CABA
¿Qué es la Soberanía Alimentaria? El dilema de la expropiación de Vicentín, dirigida por un defensor de los transgénicos y los agrotóxicos
La intervención y posible expropiación de uno de los emblemas locales del agronegocio, el grupo Vicentín, desnudó los negocios financieros más turbios de un sector que no solo contamina tierra, agua, aire y comunidades enteras, sino también la política y la ciencia, entre otras cosas. Miryam Gorban, creadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y Carlos Vicente, uno de los impulsores del Foro Agrario, cuentan sus experiencias y reacciones ante el anuncio.
La contracara de una noticia a la que el presidente Alberto Fernández enmarcó curiosamente en el concepto de Soberanía Alimentaria: el interventor designado en Vicentín, Gabriel Delgado, es un defensor a ultranza de los transgénicos, que niega además los efectos del modelo de fumigaciones y agrotóxicos, alineándose con el discurso de las corporaciones como Monsanto. Esos discursos ya desmentido por la OMS, la FAO, todo científico no cooptado por el agronegocio, los fallos judiciales en Argentina y en Estados Unidos, y por la realidad de comunidades de buena parte del país que lo sufren en forma de cáncer, malformaciones, muerte y enfermedades múltiples, además de los efectos ambientales. La teoría sobre los cheques en blanco, y el significado real del término Soberanía Alimentaria.
Lo que planteó lavaca sobre Delgado en la nota “Funcionarios Transgénicos”, al reclamo del Foro Agrario de expropiar Vicentín en febrero de este año, y el documento del economista Claudio Lozano que demuestra la entraña delictiva del funcionamiento corporativo-político.
Podría decirse que Miryam Gorban pasó un día con un doble estado de ánimo: contenta y atenta. “Que se intervenga y se expropie Vicentín es un paso adelante. No es la Soberanía Alimentaria, pero es un avance. Mientras no haya acceso a la tierra para los productores, y agroecología, o sea una transformación del modelo productivo, no tenemos Soberanía Alimentaria, desde ya. Y al funcionario que nombraron…” dice y piensa: “No le firmamos un cheque en blanco a nadie”.
El funcionario de referencia es Gabriel Delgado, ex secretario de Agricultura durante la administración de Cristina Kirchner, y flamante interventor de Vicentín, la empresa argentina de agronegocios que estalló misteriosamente tras años de ganancias extraordinarias y créditos insólitos de parte del Estado. Toda esa riqueza acumulada en plena pobreza de la era macrista se fugó y/o esfumó hasta que el actual gobierno decidió intervenirla y enviar un proyecto de expropiación anunciado por el presidente Alberto Fernández “como un paso hacia la soberanía alimentaria”.
¿Qué es la Soberanía Alimentaria? Explica Carlos Vicente un eterno promotor de estos temas, integrante del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular nacido en 2019: “La Soberanía Alimentaria es el derecho de los países y los pueblos a decidir qué queremos sembrar y cómo queremos alimentarnos. En 24 años de esta idea promovida por el movimiento campesino, se la define en términos de poder sembrar de manera agroecológica, no usar transgénicos ni agrotóxicos, fomentar los mercados locales fomentar la descentralización”.
Agrega Miryam, con sus lúcidos 89 años: “Para mí lo positivo es que es un freno a la concentración monopólica y a la fuga de divisas. Cuando ves que la querían comprar las grandes corporaciones extranjeras a precio rifado, valorás la medida. Ahora todo va a depender de que haya una administración transparente, y cuál es el rumbo que ese toma. Si el funcionario o el gobierno toman un rumbo diferente al que estamos planteando, habrá que señalarlos. Insisto con eso: sin agroecología y sin cambio del modelo productivo, no hay Soberanía Alimentaria. Por eso digo que esto es un paso”.
“Los agroquímicos no son dañinos”
Roberto Gabriel Delgado fue secretario de Agricultura durante la administración kirchnerista, entre 2013 y 2015. En 2015 justamente la Revista MU (número 86) publicó la nota “Funcionarios transgénicos”, en la que Darío Aranda revela cómo la CONABIA (Comisión Nacional de Biotecnología, la encargada de aprobar los productos agrotóxicos), estaba copada por funcionarios que respondían a grupos como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, DuPont, entre otros.
