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Universidad transgénica: los sponsors de la Facultad de la Agronomía de la UBA

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Después de develar los convenios con empresas transgénicas, Darío Aranda revela en esta nota nuevos vínculos entre la Facultad de Agronomía y Bayer, Monsanto, Syngenta y los empresarios de Aapresid. Un sponsoreo que incluye lavado de imagen para los agrotóxicos, un posgrado en “agronegocios”, académicos socios de compañías y un modelo de universidad cómplice del modelo transgénico.

Por Darío Aranda para lavaca.org

“Agronegocio” es una palabra nueva, y una forma de entender el campo. Resume una definición (el agro como un negocio), conlleva una acción (producir commodities) y tiene un objetivo claro: mayor rentabilidad. “Agronegocio” es el término acuñado por las multinacionales del sector, promovido por grandes medios de comunicación e impulsado por lobbistas en los ámbitos más inesperados y es el término que eligió la Universidad de Buenos Aires para bautizar un posgrado, una maestría, una cátedra y hasta un edificio con aulas. El paquete transgénico se dicta en la Facultad de Agronomía y cuenta con complicidad (publicitada) de Bayer, Monsanto, Syngenta, Dow, Basf (entre otras empresas), y con las cámaras empresarias productoras de agrotóxicos.

UBA S.A.: empresas transgénicas en la universidad pública

Prontuarios cruzados

La Facultad de la Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) cuenta con el “Programa de Agronegocio”, a cargo de Fernando Vilella. Está dividido en el “departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva” y el departamento de “Instituciones, Organizaciones y Estrategia”, a cargo de Sebastián Senesi, que también es director de la maestría en agronegocios.
En la página de internet del área de agronegocios de la facultad pública se destaca “empresas y organismos que han confiado en nuestro equipo”. Figura un subtítulo “red empresarial” y aparece un listado de 66 empresas. Entre ellas: Bayer, Basf, Bioceres, Biogénesis, Cargill, Centro de Exportadores de Cereales, Don Mario, Dow, IRSA, Los Grobo, Louis Dreyfus, Monsanto, Nidera, Syngenta, Techint. En la “red institucional” (que también son empresas o cámaras que nuclean a compañías): Aacrea (Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), Acsoja (empresarios del cultivo), ASA (Asociación de Semilleros), Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Carbio (compañías de biocombustibles), Casafe (empresas de agrotóxicos), Ciara (grandes compañías de exportadores y aceiteros), Expoagro (feria del agronegocio de Clarín y La Nación).
Universidad transgénica: los sponsors de la Facultad de la Agronomía de la UBAEl área de agronegocios tiene entre sus ejes de enseñanza: plan de negocios y análisis de competitividad, desarrollo y promoción de productos, marketing y comunicación estratégica, negocios agroalimentarios, teoría del lobby.
Vilella (a cargo del Programa de Agronegocio) tiene 63 años, es ingeniero agrónomo y fue decano de la Fauba entre 1998 y 2006. Se presenta formalmente como “director del departamento de bioeconomía, políticas públicas y prospectiva” y profesor titular de la cátedra de agronegocios. Férreo defensor del agronegocio, no encuentra contradicción en que la universidad pública trabaje con o para el sector privado. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios en Buenos Aires (2007-2008, gestión Daniel Scioli).
El agronegocio no diferencia partidos políticos. Vilella se sumó a Cambiemos en Buenos Aires junto al ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto), para crear el “observatorio de bioeconomía y datos estratégicos”. En la Fauba amplía que es “asesor” de la gobernadora María Eugenia Vidal.
Es miembro de la comisión directiva de Maizar (Asociación Maíz y Sorgo Argentino), donde confluyen todas las grandes empresas del agronegocio: Monsanto, Basf, Dow, Nidera, Bayer, Syngenta, Casafe, Aapresid.
Entre sus últimas iniciativas, desde 2014, está la realización de “simposios internacionales”, en el marco y con el sello de la Fauba. En abril de 2017 realizó el encuentro Del sur al mundo en 2030, pensando en forma global. Agro y bionegocios sustentables, auspiciado por Nidera, Biogénesis Bagó, Aapresid, Acsoja (todas las grandes empresas transgénicas), Maizar y Bolsa de Cereales, entre otras.
Su discurso recurrente es el mismo que publicitan las empresas: que se necesita más producción (con transgénicos y agroquímicos) para calmar el hambre del mundo. Mito desmentido incluso por la FAO (organismo de Naciones Unidas para la alimentación, que no suele ser crítico al agronegocio).
Sebastián Senesi (del Departamento de Instituciones, Organizaciones y Estrategia) tiene 45 años. Su escuela primaria fue en el selecto Saint Brendan’s College (de origen irlandés); luego concurrió al también exclusivo Nacional Buenos Aires y se recibió de agrónomo en la Fauba. Suele contar, aún en entrevistas, que los confunden con el actor Vin Diesel… Es coautor del libro Campo: El sueño de una Argentina verde y competitiva, publicitado por los medios de comunicación y empresas del agronegocio. Negador de las consecuencias del modelo transgénico, su curriculum vitaea exhibe vínculos con Monsanto, Rizobacter, Los Grobo, Bioceres, Agrofina y Aapresid, entre otros.

