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La revuelta de los 20 centavos

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Raúl Zibechi pone en contexto un hecho histórico: Brasil en la calle y de pie.
El aumento del precio del transporte fue la brecha por la que se coló el profundo descontento que vive la sociedad brasileña. En apenas dos semanas las movilizaciones se multiplicaron: de cinco mil los primeros días a más de un millón en cien ciudades. La desigualdad, la falta de participación y la represión son los grandes temas.
La revuelta de los 20 centavos
Los abucheos y rechiflas dieron la vuelta al mundo. Dilma Rousseff no se inmutó pero sus facciones denotaban incomodidad. Joseph Blatter sintió la reprobación como algo personal y se despachó con una crítica a la afición brasileña por su falta de “fair play”. Que la presidenta de Brasil y el mandarían de la FIFA, una de las instituciones más corruptas del mundo, fueran desairados por decenas de miles de aficionados de clase media y media alta, porque los sectores populares ya no pueden acceder a estos espectáculos, refleja el hondo malestar que atraviesa a la sociedad brasileña.
Lo sucedido en el estadio Mané Garrincha de Brasilia saltó a las calles, amplificado, el lunes 17 cuando más de 200 mil personas se manifestaron en nueve ciudades, en particular jóvenes afectados por la carestía y la desigualdad, que se plasma en los elevados precios de servicios de baja calidad mientras las grandes constructoras amasan fortunas en obras para los megaeventos a cargo del presupuesto estatal.
Todo comenzó con algo muy pequeño, como sucede en las grandes revueltas del siglo XXI. Un modesto aumento del trasporte urbano de apenas 20 centavos (de 3 a 3,20 reales, dos pesos uruguayos). Primero fueron pequeñas manifestaciones de militantes del Movimiento Pase Libre (MPL) y de los comités contra las obras del Mundial de 2014. La brutalidad policial hizo el resto, ya que consiguió amplificar la protesta convirtiéndola en la mayor oleada de movilizaciones desde el impeachment contra Fernando Collor de Melo en 1992.
El viernes 7 de junio se realizó la primera manifestación en São Paulo contra el aumento del pasaje con poco más de mil manifestantes. El martes 11 fueron otros tantos, pero se quemaron dos autobuses. Las dos principales autoridades, el gobernador socialdemócrata Geraldo Alckmin y el alcalde petista Fernando Haddad, se encontraban en París promoviendo un nuevo megaevento para la ciudad y tacharon a los manifestantes de “vándalos”.
El miércoles 12 una nueva manifestación se saldó con 80 autobuses atacados y 8 policías heridos. El jueves 13 los ánimos estaban caldeados: la policía reprimió brutalmente a los cinco mil manifestantes provocando más de 80 heridos, entre ellos varios periodistas de Folha de São Paulo. Un tsunami de indignación barrió el país que se tradujo, pocas horas después, en los abucheos contra Dilma y Blatter. Hasta los medios más conservadores debieron reflejar la brutalidad policial. La protesta contra el aumento del boleto convergió sin proponérselo con la protesta contra las millonarias obras de la Copa de las Confederaciones. Lo que parecían manifestaciones pequeñas, casi testimoniales, se convirtieron en una ola de insatisfacción que abarca todo el país.
Síntoma de la gravedad de los hechos es que el lunes 17, cuando se produjo la quinta movilización con más de 200 mil personas en una decena de capitales, los políticos más importantes del país, los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva, condenaron la represión. “Descalificarlos como vándalos es un grave error. Decir que son violentos no resuelve nada. Justificar la represión es inútil”, escribió Cardoso quien atribuyó las protestas al “desencanto de la juventud frente al futuro”.
Lula tuiteó algo similar: “La democracia no es un pacto de silencio sino una sociedad en movimiento en busca de nuevas conquistas. La única certeza es que el movimiento social y las reivindicaciones no son cosa de la policía sino de mesas de negociación. Tengo la certeza de que entre los manifestantes la mayoría están dispuestos a ayudar a construir una solución para el transporte urbano”. Además de desconcertar a las elites, los manifestantes consiguieron que se suspendieran los aumentos.
 
