En Brasil se han formado doce Comités Populares en cada una de las ciudades que albergarán el Mundial para resistir desalojos y denunciar los alcances de un negocio que Raúl Zibechi desnuda en esta investigación.

Aunque parezca difícil de creer, el fútbol es cosa de elites: tanto por los que lucran con el deporte como por los que pueden acceder a los estadios. Los mundiales están acelerando ese proceso al convertir los estadios en grandes plataformas para los negocios negando el acceso a las mayorías. Medio siglo de historia del mítico Maracaná son la prueba más cercana.
Alrededor de 203 mil personas asistieron a la final de 1950 en Maracaná, lo que representaba el 8,5% de la población de Río de Janeiro. Las entradas a las localidades “generales” y a las “populares”, donde asistían los sectores populares, representaban el 80 por ciento del público total. Una parte importante de los espectadores siguieron el partido de pie, en un estadio que tenía capacidad para 199 mil personas.
Hoy Maracaná es una “arena multiuso” que alberga eventos deportivos, recitales musicales y shows del más diverso tipo. Sobre los graderíos se construyeron camarotes con una amplia visión del campo, con vidrios que separan a los asistentes VIP del resto de los espectadores. Cuentan con bares, televisión y aire acondicionado y suelen ser rentados por empresas que invitan a sus socios y funcionarios. Tienen el privilegio de que pueden llegar directamente en auto a través de una rampa sin tener que soportar el menor contacto con la “multitud”.
Los estadios donde comenzaron a cambiar en la década de 1990 con la excusa de la seguridad y el confort, como parte de una campaña global en la que no sólo participó la FIFA sino también los clubes, acicateados por los patrocinadores privados. Hacia el fin de la década el valor de las entradas en todo el mundo creció muy por encima la inflación, haciendo cada vez más difícil el acceso a las familias trabajadoras.
Maracaná vio reducido su aforo luego de una remodelación en 1999 para recibir el Mundial de Clubes en 2000, a sólo 103.022 personas porque se instalaron asientos individuales en el anillo superior. Entre abril de 2005 y enero de 2006 estuvo cerrado por obras para albergar los juegos Panamericanos de 2007. En esa ocasión se suprimieron las “generales” donde el público seguía los partidos de pie y se instalaron asientos, dejando el aforo en apenas 82.238 personas, eso sí con sillas reclinables.
Actualmente Maracaná está sufriendo una nueva remodelación para recibir la final del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Desde mediados de 2010 está cerrado por reformas que seguirán el “patrón fifa”, que exige que todas las localidades estén cubierta,s lo que obligó a modificar todo el techo. En realidad el estadio fue implosionado y sólo se conserva la fachada externa que es considerada patrimonio histórico nacional. La reconstrucción costará mil millones de reales, un mínimo de 600 millones de dólares, será concesionado a la iniciativa privada y tendrá aún menos localidades que serán cada vez más caras.
Más que un estadio de fútbol será un teatro, con sillas numeradas en las que no se puede seguir el partido de pie. De ese modo se suprimieron los espacios de creación colectiva de las hinchadas, bullangueras y desordenadas, y en su lugar sólo queda la posibilidad de coreografías precocinadas como las “olas” y el despliegue ordenado de minibanderas individuales.
De ser el maior do mundo, Maracaná pasó a ocupar un modesto lugar 14º, muy por detrás de los dos mayores estadios del planeta: el Rungrado May Day de Pyongyang (Corea del Norte) con capacidad para 150 mil espectadores, y el Salt Lake de Calcuta (India) con 120 mil lugares. Pero sobre todo dejó de ser un espacio popular para convertirse en un soporte de negocios y espectáculos.

Limpieza social
El Comité Popular de Rio de Janeiro que fue creado durante los Juegos Panamericanos celebrados en 2007, cuando la población que estaba siendo desalojada de forma forzosa para construir obras comenzó a resistir los traslados. “Además comenzamos a percibir que los desalojos no eran el único problema de los grandes eventos y observamos otros factores como la corrupción. La obras de los Panamericanos estaban presupuestadas en 300 millones de reales, pero costaron 3.500 millones”, unos dos mil millones de dólares, explica Roberto Morales, asesor del diputado Marcelo Freixo, del Partido del Socialismo y la Libertad.
Rio es la ciudad de Brasil más afectada por las obras, ya que albergará el Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. En las doce ciudades que serán sedes del Mundial se han creado Comités Populares que se han articulado y se están movilizando bajo el lema “Copa y Olimpiadas con respeto a los derechos humanos”.
El informe “Megaeventos y violaciones a los Derechos Humanos”, publicado en abril por el Comité Popular de Río de Janeiro, destaca que en los cinco últimos campeonatos nacionales descendió la participación de público por partido, aunque hubo un leve aumento del público total, pero se disparó a recaudación. Entre 2007 y 2011 los espectadores por partido de liga bajaron de 17.400 a 14.900, el público total de toda la liga creció de 5,6 a 6,5 millones, pero la recaudación creció casi un 50%, lo que indica que el precio de las entradas no para de aumentar.
Como en todo el mundo, en Brasil el fútbol ya no depende de lo que pagan los espectadores. En 2010, los clubes cubrieron su presupuesto básicamente por la exportación de jugadores, rubro que cubrió el 28% de presupuesto, seguido por la televisación de los partidos que supone el 24% de los ingresos y la publicidad que representa el 12%. Las entradas sólo cubren el 11% de los presupuestos.
El informe de los Comités Populares destaca que Brasil tiene un déficit habitacional de cinco millones de viviendas. Las obras del Mundial, desde los estadios hasta la ampliación de aeropuertos y autopistas, tendrán un costo total de unos 20 mil millones de dólares para un campeonato que dura menos de un mes. Una cifra colosal que sale de los impuestos de los brasileños y de la que se benefician unas pocas megaempresas.
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El negocio de la seguridad

El Mundial de 2014 implicará gastos de 1.200 millones de dólares en seguridad. Se contratarán 53.000 nuevos guardias de seguridad que serán los encargados de privatizar amplios espacios que dejarán de estar controlados por el país anfitrión. Cada estadio tendrá un radio de dos kilómetros en los cuales la FIFA tendrá los derechos exclusivos, o sea todo ese espacio será privatizado para la multinacional de fútbol. Los agentes seguridad serán contratados por la FIFA, pero todos los gastos serán pagados por el Estado de Brasil.
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Los desplazados
Aunque el gobierno no da informaciones sobre los desalojos forzosos que provocarán las obras, se estima que afectarán a unas 170 mil personas. Los Comités Populares han detectado una suerte de patrón que se repite en todas las ciudades donde habrá desalojos: los afectados nunca se enteran por el poder público sino a través de rumores o porque se inician obras cerca de sus casas. “La falta de información y notificación previa generan inestabilidad y miedo con relación al futuro”, lo que paraliza a las familias y las coloca a merced de los poderes o los especuladores, señala el informe.
Casi la totalidad de los afectados viven en áreas de bajos ingresos en situaciones precariedad o informalidad. En la región metropolitana de Curitiba serán afectados 1.173 inmuebles para construir el Corredor Metropolitano de 52 kilómetros, los accesos ferroviarios, y la reconstrucción y ampliación de varias avenidas y autopistas. Sólo la ampliación del aeropuerto y su playa de estacionamiento implica la remoción de 320 viviendas, sin que ninguno de sus habitantes haya sido informado sobre las indemnizaciones que recibirá o dónde será trasladado.
En Belo Horizonte se construye un gigantesco emprendimiento inmobiliario que ocupa 10 mil hectáreas de áreas verdes para levantar 75 mil apartamentos, que se llamará Vila da Copa, que inicialmente servirá de alojamiento de delegaciones, turistas y periodistas que asistan al Mundial. En Fortaleza serán afectadas 15 mil familias de las cuales casi 10 mil deberán ser reasentadas pero aún no han sido informadas dónde irán a vivir.
