Nota
El reclamo indígena llega cada vez más alto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio lugar, el pasado 23 de marzo, a la audiencia sobre la situación de los pueblos indígenas en Argentina solicitada por comunidades y organizaciones de derechos humanos. Los representantes del Estado argentino se limitaron a “tomar nota” de las preguntas de la Corte y las denuncias que dieron a conocer distintas autoridades indígenas sobre el incumplimiento de sus derechos. Estuvieron presentes la Confederación Mapuche, la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y el pueblo Qom del noroeste. Qué preguntas quedaron sin respuestas, cuál es el balance que hacen las comunidades y cómo repercutió en la audiencia que este jueves tuvieron 33 comunidades de Jujuy y Salta en la Corte Suprema criolla.
Preguntas pendientes
Con el propósito de generar “un espacio de diálogo con el Estado argentino”, la audiencia significaba una instancia informativa y de denuncia a la Corte Interamericana, que escucha a las partes, pregunta, y puede emitir recomendaciones. Sin embargo, la ceremonia del 23 se trató de dos monólogos paralelos que dejaron resultados inciertos.
Las siguientes son las preguntas de la Corte que el Estado dejó sin respuesta:
- ¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
- ¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
- ¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
- ¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
- ¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
- ¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
- ¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
Dos relatos
La propia solicitud que habían emitido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abogados y Abogadas del Noroeste en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) en pedido de la audiencia enumeraba los puntos que ampliarían las autoridades indígenas ante los miembros de la Corte: la actualidad del derecho indígena, los últimos sucesos de represión y criminalización, las diferencias entre la legislación nacional y las normativas y recomendaciones internacionales. La primera en hablar fue Silvina Ziberman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien primero denunció el incumplimiento de la Ley 26160 que llama a un relevamiento territorial y la delimitación de los territorios de las comunidades -de 23 provincias, siete de los convenios por relevamientos están vencidos y tres provincias se negaron a hacerlo-.
El reclamo por la propiedad de las tierras empieza así un paso atrás: “Muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”, planteó Ziberman. Y sentenció: “Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”. Recordó los 300 mapuches de Neuquén y Río negro imputados por defender el territorio. Llamó la atención sobre la ausencia en la audiencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Todavía quedaban más de diez minutos de los veinte que dieron para exponer a los solicitantes. El siguiente orador fue Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom La Primavera, una de las más afectadas últimamente por decisiones estatales: el propio gobernador formoseño Gildo Insfrán se puso al frente del tironeo de tierras, una violenta represión terminó con dos muertos de la comunidad y hasta hoy los únicos imputados en la causa son los indígenas. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, expresó Félix.
La última en tomar la palabra fue Verónica Huilipan, vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del Observatorio de Derechos Humanos, que comenzó hablando en mapuche. Acusó al Estado de encuadrar la realidad de las comunidades indígenas como situación de “pobreza” y no de “derechos”, y en ese sentido acusó al INAI de “dejar desprotegidas a las comunidades”. Por último, llamó a conformar una mesa de diálogo político que permita superar estas situaciones, explicando que el movimiento indígena, además de las denuncias, tiene “propuestas concretas de políticas públicas”.
Los veinte minutos de exposición para el Estado argentino, representado por Javier Salgado, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, y Andrea Gualde, de la secretaría de Derechos Humanos de La Nación, comenzaron con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Las breves palabras de Salgado estuvieron centradas en los logros jurídicos y en materia de derechos que diferencia la etapa 2003-2011 a la anterior década de políticas neoliberales. Gualde detalló sobre estas “acciones positivas” que llevaba escrita en un paquete de hojas A4:
- “El actual gobierno sancionó leyes fundamentales para los pueblos indígenas: la Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe” y la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual).
- Impulsó “la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”
- “El INAI realizó un esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado 26 proyectos que benefician a 429 comunidades.
- “Incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”.
