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3J: femicidios sin justicia

Publicada

hace 7 años

30/05/2019

¿Qué significa pedir justicia? Las familias de Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles repasan el calvario judicial que vivieron y cuentan en qué estado están hoy las causas. Testigos amenazados y asesinados; abogados que desisten; fiscales que no investigan; y la impunidad como el cierre del círculo femicida. Aún así, se vienen juicios, denuncias contra jueces y apelaciones de fallos: todo gracias al empuje de estas mujeres. POR CLAUDIA ACUÑA
Son las dos de la tarde y la mamá de Araceli Fulles – asesinada el 2 de abril de 2017 a los 22 años- acaba de sentarse en la mesa de la cocina de espaldas a la heladera en la que tiene pegada con imanes una foto desde donde su hija le sonríe. “Así estaba siempre: desde que se levantaba hasta que caía rendida en la cama. La alegría de esta casa era ella”.
Luego, en silencio, llora unas lágrimas espesas que trata de limpiar con el puño de la manga.
Así está Mónica: regando con su dolor hasta las mangas.
Son las cuatro de la tarde y la mamá de Melina Romero –asesinada el 24 de agosto de 2014: el día que cumplía 18 años- está rengueando.
Y así, arrastrando la artritis que la doblega, llega hasta el portón de su casa para recibirnos con una frase que resuena como una bofetada:
-Acá estamos: abandonadas.
Así está Ana María: con rabia.
Son las diez de la noche y la mamá de Lucía Pérez –asesinada el 8 de octubre de 2016 a los 16 años- acaba de darse una ducha para sacarse de encima el malestar que le impregna el curso de Prevención de la Violencia de Género que toma en el Colegio Público de Abogados de Mar del Plata. Son nueve clases, apenas transitó la mitad de ese trayecto y ya está agotada. Dice que igual piensa seguir hasta el final, especialmente porque la oenegé que lo dicta anunció en el segundo encuentro que, tras una década de dar esas clases en esa sede, les habían comunicado que debían buscar otro lugar.
“¿Será por mí?”, se pregunta.
Y se responde: “Por las dudas, no pienso dejar”.
Así está Marta: alerta.
Hace años que ninguna de estas madres descansa.

La familia de Araceli Fulles.
Foto: Lina Etchesuri

La trama

Conversar con ellas del devenir judicial es encenderlas. Cada una repasa minuciosamente los detalles del calvario que significó enfrentarse con la maquinaria que produce la impunidad de los femicidios de sus hijas desde que el instante mismo en que ocurrieron hasta hoy, cuando siguen fabricando aquello que le niegan y no hay en ninguno de sus barrios: justicia. Lo hacen con los pies, con las declaraciones a la prensa, con movilizaciones comunitarias y esquivando trampas, maniobras, operaciones, presiones y cosas peores.
Todas soportaron que sus familias fueran las primeras investigadas y todas conocían, de alguna u otra manera, a los femicidas de sus hijas, que siguen ahí, al lado, mezclados con la cotidianidad de las violencias que soporta la geografía de los márgenes, azotada por la falta de futuro y sobre expuesta a la oferta cash de la hiper productividad narco.
Todas, también, comparten una misma trama, como si estuviera tallada sobre el hierro que tienen que horadar con sus rabias, con sus lágrimas y con esas alertas que las orientan cuando atraviesan las tinieblas de esos escenarios que jamás pensaron transitar y que, aunque no los comprendan, aprendieron a conjurar.
Esa trama involucra, en los tres casos, a un joven y varios veteranos que conforman el clan involucrado en cada asesinato. El joven funciona como el cebo y el resto, como la manada. Quien conduce los destinos de la banda es el misterio que se oculta con fojas y fojas de expedientes dedicados a investigar a la víctima.
Eso es lo que hace lo que llamamos “justicia”.

