En Santa Fe este año el asesinato de tres mujeres en situación de prostitución reveló la vulnerabilidad a la que quedan expuestas y la falta de acompañamiento estatal y social. Sus compañeras sospechan de sus parejas, clientes y, sobre todo, de la policía. Según el sindicato AMMAR, el 95% de los femicidios de putas quedan impunes. Por Lucrecia Raimondi.

El  dato lo dice todo: todas las víctimas no son iguales ante la ley. “El 96% de los femicidios de trabajadoras sexuales queda en la impunidad”, expresa un comunicado de AMMAR para denunciar la falta de justicia que caracteriza a estos femicidios. “La clandestinidad en la que ejercemos las trabajadoras sexuales nos expone a constantes situaciones de vulneración de derechos y muchas veces no nos atrevemos a denunciar por el estigma y la discriminación que afrontamos”, concluye el comunicado, parido tras el femicidio de dos trabajadoras sexuales en Rosario, una en febrero y la otra en agosto de este año. 

A la lista de  impunidad de los crímenes y desapariciones de mujeres en situación de prostitución en Mar  del Plata -que sumaron 24 víctimas- hay que agregarle otros casos emblemáticos, como el femicidio de Sandra Cabrera, asesinada el 24 de enero de 2004: le dispararon por la espalda en la nuca frente a una casa cerca de la terminal de ómnibus de Rosario, zona en la que hacía esquina.

Sandra era trabajadora sexual y secretaria general de AMMAR. Sus compañeras aseguran que la asesinaron porque denunciaba la complicidad de la policía con el crimen organizado y la explotación sexual de niñas y adolescentes. También por su tarea gremial, que la llevaba todos los días a recorrer las calles para que sus compañeras conocieran sus derechos frente al acoso, las detenciones arbitrarias, los abusos y extorsiones policiales. Sandra marcó un momento histórico en la lucha sindical de las mujeres en situación de prostitución.

Las voces marginadas

Gabriela Hamela, referente rosarina de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), analiza el crimen de sus compañeras en clave territorial: 

“Sandra denunciaba a los locales nocturnos y a la policía por la trata de personas y decía que, aun siendo trabajadora sexual, no aceptaba bajo ningún punto de vista la trata de menores dentro de estos espacios donde corría el proxenetismo”, cuenta Gabriela. “Por denunciar estos lugares su femicidio quedó impune. Porque aunque en ese momento no existía esa figura  penal, para nosotras lo de Sandra Cabrera fue un femicidio”. 

Por el crimen de Sandra  el único imputado es Diego Víctor Parvluczyk, ex subjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario, y presuntamente el último vínculo amoroso de Sandra. “Lo absolvieron por falta de pruebas y en 2007 quedó sobreseído, a pesar de los testimonios de las trabajadoras sexuales que lo incriminaban”. 

Pese a que en la causa escucharon los testimonios de sus compañeras, para Gabriela la impunidad del crimen la garantizó el estigma judicial que pesa sobre esas voces: “Ser trabajadora sexual es lo que garantizó la impunidad de su asesinato. Acá en la ciudad de Rosario, y en toda la provincia de Santa Fe, la policía tiene un gran poder. Nuestras voces no tuvieron la suficiente fuerza para vencer a esa realidad. Las maniobras, los actores políticos y las complicidades del Poder Judicial lograron que este tipo quede en libertad”.

Cuidarse solas

Gabriela reflexiona sobre los femicidios que padecieron este año en clave de cuidados: “Podemos pensar en redes de cuidado, lo hacemos, nos avisamos, pero no alcanza. Ahí es donde se ven las consecuencias de no tener derechos: el Estado nos obliga a la clandestinidad porque penaliza el trabajo sexual y tenemos que ejercerlo en un marco que no nos conviene a nosotras, de vulnerabilidad extrema. Hace unos años atrás, acá la ciudad de Rosario, fueron prohibidos todos los cabarets y los paseos nocturnos  (prostitución callejera) donde por decisión propia y de manera autónoma, muchas de las pibas trabajaban en estos lugares. En el cabaret una sentía una protección y una contención. Entonces el hecho de estar desprotegidas a nivel estructural para poder laburar es la situación que deriva este año en dos compañeras que quedaron expuestas a situaciones de violencia patriarcal que terminó con sus femicidios”.

