Nota
Lecciones de Derecho: de pueblos indígenas a la Corte Suprema
(Darío Aranda para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas) Los pueblos originarios y su rechazo a la minería de litio llegaron al máximo tribunal. En una audiencia extraña, por momentos tensa y enredada, las comunidades exigieron que se cumpla la ley. El gobierno provincial aseguró que no hay exploración de litio en la zona en conflicto. Las preguntas del máxima tribunal dejan en claro hasta qué punto el derecho de los pueblos originarios es todavía desconocido por la justicia.
Litio y derechos
Ante una Corte Suprema de Justicia diezmada, sólo cuatro de los siete jueces, la minería de litio llegó al máximo tribunal y dejó más preguntas que respuestas. A pesar de fotos y pruebas de perforaciones, el gobierno jujeño aseguró que no existe exploración minera en la zona denunciada (Salinas Grandes). Los jueces preguntaron, una y otra vez, qué implicaba la “participación indígena” (vigente y explicitada en la Constitución Nacional y tratados internacionales) e incluso dudaron de estar frente a un caso de su competencia (a pesar de que, contradicción mediante, celebraron la audiencia para tratar la causa). Las comunidades originarias señalaron como un paso adelante haber llegado hasta la Corte Suprema, solicitaron que se cumpla la legislación vigente y exigieron que se respete su derecho a decidir como pueblos indígenas.
El litio es un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz. En las Salinas Grandes-Laguna Guayatayoc, puna de Jujuy y Salta, donde viven comunidades kolla y atacama, los gobiernos provinciales identificaron la presencia de litio y dieron la bienvenida a empresas mineras.
Agua, Estado y empresas
Los pueblos originarios cuestionan que gobiernos y empresas violan leyes que obligan a informar previamente cualquier actividad que pudiera afectar sus territorio y alertan sobre el enorme consumo de agua de la minería, en una zona semidesértica como la Puna.
En noviembre de 2010, 33 comunidades indígenas recurrieron mediante un amparo a la Corte Suprema. Ayer, dieciséis meses después, se celebró la audiencia en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
“Por el litio entraron empresas mineras, hicieron exploraciones, pozos, hubo derrames de agua dulce, manchas en el salar, hicieron terraplenes. Y todo ha sucedido sin que pudiéramos opinar. Los gobiernos nunca nos ha consultado”, denunció Liborio Flores, del Pueblo Atacama, e hizo un recorrido histórico de la presencia indígena en las salinas (desde antes de la llegada española), las luchas de los pueblos andinos (Batalla de Quera, en 1875, y Malón de la Paz, durante el primer gobierno de Juan Perón) hasta la actualidad.
“Con la reforma de la Constitución de 1994, cuando el Estado reconoció a los pueblos indígenas, nos dieron una esperanza de recuperar nuestros territorios, el salar y poder trabajar. Sin embargo, la instrumentación de ese entramado constitucional se ha hecho demasiado largo en las provincias, no tenemos el reconocimiento de los territorios”, cuestionó.
Recordó que hace dos años las empresas llegaron hasta la comunidad y hablaron con pocas familias. Ofrecieron trabajo y mejoras a esas familias. “Eso ha hecho que nuestra en comunidad se produzcan divisiones”, lamentó y recordó que nunca se cumplió la consulta libre, previa e informada que establece la ley nacional e internacional.
“Queremos preservar integridad cultural de nuestros pueblos, pero para eso necesitamos preservar la integridad de nuestros territorios. Queremos cuidar el medio ambiente, que es la vida de nuestros pueblos”, afirmó mientras miraba a los jueces y, en el máximo tribunal del país, hizo un llamado básico: “Pedimos el cumplimiento de los derechos indígenas”.
Cerró su alocución y, de inmediato, sobrevinieron los aplausos de la sala.
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, advirtió que no se trataba de una “tribuna”, y pidió que no haya aplausos al final de las exposiciones.
Tierra y consultas
La abogada de las 33 comunidades indígenas, Alicia Chalabe, explicó el rol central que las salinas tienen en la cultura de los pueblos andinos, “es el elemento central de su identidad, se referencian con las salinas”. Confesó que para las culturas no indígenas es difícil entenderlo, pero llamó a intentar comprender que el ambiente tiene una dimensión “casi humana” para las comunidades.
Cuando abordaba el aspecto cultural-indígena, a dos minutos de comenzar a hablar, Lorenzetti cortó la exposición. Y comenzó un proceso de pregunta-respuesta (donde intervinieron también los jueces Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) que abortó la exposición planificada por la abogada de las comunidades.
“Se pide derecho a participar. ¿En qué los beneficiaría?”, preguntó el Presidente de la Corte.
Chalabe: “Lo que se pide es que se cumpla el derecho a la consulta establecida en normas internaciones de derechos humanos y en el Convenio 169 de la OIT. Las comunidades no han sido consultadas”.
