Nota
El reclamo indígena llega cada vez más alto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio lugar, el pasado 23 de marzo, a la audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina solicitada por comunidades y organizaciones de derechos humanos. Los representantes del Estado argentino se limitaron a “tomar nota” de las preguntas de la Corte y las denuncias que dieron a conocer distintas autoridades indígenas sobre el incumplimiento de sus derechos. Estuvieron presentes la Confederación Mapuche, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y el pueblo Qom del noroeste. Qué preguntas quedaron sin respuestas, cuál es el balance que hacen las comunidades y cómo repercutió en la audiencia que este jueves tuvieron 33 comunidades de Jujuy y Salta en la Corte Suprema criolla.
Preguntas pendientes
Con el propósito de generar “un espacio de diálogo con el Estado argentino”, la audiencia significaba una instancia informativa y de denuncia a la Corte Interamericana, que escucha a las partes, pregunta, y puede emitir recomendaciones. Sin embargo, la ceremonia del 23 se trató de dos monólogos paralelos que dejaron resultados inciertos.
Las siguientes son las preguntas de la Corte que el Estado dejó sin respuesta:
- ¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
- ¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
- ¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
- ¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
- ¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
- ¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
- ¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
Dos relatos
La propia solicitud que habían emitido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) en pedido de la audiencia enumeraba los puntos que ampliarían las autoridades indígenas ante los miembros de la Corte: la actualidad del derecho indígena, los últimos sucesos de represión y criminalización, las diferencias entre la legislación nacional y las normativas y recomendaciones internacionales. La primera en hablar fue Silvina Ziberman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien primero denunció el incumplimiento de la Ley 26160 que llama a un relevamiento territorial y la delimitación de los territorios de las comunidades -de 23 provincias, siete de los convenios por relevamientos están vencidos y tres provincias se negaron a hacerlo-.
El reclamo por la propiedad de las tierras empieza así un paso atrás: “Muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”, planteó Ziberman. Y sentenció: “Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”. Recordó los 300 mapuches de Neuquén y Río negro imputados por defender el territorio. Llamó la atención sobre la ausencia en la audiencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Todavía quedaban más de diez minutos de los veinte que dieron para exponer a los solicitantes. El siguiente orador fue Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom La Primavera, una de las más afectadas últimamente por decisiones estatales: el propio gobernador formoseño Gildo Insfrán se puso al frente del tironeo de tierras, una violenta represión terminó con dos muertos de la comunidad y hasta hoy los únicos imputados en la causa son los indígenas. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, expresó Félix.
La última en tomar la palabra fue Verónica Huilipan, vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del Observatorio de Derechos Humanos, que comenzó hablando en mapuche. Acusó al Estado de encuadrar la realidad de las comunidades indígenas como situación de “pobreza” y no de “derechos”, y en ese sentido acusó al INAI de “dejar desprotegidas a las comunidades”. Por último, llamó a conformar una mesa de diálogo político que permita superar estas situaciones, explicando que el movimiento indígena, además de las denuncias, tiene “propuestas concretas de políticas públicas”.
Los veinte minutos de exposición para el Estado argentino, representado por Javier Salgado, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, y Andrea Gualde, de la secretaría de Derechos Humanos de La Nación, comenzaron con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Las breves palabras de Salgado estuvieron centradas en los logros jurídicos y en materia de derechos que diferencia la etapa 2003-2011 a la anterior década de políticas neoliberales. Gualde detalló sobre estas “acciones positivas” que llevaba escrita en un paquete de hojas A4:
- “El actual gobierno sancionó leyes fundamentales para los pueblos indígenas: la Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe” y la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual).
- Impulsó “la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”
- “El INAI realizó un esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado 26 proyectos que benefician a 429 comunidades.
- “Incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”.
La funcionaria cerró remarcando la importancia en “relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”, lo contrario a lo que habían expuesto los tres oradores solicitantes de la audiencia: vacíos jurídicos, arbitrariedad política, represión, criminalización y muertes.
