Nota
Universidad transgénica: los sponsors de la Facultad de la Agronomía de la UBA
Después de develar los convenios con empresas transgénicas, Darío Aranda revela en esta nota nuevos vínculos entre la Facultad de Agronomía y Bayer, Monsanto, Syngenta y los empresarios de Aapresid. Un sponsoreo que incluye lavado de imagen para los agrotóxicos, un posgrado en “agronegocios”, académicos socios de compañías y un modelo de universidad cómplice del modelo transgénico.
Por Darío Aranda para lavaca.org
“Agronegocio” es una palabra nueva, y una forma de entender el campo. Resume una definición (el agro como un negocio), conlleva una acción (producir commodities) y tiene un objetivo claro: mayor rentabilidad. “Agronegocio” es el término acuñado por las multinacionales del sector, promovido por grandes medios de comunicación e impulsado por lobbistas en los ámbitos más inesperados y es el término que eligió la Universidad de Buenos Aires para bautizar un posgrado, una maestría, una cátedra y hasta un edificio con aulas. El paquete transgénico se dicta en la Facultad de Agronomía y cuenta con complicidad (publicitada) de Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow, Basf (entre otras empresas), y con las cámaras empresarias productoras de agrotóxicos.
Prontuarios cruzados
La Facultad de la Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) cuenta con el “Programa de Agronegocio”, a cargo de Fernando Vilella. Está dividido en el “departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva” y el departamento de “Instituciones, Organizaciones y Estrategia”, a cargo de Sebastián Senesi, que también es director de la maestría en agronegocios.
En la página de internet del área de agronegocios de la facultad pública se destaca “empresas y organismos que han confiado en nuestro equipo”. Figura un subtítulo “red empresarial” y aparece un listado de 66 empresas. Entre ellas: Bayer, Basf, Bioceres, Biogénesis, Cargill, Centro de Exportadores de Cereales, Don Mario, Dow, IRSA, Los Grobo, Louis Dreyfus, Monsanto, Nidera, Syngenta, Techint. En la “red institucional” (que también son empresas o cámaras que nuclean a compañías): Aacrea (Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), Acsoja (empresarios del cultivo), ASA (Asociación de Semilleros), Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Carbio (compañías de biocombustibles), Casafe (empresas de agrotóxicos), Ciara (grandes compañías de exportadores y aceiteros), Expoagro (feria del agronegocio de Clarín y La Nación).
El área de agronegocios tiene entre sus ejes de enseñanza: plan de negocios y análisis de competitividad, desarrollo y promoción de productos, marketing y comunicación estratégica, negocios agroalimentarios, teoría del lobby.
Vilella (a cargo del Programa de Agronegocio) tiene 63 años, es ingeniero agrónomo y fue decano de la Fauba entre 1998 y 2006. Se presenta formalmente como “director del departamento de bioeconomía, políticas públicas y prospectiva” y profesor titular de la cátedra de agronegocios. Férreo defensor del agronegocio, no encuentra contradicción en que la universidad pública trabaje con o para el sector privado. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios en Buenos Aires (2007-2008, gestión Daniel Scioli).
El agronegocio no diferencia partidos políticos. Vilella se sumó a Cambiemos en Buenos Aires junto al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto), para crear el “observatorio de bioeconomía y datos estratégicos”. En la Fauba amplía que es “asesor” de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Es miembro de la comisión directiva de Maizar (Asociación Maíz y Sorgo Argentino), donde confluyen todas las grandes empresas del agronegocio: Monsanto, Basf, Dow, Nidera, Bayer, Syngenta, Casafe, Aapresid.
Entre sus últimas iniciativas, desde 2014, está la realización de “simposios internacionales”, en el marco y con el sello de la Fauba. En abril de 2017 realizó el encuentro Del sur al mundo en 2030, pensando en forma global. Agro y bionegocios sustentables, auspiciado por Nidera, Biogénesis Bagó, Aapresid, Acsoja (todas las grandes empresas transgénicas), Maizar y Bolsa de Cereales, entre otras.