Giro empresario

El Departamento de Senesi tiene una decena de convenios con empresas transgénicas. Son “confidenciales”. En MU 117 (noviembre 2017) se publicaron dos. El expediente número 20694/2015 es entre la Fauba y la multinacional Bayer (en la actualidad, en proceso de fusión con Monsanto). Es por “capacitación”, y está a cargo del propio Senesi. La división agro de Bayer (Cropscience) pagó 530.000 pesos por temas de “alta dirección en agronegocios y alimentos”, destinado a “empleados, técnicos y empresarios”. Se trató de ocho módulos de diez horas de clase cada uno, que se dictaron en la sede de Bayer.
Los temas tratados fueron “economía y estrategia en los agronegocios”, “producción, sustentabilidad y negocios”, “marketing y comunicación”, “evaluación de proyectos y riesgo empresario”, “negocios de commodities”, entre otros.
La cláusula quinta del convenio señala que los empleados de Bayer acceden “al certificado de postgrado en alta dirección en agronegocios y alimentos, emitidos por la Fauba”.
El contrato precisa una duración de doce meses. El punto 11 del convenio explicita el perfil más mercantil de la universidad pública: “La Facultad tendrá en todo momento la plena y exclusiva responsabilidad por la conducción de su negocio, actuando como empresa independiente, por su cuenta y riesgo. La Facultad deja expresamente establecido que la actividad que desarrollará constituye una de las actividades normales y específicas de su giro empresario y que es dador y responsable del trabajo a realizar por los empleados”.
Sebastián Senesi estuvo a cargo de otro convenio con Bayer (número 21103/2014), por 400.000 pesos para “realizar un programa de capacitación ejecutiva en alta dirección en el área de agronegocios y alimentos”. La duración fue de doce meses y los honorarios fueron por 100 horas de clase, viáticos de profesores y la coordinación del programa de agronegocios.
En dos convenios en los que Senesi aparece como responsable, Bayer pagó 930 pesos.

Lavado de cara

“Producción agropecuaria, salud y ambiente”, fue el nombre de la jornada que organizó la Fauba el 5 de diciembre de 2017. La única mirada crítica de los disertantes provino de Lilian Corra, directora de la carrera de Médico Especialista en Salud y Ambiente de la Facultad de Medicina de la UBA. “La exposición a plaguicidas puede afectar negativamente el desarrollo de los seres humanos: si es grave, puede terminar con un embarazo o llevar a un desarrollo inviable a semanas de la concepción o afectar el desarrollo de órganos fundamentales para la vida como el cerebro. A los médicos nos preocupan en particular los efectos negativos sobre la fertilidad y sobre el coeficiente y las funciones intelectuales como la memoria, el aprendizaje y la conducta. Obviamente, también influyen en el desarrollo de enfermedades como cáncer y, en las personas jóvenes, enfermedades endócrinas como diabetes e hipotiroidismo”, alertó.
Aunque en la Facultad de Agronomía existen docentes de larga trayectoria en el estudio de las consecuencias de los agrotóxicos, y que además trabajan junto a comunidades afectadas, las autoridades de la Facultad eligieron otro perfil de disertantes.
“La agricultura extensiva argentina y sus desafíos”, fue el título de la ponencia de Emilio Satorre, profesor de la Cátedra de Cerealicultura de la Fauba. “Estamos en el final de la segunda revolución de las pampas y en la construcción de una tercera etapa. Van a convivir muchos modelos. Habrá que incluir a la sociedad en las decisiones y aplicar los principios ecológicos para hacer una agricultura entendiendo la naturaleza”, propuso.
En el auditorio sonreían los estudiantes críticos (y más de un docente). Luego de veinte años de modelo transgénico y con uso masivo de agrotóxicos, desalojos masivos y cientos de pueblos fumigados organizados, desde la academia anuncian que “habrá que incluir a la sociedad”.