El final de la nota se refiere justamente a Gabriel Delgado: “Economista agrario, impulsor de los transgénicos, y promotor de que los pequeños productores utilicen cada día más las semillas modificadas genéticamente. ‘Argentina es un ejemplo mundial en materia de biotecnología y transgénicos’, celebró en el portal de agronegocios Futuros y Opciones (FyO). En el mismo reportaje, trazó planes a futuro: ‘Creo que dentro de treinta años tenemos que estar en condiciones de decir que hay una institución (la Conabia) que se dedicó a evaluar el hecho de que efectivamente la soja transgénica y el maíz transgénico no generan cáncer, esterilidad, ni problemas en la vista’. Y, al instante, tuvo un lapsus: ‘Y si fue la transgénesis la que generó algún problema, que el Estado tenga rápidamente los elementos para tomar las medidas necesarias y solucionar los problemas que se presenten a partir de ella’.
Delgado participa asiduamente en la red social Twitter. El 14 de marzo mensajeó: “¿Sabías que antes de que un evento transgénico sea autorizado tiene rigurosos análisis de bioseguridad e inocuidad?”.
Fragmento de la nota de Darío Aranda Funcionarios transgénicos, publicada en la MU en 2015.
En diversos escritos Delgado insiste monotemáticamente con la idea: “Los agroquímicos no son dañinos para la salud, el sector ambientalista está equivocado” plantea en su artículo “Escenario desafiante” de 2018. Incurre en el argumento de tildar como “ambientalistas” a las comunidades afectadas por las fumigaciones masivas con venenos en toda la región dominada por transgénicos.
La fumigación de 500 millones de litros anuales de pesticidas es además un disparate científico, ya que cada vez se verifica la existencia de más resistencias (ya son 33 los ‘yuyos’ a los que el glifosato & afines no pueden ‘controlar’) con lo cual se fumiga en dosis cada vez mayores y con mezclas de venenos cada vez más letales, y cada vez más caras para los productores.
El proceso de concentración de tierras que acompaña naturalmente a este modelo exhibe como logro que de 333.000 explotaciones agropecuarias que había en 2002 se pasó a 250.881 en 2018. Desaparecieron 83.000 campos (uno cada dos horas en esos 16 años de apogeo transgénico) que obviamente no desaparecieron sino que fueron concentrándose en cada vez menos grupos empresarios.
Interés público
Miryam Gorban calcula que habrá que sumar esfuerzos para que la empresa intervenida y tal vez expropiada “sea realmente pública”. Mientras espera, celebra la decisión “porque si ves a quiénes se oponen, te cruzás de vereda”, y reflexiona: “No es menor que el Estado se haga cargo, como creo que tendría que ocurrir con los puertos y con el comercio exterior”.
Carlos Vicente, que además pertenece a Acción por la Biodiversidad explica: “Es importantísimo que se pueda expropiar una empresa así de manos de estafadores. La gente de Santa Fe, sobre todo, sabe que Vicentín es un monstruuo del agronegocio, de la soja, de la producción de biodiesel, de la exportación. Es un emblema y es fundamental que empiece un proceso de reconversión que tenga presente la producción de alimentos, el trabajo con cooperativas. Pero lo real es que una planta como la de Vicentín tiene muchas contradicciones con la idea de Soberanía Alimentaria. A la vez, lo real es que existe, existen sus más de 5.000 empleados y es una posibilidad la de que cumpla un rol Vicentín desde su gestación está pensada para otra cosa, para la exportación, para la maximización de ganancias. Si lo que vamos a hacer con esa empresa es alimentar con soja las exportaciones y el biodiesel, bueno, nos cruzaremos con una tremenda contradicción. La designación de Delgado no es una buena señal. Habrá que ver”.
En este punto Vicente plantea la situación de disputa dentro del propio Estado. “Claro, porque tenemos una empresa como YPF que es del Estado, pero con acuerdos multinacionales, metida en el fracking, etc. Entonces si lo trasladamos al agronegocio, lo que vemos es una disputa por el rol del Estado y el modelo agrícola. No es que se expropia y ya está. Lo que sí es real es que esto se produjo en el momento en que los movimientos campesinos están haciendo un fuerte cuestionamiento del modelo agrícola y apareció Vicentín como parte de ese modelo que además se robó mucha plata durante el gobierno de Macri2.
