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Universidad transgénica: los sponsors de la Facultad de la Agronomía de la UBA

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Después de develar los convenios con empresas transgénicas, Darío Aranda revela en esta nota nuevos vínculos entre la Facultad de Agronomía y Bayer, Monsanto, Syngenta y los empresarios de Aapresid. Un sponsoreo que incluye lavado de imagen para los agrotóxicos, un posgrado en «agronegocios», académicos socios de compañías y un modelo de universidad cómplice del modelo transgénico.

Por Darío Aranda para lavaca.dream.press

«Agronegocio» es una palabra nueva, y una forma de entender el campo. Resume una definición (el agro como un negocio), conlleva una acción (producir commodities) y tiene un objetivo claro: mayor rentabilidad. «Agronegocio» es el término acuñado por las multinacionales del sector, promovido por grandes medios de comunicación e impulsado por lobbistas en los ámbitos más inesperados y es el término que eligió la Universidad de Buenos Aires para bautizar un posgrado, una maestría, una cátedra y hasta un edificio con aulas. El paquete transgénico se dicta en la Facultad de Agronomía y cuenta con complicidad (publicitada) de Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow, Basf (entre otras empresas), y con las cámaras empresarias productoras de agrotóxicos.

UBA S.A.: empresas transgénicas en la universidad pública

Prontuarios cruzados

La Facultad de la Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) cuenta con el «Programa de Agronegocio», a cargo de Fernando Vilella. Está dividido en el «departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva» y el departamento de «Instituciones, Organizaciones y Estrategia», a cargo de Sebastián Senesi, que también es director de la maestría en agronegocios.
En la página de internet del área de agronegocios de la facultad pública se destaca «empresas y organismos que han confiado en nuestro equipo». Figura un subtítulo «red empresarial» y aparece un listado de 66 empresas. Entre ellas: Bayer, Basf, Bioceres, Biogénesis, Cargill, Centro de Exportadores de Cereales, Don Mario, Dow, IRSA, Los Grobo, Louis Dreyfus, Monsanto, Nidera, Syngenta, Techint. En la «red institucional» (que también son empresas o cámaras que nuclean a compañías): Aacrea (Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), Acsoja (empresarios del cultivo), ASA (Asociación de Semilleros), Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Carbio (compañías de biocombustibles), Casafe (empresas de agrotóxicos), Ciara (grandes compañías de exportadores y aceiteros), Expoagro (feria del agronegocio de Clarín y La Nación).
El área de agronegocios tiene entre sus ejes de enseñanza: plan de negocios y análisis de competitividad, desarrollo y promoción de productos, marketing y comunicación estratégica, negocios agroalimentarios, teoría del lobby.
Vilella (a cargo del Programa de Agronegocio) tiene 63 años, es ingeniero agrónomo y fue decano de la Fauba entre 1998 y 2006. Se presenta formalmente como «director del departamento de bioeconomía, políticas públicas y prospectiva» y profesor titular de la cátedra de agronegocios. Férreo defensor del agronegocio, no encuentra contradicción en que la universidad pública trabaje con o para el sector privado. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios en Buenos Aires (2007-2008, gestión Daniel Scioli).
El agronegocio no diferencia partidos políticos. Vilella se sumó a Cambiemos en Buenos Aires junto al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto), para crear el «observatorio de bioeconomía y datos estratégicos». En la Fauba amplía que es «asesor» de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Es miembro de la comisión directiva de Maizar (Asociación Maíz y Sorgo Argentino), donde confluyen todas las grandes empresas del agronegocio: Monsanto, Basf, Dow, Nidera, Bayer, Syngenta, Casafe, Aapresid.
Entre sus últimas iniciativas, desde 2014, está la realización de «simposios internacionales», en el marco y con el sello de la Fauba. En abril de 2017 realizó el encuentro Del sur al mundo en 2030, pensando en forma global. Agro y bionegocios sustentables, auspiciado por Nidera, Biogénesis Bagó, Aapresid, Acsoja (todas las grandes empresas transgénicas), Maizar y Bolsa de Cereales, entre otras.
Su discurso recurrente es el mismo que publicitan las empresas: que se necesita más producción (con transgénicos y agroquímicos) para calmar el hambre del mundo. Mito desmentido incluso por la FAO (organismo de Naciones Unidas para la alimentación, que no suele ser crítico al agronegocio).
Sebastián Senesi (del Departamento de Instituciones, Organizaciones y Estrategia) tiene 45 años. Su escuela primaria fue en el selecto Saint Brendan’s College (de origen irlandés); luego concurrió al también exclusivo Nacional Buenos Aires y se recibió de agrónomo en la Fauba. Suele contar, aún en entrevistas, que los confunden con el actor Vin Diesel… Es coautor del libro Campo: El sueño de una Argentina verde y competitiva, publicitado por los medios de comunicación y empresas del agronegocio. Negador de las consecuencias del modelo transgénico, su curriculum vitaea exhibe vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.

