Sigamos en contacto

Nota

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Desalojos y represión contra pueblos originarios. Cárcel a sus referentes y militarización de territorios. Leyes que se violan y empresas extractivas que avanzan con complicidad política y judicial. Políticas de Estado contra los pueblos indígenas. Y comunidades que resisten. Cómo es el plan sistemático contra los pueblos originarios.
Por Darío Aranda.
Agustín Santillán, wichí de Formosa, lleva tres meses preso.
Facundo Jones Huala, mapuche, fue encarcelado en Chubut de forma arbitraria por una causa que ya había sido juzgado, hace pocas semanas.
En San Pedro de Colalao, Tucumán, un megaoperativo policial desalojó a familias diaguitas.
Toda una comunidad mbyá de Misiones fue testigo de la destrucción de sus viviendas, con motosierras e incendio incluido.
En Salta, 26 wichís murieron en 23 días por causas evitables.
Éste es el plan sistemático contra los pueblos originarios.

Los detenidos

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, una provincia donde pocas voces se alzan contra el gobernador Gildo Insfrán, gobernador desde 1995. Agustín Santillán es una de esas voces, que reclama los derechos del pueblo wichí.
Santillán fue detenido el 14 de abril: tiene más de veinte causas armadas. Desde hace tres meses está en la cárcel de Las Lomitas. Recibió maltratos, amenazas de muerte y su futuro es complejo. “Son causas armadas. Es un preso político. Quieren aleccionar para que nadie más levante la voz”, resumió Daniel Cabrera, su abogado.
“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció una escrito público firmado por la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

Habla el lonko Jones Huala desde la cárcel: “La represión es brutal”


También en la cárcel se encuentra Facundo Jones Huala, lonko (autoridad) del Lof Cushamen, en Chubut. Su comunidad cometió el pecado en 2015 de recuperar tierras en la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton, el mayor terrateniente de Argentina con un millón de hectáreas. Sobrevinieron denuncias, juicios, represiones hasta que en 2016 Jones Huala fue enjuiciado por un antiguo pedido de extradición a Chile. El juez confirmó la existencia de tortura a testigos, liberó a Huala y la causa tramitaba en la Corte Suprema. El 27 de junio, luego de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Michelle Bachelet, el lonko mapuche fue detenido en un retén de Gendarmería por el mismo pedido de extradición, y trasladado a Esquel. “Estoy preso de forma ilegal. No se respeta el debido proceso, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los jueces están violando el estado de derecho, su propia legislación”, denunció Jones Huala.

Desalojados

El 26 de junio la Comunidad Indio Colalao de Tucumán sufrió un violento desalojo de 16 familias. A pesar de la vigencia de la Ley Nacional 26160 (que declara la emergencia en materia de  posesión y propiedad de tierras indígenas y por ello frena los desalojos de este tipo), decenas de policías, policía montada e infantería llegaron hasta el territorio y avanzaron contra la comunidad. El operativo estuvo avalado por la fiscal Adriana Cuello Reinoso y al juez Eudoro Albo.

La comunidad explicó que el trasfondo es el intento de explotación de los recursos naturales del lugar.

En San Ignacio, Misiones, el 8 de julio, una patota atacó a la comunidad Tekoa Kokuere’i. Con machetes y motosierras derribaron las viviendas y luego las incendiaron en presencia de niños y mujeres. “Llaman la atención las frecuentes asociaciones entre la Municipalidad y los propietarios aparentes o empresas cuando se trata de lastimar, atropellar y despojar a las comunidades Mbya de los derechos que tienen como pueblos preexistentes”, denunció el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (Endepa). Incluso confirmó que la comunidad cuenta con documentos oficiales que muestran que se trata de territorio ancestral indígena.

