Este lunes se conocerá la sentencia por el crimen de Julián Antillanca asesinado el 6 de setiembre de 2010 en Trelew. El juicio ya marca una epopeya: logró que se anule uno anterior que consagró la impunidad de los imputados. Ahora, la querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua para los cuatro policías acusados de asesinar a Julián. Verónica Heredia, la abogada querellante, resaltó que hay que enmarcar este crimen dentro del contexto de violencia institucional que representa la policía y la justicia en esa provincia y, en particular, la criminalización institucional de los jóvenes pobres.


El 5 de septiembre de 2010 Julián Antillanca fue a bailar a un boliche de Trelew y apareció a la mañana siguiente tirado en la calle, brutalmente golpeado. Tenía 19 años. El asesinato se produjo luego de una escalada de violencia policial de la seccional Cuarta de Trelew, que arrancó a las 4 de la mañana del 6 de septiembre con la golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay y concluyó con el asesinato de Julián unas horas después.
Este fue el segundo juicio que se realizó en Trelew por el crimen de Julián. El primero concluyó en marzo de 2012 con la absolución de los nueve policías imputados. La fiscalía, la defensa privada y la defensa pública apelaron, y la causa llegó hasta el Superior Tribunal de la Provincia, que en julio de 2013 revocó el fallo absolutorio y obligó a la realización de un nuevo proceso. La Corte Suprema confirmó la decisión.
Llegaron así a esta instancia que se define hoy, con la lectura del fallo:
Cuatro policías acusados de homicidio agravado: Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Pablo Morales.
Cuatro policías acusados por encubrimiento: Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán y Valeria Zabala.
Un policía acusado por privación ilegítima de la libertad: Diego Rey.
Una mujer acusada por intentar desviar la investigación: Gabriela Bidera, hija de un comisario, que fue beneficiada con una probation.
El viernes fueron los alegatos. La querella acusó a Solís, Abraham, Morales y Córdoba por el delito de “homicidio agravado por ser cometido por policías en abuso de sus funciones”. También acusó a Sandoval por “encubrimiento agravado en concurso real con incumplimiento de funciones públicas”. Lo más destacado, por su implicancia política e institucional, fue la contextualización que la abogada querellante, Verónica Heredia, realizó sobre el crimen de un joven.

Cómo funciona la violencia institucional

La doctora Verónica Heredia subrayó que el crimen de Julián Antillanca no fue parte de una “noche de excesivo abuso” policial, sino que dejó en claro el carácter sistémico de esa violencia. “Estos hechos cometidos lo han sido en el marco de una violencia sistemática por parte de policías de la Provincia de Chubut contra jóvenes de escasos recursos y la impunidad garantizada por el Poder Judicial”, resumió.
La apreciación no es caprichosa. Lo sistémico aborda un tipo de violencia determinada ejercida por un sector específico (la policía) contra una población específica (pibes pobres). Heredia precisó que ese contexto está descripto en la sentencia que la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) promulgó en 2011 contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres. La Corte observó el “hostigamiento permanente” que la antropóloga Sofía Tiscornia describió como una práctica que puede concluir en muertes, torturas y desapariciones: “Se trata de un fenómeno particular: una legislación y prácticas policiales violatorias de los derechos humanos y tribunales que -alejados de que los conflictos sociales de quienes más lo necesitan- no investigan o son cómplices de esos crímenes”, afirmó Tiscornia ante la CIDH.
La doctora Heredia aplica este contexto al caso Antillanca: “Lo que hizo Julián es haber pertenecido a ese sector más desprotegido, a ese sector de jóvenes de escasos recursos a los que la policía debe controlar”.

Las pruebas y el contexto

La doctora Heredia enfatizó en que es dentro del contexto descripto por la CIDH en el que los jueces Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Nieto de Biase deben valorar la prueba analizada durante el juicio. Estas pruebas, sostiene, prueban que Julián Antillanca fue golpeado salvajemente por policías, subido a un patrullero y abandonado en la calle. Así lo confirmó el perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) de Chubut, Herminio González, quien precisó que el Julián murió producto de los múltiples golpes recibidos. También el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHGD) de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Corach, quien especificó que la sangre encontrada en el móvil policial N° 234 era del “linaje Antillanca”. Pero fueron las jóvenes Daiana Monsalvez y Jorgelina Domínguez quienes narraron cómo tres policías golpeaban a Antillanca mientras una mujer oficial los cubría, y cómo el oficial Solís sacó al muchacho del patrullero y lo tiró a la calle.
La doctora Heredia resaltó que es “en esa violación de derechos humanos” la que, luego se pretendió dejar impune con el juicio anulado, lo cual demuestra la función que cumple la justicia en la cadena de violencia institucional: consagrar la impunidad.

Clases sociales y control

Puntualiza la doctora Heredia: “’No me acuerdo’ fue la respuesta recurrente de los oficiales. Ninguno sabía a qué hora ingresó a trabajar, ni qué hizo, ni quién era su superior, ni quién controlaba sus tareas, ni quién eran sus compañeros ese día. Por ejemplo, el oficial Gustavo Briceño respondió 38 veces “no me acuerdo”. Su colega Hugo Orlando Crespo lo hizo en 24 oportunidades. Néstor Ángel Vargas, quien se presentó como “nacido y criado en Trelew”, no pudo responder ni una vez sobre las distancias que separan las calles donde se crió. Párrafo aparte se merece la sargento Elviera Antonia Caroprese, que no sabía siquiera si trabajaba hacía “5 ó 6, 8 ó 9” años en el Comando Radioeléctrico. Tampoco sabía a qué hora ingresó, ni qué hizo, ni mucho menos por qué. Cuando le preguntaron cuáles eran sus funcionales y quién se las asignaba, contestó: “No, porque me… Yo llegaba y… O sea… Eh… Bueno, el encargado de turno me toma la guardia y eh… cómo se llama… y en ese caso, pero como yo ya sabía que tenía que tomar la guardia, el día anterior, llegaba agarraba el parte diario y empezaba…”.
La abogada destaca especialmente las respuesta del oficial Adolfo Elvio Carballo: “Su testimonio debería recorrer hoy las clases de sociología política e incorporarse en los estudios sobre marxismo como una versión del siglo XXI y chubutense de la lucha de clases”, expresó en su alegato. Carballo declaró que la policía debía hacer “adicionales” a la salida de los boliches “por la pelea entre las diversas clases sociales”. La abogada Heredia le pidió que explique cuál era esa división de clases. La respuesta del policía: “Están los negros que escuchan cumbia y los chetos que escuchan electrónica”. La doctora Heredia concluye: “Lejos de resultar ésta una versión ´grotesca´ esconde en ella la razón de la violencia policial: la discriminación, la desigualdad, el control policial de las clases sociales”.
Aquí el alegato completo de la doctora Verónica Heredia, en formato .doc