Maqueda preguntó, respecto al derecho a consulta referido a los recursos naturales, en qué debiera consistir la intervención de las comunidades previo a los permisos de exploración.
La respuesta es el ABC del derecho indígena.
- La abogada de las comunidades explicó que el Estado “y no las empresas mineras” debe cumplir la obligación de consultar, pero no de cualquier manera. “Con un procedimiento muy detallado”, advirtió y marcó como jurisprudencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enumeró lo debe hacer el Estado.
- Se consulta a los representantes que los pueblos deciden que los representen.
- Debe haber una adecuación cultural con una evaluación de impacto social y ambiental de acuerdo a las pautas de los pueblos indígenas.
- Se debe evitar la desigualdad entre las partes. “No puede haber 15 representantes del Estado y de las universidades, y un sólo delegado indígena, como prevé el gobierno de Jujuy”, graficó.
Aún no había finalizado la descripción del proceso de consulta en base al derecho indígena, y Maqueda volvió a preguntar: “¿El Estado ha realizado esas consultas?”
Chalabe fue tajante: “No. Y hay un mapa de la empresa Orocobre (que pretende extraer litio), del 11 de marzo este año, que muestra 47 perforaciones en Salta Y jujuy…”.
Volvió a cortarla Maqueda: “¿Cuáles serían los recursos naturales que esas exploraciones autorizadas por la Provincia afectarían?
“La sal. Y el agua”. Resumió la abogada. Recordó que un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó respecto al uso de agua en minería y explicó la fragilidad del sistema de salinas, con aguas superficiales y subterráneas, dulces y saladas. “La posibilidad que se mezclen aguas dulces y saladas significa la pérdida del salar, que será la pérdida de esta cultura andina de siglos”.
Interrupciones
Las constantes preguntas de los jueces, una suerte de ping-pong supremo, había hecho mutar el clima de la audiencia. Nadie había imaginado (al menos los vinculados a los pueblos indígenas) que esa sería la metodología del tribunal.
Este redactor asistió a otras tres audiencias de la Corte Suprema respecto a la realidad indígena (por la desnutrición en Chaco, los desmontes en Salta y, el 8 de marzo último, por el Pueblo Qom de Formosa) y siempre los jueces permitieron exponer sin interrupciones. Las preguntas siempre fueron al final de cada exposición.
La ausencia del juez Eugenio Raúl Zaffaroni, el más cercano a la realidad indígena, también fue un factor negativo para las comunidades.
Enredos
Los momentos más tensos fueron cuando comenzó a preguntar la jueza Highton de Nolasco. En poco menos de 15 minutos, intervino en 24 oportunidades para preguntar y/o repreguntar. La crónica sería, de citarse textual, de insoportable lectura.
Algunos tramos de Elena Highton de Nolasco (EHN) y la abogada Alicia Chalabe (AC):
EHN: La provincia de Jujuy dice que no se ha dado permiso para litio. ¿Es así?
AC: Ojalá pudiera contestarle con certeza de documento escrito. La Provincia no nos ha contestado. En las páginas web de las empresas mineras sí aparece (la exploración).
EHN: ¿Pero lo ven en territorio? ¿Hay gente intentando explotar o es algo puramente preventivo la demanda?
AC: En la comunidad Santa Ana hubo una perforación. En la zona cercana a Cangregillos se está explorando.
EHN: ¿Qué han peticionado al Gobierno?
AC: Se ha pedido en agosto de 2010 que se cumpla el derecho a la consulta.
EHN: Lo entiendo como algo genérico el derecho a consulta, pero en concreto del litio y el borato, piden consulta pero sobre todo participación. ¿En qué consistiría? ¿En si se explota o no? Aparentemente no habría oposiciones a la explotación sino que se quiere una explotación limpia. ¿O es también tener trabajo para la comunidad? Para entender en concreto.
AC: No se está solicitando el ejercicio de un derecho ambiental, sino el ejercicio de un derecho indígena, establecido y desarrollado por la Corte…
EHN: Sí, pero concreteme un poco. Actos concretos que se esperan de la Provincia o de esta Corte, de la sentencia. Porque es una forma muy general el derecho a la participación, ¿pero en concreto?
AC: En concreto es un proceso de consulta que cumpla con los estándares internaciones de derechos humanos. Proceso que no lo lleven adelante las empresas mineras, sino el Estado, con pautas claras.
EHN: ¿Hay alguna exploración o es algo preventivo, un temor?
AC: Existen los permisos de exploración en las informaciones de las empresas mineras. Tienen declaraciones de impacto ambiental, es información de las empresas, no del Gobierno.
EHN: Digamos que por ahora nadie ha pedido nada al Gobierno o no sabemos. Esta demanda contra el Gobierno es en realidad por las páginas web de las empresas.
AC: Y por las actividades (de las empresas) en la zona des salinas (… ) Todo está en la documentación (del expediente).
EHN: Lo he leído completo, pero me queda volando qué es lo concreto que pretenden frente a una exploración. ¿Qué el Gobierno los consulte o que el Gobierno los consulte en general antes de empezar nada? No tengo claro.