Giro empresario

El Departamento de Senesi tiene una decena de convenios con empresas transgénicas. Son «confidenciales». En MU 117 (noviembre 2017) se publicaron dos. El expediente número 20694/2015 es entre la Fauba y la multinacional Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Es por «capacitación», y está a cargo del propio Senesi. La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de «alta dirección en agronegocios y alimentos», destinado a «empleados, técnicos y empresarios». Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede de Bayer.
Los temas tratados fueron «economía y estrategia en los agronegocios», «producción, sustentabilidad y negocios», «marketing y comunicación», «evaluación de proyectos y riesgo empresario», «negocios de commodities», entre otros.
La cláusula quinta del convenio señala que los empleados de Bayer acceden «al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba».
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: «La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario y que es dador y responsable del trabajo a realizar por los empleados».
Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (número 21103/2014), por 400.000 pesos para «realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos». La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.
En dos convenios en los que Senesi aparece como responsable, Bayer pagó 930 pesos.

Lavado de cara

«Producción agropecuaria, salud y ambiente», fue el nombre de la jornada que organizó la Fauba el 5 de diciembre de 2017. La única mirada crítica de los disertantes provino de Lilian Corra, directora de la carrera de Médico Especialista en Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la UBA. «La exposición a plaguicidas puede afectar negativamente el desarrollo de los seres humanos: si es grave, puede terminar con un embarazo o llevar a un desarrollo inviable a semanas de la concepción o afectar el desarrollo de órganos fundamentales para la vida como el cerebro. A los médicos nos preocupan en particular los efectos negativos sobre la fertilidad y sobre el coeficiente y las funciones intelectuales como la memoria, el aprendizaje y la conducta. Obviamente, también influyen en el desarrollo de enfermedades como cáncer y, en las personas jóvenes, enfermedades endócrinas como diabetes e hipotiroidismo”, alertó.
Aunque en la Facultad de Agronomía existen docentes de larga trayectoria en el estudio de las consecuencias de los agrotóxicos, y que además trabajan junto a comunidades afectadas, las autoridades de la Facultad eligieron otro perfil de disertantes.
“La agricultura extensiva argentina y sus desafíos», fue el título de la ponencia de Emilio Satorre, profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Fauba. “Estamos en el final de la segunda revolución de las pampas y en la construcción de una tercera etapa. Van a convivir muchos modelos. Habrá que incluir a la sociedad en las decisiones y aplicar los principios ecológicos para hacer una agricultura entendiendo la naturaleza», propuso.
En el auditorio sonreían los estudiantes críticos (y más de un docente). Luego de veinte años de modelo transgénico y con uso masivo de agrotóxicos, desalojos masivos y cientos de pueblos fumigados organizados, desde la academia anuncian que «habrá que incluir a la sociedad».

Así se publicita el Posgrado en Agronegocios de la Fauba en su página web.