Patagonia mapuche: tres represiones en dos días

La ley y la trampa

Ante cada desalojo a campesinos e indígenas suele las comunidades suelen responsabilizar al poder político y al empresario. Pero también interviene un actor de perfil más bajo: el Poder Judicial, el más conservador y vitalicio de los tres poderes del Estado. Y el único que no es elegido por votación de la población.
Argentina tiene frondosa legislación que favorece a los pueblos indígenas: desde la Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 17), constituciones provinciales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. De la mano de jueces y fiscales, no se cumplen.
“La ley es como un hacha sin filo”, resume un dicho del Pueblo Wichí. Puede ser una herramienta deseada, ideal, pero si no se implementa, no sirve.
El Pueblo Diaguita de Tucumán marchó el 6 de julio a los tribunales de la provincia. Identificó como responsable de sus abusos al Poder Judicial. Recordaron que desde 2009, cuando asesinaron al diaguita Javier Chocobar, esperan un juicio que nunca llega. Y repudiaron a jueces y fiscales que dan luz verde a los desalojos indígenas.
“Nosotros somos un pueblo preexistente y reclamamos lo que es nuestro. Lo que quieren los empresarios es quitarnos nuestras tierras, despojarnos de lo que nos queda. Hoy decimos basta y nos revelamos ante el poder judicial porque esto no puede volver a ocurrir”, denunció desde la marcha la vocera diaguita Ivana Morales, a la Agencia de Prensa Alternativa (APA!).
Fernando Kosovsky, director del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (Gajat) y parte de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), presentó la situación Argentina en el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (que sesionó entre el 10 y 14 de julio en Ginebra) y se entrevistó con la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauili Corpuz. Kosovsky entregó documentación que confirma casos de violaciones graves a los derechos de las comunidades, vulneración de los derechos territoriales e incumplimientos sistemáticos de estado argentino en garantizar la seguridad jurídica de los territorios.
Gajat recordó que la Ley 26.160 (que en 2006 instó relevar los territorios indígenas y prohibió nuevos desalojos) vence este año y el Gobierno aún no ha confirmado la prórroga. “Pasados diez años, menos del 30 por ciento de los territorios fueron relevados.

En 2011, el relator especial de ONU (James Anaya) confirmó numerosos desalojos, incluso violentos, a comunidades de todo el país. La ley no se cumplió y vence en noviembre de 2017”, alertó el abogado ante Naciones Unidas.

Amnistía Internacional realiza desde hace dos años un mapa de conflictos territoriales (disponible en www.territorioindigena.com.ar). Contabilizan un piso de 250 casos, donde el punto común son empresas (agropecuarias, petroleras y mineras, entre otras), que actúan en complicidad, por acción u omisión, de los gobiernos. “Existe en Argentina una significativa distancia entre los derechos vigentes en leyes provinciales, nacionales y tratados internacionales de derechos humanos y su efectiva aplicación. No obstante los avances en el reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación y exclusión”, alertó Amnistía Internacional.

Matar al indio

Carmen Lobo de Quiroga, abuela campesina de Santiago del Estero, falleció en el marco de un intento de desalojo el 25 de junio, en la localidad de La Florida (sudoeste provincial). Su familia denunció que “murió de angustia” ante la posibilidad de perder su tierra, cuando empresarios quisieron hacerse de la tierra campesina.
Sólo la insistencia del periodista Eduardo Duschatzky posibilitó que la agencia oficial Telam emitiera la noticia. Ningún “gran medio” se hizo eco. La Mesa de Tierras Choya-Guasayán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, denunció el hecho y alertó que los empresarios están con vía libre de parte del poder político y judicial. También resaltaron el aumento de la conflictividad en los parajes Zorro Huarcuna, Sol de Mayo, San José y Santo Domingo.
La abuela Carmen Lobo de Quiroga se suma a una larga y silenciada lista de asesinatos rurales: Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé –beba de 10 meses– (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo, qom de Chaco), entre otros.
En Santa Victoria Este, región norte de Salta, murieron 26 personas en 23 días, todas por causas evitables y falta de atención básica de salud. Lo denunció la comunidad wichí Cruce Buena Fe Cañaveral, según describió la periodista Laura Álvarez Chamale (en el diario El Tribuno).

Aunque se trató de más de un muerto por día, ningún gran diario porteño (ni radio, ni canal de televisión) replicó la noticia.

“No olvidamos que entre el 16 de diciembre y el 31 de diciembre murieron 16 personas en Santa Victoria Este. Y hasta el 7 de enero murieron 10 más, sumando 26. Esta mortandad es un profundo dolor que quedó en nuestras comunidades”, lamentó el dirigente wichí Pedro Lozano. Y precisó que se trató de cinco adultos y 21 niños, todos menores de 2 años.
Las comunidades indígenas y familias criollas cortaron la ruta provincial 54. Denunciaron a la jefa de enfermería, la falta de insumos básicos y la carencia de agua (con temperaturas de más de 40 grados).
El secretario de Servicios de Salud de Salta, Francisco Marinaro Rodó, reconoció las 26 muertes, pero culpó a los indígenas: Lo que ocurre en verano es que beben agua de los madrejones y eso les provoca diarrea y deshidratación grave. Son los hábitos higiénicos dietéticos de las comunidades wichís, más que ninguna otra etnia, los que generan estas problemáticas (…) Mi gran ambición es que aprendan a lavarse las manos, a hacer hervir el agua, a cocinar y darles a sus hijos agua y comida segura”.
El funcionario no mencionó la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza, ni el histórico y permanente despojo de tierras, que acorrala a las comunidades en pequeñas parcelas donde es muy difícil reproducir su vida.