AC: El pedido es que se cumpla el proceso de consulta. Y que se haga antes de iniciar…
EHN: Para la Corte tiene que haber un caso, un conflicto concreto. Esto ni siquiera es una demanda meramente declarativa, que es lo mismo que surge del expediente, que está todo muy en general, como hipotético, pero no veo un caso, un conflicto concreto… usted es abogada…
AC: Por eso se ha pedido la información a la Corte. La información no ha sido cedida a la comunidad.
Dudas clave
El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, resumió. “Está claro que piden el derecho a consulta y participación”. Y preguntó: “¿Quieren que el Gobierno les pida una opinión? ¿Autorización para entrar a explorar? ¿Participación qué significa? ¿Debe ser el Estado? ¿El Estado debe pedir permiso? ¿Y si no se da permiso no se puede realizar? ¿Los pueblos originarios tendrían ese derecho? ¿O consulta y participación es un debate donde después decidiría el Estado?”
La abogada de la comunidad, Alicia Chalabe, explicó que la participación se debe dar antes, durante y después de la exploración, en todo momento que se decida sobre los recursos naturales en territorios indígenas. Y remarcó que la jurisprudencia internacional, a que Argentina adhirió, prevé como “salvaguarda especial el consentimiento. No se trata de una participación informativa o de un solo proceso de conversación con las comunidad”.
Lorenzetti redondeó la idea (sujeta a derecho indígena). “En concreto, usted plantea que para explotar debe haber consentimiento de las comunidades indígenas. Y si no lo hay no se puede explotar, como si fuera propiedad originaria”.
Chalabe cerró: “Sí”.
Gobierno
En representación del gobierno jujeño expuso el fiscal de Estado, Alberto Matuk, que enfrentó las mismas preguntas, repreguntas e interrupciones que la abogada de las comunidades indígenas.
Explicó que en la zona hay seis explotaciones de boro, pero que una sola afecta a una comunidad y que ésta dio su visto bueno “y participó en todas las etapas” de exploración, instalación y explotación.
“No existe ni exploración ni explotación de litio en la zona de Laguna Guayatayoc-Salinas Grandes. Existen pedimentos, varios, diversos, pero sin ninguna clase de trámite”, señaló sin inmutarse –por la contradicción– el Fiscal de Estado. Es una misma oración reconoció pedidos de exploración, pero no trámites. Los jueces, incisivos en toda la audiencia, no repreguntaron.
Cerró la audiencia la joven kolla Modesta Rosana Calpanchay, de la comunidad Puesto Rey. Respaldó las afirmaciones del gobierno provincial y dio la bienvenida a la minería en la región. “El Gobierno nos entregó título y nos consultó siempre (…) No sólo queremos fuentes de trabajo, queremos ser proveedores de servicios locales, queremos educación, capacitación. Si tenemos abogados y geólogos podremos controlar mejor”.
La comunidad de Calpanchay, reconocida en la zona por su cercanía al gobierno provincial, está ubicada a 90 kilómetros de la zona de conflicto, en Susques, región que no está incluida en la amparo ante la Corte Suprema y, por lo cual, no se entendió su participación en la audiencia.
Epílogo indígena
Los delegados de las 33 comunidades regresaron anoche a la Puna. Antes de partir, Liborio Flores, 49 años, padre de siete hijos, del Pueblo Atacama, hizo su balance, a título individual (avisó que la próxima semana habrá asamblea y allí surgirá una lectura colectiva). “La audiencia fue una oportunidad, es la primera vez que la Corte recibe a los pueblos andinos, planteamos nuestra realidad y pudimos recordar las luchas de nuestros abuelos. Llegar a la Corte Suprema es parte de esa misma lucha”, explicó.
Consultado sobre el gobierno provincial, Flores sonrió. “Conocemos sus dobles discursos. Se muestran como corderitos y en el territorio ya le conocemos bien el cuero. Dicen que no hay exploración, pero todos sabemos que sí hay, incluso se le escapó al decir que hay ‘pedidos’”, alertó.
Y, sin nombrarlos, Flores recordó a los jueces supremos. “Parecía que querían que dijéramos otra cosa. Nosotros no estábamos pidiendo plata ni trabajo, no pasa por ahí nuestra vida. Nosotros queremos que nos dejen decidir nuestro futuro”.
Nota
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.
Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Hay muchos jóvenes.
Muchos docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.
Hay una Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que llega y gente que se va.
Gente que estuvo todo el tiempo.
Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.
Está el movimiento disca, también siempre presente.
Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.
Hay carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.
Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.
Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”
Es la cuarta.
Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.
Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.
Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.