Ana María, mamá de Melina Romero.
Foto: Lina Etchesuri

La deuda

a mamá de Melina lo define así: “La investigación del femicidio de mi hija nunca se hizo. Lo que hizo la justicia es acusar a la única testigo y sobreviviente, Melany. Recién la semana pasada terminó el juicio que le hicieron por falso testimonio. Un calvario pasó esa chica. La destruyeron. Pero ese infierno terminó y fue absuelta”.
Eso significa, entre otras cosas, que la defensa del único imputado que está preso –Joel Fernández, 20 años- no puede ahora “agarrarse de ella para apelar”, según las precisas palabras de Ana María. “El problema que tenemos ahora es que nos quedamos sin abogado y para presentarse en Casación hay plazos. Estamos desesperados porque tenemos que encontrar urgente a alguien que nos ayude, porque sino, no podemos contestar la apelación y se cae el único pedazo de justicia que tenemos. Pero más allá de esto, que no es poco, todavía tenemos que seguir reclamando que se investigue qué pasó con mi hija y también con Melany, porque ella también ese noche fue violada y no hay ningún fiscal, ni juez ni nada que haya iniciado una investigación sobre ese delito. Nada. Es como si ni la hubieran escuchado”.
Para hacerlo aún más claro, Ana María resume: “En todo este camino yo nunca tuve al lado mío a un fiscal”. Es así, literalmente: la fiscal María Fernanda Billonde desistió de acusar a los imputados por falta de pruebas y sólo se llegó al juicio oral por la persistencia de la querella de la mamá, que patrocinó el mediático abogado, Marcelo Biondi, quien luego de la condena del único acusado se retiró del caso.
“Mi hija salió a festejar sus 18 años y me la entregaron en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona. Yo la vi en la bolsa y la vi también en la morgue. Ella, que era tan hermosa, estaba ahí destrozada. Cada día me acuesto y me levanto con esa imagen. Y en lugar de quebrarme, me da fuerza. Por eso no voy a parar. Por esa imagen que todos los días me hace recordar que a mí y a mi hija mí esta justicia nos debe todo”.

Matías y Marta, hermano y madre de Lucía Pérez.
Foto: Nacho Yuchark

Sin parar

La mamá de Araceli lo define así: “En lugar de investigar, los protegieron. Todos. Desde la policía hasta la fiscal. Tuvimos que enfrentar a todo ese círculo de impunidad durante más de 17 días. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado. Fue mi hijo el que vio la huella de un pie en la tierra y le preguntó a la policía: “¿eso qué es? Y un policía le respondió: “Eso es la pata de un chancho”. Pero mi hijo insistió y llevó hasta ahí al perro. Y ahí estaba. Él la encontró y todavía sueña con esa huella”.
Aquel día, el dueño de la casa donde encontraron el cuerpo estaba declarando ante la fiscal Graciela López Pereyra, que lo dejó libre. La noticia del hallazgo llegó cuando ya se había retirado de los Tribunales de San Martín. Luego, se fugó. Lo detuvo un día después una mujer embarazada, que lo corrió. Darío Badaracco quedó así detenido, a la espera del juicio oral, en el penal de Sierra Chica, donde el 8 de abril pasado fue asesinado por dos reclusos: le hicieron tragar agua hirviendo y lo golpearon. “Badaracco nunca declaró y me hubiese gustado escuchar qué tenía para decir en el juicio”, dice Mónica, alerta. Sus sospechas se fundan en el peritaje del celular de otro de los imputados, Daniel Alberto Alanis, mediante el cual se encontró el mensaje que le envió a Badaracco cuando todavía buscaban desesperadamente a Araceli:
-“Fijate que no salga olor. Tirale mucha cal. Jajajaj”.
Cuando encontraron las partes descuartizadas de Araceli, estaban cubiertas de cal.
Mónica cree que el cuerpo de Araceli fue escondido por Badaracco días después de haber sido asesinada. Su hipótesis es factible ya que la casa había sido requisada por la policía en la primera semana de reportada su desaparición.
Alanis está libre, pero no quien es el dueño del corralón donde habrían matado aquella madrugada a Araceli: Mónica logró que fuera preso por amenazar a un testigo. Lo denunció ante el juez, que tuvo que procesarlo porque le llevó hasta el video de la cámara de seguridad que registró la amenaza. Como tenía sentencia por otros delitos, la condena se hizo efectiva: hasta setiembre estará encerrado.
Mónica ahora tiene que lograr algo difícil: que el juicio oral llegue antes de que sigan asesinando las pruebas. El expediente ya fue elevado y falta solo eso: que pongan fecha. “Todo es así: a fuerza de exigir, buscar, andar, sin descanso. Yo la fuerza la encuentro en la sonrisa de mi hija y en los vecinos, en las chicas que me abrazan, en la gente que se me acerca para contarme que a su hija o hijo también lo mataron. Una va agarrándose de ese dolor porque es el que te hace sentir que a pesar de que nadie te va a devolver a tu hija con vida, algo tenés que hacer para que esto pare. Yo entré a la morgue y vi los pedacitos de mi hija ahí arriba, la cara sin ojos, toda blanca por la cal y le pedí al que estaba ahí que la levante y ahí sí, cayeron sus rulos y me dije: es ella. Y esto le hicieron. Ahora tengo que luchar porque si no es como si lo aceptara y eso no es humanamente posible. Así que ahora eso que llaman Justicia tiene que aguantarme porque no voy a parar hasta que ellos paren”.