La funcionaria cerró remarcando la importancia en “relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”, lo contrario a lo que habían expuesto los tres oradores solicitantes de la audiencia: vacíos jurídicos, arbitrariedad política, represión, criminalización y muertes.
Tras las exposiciones, entonces surgieron las siete preguntas sin respuesta, básicamente condensadas en una: ¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven?
Los organismos de derechos humanos tomaron ahora la palabra. Huilipan volvió a la carga: “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Y Zimerman fue más directa en la respuesta: reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes, pero que no las cumple. Para el CELS, las políticas públicas se dan “para modificar algo, pero no cambiar nada”.
Una mirada
Juan Manuel Salgado es especialista en materia de derecho indígena y miembro del Observatoriode Derechos humanos de Pueblos Indígneas, uno de los organismos solicitantes de la audiencia. En diálogo con lavaca, hizo un balance la reunión en Washington:“Quedó demostrado que el estado argentino no tiene interés en tratar el tema. Nuestra idea era que surgiera alguna instancia del estado que tomara en serio la cuestión. Porque el organismo que está establecido para eso (el INAI) es completamente inoperante y está dedicado a la poliquitería interna, a mantenerse bien con los gobiernos provinciales. Pensamos que se podía generar otra instancia pero realmente la postura del gobierno fue un papelón: los miembros de la Comisión hacen preguntas y el estado no contesta”.
La contestación de los funcionarios de girar los reclamos “a las autoridades competentes” fue tomado como una desestimación de lo que había pasado en la audiencia. “Ele estado dijo que iba a contestar pero el problema es que si va a hacerlo fuera de la audiencia no tiene sentido. La idea era justamente verlo ahí”, explica Salgado. Por otro lado, Salgado intenta explicar la participación del estado a través de la delegación que hacen de estos temas a los gobiernos provinciales: “En realidad lo q sucede es que el estado nacional no tiene una responsabilidad directa porque suceden en territorios provinciales. Lo que hace ele estado es dejar hacer a los gobiernos provinciales que en materia son prácticamente colonizadores pero en general tienen la actitud de l saqueo de mantener desde la campaña del desierto de apropiarse de los recursos indígenas”.
En ese sentido, responsabilizó al gobierno nacional de no acatar las recomendaciones internacionales de distintos organismos sobre los derechos de los pueblos indígenas: “Las provincias no están sujetas a cortes internacionales, el que debe responder es el estado argentino. No sólo ante la Comisión Intermericana sino también ante los comités de los tratados de Naciones Unidas (Comité de la Discriminación Racial, Comité de Derechos Humanos). Cuando Argentina ha ratificado tratados de los Derechos Humanos no es solamente una declaración de derechos, eso viene con órganos internacionales que tienen derecho a revisar las situaciones y recomendar. Hay un cúmulo de organismos que han alertado a la Argentina sobre la gravísima situación de incumplimiento de derechos, y esta es un paso más”.
Salgado entonces encuentra el lado positivo: la audiencia que dejó sin palabras a los funcionarios argentinos. Sus conclusiones:
- “Este tipo de audiencias a lo que apunta y fue logrado es a transparentar esta situación. Si la CIDH decide que va a haber una audiencia temática sobre este tema es porque reconoce que hay una cuestión pendiente, que no es un problema menor, una cuestión individual…”
- “Todos estas recomendaciones que ha hecho los distintos organismos tendrán algún efecto, mañana puede aparecer como fundamento de decisiones judiciales”.
- “Hoy mismo (28 de marzo) en la audiencia que 33 comunidades de Salta y Jujuy tuvieron en la Corte Suprema para reclamar sus derechos, al representante del Estado jujeño se le leyó el dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Quiere decir que esas cosas, a la larga se tienen en cuenta. Es cierto que por ahora de un modo difuso, porque no es una sentencia judicial, pero van creando una conciencia genérica en el mundo jurídico. Lo que está quedando claro a ese nivel es que acá se están cometiendo graves violaciones a los derechos indígenas”.