Su discurso recurrente es el mismo que publicitan las empresas: que se necesita más producción (con transgénicos y agroquímicos) para calmar el hambre del mundo. Mito desmentido incluso por la FAO (organismo de Naciones Unidas para la alimentación, que no suele ser crítico al agronegocio).
Sebastián Senesi (del Departamento de Instituciones, Organizaciones y Estrategia) tiene 45 años. Su escuela primaria fue en el selecto Saint Brendan’s College (de origen irlandés); luego concurrió al también exclusivo Nacional Buenos Aires y se recibió de agrónomo en la Fauba. Suele contar, aún en entrevistas, que los confunden con el actor Vin Diesel… Es coautor del libro Campo: El sueño de una Argentina verde y competitiva, publicitado por los medios de comunicación y empresas del agronegocio. Negador de las consecuencias del modelo transgénico, su curriculum vitaea exhibe vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.
Giro empresario
El Departamento de Senesi tiene una decena de convenios con empresas transgénicas. Son “confidenciales”. En MU 117 (noviembre 2017) se publicaron dos. El expediente número 20694/2015 es entre la Fauba y la multinacional Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Es por “capacitación”, y está a cargo del propio Senesi. La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de “alta dirección en agronegocios y alimentos”, destinado a “empleados, técnicos y empresarios”. Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede de Bayer.
Los temas tratados fueron “economía y estrategia en los agronegocios”, “producción, sustentabilidad y negocios”, “marketing y comunicación”, “evaluación de proyectos y riesgo empresario”, “negocios de commodities”, entre otros.
La cláusula quinta del convenio señala que los empleados de Bayer acceden “al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba”.
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: “La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario y que es dador y responsable del trabajo a realizar por los empleados”.
Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (número 21103/2014), por 400.000 pesos para “realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos”. La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.
En dos convenios en los que Senesi aparece como responsable, Bayer pagó 930 pesos.
Lavado de cara
“Producción agropecuaria, salud y ambiente”, fue el nombre de la jornada que organizó la Fauba el 5 de diciembre de 2017. La única mirada crítica de los disertantes provino de Lilian Corra, directora de la carrera de Médico Especialista en Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la UBA. “La exposición a plaguicidas puede afectar negativamente el desarrollo de los seres humanos: si es grave, puede terminar con un embarazo o llevar a un desarrollo inviable a semanas de la concepción o afectar el desarrollo de órganos fundamentales para la vida como el cerebro. A los médicos nos preocupan en particular los efectos negativos sobre la fertilidad y sobre el coeficiente y las funciones intelectuales como la memoria, el aprendizaje y la conducta. Obviamente, también influyen en el desarrollo de enfermedades como cáncer y, en las personas jóvenes, enfermedades endócrinas como diabetes e hipotiroidismo”, alertó.
Aunque en la Facultad de Agronomía existen docentes de larga trayectoria en el estudio de las consecuencias de los agrotóxicos, y que además trabajan junto a comunidades afectadas, las autoridades de la Facultad eligieron otro perfil de disertantes.
“La agricultura extensiva argentina y sus desafíos”, fue el título de la ponencia de Emilio Satorre, profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Fauba. “Estamos en el final de la segunda revolución de las pampas y en la construcción de una tercera etapa. Van a convivir muchos modelos. Habrá que incluir a la sociedad en las decisiones y aplicar los principios ecológicos para hacer una agricultura entendiendo la naturaleza”, propuso.
En el auditorio sonreían los estudiantes críticos (y más de un docente). Luego de veinte años de modelo transgénico y con uso masivo de agrotóxicos, desalojos masivos y cientos de pueblos fumigados organizados, desde la academia anuncian que “habrá que incluir a la sociedad”.
Satorre es también coordinador académico de “investigación y desarrollo” de Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), entidad de productores y empresarios que impulsan el modelo de agronegocio.
