En la revista MU de noviembre, que ya está en los kioscos, esta investigación de Soledad Barruti revela el negocio que hace el Estado con empresas que comercializan leche de fórmula en Capital Federal y Córdoba. La compartimos para extender el alerta y la defensa por la lactancia materna.
Fue el 21 de mayo de 1981, en la sede central de la Organiza­ción Mundial de la Salud en Ginebra: la firma de un acuer­do mundial que todavía, más de 35 años después, se puede decir único. Ese día, 118 países acordaron intentar pre­servar a la Humanidad de la libertad de mercado, del engaño publicitario y de los conflictos de intereses que habían logrado algo siniestro: habían convencido a gran parte de la población de que la industria alimentaria y farmacéutica juntas habían superado a la biología y habían logrado una leche mejor que la humana para alimentar a los bebés.
En sólo una generación, gracias a un tendal de médicos convencidos por em­presas que a su vez convencieron a sus pa­cientes, las estadísticas de lactancia ma­terna se derrumbaron en lugares tan distintos como Estados Unidos y Perú. Se calcula que un millón de bebés murieron en África, donde las marcas habían mon­tado un marketing de guerrilla que incluía falsas enfermeras que instruían a las par­turientas sobre que el alimento innovador -que les regalaban- haría que su bebé se desarrollara más gordo, más vivaz, más inteligente.
Meses después, esos mismos bebés pa­decían lo que se terminó llamando “mal­nutrición comerciogénica”: problemas neurológicos, ceguera y raquitismo, y así hasta el paro cardiorespiratorio. Muchos de los que sobrevivían –porque tenían más suerte o porque vivían en lugares urbanos con fuentes de agua segura para preparar la leche y sus familias podían costear el gasto que implicaba el alimento artificial sin in­terrupciones- lo hacían con un rosario de dolencias: enfermedades gastrointestina­les, alergias, asma.
Esos bebés serían la evidencia de algo que hoy nadie discute: los alimentados con leche de fórmula son hijos menos sanos de un sistema cada vez más enfermo. Los gastos en salud pública disminuyen cuan­do aumenta la lactancia materna porque disminuyen las muertes prematuras y to­dos los cuadros más frecuentes que copan las guardias: gastroenteritis, broncoes­pasmos, otitis.
En la salud de las mujeres también inci­de: las que no amamantan tienen más riesgo de padecer cáncer de mama y de útero y osteoporosis.
Los gastos familiares se ponen en ja­que: la lactancia materna es gratuita, co­mercialmente hablando, claro, porque no se cuantifica el tiempo y dedicación de las mujeres a esa tarea ni su alejamiento del mercado del trabajo que no está debida­mente compensado con licencias pagas el tiempo suficiente: la negociación capita­lista, sus tironeos, sus violencias en el cuerpo.
La leche humana es segura y nutritiva, empoderadora de las mujeres, democrática e igualadora. Seguramente por eso hay tan­ta ingeniería destinada a liquidarla.
Entonces llegó Ginebra, 35 años atrás, y este documento: el Código de Comerciali­zación de Sucedáneos de la Leche Materna. Una serie de normas en las que deben en­cuadrarse los alimentos que puedan impe­dir u obstaculizar el amamantamiento:

• Se prohíbe publicitar por ningún medio fórmulas infantiles, leches de conti­nuación, harinas o cereales o productos lácteos para bebés; también mamade­ras y chupetes.
• No se pueden entregar muestras gratis, ni obsequiar equipamiento de consul­torio: el intercambio con los profesio­nales debe ser científico.

Por supuesto en el documento no se prohí­be la leche de fórmula en sí: se establece que, de ser imposible la leche humana, la única alternativa es un producto similar a un medicamento para enfrentar situacio­nes puntuales. La OMS establece alcanzan a no más del 5 % de la población.
Con el Código se reconocían tres cosas:

1. La perfección de la lactancia materna.
2. La inferioridad de los sucedáneos.
3. La vulnerabilidad de las personas al combo feroz de la publicidad directa y subliminal, los expertos y el dinero.

Y se daba vía libre a una expresión de época, que crecería proporcional a la astucia de la industria: el activismo contra el negoción que lo acecha. Porque aunque la OMS había pedido a los gobiernos que incorporaran le­yes que penaran las violaciones al Código, pocos países lo hicieron.
La mayoría, como Argentina, quedó a medio camino: adherimos, pero no cum­plirlo no implica ninguna penalidad. Lo que por supuesto fue corriendo la frontera: de una góndola dedicada a sucedáneos, a consultorios decorados por laboratorios. Y de ahí a esto que pasa ahora: gobiernos fervorosos por asociarse a empresas, im­pulsar sus modelos, recaudar fondos y mejorar su imagen, poniendo en riesgo los logros alcanzados hasta ahora y la salud de los bebés, principalmente de los pobres.

Estrategias de venta

En los 64 Centros de Primera Infancia hay 9.000 niños y niñas pobres des­de los 45 días a los cuatro años. Lle­gan desde barrios marginalizados de la Ca­pital Federal y pasan ahí, al cuidado de docentes y estimuladores, un promedio de ocho horas.
El programa depende del ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad y fue inau­gurado en 2009, con el objetivo de cubrir ba­jo el paraguas del Estado a un dispar grupo de comedores, merenderos, jardines de in­fantes que dependían de distintas oenegés. Actualmente también se propone como lu­gar donde padres y madres pueden recibir información sobre nutrición (los talleres predilectos, según un informe de Cippec de 2009), crianza, sexualidad. Pero en los últi­mos meses, los CPIs se han vuelto, además, el territorio donde se desató un conflicto que nace de la circulación de divisas y choque de intereses llamado Responsabilidad Social Empresaria.
Por esa ventanilla, abierta por el ministe­rio dirigido por Guadalupe Tagliaferri, in­gresó el acuerdo más polémico que se hizo hasta ahora con una marca dedicada a la venta de productos para nutrición de los be­bés: Nutricia Bagó. A partir de 2017 quedaría en sus manos la capacitación de los profe­sionales encargados de los Centros “en lo relativo al cuidado para el desarrollo y la nu­trición correcta y saludable los primeros mil días de vida”: esto es, desde el embarazo, hasta los primeros dos años.
La noticia puso el mundo lactivista en lla­mas. Médicos, consultores de lactancia, miembros de distintas sociedades científi­cas y funcionarios expresaron lo mismo: “Esto es una violación al Código de Sucedá­neos por parte del gobierno. Una empresa de fórmulas infantiles no puede dar recomen­daciones sobre alimentación. Aunque no hablen de leche de fórmula y que repitan que la lactancia es irremplazable: la publicidad subliminal existe, y por eso el Código es es­pecífico en estas cuestiones”.
En total fueron consultadas siete fuentes de altos cargo que enseguida solicitaron el off the record.
¿Por qué?
Porque las sociedades científicas a las que pertenecen o los ministerios donde trabajan no se expidieron públicamente.
A más de un mes de haberse hecho públi­ca la firma (no así el convenio, que perma­nece confidencial dentro de Desarrollo) las instituciones parecieran resguardar sus re­laciones privadas y sus financiamientos, encerrando a sus miembros en un oscuro si­lencio de facto.
Un funcionario de Desarrollo de la Na­ción, parte de la cartera de Carolina Stanley, que ocupó el cargo de Tagliaferri hasta co­mienzos de este año, aseguró que el conve­nio circuló como posibilidad en la gestión anterior, pero previendo lo que se vendría no quisieron firmarlo.
¿Qué es exactamente lo que temían?
El momento en que este derrotero de re­uniones e intercambios postales que está ocupando ahora los tiempos del Ministerio, estallase en escándalo.
Quien sí habló con MU fue la empresa Nutricia: “No recibimos ninguna carta ni consulta formal que dijera que nosotros ha­bíamos violado el Código. Buscamos saber qué estaba sucediendo y, proactivamente, nos reunimos con Fagran (Federación Ar­gentina de Graduados en Nutrición), AADYN (Asociación Argentina de Dietistas y Nutri­cionistas), Fundalam (Fundación Lactancia y Maternidad) y SAP (Sociedad Argentina de Pediatría); porque estas son las institucio­nes con las que trabajamos desde hace años y querían saber de qué iba el convenio”.
¿Y de qué va?
“Es un convenio de colaboración mutua. Lo que hacemos es desarrollar talleres de ca­pacitación sobre seguridad alimentaria, manejo de porciones, promoción de la lac­tancia materna y sueño seguro, a profesio­nales de los Centros de Primera Infancia. No va a haber presencia de marca, ni de produc­tos. Y no lo vamos a impartir directamente sino a través de una fundación muy recono­cida llamada Fundasamin”.
Fundasamin es una fundación dedicada a la divulgación, organización de congresos y dictado de talleres para profesionales de neonatología, obstetricia y enfermería, en­tre otros. Está conformada por médicos y enfermeros, y recibe apoyo y financiamiento de empresas productoras de leche de fór­mula infantil, como Mead Johnson, Abbot y Nutricia Bagó. La alianza es tan fluida que una de sus miembros, la coordinadora de docentes Carmen Vecchiarelli, figura como parte del consejo consultivo de la Asociación de Empresas de Nutrición Infantil: la Cáma­ra que nuclea a los productores de sucedá­neos, y que hasta hace poco estaba presidida por Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Desde Fundasamin confirmaron haber realizado talleres junto con Nutricia en otras oportunidades, pero de este proyecto pun­tual dijeron: “Sólo tenemos una invitación a participar en capacitaciones sobre lesiones y sueño seguro, no alimentación”.
El Gobierno de la Ciudad prefirió no res­ponder preguntas básicas del tipo, ¿es la empresa o la fundación la que va a hacer la capacitación?
Como sea, para los expertos en el Código, da igual.
Fernando Vallone, que fue durante varios años coordinador local de IBFAN (la Red In­ternacional de Grupos Pro Alimentación In­fantil, organización internacional que com­pila y denuncia las violaciones al Código en el mundo) dice: “Si la capacitación es finan­ciada por Nutricia directamente o a través de Fundasamin no cambia: es un paso para atrás enorme, que dilapida muchísimos es­fuerzos que se hacen desde hace años para aunar un único mensaje sobre cuál es la ali­mentación adecuada de los bebés. Están po­niendo al zorro a cuidar el gallinero”.