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: Nanny Pelazzini/lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema?
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nanny Pelazzini/lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nanny Pelazzini/lavaca.org
Nota
MU 213: Movete
Son personas que se organizan y se movilizan para defender derechos de toda la
sociedad. Son quienes sufren palos, gases y humillaciones por estar de pie. Quienes
crean respuestas donde hay impotencia y nuevas palabras para definir el futuro.
Nuestro homenaje: reunirlas y escucharlas.
Mover el mundo: Cumbre de imprescindibles
Jubilados, discas, asambleístas ambientales, travas, familias víctimas de femicidios y el papá de Pablo Grillo: reunimos a quienes se movilizan y no abandonan la calle a pesar de los palazos y de la falta de respuestas. Quienes marcan una agenda por abajo que es a la vez un rumbo y un llamado a la acción, y también a la unidad. Frente a la dispersión, voces que hablan de un horizonte común, más acá de la política partidaria, para repensar la democracia y la forma en que resistimos.
Por Claudia Acuña
Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords
En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.
Por Evangelina Bucari
Comunicacción: Unión de Medios Autogestivos
Siete medios de todo el país nos reunimos para crear transversalidad, proyectos y compartir ideas sobre cómo hacer periodismo en tiempos mileístas y más acá: el cooperativismo, las comunidades, el territorio, la agenda propia. ¿Cómo crear valor, generar puestos de trabajo y sostenerse cuando todo se cae? Lo que representan estos diarios, revistas, agencias y periodistas todoterreno que resguardan lo mejor del oficio, por fuera de Tik Tok y los streamings de turno.
Por Lucas Pedulla
Ojos bien abiertos: Tadeo Bourbon, fotógrafo
Fue uno de los premiados por el World Press Photo por una imagen que podés ver en la página siguiente. La historia de Tadeo y de aquel día de marcha, represión, golpes y gas pimienta. De la moto, los casamientos y otros empleos, al contexto profesional y a la vez emocional que alimentó ese click al que llamó La Argentina de Milei.
Por Sergio Ciancaglini
Alerta verde: MU en Misiones
Desde que asumió Milei, el precio que se paga a productores y trabajadores está desregulado. Cómo impacta esto en una industria ya precarizada, y lo que genera: éxodo rural, desarraigo, pobreza. Crónica de una época desde un territorio olvidado y en lucha.
Por Francisco Pandolfi
Mondiablo: Juicios contra el Roundup de Monsanto/Bayer
Las pérdidas millonarias de Bayer por las demandas vinculadas al glifosato vuelven a poner en escena una historia que lleva décadas: evidencia científica, fraude corporativo, lobby político y daños sanitarios y ambientales a escala global. Mientras avanzan nuevos acuerdos judiciales y Trump sale al rescate de la compañía, el herbicida sigue presente en cuerpos, territorios y alimentos.
Por Anabel Pomar
Anti algoritmo: Cineclub Mabuse
Hace 25 años que Uriel Barros proyecta películas en Súper 8 en festivales, centros culturales, escuelas, bares y espacios under. Una defensa artesanal y colectiva del cine frente a las plataformas, los algoritmos y el consumo individual. Terror, ciencia ficción, muñecos malditos y películas que todavía necesitan ser vistas.
Por María del Carmen Varela
Monte Hermosa: Josefina Lamarre
Editó el álbum Yin Yang y también le cantó (en contra) al amor extractivista. De la tevé en piyamas a la comedia musical, la perfomance, el Hotel Faena y las coplas chismosas. Lo que surgió de una ducha y la convivencia entre lo tanático, lo erótico y lo vital.
Por María del Carmen Varela
Biblias.
Por Carlos Melone
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI
El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
POR FRANCISCO PANDOLFI
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POR CLAUDIA ACUÑA
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POR MARÍA DEL CARMEN VARELA
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