La luz

La mamá de Lucía lo define así: “Tenés que golpear puertas hasta que te sangren los dedos”. Eso es lo que hace desde que los jueces del Tribunal 1 de Mar del Plata – Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- juzgaron la vida sexual de su hija para eximir a los imputados de su femicidio. El fallo es ejemplar desde todo punto de vista: deja en claro la mirada jurídica sobre estos crímenes, la empatía implícita con las conductas de los sospechosos y los prejuicios sobre las adolescentes, que examinan con lupa moral.
Marta y su familia tuvieron que escuchar ese fallo mirando a la cara a los jueces. Todavía hoy las heridas que les produjeron están abiertas.
A esas heridas hay que atribuirles también el alerta que encienden para transitar ahora el largo proceso que los espera, mientras siguen sin aliento hasta que la Cámara VI de Casación -integrada por Carlos Natiello, Mario Kohan y, según corresponda, Mario Mancini o María Budiño- se pronuncien sobre el pedido de la familia de anular el fallo bárbaro y hacer uno nuevo. “Lo menos traumático para nosotros es que habiéndose filmado todo el juicio anterior –son 25 horas- no tenga que hacerse todo de nuevo, sino que en base a esa filmación otro tribunal dicte su fallo. Los acusados también apelaron, porque alegan que la condena que se les dio por venta de droga es excesiva. Así es como estamos en este momento”.
Eso significa que no están esperando, sino produciendo la justicia que no tienen.
¿Cómo?
El próximo 22 presentan en La Plata el pedido de juicio a los jueces del inefable fallo.
“Nadie ni nada te prepara para eso. Ninguna madre está preparada para perder una hija, pero esto es algo que no tiene dimensión ni palabras. Tenés que aferrarte entonces de la intuición, porque tenés que ir buscando lo que no hay donde no sabés. Y para poder lograrlo nos ayudan las personas que se nos acercan. Muchas pasaron por lo mismo y muchas no, pero comprenden que no están a salvo hasta que esto pare. Así vamos aprendiendo juntos a encontrar en las peores tinieblas esa luz que nos indica el camino. Es muy difícil y a veces lo más fácil es pensar que no se puede, pero tenés que seguir adelante agarrándote de la fuerza que te dan los que acompañan. Hay un montón de gente que no se rinde. Yo siempre agradezco a esos seres de luz que nos acompañan porque ahí encuentro lo que falta. Ahí y en mi hija. Sé que ella quiere verme entera, firme y avanzando. Sé que ella nos ilumina. Es esa luz la que me dice: no te rindas hasta que todas las Lucías estén, al fin, en paz”.

Esta nota fue producida para la MU 136 y gracias a nuestrxs suscriptorxs. Asociate haciendo click acá.

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“La justicia la hacemos nosotras”: lecciones y estrategias del 3J, con las madres de Melina, Araceli y Lucía Pérez

Juicio a los jueces: la presentación de la familia de Lucía Pérez

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Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Publicada

hace 3 semanas

02/01/2026

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

PROVINCIA	2024	2023	% de aumento
CABA	498	309	38%
SAN LUIS	61	52	18%
CÓRDOBA	261	229	12%
CORRIENTES	111	101	10%
CHUBUT	214	201	6%
BUENOS AIRES	2.307	2.242	3%

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

Publicada

hace 1 mes

18/12/2025

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 2 meses

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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