principales se externalizan (a un alto costo) a empresas privadas de tecnología.
Es una visión en la que Schmidt ha estado avanzando en sus funciones como presidente de la Junta de Innovación de Defensa, que asesora al Departamento de Defensa sobre el mayor uso de la inteligencia artificial en el ejército, y como presidente de la poderosa Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial, o NSCAI, que asesora al Congreso sobre “avances en inteligencia artificial, desarrollos relacionados con el aprendizaje automático y tecnologías asociadas”, con el objetivo de abordar “las necesidades de seguridad nacional y económica de los Estados Unidos, incluido el riesgo económico”. Ambas juntas están llenas de poderosos CEOS de Silicon Valley y altos ejecutivos de compañías como Oracle, Amazon, Microsoft, Facebook y, por supuesto, los colegas de Schmidt en Google.
Como presidente, Schmidt aún posee más de 5.3 mil millones de dólares en acciones de Alphabet (la compañía matriz de Google), así como grandes inversiones en otras empresas tecnológicas, esencialmente ha estado llevando a cabo una reestructuración con sede en Washington en nombre de Silicon Valley. El objetivo principal de las dos cámaras empresarias es solicitar aumentos exponenciales en el gasto del gobierno en investigación sobre inteligencia artificial y en infraestructura que permita tecnologías como la 5G, inversiones que beneficiarían directamente a las compañías en las que Schmidt y otros miembros de estos grupos tienen amplias participaciones.
Primero en presentaciones a puertas cerradas para legisladores y más tarde en artículos de opinión y entrevistas públicas, el argumento de Schmidt ha sido que, dado que el gobierno chino está dispuesto a gastar dinero público ilimitado para construir la infraestructura de vigilancia de alta tecnología, mientras permite a las empresas tecnológicas chinas como Alibaba, Baidu y Huawei obtener los beneficios de las aplicaciones comerciales, la posición dominante de los EE.UU en la economía global está al borde del colapso.
El Centro de Información de Privacidad Electrónica recientemente obtuvo acceso a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información a una presentación realizada por el NSCAI de Schmidt hace un año, en mayo de 2019. Sus diapositivas plantean una serie de afirmaciones alarmistas sobre cómo la infraestructura reguladora relativamente laxade China y su apetito sin fondo por la vigilancia está haciendo que se adelante a los EE.UU. en varios campos, incluyendo la inteligencia artificiaal para diagnóstico médico, vehículos autónomos, infraestructura digital, ciudades inteligentes, viajes compartidos y comercio sin efectivo.
Las razones dadas para la ventaja competitiva de China son innumerables, desde el gran volumen de consumidores que compran en línea; “La falta de sistemas bancarios heredados en China”, lo que le ha permitido saltar sobre efectivo y tarjetas de crédito y desatar “un enorme mercado de comercio electrónico y servicios digitales” utilizando “pagos digitales”; y una grave escasez de médicos, lo que ha llevado al gobierno a trabajar estrechamente con compañías tecnológicas como Tencent para usar la AI (inteligencia artificial) como medicina “predictiva”. Las diapositivas señalan que en China, las compañías tecnológicas “tienen la autoridad de eliminar rápidamente las barreras regulatorias, mientras que las iniciativas estadounidenses se ven envueltas en el cumplimiento de HIPPA y la aprobación de la FDA”.
Sin embargo, más que ningún otro factor, el NSCAI señala la voluntad de China de adoptar alianzas público-privadas en la vigilancia masiva y la recopilación de datos como una razón para su ventaja competitiva. La presentación promociona el “apoyo y participación explícita del gobierno de China, por ejemplo, en el despliegue del reconocimiento facial”. Sostiene que “la vigilancia es uno de los ‘primeros y mejores clientes’ para Al” y, además, que “la vigilancia masiva es una aplicación asesina para el aprendizaje profundo”.
Una diapositiva titulada “Conjuntos de datos estatales: vigilancia = ciudades inteligentes” señala que China, junto con el principal competidor chino de Google, Alibaba, están corriendo por delante.