Enemigo interno

El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, acusó (en un informe interno de agosto de 2016) a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabilizó de hechos delictivos sin aportar pruebas. El informe interno fue titulado “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche” y reconoce que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación” ilegales. El Ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentaron la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos petroleros.
Un centenar de organizaciones de pueblos originarios, Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) emitieron un comunicado para alertar sobre la “estigmatización y persecución al Pueblo Mapuche”. El texto, titulado “La lucha indígena no es delito”,  apunta al gobierno: “El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social (…) El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”.
El 21 de junio, un centenar de efectivos de gendarmería nacional llegó hasta la comunidad mapuche Campo Maripe (en Vaca Muerta), cerró los caminos internos y escoltó a cuadrillas de YPF para realizar una nueva perforación petrolera. Los integrantes de la comunidad pidieron explicaciones, solicitaron que exhiban la orden judicial (nunca se las mostraron) y exigieron que se retiren del territorio indígena.
La Gendarmería incluso impidió que la comunidad abandonara su propia tierra. “YPF usa la Gendarmería para entrar ilegalmente a territorio mapuche. Ingresaron sin consulta, ni autorización, con un procedimiento totalmente desmedido, sin mediar palabra, ni exhibir orden judicial. Los miembros del lof (comunidad) fueron amenazados y fueron rehenes en su propio territorio”, denunció el Consejo Zonal Xawvn Ko de la Confederación Mapuche de Neuquén, que cuestionó la “militarización” del lugar y acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de una “escalada de represión”.

La unión

Ivana Morales, de la comunidad India Colalao de Tucumán, invitó: “Pedimos a todas las comunidades que nos unamos. Continuamos resistiendo, esto no termina. Llevamos 525 años resistiendo y en el año 2017 continúa esta lucha. Que la Pachamama nos proteja”.
Facundo Jones Huala, desde la cárcel, apuntó a una de las causas de fondo: “Los gobiernos ven un peligro en la organización y levantamiento de los pueblos indígenas. Tenemos formas de vida que se contraponen al sistema capitalista, han mantenido vidas comunitarias, sostenibles, sin intervención del Estado. Los pueblos indígenas son una alternativa para estos modelos de vida modernos e inhumanos. Por eso se ve a los indígenas como un peligro para el capitalismo”.
La Confederación Mapuche de Neuquén está dividida en seis regiones.

La Zonal Xawvn Ko (Encuentro de Aguas) emitió un comunicado el 5 de julio titulado “Los pueblos indígenas, identificados como enemigos del modelo”.

Puntualizó los hechos represivos de las últimas semanas, las detenciones arbitrarias de Santillán en Formosa y de Jones Huala en Chubut.
Dice: “Nuestra condena y repudio a los acontecimientos que demuestran que la escalada de violencia. Como organización Mapuche expresamos nuestra condena y repudio al accionar terrorista de este Gobierno, que además de hambrear al pueblo, ha iniciado una cacería sobre todo pueblo indígena que se oponga a su modelo capitalista , extractivista, saqueador, racista y represor”, remarca. El comunicado finaliza: “Por nuestra libre determinación. ¡Marici wew! (Diez veces venceremos)”.

Las tres patas

El audio es de sólo tres minutos. Circuló por WhastsApp y pertenece a Marcos Pastrana, histórico luchador diaguita de Tafí del Valle (Tucumán), uno de los pioneros en enfrentar a Minera Alumbrera en el norte argentino. Con simpleza, Pastrana realiza un análisis pedagógico, profundo y conmovedor de la situación indígena de Argentina. “Una política de Estado tiene tres patas esenciales: voluntad política, decisión administrativa y presupuesto – dice-. Los desalojos contra pueblos indígenas son claramente una política de estado, actual y desde siempre del estado argentino. Porque los desalojos tienen una voluntad política, por eso se hacen. Tiene una decisión  administrativa porque ponen todos los medios a disposición para que se ejecuten. Y tiene presupuesto, donde se moviliza todo el aparato necesario”.
Pastrana, que se lo escucha sereno pero también firme, resume: “La política del Estado argentino y del Estado provincial y municipal es desalojar y hacer desaparecer a las comunidades y pueblos indígenas. Es la triste realidad”.
Enumera las leyes vigentes que no se cumplen, cuestiona a los tres poderes del Estado y llama a organizarse y luchar. Así resume los últimos 200 años de Argentina: “No son políticos, no son gobernantes, ni son ni funcionarios. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.
La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

La otra campaña: cómo es el plan contra los pueblos originarios

Imágenes de la represión de la Gendarmería al pueblo mapuche en enero de este año.

Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

el

ley bases
Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

Seguir leyendo

Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

Seguir leyendo

Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
Seguir leyendo

LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido