CABA
Efecto Tehuel. Radiografía de la violencia patriarcal
La desaparición del joven trans en San Vicente deja expuesto, una vez más, que la búsqueda de personas desaparecidas no es una prioridad para el Estado y que las herramientas que hoy existen no son suficientes ni efectivas. La clave para lograrlo: escuchar a las víctimas. Las respuestas de distintos organismos públicos a los pedidos de información concreta: las evasivas, las subejecuciones presupuestarias, los anuncios para la foto. Qué significa que el Estado sea responsable de femicidios y travesticidios, infancias huérfanas y personas desaparecidas. Y lo que se sigue logrando con la presión social, en busca de un nuevo Nunca Más. Por Claudia Acuña.

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En el país de los treinta mil, encontrar a personas desaparecidas es una tarea que el Estado debería considerar una obligación central. Nos debe eso. A la sociedad, a la Historia y al futuro. Esa deuda es la que pone hoy en evidencia Tehuel de la Torre, el joven trans de 21 años que el 21 de marzo de este año fue a buscar trabajo y nunca regresó.
En el país de Julio López, Iván Torres y Miguel Bru, por nombrar solo a tres de los 218 desaparecidos en democracia, debería existir un sistema eficiente y urgente que aborde estos casos con protocolos, acciones y campañas de búsqueda que perduren todo el tiempo necesario hasta encontrarlos. Esa orfandad es la que nos recuerda hoy Tehuel.
En el país de María Cash y Marita Verón, por nombrar solo a dos de las 461 mujeres y trans que tenemos registradas en nuestro padrón de desaparecidas, debería ser prioritario, además, implementar un acompañamiento permanente a las familias que sufren estas ausencias y deben enfrentar en soledad al sistema de impunidad policial y judicial que forma parte de la trama que permite que estas desapariciones sucedan. Escucharlas, además, permitiría aprender qué falta y detectar por qué sucede. Esa impiedad estatal es la que nos señala hoy Tehuel.
Tehuel nos apunta algo más: desde hace diez años existe en nuestro país el Sistema Federal de Personas Desaparecidas (SIFEBU) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. En diciembre de 2020 dirigimos a ese organismo un pedido de acceso a la información pública, ante la imposibilidad de encontrar un registro público y confiable de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans desaparecidas, clasificado por provincia, lo cual permitiría, entre otras cosas, visualizar las zonas y poblaciones más vulnerables: un mapa sobre el cual volcar prioritariamente recursos y concentrar acciones y campañas de prevención.
La respuesta fue firmada por la coordinadora María Leticia Risco. Comienza admitiendo: “Si bien actualmente no contamos con el corte de información solicitado, nos encontramos desarrollando una base de datos que permita contar con los mismos y otros que permitan entender con profundidad el fenómeno de desaparición de personas en nuestro país. La mencionada base se desarrollará con la asistencia –para lo cual se firmó recientemente un convenio específico- con el Equipo Argentino de Antropología Forense”.
Un año después esa base de datos sigue sin aparecer.
Aporta, luego, los siguientes datos:
“Desde la creación del SIFEBU hasta el 30 de noviembre de 2020 se registró un total de 45.380 casos de personas desaparecidas y/o extraviadas en la República Argentina, de los cuales se encuentran vigentes a la fecha 22.909 casos, habiéndose encontrado 22.471 personas”.
Esto significa que el Poder Judicial y el SIFEBU deberían estar abocadas a la búsqueda del 50.48% de las personas que figuran en sus registros desde el mes de octubre de 2016 hasta octubre de 2020.
Advierte, sin embargo, que el sistema es deficiente por “la falta o demora en la comunicación del sin efecto de las búsquedas por parte de las autoridades intervinientes. Esto redunda no solamente en un mayor y ficticio número de casos vigentes, sino también en un uso poco eficiente de los recursos estatales”.
“En cuanto a la diferenciación por género, advertimos que el 55% de las registraciones corresponden a mujeres, siendo el 45% varones”. El sistema no registra personas travestis, trans y no binarias.
Tres meses después desaparecía Tehuel.
La dimensión de lo que significa su ausencia tiene el valor de la recompensa que ofrece el Ministerio de Seguridad para incentivar el aporte de información que ayude a encontrar su paradero: 4 millones de pesos. Una cifra que en los márgenes de ese San Vicente castigado por la desigualdad, el empobrecimiento que lo azota sin fuentes de trabajo desde hace décadas y el latigazo final que le propinó la pandemia tiene proporciones millonarias. Sin embargo no es suficiente: el miedo es más caro.

Promesas vs realidad
En 2009 y por ley el Estado argentino se comprometió a elaborar un plan nacional contra la violencia hacia las mujeres. Lo hizo recién siete años después cuando el entonces presidente Mauricio Macri, acompañado por la entonces directora del Instituto de la Mujer, Fabiana Tuñez -hoy de regreso a su oenegé Casa del Encuentro-, anunciaron un programa que contenía 69 medidas y 132 acciones. La inversión, aseguraron, era de 750 millones de pesos (49,4 millones de dólares) que a lo largo de tres años regarían “medidas de fortalecimiento institucional y campañas de concientización y educativas”. Garantizaba, también “la entrega de microcréditos para fomentar la autonomía económica de las mujeres y la construcción de 36 hogares de protección.
Nada de esto se hizo.
De los 750 millones de presupuesto anunciado 600 millones estaban destinados a la construcción de 36 refugios, lo cual implicaba el 80% de los fondos. Al finalizar la Gestión Macri solo se habían terminado nueve -en Bolívar, Partido de la Costa, Florencio Varela, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Salta-, ocho de los cuales se habían comenzado a construir durante la anterior gestión del Estado.
La ley de 2009 también obliga al Estado a garantizar el acceso a un programa de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia. Recién comenzó a implementarlo una década después -2019-, solo en 11 provincias – NOA y el NEA, Neuquén y la ciudad de La Plata- y con apenas 24 abogadas.
Durante la actual gestión del presidente Alberto Fernández el Plan Nacional fue anunciado otras dos veces: la primera fue en julio de 2020 y la última en junio de este año.
Aquella primera vez, el Plan enunciaba 144 acciones que involucraban a 46 organismos nacionales que suscribirían “más de 100 compromisos de responsabilidad para concretar las acciones anunciadas”. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta definió a aquel programa como “profundamente federal”. Anunció también que se iban a conformar “80 equipos interdisciplinarios” con profesionales del Derecho, la psicología y el trabajo social para asistir a las víctimas”. Garantizaba, además, que aquel programa incluía “acceso a la vivienda, a empleo, a formación laboral y a apoyos económicos a personas en situación de violencia de género”.
Nada de esto se hizo.
Según relata en su introducción el presupuesto para el año 2022 que el ministro de Economía Martín Guzmán ha enviado en estos días al Congreso Nacional para su aprobación, la población destinataria de aquel Plan tuvo que soportar sin esta ayuda el azote de la pandemia, con las siguientes consecuencias:
“Durante la pandemia las mujeres perdieron más de 1.230.000 puestos de trabajo, de los cuales al menos la cuarta parte no se ha recuperado hasta el momento. De este modo, se profundizó la brecha entre mujeres y varones en la actividad laboral y el empleo formal. Estas disparidades se profundizan en la población joven, que ya se encontraba, con anterioridad a la irrupción de la pandemia, más afectada”.
“Según INDEC, la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2021 fue de 12,3% para las mujeres y de 8,5% para los varones”.
En junio de este año el Estado nacional anunció por tercera vez un plan nacional en el que asegura que invertirá 18 mil millones de pesos en los próximos dos años. Incluye programas de diferentes ministerios, aunque según comprobó el medio Chequeado “no especifica cómo se gastará”.
En los hechos, la ejecución presupuestaria destinada a la contención y prevención de las violencias es una de las grandes deudas de la gestión de la ministra Gómez Alcorta, en particular, y de la Gestión Fernández en general. Según informa en su sitio web la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, al 1 de diciembre de todos los recursos destinados a programas para contener y prevenir violencias -cuya responsabilidad depende de varios organismos del Estado Nacional- solo se había ejecutado el 53,9%, el más bajo de todos los rubros clasificados “de género”.
En tanto, los recursos destinado a programas enfocados en la “sensibilización, visibilidad y capacitación” sobre violencias solo se habían ejecutado en un 60,2%.
En cuanto al ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en particular, a principios de diciembre era la tercera cartera del ranking de sub ejecución presupuestaria: 53%. La mayoría de los ministerios tienen un porcentaje de ejecución de entre el 70 y el 80%.
“A lo largo del año, la Jefatura de Gabinete habilitó tres ampliaciones presupuestarias, concentradas en los últimos meses del año: una en septiembre, otra en octubre y la última en noviembre, autorizada a través del Decreto 809/2021 el 25 de noviembre”, detalla en unta publicada por eldiario.ar la periodista Agustina Said. La mayor parte de estos recursos están destinados al programa Acompañar. Said preguntó: ¿Por qué el programa ACOMPAÑAR necesitó tres partidas extra? La respuesta: “Las unidades de acompañamiento se van firmando a nivel municipal, y el proceso de adhesión de las jurisdicciones al programa tardó un poco, pero en el último tiempo se vio potenciado por operativos territoriales”, asegura Larisa Roson, subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio. “Cuando comenzó el programa, hace un año, teníamos a 17 mujeres registradas. Hoy hay inscriptas 96.725”. Para el año 2022, prevén llegar a 144.000.
Las consecuencias de esta lenta ejecución presupuestaria se pagan en cash: el presupuesto 2022 destina 10.686 millones a ese Ministerio, “en términos nominales un 40% menos que el de este año”, analiza Said. “El Presupuesto 2022 se define en julio. En función de lo que veníamos ejecutando en ese momento, la Oficina Nacional de Presupuesto decidió el nivel de fondos, porque a mitad de año habíamos ejecutado poco. No teníamos argumentos reales para pedir más”, aseguran desde el Ministerio.
El resultado es el previsible:
296 femicidios y travesticidios
247 infancias huérfanas
413 tentativas de femicidios
228 desaparecidas
Y nos falta Tehuel.
Derechos Humanos
A 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
Este martes 9 de diciembre se cumplen 40 años de la lectura de la sentencia del Juicio a las Juntas Militares. Habrá un acto en la Corte Suprema de homenaje a los jueces Carlos Arslanián, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz (fallecieron los otros dos integrantes de aquella Cámara Federal: Andrés D’Alessio y Jorge Torlasco).
Testigo privilegiado de muchas de las audiencias por su cobertura para el diario La Razón, Sergio Ciancaglini, actual periodista de MU y coautor del libro Nada más que la verdad (junto a Martín Granovsky) repasa escenas, revelaciones y el contexto de una experiencia inédita en el mundo en la que por primera vez se juzgó un crimen masivo cometido desde el Estado por una dictadura.
Los testigos, los alegatos, las sorpresas, la ubicación de la locura y de la cordura. Los gestos de Videla, Massera y Viola. Los testimonios de las mujeres sobre los ataques y violaciones que sufrieron. El antisemitismo militar. El peso desde el cual los médicos calculaban que era factible torturar. El sitio de lo impensable, y la proyección de aquella historia pensando en los derechos humanos del presente.
Por Sergio Ciancaglini

Actualidad
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar


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