Después de develar los convenios con empresas transgénicas, Darío Aranda revela en esta nota nuevos vínculos entre la Facultad de Agronomía y Bayer, Monsanto, Syngenta y los empresarios de Aapresid. Un sponsoreo que incluye lavado de imagen para los agrotóxicos, un posgrado en «agronegocios», académicos socios de compañías y un modelo de universidad cómplice del modelo transgénico.

Por Darío Aranda para lavaca.org

«Agronegocio» es una palabra nueva, y una forma de entender el campo. Resume una definición (el agro como un negocio), conlleva una acción (producir commodities) y tiene un objetivo claro: mayor rentabilidad. «Agronegocio» es el término acuñado por las multinacionales del sector, promovido por grandes medios de comunicación e impulsado por lobbistas en los ámbitos más inesperados y es el término que eligió la Universidad de Buenos Aires para bautizar un posgrado, una maestría, una cátedra y hasta un edificio con aulas. El paquete transgénico se dicta en la Facultad de Agronomía y cuenta con complicidad (publicitada) de Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow, Basf (entre otras empresas), y con las cámaras empresarias productoras de agrotóxicos.

UBA S.A.: empresas transgénicas en la universidad pública

Prontuarios cruzados

La Facultad de la Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) cuenta con el «Programa de Agronegocio», a cargo de Fernando Vilella. Está dividido en el «departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva» y el departamento de «Instituciones, Organizaciones y Estrategia», a cargo de Sebastián Senesi, que también es director de la maestría en agronegocios.
En la página de internet del área de agronegocios de la facultad pública se destaca «empresas y organismos que han confiado en nuestro equipo». Figura un subtítulo «red empresarial» y aparece un listado de 66 empresas. Entre ellas: Bayer, Basf, Bioceres, Biogénesis, Cargill, Centro de Exportadores de Cereales, Don Mario, Dow, IRSA, Los Grobo, Louis Dreyfus, Monsanto, Nidera, Syngenta, Techint. En la «red institucional» (que también son empresas o cámaras que nuclean a compañías): Aacrea (Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), Acsoja (empresarios del cultivo), ASA (Asociación de Semilleros), Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Carbio (compañías de biocombustibles), Casafe (empresas de agrotóxicos), Ciara (grandes compañías de exportadores y aceiteros), Expoagro (feria del agronegocio de Clarín y La Nación).
El área de agronegocios tiene entre sus ejes de enseñanza: plan de negocios y análisis de competitividad, desarrollo y promoción de productos, marketing y comunicación estratégica, negocios agroalimentarios, teoría del lobby.
Vilella (a cargo del Programa de Agronegocio) tiene 63 años, es ingeniero agrónomo y fue decano de la Fauba entre 1998 y 2006. Se presenta formalmente como «director del departamento de bioeconomía, políticas públicas y prospectiva» y profesor titular de la cátedra de agronegocios. Férreo defensor del agronegocio, no encuentra contradicción en que la universidad pública trabaje con o para el sector privado. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios en Buenos Aires (2007-2008, gestión Daniel Scioli).
El agronegocio no diferencia partidos políticos. Vilella se sumó a Cambiemos en Buenos Aires junto al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto), para crear el «observatorio de bioeconomía y datos estratégicos». En la Fauba amplía que es «asesor» de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Es miembro de la comisión directiva de Maizar (Asociación Maíz y Sorgo Argentino), donde confluyen todas las grandes empresas del agronegocio: Monsanto, Basf, Dow, Nidera, Bayer, Syngenta, Casafe, Aapresid.
Entre sus últimas iniciativas, desde 2014, está la realización de «simposios internacionales», en el marco y con el sello de la Fauba. En abril de 2017 realizó el encuentro Del sur al mundo en 2030, pensando en forma global. Agro y bionegocios sustentables, auspiciado por Nidera, Biogénesis Bagó, Aapresid, Acsoja (todas las grandes empresas transgénicas), Maizar y Bolsa de Cereales, entre otras.
Su discurso recurrente es el mismo que publicitan las empresas: que se necesita más producción (con transgénicos y agroquímicos) para calmar el hambre del mundo. Mito desmentido incluso por la FAO (organismo de Naciones Unidas para la alimentación, que no suele ser crítico al agronegocio).
Sebastián Senesi (del Departamento de Instituciones, Organizaciones y Estrategia) tiene 45 años. Su escuela primaria fue en el selecto Saint Brendan’s College (de origen irlandés); luego concurrió al también exclusivo Nacional Buenos Aires y se recibió de agrónomo en la Fauba. Suele contar, aún en entrevistas, que los confunden con el actor Vin Diesel… Es coautor del libro Campo: El sueño de una Argentina verde y competitiva, publicitado por los medios de comunicación y empresas del agronegocio. Negador de las consecuencias del modelo transgénico, su curriculum vitaea exhibe vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.