Esto es notable porque la empresa matriz de Google, Alphabet, ha estado impulsando precisamente esta visión a través de su división Sidewalk Labs, eligiendo una gran parte de la costa de Toronto como su prototipo de “ciudad inteligente”. Pero el proyecto de Toronto se cerró después de dos años de controversia incesante relacionada con las enormes cantidades de datos personales que Alphabet recolectaría, la falta de protecciones de privacidad y los beneficios cuestionables para la ciudad en general.
Cinco meses después de esta presentación, en noviembre, el NSCAI emitió un informe provisional al Congreso que suscitó la alarma sobre la necesidad de que EE.UU actúe frente a la adaptación China de estas tecnologías controvertidas. “Estamos en una competencia estratégica”, afirma el informe , obtenido a través de FOIA por el Centro de Información Electrónica de Privacidad. “La inteligencia artificial estará en el centro. El futuro de nuestra seguridad y economía nacional está en juego ”.
A fines de febrero, Schmidt estaba llevando su campaña al público, tal vez entendiendo que el aumento de presupuesto que su junta directiva estaba pidiendo no podría aprobarse sin una mayor aceptación. En un artículo de opinión del New York Times titulado “Silicon Valley podría perder frente a China”, Schmidt pidió “asociaciones sin precedentes entre el gobierno y la industria” y, una vez más, haciendo sonar la alarma de peligro amarilla:
AI (inteligencia artificial) abrirá nuevas fronteras en todo, desde biotecnología hasta banca, y también es una prioridad del Departamento de Defensa. … Si las tendencias actuales continúan, se espera que las inversiones generales de China en investigación y desarrollo superen a las de Estados Unidos dentro de 10 años, aproximadamente al mismo tiempo que se proyecta que su economía sea más grande que la nuestra .
A menos que estas tendencias cambien, en la década de 2030 competiremos con un país que tiene una economía más grande, más inversiones en investigación y desarrollo, mejor investigación, un mayor despliegue de nuevas tecnologías y una infraestructura informática más sólida. … En última instancia, los chinos están compitiendo para convertirse en los principales innovadores del mundo, y Estados Unidos no está jugando para ganar.
La única solución, para Schmidt, era un chorro de dinero público. Elogiando a la Casa Blanca por solicitar una duplicación de la financiación de la investigación en inteligencia artificial y ciencia de la información cuántica, escribió: “Deberíamos planear duplicar la financiación en esos campos nuevamente a medida que creamos capacidad institucional en laboratorios y centros de investigación. … Al mismo tiempo, el Congreso debe cumplir con la solicitud del presidente para obtener el nivel más alto de financiamiento de I + D de defensa en más de 70 años , y el Departamento de Defensa debe capitalizar ese aumento de recursos para desarrollar capacidades innovadoras en inteligencia artificial, cuántica, hipersónica y otras prioritarias áreas tecnológicas “.
Eso fue exactamente dos semanas antes de que el brote de coronavirus se declarara una pandemia, y no se mencionó que el objetivo de esta vasta expansión de alta tecnología era proteger la salud de los estadounidenses. Solo que era necesario evitar ser superado por China. Pero, por supuesto, eso pronto cambiaría.
En los dos meses transcurridos desde entonces, Schmidt ha sometido estas demandas preexistentes, para gastos públicos masivos en investigación e infraestructura de alta tecnología, para una serie de “asociaciones público-privadas” en inteligencia artificial y para el aflojamiento de innumerables protecciones de privacidad y seguridad, a través de un ejercicio agresivo de reposicionamiento discursivo. Ahora, todas estas medidas (y más) se están vendiendo al público como nuestra única esperanza posible de protegernos de un nuevo virus que nos acompañará en los próximos años.