Satorre es también coordinador académico de «investigación y desarrollo» de Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), entidad de productores y empresarios que impulsan el modelo de agronegocio.
«Muchos productores nos dicen que sólo quieren usar insumos de banda verde, es decir, con bajos niveles de toxicidad. Es una actitud que hay que felicitar”, festejó Satorre. Prometió que en los próximos años bajaría la cantidad de «fitosanitarios» y los vinculó a una agricultura en base a «sensores, robótica y satélites”.
Roberto Fernández Aldúncin es profesor de la Cátedra de Ecología de la Fauba y es investigador del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura (Ifeva), reconocido espacio de la Facultad por sus vinculaciones con las empresas del agronegocio. Evaluó que existen motivos «racionales» y «emotivos» al momento de referirse a los agroquímicos. Contó una experiencia de «investigación participativa» en Entre Ríos donde se estimaron concentraciones de glifosato en agua y se acordaron prácticas de «bajo impacto ambiental».
“Los que pensaban que no había ningún problema, vieron que eso no era así. Los que pensaban que el problema era terrible, vieron que no era para tanto”, argumentó.
La soja transgénica se aprobó en 1996. Previamente ya se utilizaban agrotóxicos. Pero el uso del glifosato, pilar del modelo sojero, aumentó de forma geométrica: casi 200 millones de litros por año. Nacieron organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, cientos de denuncias, decenas de fallos judiciales, un centenar de publicaciones científicas de universidades públicas (UBA, Litoral, Río Cuarto, La Plata, entre otras). Pero en la jornada de la Fauba sobre «salud y ambiente» no se cuestionó el modelo agropecuario reinante.
Aldúncin asumió en marzo como «secretario de investigación y posgrado» en la nueva gestión de la Facultad.
La agrupación estudiantil Abriendo Caminos presenció e incluso grabó parte de las exposiciones. Resumieron: «La jornada apareció luego de muchos cuestionamientos que pusieron el foco sobre los lazos de la Facultad, y decidieron abrir el paraguas, sin colocarse en alguno de los dos lados de la vereda, aunque eso es exactamente lo que las autoridades hacen al impulsar los convenios con las empresas de agroquímicos y con los grandes productores. De un lado quedaron los defensores del modelo y por el otro lado fue contundente la participación de la doctora Corra, que con mucho rigor científico abordó el problema de la exposición crónica a bajas concentraciones, la exposición desde la concepción, la realidad de los trabajadores rurales y de las escuelas agrotécnicas».
Durante la jornada las preguntas sólo podían ser por escrito (con el consiguiente filtrado de posibles posturas incómodas) y no se permitió el debate e intercambio con los asistentes.

Doble agente

De la charla en la Facultad de Agronomía también participó Edda Villaamil Lepori, de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Su disertación se tituló «Fitosanitarios en cultivos transgénicos en Buenos Aires y exposición humana». Presentó datos de un trabajo (realizado junto a la Fauba) en Pergamino.
La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino denunció en 2016 a Villaamil por manipular información y mentirle a los vecinos en un «estudio» que realizó junto al Municipio de Pergamino, y con el director ejecutivo del Instituto de Ética Legal de la Facultad de Agronomía, Jorge Elustondo, quién además había anunciado que contaban específicamente con el apoyo del ministro de ciencia, Lino Barañao, y de las autoridades del Ministerio de Agricultura de Nación. Explicaron que tomarían muestras de suelo, agua, y analizarían sangre y orina de la población.
Villaamil Lepori que se encontraron con mayor frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y y metilclorpirifós. Todos químicos usados décadas pasadas, persistentes y con numerosa bibliografía que da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas. Por lo cual, dentro del ámbito académico, no es novedad su aparición en estudios. «Confirmamos la hipótesis de que hay una exposición a insecticidas no relacionados con la actividad agropecuaria y posiblemente al uso doméstico. Son niveles bajos y no significa intoxicación», afirmó. Resaltó la presencia de DDT y, respecto al agua, sostuvo que existen «niveles bajos de plaguicidas (…) y no se han encontrado niveles elevados de glifosato».
Nunca se entregaron los estudios completos a la población y tampoco explicaron que el análisis presentados eran por intoxicaciones agudas (que se producen en el momento de la manipulación) y no para afectaciones crónicas (prolongadas en el tiempo), para lo cual debieran hacerse pruebas genéticas. Nunca se entregaron los estudios de orina, donde es más factible encontrar glifosato.
El principal referente en la firma del convenio fue Eduardo Pagano, que figuraba como «investigador responsable». Es uno de los referente del agronegocio de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía y desde su cátedra en la universidad trabajó junto a la semillera Don Mario. Integró también la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio responsable de la aprobación de los transgénicos en el país (en base a estudios de las propias empresas y con expedientes confidenciales).
Villaamil Lepori también tiene relación con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto. Villaamil Lepori es integrante de la Subcomisión de Fitosanitarios de ILSI.
Sobre el «estudio» en Pergamino reconoció (un año después de presentarlo) que en las muestras de sangre no buscaron glifosato, atrazina ni 2-4-D (los químicos más utilizados en la actualidad) y confesó que no hicieron los análisis en orina que habían prometido a la población.
No se puede encontrar lo que no se busca.
El estudio en Pergamino no buscó los químicos más utilizados en el agro actual. Pero su referente, Edda Villaamil Lepori, lo utiliza como referencia para minimizar el impacto de los agroquímicos. Y lo hace en la misma Facultad de Agronomía que tiene convenios confidenciales con las empresas que producen y venden esos químicos.