Tras las exposiciones, entonces surgieron las siete preguntas sin respuesta, básicamente condensadas en una: ¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven?
Los organismos de derechos humanos tomaron ahora la palabra. Huilipan volvió a la carga: “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Y Zimerman fue más directa en la respuesta: reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes, pero que no las cumple. Para el CELS, las políticas públicas se dan “para modificar algo, pero no cambiar nada”.
Una mirada
Juan Manuel Salgado es especialista en materia de derecho indígena y miembro del Observatoriode Derechos humanos de Pueblos Indígneas, uno de los organismos solicitantes de la audiencia. En diálogo con lavaca, hizo un balance la reunión en Washington:“Quedó demostrado que el estado argentino no tiene interés en tratar el tema. Nuestra idea era que surgiera alguna instancia del estado que tomara en serio la cuestión. Porque el organismo que está establecido para eso (el INAI) es completamente inoperante y está dedicado a la poliquitería interna, a mantenerse bien con los gobiernos provinciales. Pensamos que se podía generar otra instancia pero realmente la postura del gobierno fue un papelón: los miembros de la Comisión hacen preguntas y el estado no contesta”.
La contestación de los funcionarios de girar los reclamos “a las autoridades competentes” fue tomado como una desestimación de lo que había pasado en la audiencia. “Ele estado dijo que iba a contestar pero el problema es que si va a hacerlo fuera de la audiencia no tiene sentido. La idea era justamente verlo ahí”, explica Salgado. Por otro lado, Salgado intenta explicar la participación del estado a través de la delegación que hacen de estos temas a los gobiernos provinciales: “En realidad lo q sucede es que el estado nacional no tiene una responsabilidad directa porque suceden en territorios provinciales. Lo que hace ele estado es dejar hacer a los gobiernos provinciales que en materia son prácticamente colonizadores pero en general tienen la actitud de l saqueo de mantener desde la campaña del desierto de apropiarse de los recursos indígenas”.
En ese sentido, responsabilizó al gobierno nacional de no acatar las recomendaciones internacionales de distintos organismos sobre los derechos de los pueblos indígenas: “Las provincias no están sujetas a cortes internacionales, el que debe responder es el estado argentino. No sólo ante la Comisión Intermericana sino también ante los comités de los tratados de Naciones Unidas (Comité de la Discriminación Racial, Comité de Derechos Humanos). Cuando Argentina ha ratificado tratados de los Derechos Humanos no es solamente una declaración de derechos, eso viene con órganos internacionales que tienen derecho a revisar las situaciones y recomendar. Hay un cúmulo de organismos que han alertado a la Argentina sobre la gravísima situación de incumplimiento de derechos, y esta es un paso más”.
Salgado entonces encuentra el lado positivo: la audiencia que dejó sin palabras a los funcionarios argentinos. Sus conclusiones:
- “Este tipo de audiencias a lo que apunta y fue logrado es a transparentar esta situación. Si la CIDH decide que va a haber una audiencia temática sobre este tema es porque reconoce que hay una cuestión pendiente, que no es un problema menor, una cuestión individual…”
- “Todos estas recomendaciones que ha hecho los distintos organismos tendrán algún efecto, mañana puede aparecer como fundamento de decisiones judiciales”.
- “Hoy mismo (28 de marzo) en la audiencia que 33 comunidades de Salta y Jujuy tuvieron en la Corte Suprema para reclamar sus derechos, al representante del Estado jujeño se le leyó el dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Quiere decir que esas cosas, a la larga se tienen en cuenta. Es cierto que por ahora de un modo difuso, porque no es una sentencia judicial, pero van creando una conciencia genérica en el mundo jurídico. Lo que está quedando claro a ese nivel es que acá se están cometiendo graves violaciones a los derechos indígenas”.
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MU 216: Qué, cómo y cuándo cambió todo
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