Y las compañías tecnológicas con las que Schmidt tiene vínculos profundos, y que pueblan las influyentes juntas asesoras que preside, se han reposicionado como protectores benevolentes de la salud pública y generosos campeones de los “héroes cotidianos” de los trabajos esenciales (muchos de los cuales perderían sus empleos si estas compañías se salieran con la suya). Menos de dos semanas después del cierre del estado de Nueva York, Schmidt escribió un artículo de opinión para el Wall Street Journal que estableció el nuevo tono y dejó en claro que Silicon Valley tiene toda la intención de aprovechar la crisis para una transformación permanente.
Al igual que otros estadounidenses, los tecnólogos están tratando de hacer su parte para apoyar primera línea de respuesta a la pandemia. …
Pero cada estadounidense debería preguntarse dónde queremos que esté la nación cuando termine la pandemia de Covid-19. ¿Cómo podrían las tecnologías emergentes desplegadas en la crisis actual impulsarnos hacia un futuro mejor? … Empresas como Amazon saben cómo suministrar y distribuir de manera eficiente. Tendrán que proporcionar servicios y asesoramiento a los funcionarios del gobierno que carecen de los sistemas informáticos y de la experiencia.
También deberíamos acelerar la tendencia hacia el aprendizaje remoto, que se está probando hoy como nunca antes. On line, no existe un requisito de proximidad, lo que permite a los estudiantes obtener instrucción de los mejores maestros, sin importar en qué distrito escolar residan …
La necesidad de una experimentación rápida a gran escala también acelerará la revolución biotecnológica. … Finalmente, el país está atrasado hace tiempo en infraestructura digital real … Si queremos construir una economía futura y un sistema educativo basado en tele-todo, necesitamos una población totalmente conectada y una infraestructura ultrarrápida. El gobierno debe hacer una inversión masiva, tal vez como parte de un paquete de estímulo, para convertir la infraestructura digital de la nación en plataformas basadas en la nube y vincularlas con una red 5G.
De hecho, Schmidt ha sido implacable en la búsqueda de esta visión. Dos semanas después de la aparición de ese artículo de opinión, describió la programación ad hoc de educación en el hogar que los maestros y las familias de todo el país se vieron obligados a improvisar durante esta emergencia de salud pública como “un experimento masivo en el aprendizaje remoto”. El objetivo de este experimento, dijo, era “tratar de descubrir: ¿cómo aprenden los niños de forma remota? Y con esos datos deberíamos ser capaces de construir mejores herramientas de aprendizaje a distancia que, cuando se combinan con el maestro … ayudarán a los niños a aprender mejor ” Durante esta misma videollamada, organizada por el Club Económico de Nueva York, Schmidt también pidió más telesalud, más 5G, más comercio digital y el resto de la lista de deseos preexistente. Todo en nombre de la lucha contra el virus.
Sin embargo, su comentario más revelador fue el siguiente: “El beneficio de estas corporaciones, que amamos difamar, en términos de la capacidad de comunicarse, la capacidad de lidiar con la salud, la capacidad de obtener información, es profundo. Piensa en cómo sería tu vida en Estados Unidos sin Amazon “. Agregó que la gente debería “estar un poco agradecida de que estas compañías obtuvieron el capital, hicieron la inversión, construyeron las herramientas que estamos usando ahora y realmente nos han ayudado”.
Es un recordatorio sobre que, hasta hace muy poco, el rechazo público contra estas corporaciones estaba creciendo. Los candidatos presidenciales discutían abiertamente la caída de la gran tecnología. Amazon se vio obligado a abandonar sus planes para una sede en Nueva York debido a la feroz oposición local. El proyecto Sidewalk Labs de Google estaba en una crisis perenne, y los propios trabajadores de Google se negaban a construir tecnología de vigilancia con aplicaciones militares.
En resumen, la democracia se estaba convirtiendo en el mayor obstáculo para la visión que Schmidt estaba promoviendo, primero desde su posición en la cima de Google y Alphabet y luego como presidente de dos poderosas juntas asesorando al Congreso y al Departamento de Defensa. Como revelan los documentos de NSCAI, este inconveniente ejercicio del poder por parte del público y los trabajadores tecnológicos dentro de estas megaempresas, desde la perspectiva de hombres como Schmidt y el CEO de Amazon, Jeff Bezos, desaceleró enloquecedoramente la carrera armamentista de la inteligencia artificial, manteniendo flotas de automóviles y camiones sin conductor potencialmente mortales fuera de las carreteras, evitando que los registros de salud privados se conviertan en un arma utilizada por los empleadores contra los trabajadores, evitando que los espacios urbanos se cubran con software de reconocimiento facial, y mucho más.