Algunos datos de contexto:
- Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
- El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
- La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
- Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
- Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.

Docentes Uber
Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.
Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.
Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.
Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.
Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.
Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.


Plata para la deuda
Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.
Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.
En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.



El contagio
Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.
Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:
- “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
- “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.
Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:
“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.
Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.
Y sonríe.
Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.
Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.
Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.
¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.
Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.
Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán
- junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
- Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
- De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
- De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:
“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.
La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:
“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.



La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.
Que la cosa sigue.
En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.
Sigue cada miércoles en el Congreso.
Y todas las veces que hagan falta.
Porque hay muchos jóvenes.
Docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.
Hubo otra Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.
Hay más carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.












Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo

MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.

El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI

El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI

A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
POR FRANCISCO PANDOLFI

Agroecología en el principio del mundo: El modelo Panchito
Cultiva alimentos y medicinas en medio de temperaturas extremas, sin venenos y con semillas propias: “Una semilla viva significa una familia sana”, dice el productor agroecológico Francisco Pancho Barria. Cosechas asombrosas, zanahorias de 3 kilos, nabos de 12, acelgas de metro y medio de alto. Cómo volver posible lo inimaginable con ideas simples, ancestrales, trabajo a conciencia y sentimiento. La política para la foto, el lugar de los niños, la idea de agacharse, y los números que muestran que la vida sana es, además, rentable.
FRANCISCO PANDOLFI

La guerra invisible: la Antártida en la mira
Juan Rattenbach recoje el guante de su abuelo, autor del Informe Rattenbach que denunció a las jerarquías militares por los errores y delitos cometidos en Malvinas. El significado hoy, con Gran Bretaña ocupando el 25% de la superficie argentina. La Antártida y el Atlántico Sur en la geopolítica actual. El rol de Estados Unidos y China. El ataque a la industrialización fueguina. Dos cuestiones: ¿Cuál es nuestro centro geográfico? ¿Y cuándo nació el pueblo?
SERGIO CIANCAGLINI

Efecto Trump: Valeria Carbone y su mirada sobre EE.UU.
Es doctora y docente de la Cátedra de Historia de los Estados Unidos en la UBA y en la UNLP. Integra grupos de trabajo sobre EE.UU. en CLACSO y universidades en Alemania y México, además de coordinar programas de intercambio internacional. Y acaba de dictar un curso sobre el tema en MU. En esta entrevista explica las movidas de Trump intentando sostener un imperio en crisis en medio de una conflictividad que él mismo provoca o acompaña: Irán, China, Israel, petróleo, Ormuz, Venezuela, OTAN, Malvinas, Antártida. Y hasta el caso de Jeffrey Epstein.
POR LUCAS PEDULLA

Decolonizar el presente: Walter Mignolo y el pensamiento decolonial
En medio de conflictos geopolíticos, disputas culturales y crisis del modelo occidental, el pensamiento decolonial nos recuerda una serie de preguntas fundamentales. Aquí, una conversación breve y magistral sobre la esfera pública, la organización social y las formas de acción colectiva vistas desde una perspectiva para ampliar, o retomar, los horizontes propios.
POR CLAUDIA ACUÑA

Tierras raras: Florencia Levy, artista, y su trabajo sobre el litio
Trabaja con instalaciones visuales y materiales que representan y denuncian las distintas formas del extractivismo. Su trabajo sobre el litio es impactante, pero también investigó sobre el fracking en Vaca Muerta, el basurero del mundo en China y la relación entre el cáncer y el agronegocio en Entre Ríos, motivada por su padre oncólogo. Cómo hablar de temas que casi nadie conoce desde un video o una sala de exposiciones, y hacer algo para transformar miradas, sentimientos e ideas.
POR MARÍA DEL CARMEN VARELA
Patagonia rebelde
Crónicas del más acá por Carlos Melone.

Astrolo-guías: Elisa Carricajo y su nuevo libro sobre Tarot
Dramaturga, actriz y directora, plantea al Tarot como un objeto “popero” e invita a jugar y llenar de sentido ese lenguaje. Un modo de recuperar la espiritualidad capturada por el mercado, para sentir, entender y actuar en tiempos espantosos. Lo individual y lo comunitario. Los fantasmas y cómo imaginar un mundo mejor. Un libro que es un oasis y una invitación a re-pensar el arte y lo político, tirando las cartas.
POR FRANCO CIANCAGLINI

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NotaHace 6 díasCrece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

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