La mayor parte de los afectados serán desplazados por la ampliación o construcción de nuevas autopistas. La Vía Expresa de Fortaleza atravesará 22 barrios para unir la zona hotelera con el centro de la ciudad y el estadio Castelâo. En este caso las familias pueden elegir entre una indemnización, una casa en un conjunto habitacional o la permuta por otro inmueble escogido en algún barrio de la capital. Aunque el 70 por ciento de las nueve mil familias afectadas habían elegido un conjunto habitacional, la presión social frenó todo el proceso hasta que se presente un proyecto alternativo en mejores condiciones.
Cientos de casas de la periferia de Fortaleza que han sido marcadas con tinta verde para ser demolidas este año, pero los habitantes no tienen ninguna comunicación oficial que les informa cuándo se producirá la demolición.
Los Comités Populares de la Copa afirman que en 21 villas y favelas de siete ciudades que serán sedes del Mundial, el Estado está aplicando “estrategias de guerra y persecución, como el marcado de casas con tinta sin explicaciones, la invasión de domicilios sin mandatos judiciales, la apropiación indebida y destrucción de inmuebles”, además de amenazas y corte de los servicios y otras acciones de intimidación.
Las obras para el Mundial facilitan una suerte de “limpieza social” impulsada por la especulación y desplaza familias que habitan predios desde hace cuatro y cinco décadas, como sucede en San Pablo con la construcción del Parque Lineal Llanos del Tietê, una zona inundable de la que han sido removidas cuatro mil familias y serán expulsadas otras seis mil.

Estado de excepción
El parlamento fue presionado para aprobar la Ley General de la Copa que establece las normas jurídicas para la realización de la Copa de las Confederaciones de junio de 2013 y el Mundial del año siguiente. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en base a los criterios establecidos por la federación, pero varios diputados estimaron que contradice la legislación brasileña. Por ejemplo, en Brasil está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, pero la FIFA exige que exista total libertad, lo que puede generar situaciones de violencia, según estiman muchos parlamentarios
Otro punto de fricción gira en torno a los derechos adquiridos por estudiantes, jubilados, beneficiarios del programa Bolsa Familia y enfermos, que pagan sólo media entrada, algo que la FIFA también rechaza. La llamada Ley Pelé, que beneficia a los sindicatos de atletas profesionales con el cinco por ciento de los ingresos por los derechos audiovisuales de los espectáculos deportivos, también será suspendida en los partidos del Mundial.
La federación exige también que el país anfitrión emita visas y permisos de trabajo a todos los miembros de las delegaciones, invitados, funcionarios de las confederaciones, periodistas y espectadores de otros países que hayan comprado entradas. Esos permisos especiales caducan recién el 31 de diciembre de 2014, seis meses después de terminado el Mundial. En suma, buena parte de la legislación nacional queda suspendida para atender las exigencias de la FIFA.
El informe de la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa suma a esa lista de agravios, la vulneración de los derechos de los trabajadores informales (casi dos tercios de los brasileños). En efecto, el artículo 11 de la Ley de la Copa prohíbe la venta de cualquier tipo de mercancías en “locales oficiales de competición, en sus inmediaciones y principales vías de acceso”, sin autorización expresa de la federación. La definición y límites de las “áreas exclusivas” para el comercio de productos FIFA deberán ser demarcadas por los municipios “considerando los requerimientos de la FIFA o de terceros por ella indicados”, de la que quedarán expresamente excluidos los vendedores ambulantes en un radio de dos kilómetros de los estadios.
El artículo 23 penaliza incluso a los bares que pretendan trasmitir los partidos del Mundial sin la autorización correspondiente si además promocionan ciertas marcas no autorizadas. La Confederación Nacional de Comercio y otras organizaciones gremiales de los comerciantes han manifestado su oposición a la Ley de la Copa. Quizá lo más grave es que el proyecto de ley prevé a través del artículo 37 que “podrán ser creados Juzgados Especiales para el procesamiento o enjuiciamiento de las causas relacionadas a los eventos”.
El poder acumulado por las federaciones deportivas en las últimas décadas es capaz de imponerse a los millones de ciudadanos en todo el mundo, que son los que realmente las sostienen, y a poderosos Estados de todos los continentes, sin que se registren debates públicos en los que pueda trasparentarse el entramado de intereses.