Ahora, en medio de la carnicería de esta pandemia en curso, y el miedo y la incertidumbre sobre el futuro que ha traído, estas corporaciones ven claramente su momento para barrer todo ese compromiso democrático. Para tener así el mismo tipo de poder que sus competidores chinos, que ostentan el lujo de funcionar sin verse obstaculizados por intrusiones de derechos laborales o civiles.
Todo esto se está moviendo muy rápido. El gobierno australiano ha contratado a Amazon para almacenar los datos de su controvertida aplicación de seguimiento de coronavirus. El gobierno canadiense ha contratado a Amazon para entregar equipos médicos, generando preguntas sobre por qué omitió el servicio postal público. Y en solo unos pocos días a principios de mayo, Alphabet ha puesto en marcha una nueva iniciativa de Sidewalk Labs para rehacer la infraestructura urbana con $ 400 millones en capital semilla. Josh Marcuse, director ejecutivo de la Junta de Innovación en Defensa que preside Schmidt, anunció que dejaría ese trabajo para trabajar a tiempo completo en Google como jefe de estrategia e innovación para el sector público mundial, lo que significa que ayudará a Google a sacar provecho de algunas de las muchas oportunidades que él y Schmidt han estado creando con su lobby.
Para ser claros, la tecnología es sin duda una parte clave de cómo debemos proteger la salud pública en los próximos meses y años. La pregunta es: ¿estará la tecnología sujeta a las disciplinas de la democracia y la supervisión pública, o se implementará en un frenesí de estado de excepción, sin hacer preguntas críticas, dando forma a nuestras vidas en las próximas décadas? Preguntas como, por ejemplo: si realmente estamos viendo cuán crítica es la conectividad digital en tiempos de crisis, ¿deberían estas redes y nuestros datos estar realmente en manos de jugadores privados como Google, Amazon y Apple? Si los fondos públicos están pagando gran parte de eso, ¿el público no debería también poseerlo y controlarlo? Si Internet es esencial para muchas cosas en nuestras vidas, como lo es claramente, ¿no debería tratarse como una utilidad pública sin fines de lucro?
Y aunque no hay duda de que la capacidad de teleconferencia ha sido un salvavidas en este período de bloqueo, hay serios debates sobre si nuestras protecciones más duraderas son claramente más humanas. Tomemos la educación. Schmidt tiene razón en que las aulas superpobladas presentan un riesgo para la salud, al menos hasta que tengamos una vacuna. Entonces, ¿no se podría contratar el doble de maestros y reducir el tamaño de los cursos a la mitad? ¿Qué tal asegurarse de que cada escuela tenga una enfermera?
Eso crearía empleos muy necesarios en una crisis de desempleo a nivel de depresión y les daría mayor margen a todos en el ambiente educativo. Si los edificios están demasiado llenos, ¿qué tal dividir el día en turnos y tener más educación al aire libre, aprovechando la abundante investigación que muestra que el tiempo en la naturaleza mejora la capacidad de los niños para aprender?
Introducir ese tipo de cambios sería difícil, sin duda. Pero no son tan arriesgados como renunciar a la tecnología probada y verdadera de humanos entrenados que enseñan a los humanos más jóvenes cara a cara, en grupos donde aprenden a socializar entre ellos.