Giro empresario

El Departamento de Senesi tiene una decena de convenios con empresas transgénicas. Son «confidenciales». En MU 117 (noviembre 2017) se publicaron dos. El expediente número 20694/2015 es entre la Fauba y la multinacional Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Es por «capacitación», y está a cargo del propio Senesi. La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos», destinado a «empleados, técnicos y empresarios». Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede de Bayer.
Los temas tratados fueron «economía y estrategia en los agronegocios», «producción, sustentabilidad y negocios», «marketing y comunicación», «evaluación de proyectos y riesgo empresario», «negocios de commodities», entre otros.
La cláusula quinta del convenio señala que los empleados de Bayer acceden «al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba».
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: «La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario y que es dador y responsable del trabajo a realizar por los empleados».
Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (número 21103/2014), por 400.000 pesos para «realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos». La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.
En dos convenios en los que Senesi aparece como responsable, Bayer pagó 930 pesos.

Lavado de cara

«Producción agropecuaria, salud y ambiente», fue el nombre de la jornada que organizó la Fauba el 5 de diciembre de 2017. La única mirada crítica de los disertantes provino de Lilian Corra, directora de la carrera de Médico Especialista en Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la UBA. «La exposición a plaguicidas puede afectar negativamente el desarrollo de los seres humanos: si es grave, puede terminar con un embarazo o llevar a un desarrollo inviable a semanas de la concepción o afectar el desarrollo de órganos fundamentales para la vida como el cerebro. A los médicos nos preocupan en particular los efectos negativos sobre la fertilidad y sobre el coeficiente y las funciones intelectuales como la memoria, el aprendizaje y la conducta. Obviamente, también influyen en el desarrollo de enfermedades como cáncer y, en las personas jóvenes, enfermedades endócrinas como diabetes e hipotiroidismo”, alertó.
Aunque en la Facultad de Agronomía existen docentes de larga trayectoria en el estudio de las consecuencias de los agrotóxicos, y que además trabajan junto a comunidades afectadas, las autoridades de la Facultad eligieron otro perfil de disertantes.
“La agricultura extensiva argentina y sus desafíos», fue el título de la ponencia de Emilio Satorre, profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Fauba. “Estamos en el final de la segunda revolución de las pampas y en la construcción de una tercera etapa. Van a convivir muchos modelos. Habrá que incluir a la sociedad en las decisiones y aplicar los principios ecológicos para hacer una agricultura entendiendo la naturaleza», propuso.
En el auditorio sonreían los estudiantes críticos (y más de un docente). Luego de veinte años de modelo transgénico y con uso masivo de agrotóxicos, desalojos masivos y cientos de pueblos fumigados organizados, desde la academia anuncian que «habrá que incluir a la sociedad».

