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Verdurazos de la UTT: por la Ley de Tierras, contra el envenenamiento de Monsanto-Bayer

La UTT volvió al Congreso e inició hoy otra serie de acampes para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Hace un mes habían acampado durante dos días, pero el texto sigue sin ser tratado. Este lunes iniciaron la primera de las cuatro jornadas con huerta urbana, 10 mil kilos de verduras, charlas y un bloqueo con verdurazo en las instalaciones de Bayer-Monsanto en Zárate. La propuesta estipula acceso a créditos para comprar tierras, reformar sus viviendas y mejorar su infraestructura, además de que tierras fiscales en desuso se puedan destinar a la formación de colonias agroecológicas. “Necesitamos transitar otro modelo de producción de alimentos”, dicen las familias a lavaca. Los detalles del proyecto.
Son las doce del mediodía y Maritsa Puma está haciendo algo en apariencia insólito para el desquicio de la Ciudad de Buenos Aires: frente al Congreso Nacional, junto a otras compañeras de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra (UTT), está armando una huerta en pleno cemento porteño. “Traemos un pedacito de donde vivimos para que se vea cómo se cultiva, porque muchos no saben de dónde viene lo que come y cómo se produce”, explica, mientras termina de sembrar rabanitos, acelga, cebolla, apio, zapallito, a la vez que, a un costado, una fila de cien personas espera el comienzo de un nuevo verdurazo.
Con estas dos acciones, más un bloqueo a la planta de Bayer/Monsanto en el partido bonaerense de Zárate, la organización que agremia a más de 20 mil familias campesinas de todo el país inicia la primera de las cuatro jornadas de acampes para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, que propone la creación de un “Procrear Rural” para que estas familias puedan acceder a créditos para comprar tierra e insumos, infraestructura, y con eso poder mejorar su producción. Hace un mes habían hecho un acampe de dos días: ahora volvieron al cumplirse un año de la presentación del proyecto, aún no tratado.
“En mi caso estoy produciendo hace 11 años y ya cambié tres veces de quinta, porque el alquiler no dura más de tres años”, dimensiona Maritsa la importancia de esta ley. Cuenta que una hectárea puede superar los 20 mil pesos, dependiendo si está ubicado en un lugar con servicios, acceso a escuela, hospitales o ruta. “En la segunda quinta ya hacía agroecología, tardamos medio año en recuperar ese suelo que venía de un modo convencional, y nos la dejaron de alquilar porque la vendieron. Teníamos muchas diversidades, árboles, plantas, y tuvimos que mudarnos a otro campo, donde no tenemos nada de eso y tenemos que empezar a volver a generar diversidad. También a armar mi propia vivienda que, al estar tan poco tiempo, tampoco podés hacer una casa segura, porque siempre son los mismos materiales con los que hacés un invernadero: nylon, madera, chapa y unos clavos”.
“Queremos agroecología”
Al mismo tiempo, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres de la UTT, trabajadoras y productoras rurales realizaban un bloqueo a la planta de Bayer/Monsanto en Zárate, provincia de Buenos Aires, como otra forma de reclamo por la ley.
“Nosotras la mujeres insistimos que para tener verdadera Soberanía Alimentaria necesitamos un modelo con Agroecología, con participación de la mujeres en cómo producir la comida que se pone en la mesa de las familias argentinas y por eso queremos desenmascarar esta mentira de que estas empresas como Monsanto-Bayer o Syngenta, están al servicio del modelo de producción de alimentos”, advirtió Rosalía Pellegrini, fundadora de la UTT, en un comunicado.
Pellegrini cuenta a lavaca que fueron 150 mujeres las que realizaron la acción: “Somos las que vivimos las consecuencias de ese modelo agrotóxico, que genera dependencia económica, y que tiene apoyo de sectores políticos. Son asesinos. Fue un escrache fuerte, golpeando las puertas. La verdad es que no les tenemos miedo, porque lo que están haciendo es muy grave, mientras la Justicia y el Estado les sigue permitiendo que sean los mayores aplicadores de pesticidas. Somos récord en Argentina. Si ellos se los permiten, nosotras no. Fuimos a denunciar y a evidenciar que en el debate de acceso de alimentos tiene que estar el debate de empresas que contaminan y tienen vía libre. Ellos sí tienen política pública, valoraciones. Bueno, basta: queremos agroecología”.