Al enterarse de la nueva asociación del estado de Nueva York con la Fundación Gates, Andy Pallotta, presidente de United Teachers del Estado de Nueva York, reaccionó rápidamente: “Si queremos reimaginar la educación, comencemos por abordar la necesidad de trabajadores sociales, consejeros de salud mental , enfermeras escolares, cursos de artes enriquecedores, cursos avanzados y clases más pequeñas en distritos escolares de todo el estado “, dijo. Una coalición de grupos de padres también señaló que si realmente habían estado viviendo un “experimento de aprendizaje remoto” (como lo expresó Schmidt), los resultados fueron profundamente preocupantes: “Dado que las escuelas cerraron a mediados de marzo, nuestro la comprensión de las profundas deficiencias de la instrucción basada en pantalla solo ha crecido “.
Además de los obvios sesgos de clase y raza contra los niños que carecen de acceso a Internet y computadoras en el hogar (problema que las compañías tecnológicas están ansiosas por cobrar, mediante grandes ventas tecnológicas), hay grandes preguntas sobre si la enseñanza remota puede servir a muchos niños con discapacidades, como lo exige la ley . Y no existe una solución tecnológica para el problema de aprender en un entorno hogareño superpoblado y / o abusivo.
El problema no es si las escuelas deben cambiar ante un virus altamente contagioso para el cual no tenemos cura ni vacuna. Al igual que todas las instituciones donde los humanos actúan en grupos, las escuelas cambiarán. El problema, como siempre en estos momentos de conmoción colectiva, es la ausencia de debate público sobre cómo deberían ser esos cambios y a quién deberían beneficiar. ¿Empresas tecnológicas privadas o estudiantes?
Las mismas preguntas deben hacerse sobre la salud. Evitar los consultorios médicos y los hospitales durante una pandemia tiene sentido. Pero la telesalud pierde en gran medida frente a la atención persona a pesona. Por lo tanto, debemos tener un debate basado en la evidencia sobre los pros y los contras de gastar recursos públicos escasos en telesalud, en comparación con enfermeras más capacitadas, equipadas con todo el equipo de protección necesario, que pueden hacer visitas a domicilio para diagnosticar y tratar pacientes en sus hogares. Y quizás lo más urgente es que necesitamos lograr el equilibrio correcto entre las aplicaciones de seguimiento del virus, que con las protecciones de privacidad adecuadas tienen un papel que desempeñar, y los llamados a un Cuerpo de Salud Comunitario que pondría a millones de estadounidenses a trabajar no solo haciendo seguimiento de contactos sino asegurándose de que todos tengan los recursos materiales y el apoyo que necesitan para estar en cuarentena de manera segura.
En cada caso, enfrentamos decisiones reales y difíciles entre invertir en humanos e invertir en tecnología. Porque la verdad brutal es que, tal como están las cosas, es muy poco probable que hagamos ambas cosas. La negativa a transferir los recursos necesarios a los estados y ciudades en sucesivos rescates federales significa que la crisis de salud del coronavirus ahora se está convirtiendo en una crisis de austeridad fabricada. Las escuelas públicas, universidades, hospitales y tránsito se enfrentan a preguntas existenciales sobre su futuro. Si las compañías tecnológicas ganan su feroz campaña de presiones y lobby para el aprendizaje remoto, telesalud, 5G y vehículos sin conductor, su Screen New Deal, simplemente no quedará dinero para prioridades públicas urgentes, sin importar el Green New Deal (el Nuevo Pacto Verde) que nuestro planeta necesita con urgencia.
Por el contrario: el precio de todos los brillantes dispositivos será el despido masivo de maestros y el cierre de hospitales.
La tecnología nos proporciona herramientas poderosas, pero no todas las soluciones son tecnológicas. Y el problema de externalizar decisiones clave sobre cómo “reimaginar” nuestros estados y ciudades a hombres como Bill Gates y Eric Schmidt es que se han pasado la vida demostrando la creencia de que no hay problema que la tecnología no pueda solucionar.
Para ellos, y para muchos otros en Silicon Valley, la pandemia es una oportunidad de oro para recibir no solo la gratitud, sino también la deferencia y el poder que sienten que se les ha negado injustamente. Y Andrew Cuomo, al poner al ex presidente de Google a cargo del cuerpo que dará forma a la reapertura del estado, parece haberle dado algo cercano al reinado libre.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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No son cifras