Acuerdos prohibidos

“Es triste que el gobierno crea que de­be recurrir al sector privado para proveer asesoramiento, cuando en su sistema de salud pública existen asesores. Además es alarmante que le dé esta tarea a una empresa cuyo objetivo es la fabricación y comercialización de fórmulas infantiles”, escribió en su blog Enrique Abeyá Gilardón, médico, experto en lactancia y miembro de la comisión homónima del ministerio de Salud de la Nación, resumiendo una preocupación compartida por expertos en todo el mundo: con la lactancia materna en lenta recupera­ción, ¿serán los gobiernos los que vuelvan a desbarrancarla?
George Kent es profesor de la Universi­dad de Hawaii, experto en nutrición ade­cuada, políticas alimentarias y derechos humanos. Actualmente trabaja en un libro que reúne pruebas para sustentar una teo­ría: bajo el plan de favorecer la economía a toda costa los gobiernos se están volviendo socios de la industria y, como tales, promo­tores activos de la leche de fórmula infantil. “Una forma es permitiendo acuerdos que están prohibidos; otra, tal vez el paso si­guiente, es la compra y entrega de fórmula desde el Estado. Ya sucede en Estados Uni­dos, y empezó a suceder en Chile”.
Chile: el país que más progresos hizo en la región para fomentar el amamanta­miento inauguró el mes pasado un progra­ma de entrega gratuita de Nutrilón para fa­milias de bajos ingresos que lo soliciten. “Creo que, como tantas veces, este país es­tá siendo el puntapié de un plan que quiere instalarse en la región”, dice la pediatra chilena Cecilia Castillo, magister en Nutri­ción. “Son acuerdos comerciales que vie­nen de Washington; si no, no se explica”.
En Argentina la entrega gratuita de fór­mula infantil, sin prescripción médica, ni más diagnóstico que la pobreza, es lo que empezó a hacer el ministerio de Desarrollo de la provincia de Córdoba a través del programa Más leche Más Proteínas. El pro­grama fue motivo de aplausos y de indig­nación. Por un lado, fue bien recibida la entrega de leche fortificada a cien mil ni­ños en edad escolar y hasta los 11 años, a través de una libreta que obliga al segui­miento de su salud. Pero por el otro, no hubo quien pudiera explicar los beneficios de extender el plan a todos los recién naci­dos en familias vulnerables, y hasta los 12 meses, que recibirán una o dos latas por mes de fórmula Nidina (Nestlé).
“¿Cómo los niños van a poder salir de la exclusión? Con educación. ¿Cómo van a re­ceptar lo que se les enseña si no cuentan con la alimentación adecuada?”, planteó en la presentación el gobernador Juan Schia­retti pasando por alto que la leche de fór­mula infantil es, según el consenso cientí­fico, lo contrario al alimento adecuado.
“Hay muchas cosas que atender”, dice Cecilia Karplus, miembro de la comisión de Lactancia del Ministerio de Salud de la Nación y de la Liga de La Leche. “Sostener o desalentar la lactancia materna en el pri­mer mes es lo que va a determinar que continúe. En Argentina el 95% de las mu­jeres comienzan con el amamantamiento, pero sólo el 30% lo continúa con exclusivi­dad hasta los seis meses. En la mayoría de los casos porque no tuvieron el apoyo ade­cuado, o directamente tuvieron interfe­rencias comerciales. Ingresar a lugares vulnerables con fórmula es interrumpir la única estrategia de supervivencia que tie­nen los bebés”.
¿África, 1970?
Algo así.
“Si la fórmula que les entregan no les alcanza, ¿con qué van a alimentar a esos bebés?”, plantea Karplus. “¿Con leche en sachet, que es indigesta hasta el año? ¿Con mate cocido? ¿Cómo garantizan que una familia indigente tenga acceso al agua se­gura para prepararla?”.
El programa en el cual la provincia invir­tió, para los primeros cuatro meses, 68.640.000 pesos, de los cuales 11.328.000 fueron a la compra de 96 mil latas de fórmu­la, no anunció ninguna inversión para ase­soramiento en lactancia, algo similar a decir que no brinda una opción informada para que esa mujer pueda elegir lo que resulte más conveniente para ella y para su hijo.
Así el Estado ingresa con el regalo-pro­blema del que esa familia pasará a depen­der durante años. “Pero si la provincia in­virtiera esos mismos recursos en consultoras que hicieran visitas de apoyo intensivas -dos veces por semana- en esas mismas casas, se ahorrarían cien mil dóla­res”, dice Karplus.
Son pocos los están pensando en pro­gramas de ese tipo y menos aún los que se animan a proponerlo desde instituciones libres de conflictos de interés.
Con programas de marketing o planes sociales, que nadie parece haber pensado profundamente, la industria avanza.
Y con ella, esta idea alimentaria que só­lo un porcentaje de la población puede costear con sus recursos. “Los gobiernos empujan la fórmula haciendo acuerdos millonarios con la industria. Es un nego­cio. Y se apoyan sobre un dilema ético muy serio: muchas mujeres no amamantan y no tienen dinero”, plantea Kent. “Pero el Estado tiene la obligación de no agudizar el problema sino de ir un paso más allá. Hay que saber si las mujeres están optando por la leche de fórmula porque la entienden como algo más valioso o porque no tienen la suficiente información sobre cómo amamantar. También hay que poner en debate si están dando condiciones como leyes laborales y de apoyo económico. Hay que poner ahí el esfuerzo. De lo contrario, lo que está habiendo es una violación a un derecho humano que pocos tienen en cuenta: el de esa díada que conforman ma­dre e hijo a no tener interferencias”.