Lo fundamental
Las cuatro jornadas de acampe frente al Congreso están pensadas con un cronograma de actividades. Por ejemplo, el martes habrá un panazo donde venderán el kilo a $130, y a la tarde habrá una charla sobre leyes de etiquetado, acceso a la tierra y agroecología, donde participarán Myriam Gorban, Marcos Filardi y Delfina Puma, entre otres. El miércoles, en tanto, habrá un asadazo, donde venderán la tira a $480.
El verdurazo inaugural regaló 10 mil kilos de verdura. «Necesitamos transitar otro modelo de producción de alimentos”, apunta Juan Pablo Della Villa, integrante de la UTT. “Necesitamos otro modelo de comercialización. Bajar los costos para que el pueblo pueda acceder a alimentos sanos y de calidad. Estamos preocupados porque el Congreso no responde. Es clave insistir en la importancia que tiene esta ley no solo para el trabajador y la trabajadora rural para acceder a la tierra sino a todos los vecinos de acceder a alimentos sanos». El proyecto de está explicado en La ley verde, artículo publicado en la edición 163 de MU: referentes de la organización explican que el proyecto establece un mecanismo que apunta hacia un PROCREAR, pero rural, donde pequeños productores, campesinos y cooperativas puedan acceder a créditos para comprar tierra e insumos, infraestructura, y con eso poder mejorar la producción. También pone en discusión las tierras del Estado, que hay muchas y sin uso, para que puedan ser destinadas a creación de colonias agroecológicas.
La ley no implica una reforma agraria, apunta Agustín Suárez, uno de los coordinadores nacionales: “Estamos lejos de eso. Nadie puede estar en contra: es un mecanismo de crédito para el sector”. Explica en qué consiste:
· El fondo. El Artículo 1° de la Ley propone la constitución de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, administrado por el Banco Nación, como política rural de promoción del derecho a la vivienda. “Establece un mecanismo que apunta hacia un PROCREAR, pero rural. Dentro de ese Fondo también entran tierras del Estado, para que puedan ser distribuidas a cooperativas de pequeños productores para fomentar colonias agroecológicas. Ahí unimos las dos propuestas, que es lo más novedoso: pensar las tierras del Estado como colonias agroecológicas donde se pueda vivir, las familias trabajen, y se produzcan alimentos sanos, como estamos haciendo en Luján y en Tapalqué, entre otros”.
· Las tierras. El proyecto propone como patrimonio del Fondo, entre otros, recursos del Tesoro que el Estado asigne específicamente, ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda, y tierras o inmuebles rurales que el Estado transfiera de forma directa. El texto prevé que sea la Agencia de Administración de Bienes del Estado quien pueda relevar la totalidad de esas tierras fiscales, sean de uso público o privado, que se encuentren disponibles. No hay un registro público sobre la cantidad de tierra fiscal disponible u ociosa. Según un informe de Tiempo Argentino, la Nación posee 76.475 inmuebles con una superficie de 129.667 millones de metros cuadrados (aproximadamente 13.000 hectáreas). Una gran parte de los bienes de la AABE están bajo gestión de universidades, ferrocarriles, el Ejército y diferentes dependencias públicas.
· Las familias. “Una hectárea hoy tiene un valor a partir de los 10.000 dólares para arriba, depende la ubicación. Acá estaríamos sacando un crédito de 50 mil o 60 mil dólares a pagar en 20 años. El mecanismo tiene que ser sencillo, para que no sea expulsivo de los sectores informales”.
Della Villa sobre el letargo legislativo: “No hay voluntad política. Es un Gobierno y un Congreso que no enfrentan lo que hay que enfrentar en función de desconcentrar la economía y la producción de alimentos. Un ejemplo: para acordar el precio de 1600 productos, el Gobierno se juntó con 30 empresas. Eso habla de lo concentrada que está la economía. Es lo que necesitamos descomprimir. Hay cooperativas que producen alimentos en todo el país hace más de 100 años, un montón de organizaciones que están produciendo sin venenos. Necesitamos que nos escuchen y acceder a la tierra propia como eje fundamental”.
El cronograma de actividades puede seguirse por las redes de la UTT.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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