Universidad transgénica: los sponsors de la Facultad de la Agronomía de la UBA

Así se publicita el Posgrado en Agronegocios de la Fauba en su página web.


Satorre es también coordinador académico de “investigación y desarrollo” de Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), entidad de productores y empresarios que impulsan el modelo de agronegocio.
“Muchos productores nos dicen que sólo quieren usar insumos de banda verde, es decir, con bajos niveles de toxicidad. Es una actitud que hay que felicitar”, festejó Satorre. Prometió que en los próximos años bajaría la cantidad de “fitosanitarios” y los vinculó a una agricultura en base a “sensores, robótica y satélites”.
Roberto Fernández Aldúncin es profesor de la Cátedra de Ecología de la Fauba y es investigador del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura (Ifeva), reconocido espacio de la Facultad por sus vinculaciones con las empresas del agronegocio. Evaluó que existen motivos “racionales” y “emotivos” al momento de referirse a los agroquímicos. Contó una experiencia de “investigación participativa” en Entre Ríos donde se estimaron concentraciones de glifosato en agua y se acordaron prácticas de “bajo impacto ambiental”.
“Los que pensaban que no había ningún problema, vieron que eso no era así. Los que pensaban que el problema era terrible, vieron que no era para tanto”, argumentó.
La soja transgénica se aprobó en 1996. Previamente ya se utilizaban agrotóxicos. Pero el uso del glifosato, pilar del modelo sojero, aumentó de forma geométrica: casi 200 millones de litros por año. Nacieron organizaciones y asambleas de pueblos fumigados, cientos de denuncias, decenas de fallos judiciales, un centenar de publicaciones científicas de universidades públicas (UBA, Litoral, Río Cuarto, La Plata, entre otras). Pero en la jornada de la Fauba sobre “salud y ambiente” no se cuestionó el modelo agropecuario reinante.
Aldúncin asumió en marzo como “secretario de investigación y posgrado” en la nueva gestión de la Facultad.
La agrupación estudiantil Abriendo Caminos presenció e incluso grabó parte de las exposiciones. Resumieron: “La jornada apareció luego de muchos cuestionamientos que pusieron el foco sobre los lazos de la Facultad, y decidieron abrir el paraguas, sin colocarse en alguno de los dos lados de la vereda, aunque eso es exactamente lo que las autoridades hacen al impulsar los convenios con las empresas de agroquímicos y con los grandes productores. De un lado quedaron los defensores del modelo y por el otro lado fue contundente la participación de la doctora Corra, que con mucho rigor científico abordó el problema de la exposición crónica a bajas concentraciones, la exposición desde la concepción, la realidad de los trabajadores rurales y de las escuelas agrotécnicas”.
Durante la jornada las preguntas sólo podían ser por escrito (con el consiguiente filtrado de posibles posturas incómodas) y no se permitió el debate e intercambio con los asistentes.