Hoy el gobierno precisa dólares por lo tanto puede deducirse que irá a lo seguro, en términos productivos: mantener el modelo transgénico y de exportación. “Sí, es cierto, es un riesgo, una amenaza. Pero ¿cuál es la solución en este caso? Lo primero es tomar el control, y lo segundo será pelear para que la empresa vaya hacia otro modelo. Ahí está la disputa. Lo real es que más allá del bastardeo que pueda haber hoy sobre la cuestión de la Soberanía Alimentaria, algo se movió. Eso es por todo lo que viene haciendo el movimiento campesino, y lo que hizo el Foro Agrario, planteando estas cuestiones”.
El Foro Agrario se anticipó
En febrero de este año el Foro Agrario que reúne a los principales movimientos campesinos y de agricultores del país, elaboró un documento llamado “Propuesta política para que Vicentín sea YPF”.
El texto:
La empresa agroexportadora Vicentín ha incumplido con la deuda contraída con el Banco Nación por 18.000 millones de pesos, a la vez que tiene millonarias deudas con otros bancos, productores e instituciones cooperativas que proveen cereales, oleaginosas y carnes a la mencionada empresa. En esta situación es imprescindible que se investigue hasta las últimas consecuencias las causas por las cuales, una mega empresa de los agronegocios, puede endeudarse con un Banco Público incumplimiento las elementales normativas del Banco y generando importantes perjuicios económicos al Estado nacional.
La empresa viene creciendo sostenidamente en los últimos años. En el año 2015 ocupaba el puesto 19 entre las compañías de mayor facturación en Argentina. A fines del 2019, asciende al 6to lugar, y exporta alrededor 10% de los cereales, oleaginosa y subproductos de nuestro país. Sin embargo, en agosto plantea “estrés financiero” y deja de pagar la cuantiosa deuda que tiene con el Banco Nación. La falta/cesación de pagos, no se comprende, sobre todo porque sus balances son superavitarios y la empresa no deja de crecer y posicionarse entre las primeras del sector.
En este marco, planteamos la presente propuesta política que tiene como objetivo lograr el control del capital accionario, en forma total o parcial, de la Empresa por parte del Estado Nacional con la participación de lxs trabajadorxs en la gestión, interviniendo en el comercio exterior de granos y oleaginosas, y a la vez posibilite generar un instrumento para el desarrollo de un modelo de producción agraria inclusivo y sustentable, conservando los puestos de trabajo de la empresa.
El Banco Nación hoy es una herramienta para el agronegocio, necesitamos que se transforme en un poderoso instrumento de las pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas, generando líneas de financiamiento que se adapten a sus necesidades.
Por todo esto, los abajo firmantes proponemos:
· Constitución de una comisión investigadora de la deuda contraída en el Congreso Nacional.
· Fortalecimiento y desarrollo de líneas de financiamiento para pymes, agricultores familiares, campesinxs y comunidades indígenas desde el Banco Nación.
· Control del capital accionario de la Empresa Vicentín por parte del Estado Nacional.
· Participación de Cooperativas y de Organizaciones en la gestión de la empresa, para transformarla en un instrumento de regulación de precios y apuntar al desarrollo con impacto local, con agregado de valor en origen que necesitan los productores familiares.
· Avanzar hacia la regulación del Comercio Exterior, que impacte positivamente en los precios que perciben lxs productorxs y los precios que pagan por los alimentos lxs consumidorxs.
· En definitiva, qué Vicentín se transforme en un Empresa Nacional con participación del Estado, que intervenga en el Comercio Exterior, bregando por un modo de producción diferente, con Soberanía Alimentaria, sustentable e inclusivo, que cuide las divisas que tanto cuestan a nuestro país, y que mejore la inserción de Pymes, Agricultores Familiares, Campesinxs y Comunidades Indígenas en el Comercio Exterior.
Otro trabajo crucial para comprender la situación de Vicentín es este elaborado por Claudio Lozano, actual director del Banco Central.
CABA
La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible
Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.
La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”
Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.
Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.
La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.
Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.
Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.
CABA
El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345
A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.
Por María del Carmen Varela
El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.
La propuesta reza:
El Teatro está Abierto: ENTRÁ.
La historia no se repite igual, pero rima.
El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.
La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.
Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».
El texto poético que acompaña el mitín:
Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada
Ayer fue incendio, hoy es apagón
Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito
Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva
Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital
En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.
Entrá porque es urgente
Entrá porque es ahora.
El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.
Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)
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