“Muchos productores nos dicen que sólo quieren usar insumos de banda verde, es decir, con bajos niveles de toxicidad. Es una actitud que hay que felicitar”, festejó Satorre. Prometió que en los próximos años bajaría la cantidad de “fitosanitarios” y los vinculó a una agricultura en base a “sensores, robótica y satélites”.
Roberto Fernández Aldúncin es profesor de la Cátedra de Ecología de la Fauba y es investigador del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura (Ifeva), reconocido espacio de la Facultad por sus vinculaciones con las empresas del agronegocio. Evaluó que existen motivos “racionales” y “emotivos” al momento de referirse a los agroquímicos. Contó una experiencia de “investigación participativa” en Entre Ríos donde se estimaron concentraciones de glifosato en agua y se acordaron prácticas de “bajo impacto ambiental”.
“Los que pensaban que no había ningún problema, vieron que eso no era así. Los que pensaban que el problema era terrible, vieron que no era para tanto”, argumentó.
La soja transgénica se aprobó en 1996. Previamente ya se utilizaban agrotóxicos. Pero el uso del glifosato, pilar del modelo sojero, aumentó de forma geométrica: casi 200 millones de litros por año. Nacieron organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, cientos de denuncias, decenas de fallos judiciales, un centenar de publicaciones científicas de universidades públicas (UBA, Litoral, Río Cuarto, La Plata, entre otras). Pero en la jornada de la Fauba sobre “salud y ambiente” no se cuestionó el modelo agropecuario reinante.
Aldúncin asumió en marzo como “secretario de investigación y posgrado” en la nueva gestión de la Facultad.
La agrupación estudiantil Abriendo Caminos presenció e incluso grabó parte de las exposiciones. Resumieron: “La jornada apareció luego de muchos cuestionamientos que pusieron el foco sobre los lazos de la Facultad, y decidieron abrir el paraguas, sin colocarse en alguno de los dos lados de la vereda, aunque eso es exactamente lo que las autoridades hacen al impulsar los convenios con las empresas de agroquímicos y con los grandes productores. De un lado quedaron los defensores del modelo y por el otro lado fue contundente la participación de la doctora Corra, que con mucho rigor científico abordó el problema de la exposición crónica a bajas concentraciones, la exposición desde la concepción, la realidad de los trabajadores rurales y de las escuelas agrotécnicas”.
Durante la jornada las preguntas sólo podían ser por escrito (con el consiguiente filtrado de posibles posturas incómodas) y no se permitió el debate e intercambio con los asistentes.
Doble agente
De la charla en la Facultad de Agronomía también participó Edda Villaamil Lepori, de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Su disertación se tituló “Fitosanitarios en cultivos transgénicos en Buenos Aires y exposición humana”. Presentó datos de un trabajo (realizado junto a la Fauba) en Pergamino.
La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino denunció en 2016 a Villaamil por manipular información y mentirle a los vecinos en un “estudio” que realizó junto al Municipio de Pergamino, y con el director ejecutivo del Instituto de Ética Legal de la Facultad de Agronomía, Jorge Elustondo, quién además había anunciado que contaban específicamente con el apoyo del ministro de ciencia, Lino Barañao, y de las autoridades del Ministerio de Agricultura de Nación. Explicaron que tomarían muestras de suelo, agua, y analizarían sangre y orina de la población.
Villaamil Lepori que se encontraron con mayor frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y y metilclorpirifós. Todos químicos usados décadas pasadas, persistentes y con numerosa bibliografía que da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas. Por lo cual, dentro del ámbito académico, no es novedad su aparición en estudios. “Confirmamos la hipótesis de que hay una exposición a insecticidas no relacionados con la actividad agropecuaria y posiblemente al uso doméstico. Son niveles bajos y no significa intoxicación”, afirmó. Resaltó la presencia de DDT y, respecto al agua, sostuvo que existen “niveles bajos de plaguicidas (…) y no se han encontrado niveles elevados de glifosato”.