Uno de esos crímenes ocurrió el 17 de febrero. La víctima fue Karen Liliana Peralta, 39, años, apareció asesinada de un golpe en la cabeza en un departamento del centro rosarino donde ejercía el trabajo sexual. Descartaron la hipótesis de un robo porque estaban todas sus pertenencias, a excepción de su celular, que presumen se lo llevó el asesino para evitar ser descubierto por haber tenido conversaciones con Karen. Los peritos forenses dictaminaron la causa de muerte por un traumatismo de cráneo producido  con un objeto contundente. La investigación es responsabilidad de la fiscal Marisol Fabbro, de la Unidad de Homicidios Dolosos. Se investiga como femicidio. 

Karen tenía tres hijos. 

A casi diez meses de su asesinato no hay detenidos ni pruebas que identifiquen a un posible asesino, pero la hipótesis de la fiscalía apunta hacia un prostituyente. Sin embargo, el sindicato y las compañeras de Karen dudan  de esa hipótesis y piden que también se investigue a la pareja, un hombre de 44 años, que podría estar involucrado en el crimen. 

La muerte de una guerrera

El último de esta dolorosa lista ocurrió el 22 de agosto. Lorena María del Luján Riquel, 33 años, fue asesinada a golpes en la cabeza con un bloque de cemento en un callejón de la ciudad de Rosario. Lorena esa noche trabajó en la esquina de Rouillón y Avenida Perón, junto a dos compañeras, hasta que un hombre se acercó en auto y la llevó al callejón; pese a las advertencias de sus compañeras que querían acompañarla, ella se fue confiada porque lo conocía. Lorena sufría consumo problemático y él le proveía la cocaína. El hombre la obligó a tener sexo, la golpeó en la cabeza, se masturbó frente al cuerpo inconsciente de Lorena y antes de escaparse le robó las zapatillas.

El hombre fue identificado como Carlos Daniel B. de 32 años, apodado Lágrima, gracias al testimonio de dos vecinos que escucharon los gritos de auxilio de Lorena y describieron las características de su agresor: 1.70 de altura, vestido con jean y buzo gris y una lágrima negra tatuada en el pómulo izquierdo.  Así cayó Lágrima.

La sociedad ya no es ni ciega ni sorda ante los femicidios.

La causa se investiga como femicidio y abuso sexual con acceso carnal y hurto calamitoso en carácter de autor. Lágrima está imputado con prisión preventiva sin plazo “por haber abusado, robado y causado la muerte de Lorena Riquel por un traumatismo cráneo-facial grave”, sintetiza el procesamiento. 

Las mujeres en situación de prostitución que compartían calle con Lorena señalan que Lágrima continuamente las hostigaba y que en otras oportunidades le había pegado a Lorena. Suman que otra joven había tenido problemas con él porque la obligaba a hacer un servicio que ella no quería. Los datos judiciales  confirman sus testimonios: el último registro en el sistema es que había estado detenido seis meses por amenazas contra una mujer. 

Lorena Riquel era jefa de familia, madre de tres hijes de 13, 15 y 18 años. Era también una militante solidaria: cocinaba y gestionaba la olla popular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), organización en la que participaba en su barrio, Bella Vista. Una de sus compañeras de militancia, Vanina Otero, contó al medio local Rosario3 cómo era su compromiso social: “Era una luchadora, en lo personal siempre estaba con una sonrisa en la cara más allá de lo que pudiera estar pasándole. Era alegre y nos daba fuerza. Una chica trabajadora, tenía a cargo su madre, una mamá mayor; era jefa de una familia humilde que se ponía al hombro. La peleaba mucho tratando de vivir día a día y siempre al frente. Era emprendedora, siempre estaba al pie del cañón. Era abierta y no tenía prejuicios. Si a alguna compañera le pasaba algo, ya estaba ella preguntando qué se podía hacer. Era guerrera, iba al frente por sus hijos y los hijos de todas nosotras”.