La escudería de la Fauba.
Fuente: https://www.agro.uba.ar

Una mancha más

La Fauba también cuenta con la «Fundación Facultad de Agronomía», que tiene entre sus objetivos «coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias». Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.
En marzo pasado asumieron nuevas autoridades. La noticia fue que «por primera vez dos mujeres estarán al frente» de la Fauba. Son Marcela Edith Gally (decana, que era segunda de la gestión saliente, de Rodolfo Golluscio, que sigue en el Consejo Directivo de la Fauba) y Adriana Kantolic (vicedecana).
El currículum de Kantolic exhibe publicaciones y congresos junto a las empresas de agronegocio Bayer, DuPnt, Dow AgroSciences, Nidera, Syngenta, Aacrea, Aapresid.
Ante el contexto proagronegocio de la Fauba, un grupo de docentes autoconvocados solicitó anular el convenio con la multinacional Benetton (investigadores de la Facultad trabajan junto a la empresa en el mismo predio donde fue reprimida la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y donde desapareció y murió Santiago Maldonado). El pedido lo debe tratar el Consejo Directivo, que se muestra reacio a dejar de trabajar con Benetton.
El mismo grupo de docentes organizó una charla para debatir la vinculación con las empresas. «Universidad y Sociedad. Convenios ¿con quién y para quién». Será el 27 de abril a las 13. Participarán Gustavo Schrauf (ex secretario de relaciones institucionales de la Fauba), Guillermo Folguera (biólogo y filósofo, investigador de la UBA-Conicet), Luis Tiscornia (secretario general de Conadu Histórica) y este periodista.
Una semana después, para profundizar la línea pro agronegocio, la nueva gestión realiza una jornada junto a los empresarios de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), los mayores lobbistas del modelo transgénico, hoy con puestos en el gobierno nacional. «Convocamos a docentes-investigadores y estudiantes de la Fauba a participar de este encuentro con el programa ‘Sistemas Chacras Aapresid’. Para conocer su estrategia del aprender produciendo y del protagonismo horizontal, reconociendo posibilidades de trabajo colaborativo, proyectos de investigación, pasantías y prácticas pre-profesionales que potencien la formación académica de nuestros estudiantes», explica la invitación.
La jornada será abierta por las autoridades de Aapresid y por la flamante decana de la Fauba, Marcela Edith Gally. El afiche que se difunde en el sitio de la Facultad muestra juntos los logos de Aapresid y la Fauba. Y destacado, con signos de exclamación: «¡Agendalo. Te esperamos en el aula de Agronegocios!».

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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