Satorre es también coordinador académico de «investigación y desarrollo» de Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), entidad de productores y empresarios que impulsan el modelo de agronegocio.
«Muchos productores nos dicen que sólo quieren usar insumos de banda verde, es decir, con bajos niveles de toxicidad. Es una actitud que hay que felicitar”, festejó Satorre. Prometió que en los próximos años bajaría la cantidad de «fitosanitarios» y los vinculó a una agricultura en base a «sensores, robótica y satélites”.
Roberto Fernández Aldúncin es profesor de la Cátedra de Ecología de la Fauba y es investigador del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura (Ifeva), reconocido espacio de la Facultad por sus vinculaciones con las empresas del agronegocio. Evaluó que existen motivos «racionales» y «emotivos» al momento de referirse a los agroquímicos. Contó una experiencia de «investigación participativa» en Entre Ríos donde se estimaron concentraciones de glifosato en agua y se acordaron prácticas de «bajo impacto ambiental».
“Los que pensaban que no había ningún problema, vieron que eso no era así. Los que pensaban que el problema era terrible, vieron que no era para tanto”, argumentó.
La soja transgénica se aprobó en 1996. Previamente ya se utilizaban agrotóxicos. Pero el uso del glifosato, pilar del modelo sojero, aumentó de forma geométrica: casi 200 millones de litros por año. Nacieron organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, cientos de denuncias, decenas de fallos judiciales, un centenar de publicaciones científicas de universidades públicas (UBA, Litoral, Río Cuarto, La Plata, entre otras). Pero en la jornada de la Fauba sobre «salud y ambiente» no se cuestionó el modelo agropecuario reinante.
Aldúncin asumió en marzo como «secretario de investigación y posgrado» en la nueva gestión de la Facultad.
La agrupación estudiantil Abriendo Caminos presenció e incluso grabó parte de las exposiciones. Resumieron: «La jornada apareció luego de muchos cuestionamientos que pusieron el foco sobre los lazos de la Facultad, y decidieron abrir el paraguas, sin colocarse en alguno de los dos lados de la vereda, aunque eso es exactamente lo que las autoridades hacen al impulsar los convenios con las empresas de agroquímicos y con los grandes productores. De un lado quedaron los defensores del modelo y por el otro lado fue contundente la participación de la doctora Corra, que con mucho rigor científico abordó el problema de la exposición crónica a bajas concentraciones, la exposición desde la concepción, la realidad de los trabajadores rurales y de las escuelas agrotécnicas».
Durante la jornada las preguntas sólo podían ser por escrito (con el consiguiente filtrado de posibles posturas incómodas) y no se permitió el debate e intercambio con los asistentes.

Doble agente

De la charla en la Facultad de Agronomía también participó Edda Villaamil Lepori, de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Su disertación se tituló «Fitosanitarios en cultivos transgénicos en Buenos Aires y exposición humana». Presentó datos de un trabajo (realizado junto a la Fauba) en Pergamino.
La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino denunció en 2016 a Villaamil por manipular información y mentirle a los vecinos en un «estudio» que realizó junto al Municipio de Pergamino, y con el director ejecutivo del Instituto de Ética Legal de la Facultad de Agronomía, Jorge Elustondo, quién además había anunciado que contaban específicamente con el apoyo del ministro de ciencia, Lino Barañao, y de las autoridades del Ministerio de Agricultura de Nación. Explicaron que tomarían muestras de suelo, agua, y analizarían sangre y orina de la población.
Villaamil Lepori que se encontraron con mayor frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y y metilclorpirifós. Todos químicos usados décadas pasadas, persistentes y con numerosa bibliografía que da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas. Por lo cual, dentro del ámbito académico, no es novedad su aparición en estudios. «Confirmamos la hipótesis de que hay una exposición a insecticidas no relacionados con la actividad agropecuaria y posiblemente al uso doméstico. Son niveles bajos y no significa intoxicación», afirmó. Resaltó la presencia de DDT y, respecto al agua, sostuvo que existen «niveles bajos de plaguicidas (…) y no se han encontrado niveles elevados de glifosato».
Nunca se entregaron los estudios completos a la población y tampoco explicaron que el análisis presentados eran por intoxicaciones agudas (que se producen en el momento de la manipulación) y no para afectaciones crónicas (prolongadas en el tiempo), para lo cual debieran hacerse pruebas genéticas. Nunca se entregaron los estudios de orina, donde es más factible encontrar glifosato.
El principal referente en la firma del convenio fue Eduardo Pagano, que figuraba como «investigador responsable». Es uno de los referente del agronegocio de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía y desde su cátedra en la universidad trabajó junto a la semillera Don Mario. Integró también la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio responsable de la aprobación de los transgénicos en el país (en base a estudios de las propias empresas y con expedientes confidenciales).
Villaamil Lepori también tiene relación con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto. Villaamil Lepori es integrante de la Subcomisión de Fitosanitarios de ILSI.
Sobre el «estudio» en Pergamino reconoció (un año después de presentarlo) que en las muestras de sangre no buscaron glifosato, atrazina ni 2-4-D (los químicos más utilizados en la actualidad) y confesó que no hicieron los análisis en orina que habían prometido a la población.
No se puede encontrar lo que no se busca.
El estudio en Pergamino no buscó los químicos más utilizados en el agro actual. Pero su referente, Edda Villaamil Lepori, lo utiliza como referencia para minimizar el impacto de los agroquímicos. Y lo hace en la misma Facultad de Agronomía que tiene convenios confidenciales con las empresas que producen y venden esos químicos.