Nunca se entregaron los estudios completos a la población y tampoco explicaron que el análisis presentados eran por intoxicaciones agudas (que se producen en el momento de la manipulación) y no para afectaciones crónicas (prolongadas en el tiempo), para lo cual debieran hacerse pruebas genéticas. Nunca se entregaron los estudios de orina, donde es más factible encontrar glifosato.
El principal referente en la firma del convenio fue Eduardo Pagano, que figuraba como “investigador responsable”. Es uno de los referente del agronegocio de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía y desde su cátedra en la universidad trabajó junto a la semillera Don Mario. Integró también la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio responsable de la aprobación de los transgénicos en el país (en base a estudios de las propias empresas y con expedientes confidenciales).
Villaamil Lepori también tiene relación con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto. Villaamil Lepori es integrante de la Subcomisión de Fitosanitarios de ILSI.
Sobre el “estudio” en Pergamino reconoció (un año después de presentarlo) que en las muestras de sangre no buscaron glifosato, atrazina ni 2-4-D (los químicos más utilizados en la actualidad) y confesó que no hicieron los análisis en orina que habían prometido a la población.
No se puede encontrar lo que no se busca.
El estudio en Pergamino no buscó los químicos más utilizados en el agro actual. Pero su referente, Edda Villaamil Lepori, lo utiliza como referencia para minimizar el impacto de los agroquímicos. Y lo hace en la misma Facultad de Agronomía que tiene convenios confidenciales con las empresas que producen y venden esos químicos.
Una mancha más
La Fauba también cuenta con la “Fundación Facultad de Agronomía”, que tiene entre sus objetivos “coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias”. Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.
En marzo pasado asumieron nuevas autoridades. La noticia fue que “por primera vez dos mujeres estarán al frente” de la Fauba. Son Marcela Edith Gally (decana, que era segunda de la gestión saliente, de Rodolfo Golluscio, que sigue en el Consejo Directivo de la Fauba) y Adriana Kantolic (vicedecana).
El currículum de Kantolic exhibe publicaciones y congresos junto a las empresas de agronegocio Bayer, DuPnt, Dow AgroSciences, Nidera, Syngenta, Aacrea, Aapresid.
Ante el contexto proagronegocio de la Fauba, un grupo de docentes autoconvocados solicitó anular el convenio con la multinacional Benetton (investigadores de la Facultad trabajan junto a la empresa en el mismo predio donde fue reprimida la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y donde desapareció y murió Santiago Maldonado). El pedido lo debe tratar el Consejo Directivo, que se muestra reacio a dejar de trabajar con Benetton.
El mismo grupo de docentes organizó una charla para debatir la vinculación con las empresas. “Universidad y Sociedad. Convenios ¿con quién y para quién”. Será el 27 de abril a las 13. Participarán Gustavo Schrauf (ex secretario de relaciones institucionales de la Fauba), Guillermo Folguera (biólogo y filósofo, investigador de la UBA-Conicet), Luis Tiscornia (secretario general de Conadu Histórica) y este periodista.
Una semana después, para profundizar la línea pro agronegocio, la nueva gestión realiza una jornada junto a los empresarios de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), los mayores lobbistas del modelo transgénico, hoy con puestos en el gobierno nacional. “Convocamos a docentes-investigadores y estudiantes de la Fauba a participar de este encuentro con el programa ‘Sistemas Chacras Aapresid’. Para conocer su estrategia del aprender produciendo y del protagonismo horizontal, reconociendo posibilidades de trabajo colaborativo, proyectos de investigación, pasantías y prácticas pre-profesionales que potencien la formación académica de nuestros estudiantes”, explica la invitación.
La jornada será abierta por las autoridades de Aapresid y por la flamante decana de la Fauba, Marcela Edith Gally. El afiche que se difunde en el sitio de la Facultad muestra juntos los logos de Aapresid y la Fauba. Y destacado, con signos de exclamación: “¡Agendalo. Te esperamos en el aula de Agronegocios!”.
Nota
El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad
Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.
Por Lucas Pedulla
Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.
Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.
Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.
A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Del Hospital a la Plaza
La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.
La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:
“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.
Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.
Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.
Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.
Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.
Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.
Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
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