Doble agente

De la charla en la Facultad de Agronomía también participó Edda Villaamil Lepori, de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Su disertación se tituló “Fitosanitarios en cultivos transgénicos en Buenos Aires y exposición humana”. Presentó datos de un trabajo (realizado junto a la Fauba) en Pergamino.
La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino denunció en 2016 a Villaamil por manipular información y mentirle a los vecinos en un “estudio” que realizó junto al Municipio de Pergamino, y con el director ejecutivo del Instituto de Ética Legal de la Facultad de Agronomía, Jorge Elustondo, quién además había anunciado que contaban específicamente con el apoyo del ministro de ciencia, Lino Barañao, y de las autoridades del Ministerio de Agricultura de Nación. Explicaron que tomarían muestras de suelo, agua, y analizarían sangre y orina de la población.
Villaamil Lepori que se encontraron con mayor frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y y metilclorpirifós. Todos químicos usados décadas pasadas, persistentes y con numerosa bibliografía que da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas. Por lo cual, dentro del ámbito académico, no es novedad su aparición en estudios. “Confirmamos la hipótesis de que hay una exposición a insecticidas no relacionados con la actividad agropecuaria y posiblemente al uso doméstico. Son niveles bajos y no significa intoxicación”, afirmó. Resaltó la presencia de DDT y, respecto al agua, sostuvo que existen “niveles bajos de plaguicidas (…) y no se han encontrado niveles elevados de glifosato”.
Nunca se entregaron los estudios completos a la población y tampoco explicaron que el análisis presentados eran por intoxicaciones agudas (que se producen en el momento de la manipulación) y no para afectaciones crónicas (prolongadas en el tiempo), para lo cual debieran hacerse pruebas genéticas. Nunca se entregaron los estudios de orina, donde es más factible encontrar glifosato.
El principal referente en la firma del convenio fue Eduardo Pagano, que figuraba como “investigador responsable”. Es uno de los referente del agronegocio de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía y desde su cátedra en la universidad trabajó junto a la semillera Don Mario. Integró también la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio responsable de la aprobación de los transgénicos en el país (en base a estudios de las propias empresas y con expedientes confidenciales).
Villaamil Lepori también tiene relación con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto. Villaamil Lepori es integrante de la Subcomisión de Fitosanitarios de ILSI.
Sobre el “estudio” en Pergamino reconoció (un año después de presentarlo) que en las muestras de sangre no buscaron glifosato, atrazina ni 2-4-D (los químicos más utilizados en la actualidad) y confesó que no hicieron los análisis en orina que habían prometido a la población.
No se puede encontrar lo que no se busca.
El estudio en Pergamino no buscó los químicos más utilizados en el agro actual. Pero su referente, Edda Villaamil Lepori, lo utiliza como referencia para minimizar el impacto de los agroquímicos. Y lo hace en la misma Facultad de Agronomía que tiene convenios confidenciales con las empresas que producen y venden esos químicos.

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La escudería de la Fauba.
Fuente: https://www.agro.uba.ar

Una mancha más

La Fauba también cuenta con la “Fundación Facultad de Agronomía”, que tiene entre sus objetivos “coadyuvar económicamente para que la misión de la Facultad pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia, promoviendo y difundiendo la enseñanza, investigación y extensión de las ciencias agrarias”. Entre los financiadores figuran Monsanto, Grupo Los Grobo, Dow AgroSciences, Syngenta, Don Mario y Adecoagro, entre otros.
En marzo pasado asumieron nuevas autoridades. La noticia fue que “por primera vez dos mujeres estarán al frente” de la Fauba. Son Marcela Edith Gally (decana, que era segunda de la gestión saliente, de Rodolfo Golluscio, que sigue en el Consejo Directivo de la Fauba) y Adriana Kantolic (vicedecana).
El currículum de Kantolic exhibe publicaciones y congresos junto a las empresas de agronegocio Bayer, DuPnt, Dow AgroSciences, Nidera, Syngenta, Aacrea, Aapresid.
Ante el contexto proagronegocio de la Fauba, un grupo de docentes autoconvocados solicitó anular el convenio con la multinacional Benetton (investigadores de la Facultad trabajan junto a la empresa en el mismo predio donde fue reprimida la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen y donde desapareció y murió Santiago Maldonado). El pedido lo debe tratar el Consejo Directivo, que se muestra reacio a dejar de trabajar con Benetton.
El mismo grupo de docentes organizó una charla para debatir la vinculación con las empresas. “Universidad y Sociedad. Convenios ¿con quién y para quién”. Será el 27 de abril a las 13. Participarán Gustavo Schrauf (ex secretario de relaciones institucionales de la Fauba), Guillermo Folguera (biólogo y filósofo, investigador de la UBA-Conicet), Luis Tiscornia (secretario general de Conadu Histórica) y este periodista.
Una semana después, para profundizar la línea pro agronegocio, la nueva gestión realiza una jornada junto a los empresarios de Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa), los mayores lobbistas del modelo transgénico, hoy con puestos en el gobierno nacional. “Convocamos a docentes-investigadores y estudiantes de la Fauba a participar de este encuentro con el programa ‘Sistemas Chacras Aapresid’. Para conocer su estrategia del aprender produciendo y del protagonismo horizontal, reconociendo posibilidades de trabajo colaborativo, proyectos de investigación, pasantías y prácticas pre-profesionales que potencien la formación académica de nuestros estudiantes”, explica la invitación.
La jornada será abierta por las autoridades de Aapresid y por la flamante decana de la Fauba, Marcela Edith Gally. El afiche que se difunde en el sitio de la Facultad muestra juntos los logos de Aapresid y la Fauba. Y destacado, con signos de exclamación: “¡Agendalo. Te esperamos en el aula de Agronegocios!”.
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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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