Una mancha más

La Fauba también cuenta con la «Fundación Facultad de Agronomía», que tiene entre sus objetivos «coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias». Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.
En marzo pasado asumieron nuevas autoridades. La noticia fue que «por primera vez dos mujeres estarán al frente» de la Fauba. Son Marcela Edith Gally (decana, que era segunda de la gestión saliente, de Rodolfo Golluscio, que sigue en el Consejo Directivo de la Fauba) y Adriana Kantolic (vicedecana).
El currículum de Kantolic exhibe publicaciones y congresos junto a las empresas de agronegocio Bayer, DuPnt, Dow AgroSciences, Nidera, Syngenta, Aacrea, Aapresid.
Ante el contexto proagronegocio de la Fauba, un grupo de docentes autoconvocados solicitó anular el convenio con la multinacional Benetton (investigadores de la Facultad trabajan junto a la empresa en el mismo predio donde fue reprimida la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y donde desapareció y murió Santiago Maldonado). El pedido lo debe tratar el Consejo Directivo, que se muestra reacio a dejar de trabajar con Benetton.
El mismo grupo de docentes organizó una charla para debatir la vinculación con las empresas. «Universidad y Sociedad. Convenios ¿con quién y para quién». Será el 27 de abril a las 13. Participarán Gustavo Schrauf (ex secretario de relaciones institucionales de la Fauba), Guillermo Folguera (biólogo y filósofo, investigador de la UBA-Conicet), Luis Tiscornia (secretario general de Conadu Histórica) y este periodista.
Una semana después, para profundizar la línea pro agronegocio, la nueva gestión realiza una jornada junto a los empresarios de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), los mayores lobbistas del modelo transgénico, hoy con puestos en el gobierno nacional. «Convocamos a docentes-investigadores y estudiantes de la Fauba a participar de este encuentro con el programa ‘Sistemas Chacras Aapresid’. Para conocer su estrategia del aprender produciendo y del protagonismo horizontal, reconociendo posibilidades de trabajo colaborativo, proyectos de investigación, pasantías y prácticas pre-profesionales que potencien la formación académica de nuestros estudiantes», explica la invitación.
La jornada será abierta por las autoridades de Aapresid y por la flamante decana de la Fauba, Marcela Edith Gally. El afiche que se difunde en el sitio de la Facultad muestra juntos los logos de Aapresid y la Fauba. Y destacado, con signos de exclamación: «¡Agendalo. Te esperamos en el aula de Agronegocios!».