La sensación de injusticia
El transporte público en ciudades como São Paulo y Rio de Janeiro es uno de los más caros del mundo y su calidad es pésima. Un relevamiento del diario Folha de São Paulo analiza los precios del transporte público en las dos mayores ciudades del país en relación al tiempo de trabajo necesario para pagar un pasaje, en relación con el salario medio en cada ciudad. El resultado es catastrófico para los brasileños.
Mientras un habitante de Rio necesita trabajar 13 minutos para pagar un pasaje y un paulista 14 minutos, en Buenos Aires sólo se tiene que trabajar un minuto y medio, diez veces menos. Pero la lista incluye las principales ciudades del mundo: en Pekín el pasaje equivale a 3 minutos y medio de trabajo, en París, New York y Madrid seis minutos, en Tókio nueve minutos, al igual que Santiago de Chile. En Londres, una de las ciudades más caras del mundo, cada pasaje demanda 11 minutos de trabajo (Folha de São Paulo, 17 de junio de 2013).
El periódico cita al ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para ejemplificar lo que debería ser la democratización urbana: “La ciudad avanzada no es aquella en la que los pobres andan en auto, sino aquella en la que los ricos usan el transporte público”. En Brasil, concluye el diario, está sucediendo lo contrario.
En los últimos ocho años el transporte urbano en São Paulo se ha deteriorado según revela un informe de O Estadode São Paulo. La concesión vigente fue asignada durante la gestión de Marta Suplicy (PT) en 2004. El sistema de transporte colectivo creció de 1.600 a 2.900 millones de pasajeros entre 2004 y 2012. Sin embargo, los autobuses en circulación descendieron de 14.100 unidades a 13.900. La conclusión es casi obvia: “Más gente está siendo transportada pagando un precio más caro en menos omnibus que hacen menos viajes” (O Estado de São Paulo, 15 de junio de 2013). En cada unidad viaja un 80 por ciento más de pasajeros.
Según la Secretaría Municipal de Trasportes de la ciudad, la mejora en la situación económica ha provocado un aumento de la cantidad de pasajeros pero, a su vez, los autobuses hacen menos viajes por el congestionamiento del tránsito lo que inevitablemente “recae sobre los usuarios que sufren por la ineficiencia del sistema, con al aumento del tiempo de los viajes”. Los costos también se han disparado por la ineficiencia que supone un mal aprovechamiento de la infraestructura.
Si a esto se suma el despilfarro que suponen las inversiones millonarias en las obras del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, con su secuela de traslados forzados de pobladores, puede comprenderse mejor el malestar reinante. Los seis estadios que se inauguraron en la Copa de las Confederaciones insumieron casi dos mil millones de dólares. La remodelación de Maracaná superó los 500 millones y otro tanto insumió el Mané Garrincha, una obra monumental con 288 columnas que le confieren un aspecto de “coliseo romano moderno” según el secretario general de la fifa, Jerome Valcke. Todo ese dinero público para recibir un partido durante la Copa y siete en el Mundial.
Son recintos de lujo construidos por media decena de grandes constructoras, algunas de las cuales se adjudicaron también la administración de estas arenas donde se realizarán espectáculos a los que muy pocos tendrán acceso. El costo final de todas las obras suele duplicar los presupuestos iniciales. Aún faltan seis estadios más que están en obras, la remodelación de aeropuertos, autopistas y hoteles. El BNDES acaba de conceder un préstamo de 200 millones de dólares para la finalización del Itaquerão, el nuevo estadio del Corinthians donde se jugará el primer partido del Mundial 2014.
 
Cansados de pan y circo
La Articulación Nacional de los Comités Populares de la Cop, difundió un informe en el que señala que en las doce ciudades que albergarán partidos del Mundial hay 250 mil personas en riesgo de ser desalojadas, sumando las amenazadas por realojos y las que viven en áreas disputadas para obras (BBC Brasil, 15 de junio de 2013). Hubo casos en que una vivienda fue demolida con un aviso previo de sólo 48 horas. Muchas familias realojadas se quejan de que fueron trasladadas a lugares muy distantes con indemnizaciones insuficientes para adquirir nuevas viviendas, de menos de cinco mil dólares en promedio.
Para completar este panorama, sólo para la Copa de las Confederaciones se montó un operativo militar que supuso la movilización de 23 mil militares de las tres armas que incluye un centro de comando, control e inteligencia. El dispositivo moviliza 60 aviones y 50. La disputa del Mundial 2014 ha obligado a Brasil a construir 12 estadios, 21 nuevas terminales aeroportuarias, 7 pistas de aterrizaje y 5 terminales portuarias. El costo total para el Estado de todas las obras será de 15.000 millones de dólares.
Ante semejante despliegue de gastos para construir recintos de lujo resguardados con máxima seguridad, el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) divulgó un comunicado en el que condena la brutalidad policial asegurando que lo sucedido el 13 de junio en São Paulo “nos remite a tiempos sombríos de la historia de nuestro país” (www.conic.org.br). El texto de las iglesias denuncia la falta de apertura al diálogo y asegura que “la cultura autoritaria sigue siendo una característica del Estado brasileño”.
Le recuerda al gobierno que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer varias recomendaciones, entre ellas poner fin a la policía militar. La CONIC cree que la represión policial contra las manifestaciones es la misma de “los exterminios de jóvenes que suceden cotidianamente en las periferias de las ciudades”. Finaliza diciendo que los grandes eventos que sólo traerán más ganancias “al mercado financiero y a los mega conglomerados empresariales”. “No queremos sólo circo. Queremos también pan, fruto de la justicia social”.
Si este es el estado de ánimo de las iglesias, puede imaginarse cómo se sienten los millones de jóvenes que invierten dos horas en ir a trabajar, tres en retornar a sus casas “en ómnibus estúpidos y caros y enfrentan 200 kilómetros de congestionamiento”, como describe el escritor Marcelo Rubens Paiva (O Estado de São Paulo, 16 de junio de 2013). Todos los paulistas saben que los ricos viajan en helicóptero. Brasil posee una de las mayores flotas de aviación ejecutiva del mundo. Desde que gobierna el pt la flota de helicópteros creció un 58,6 por ciento según la Asociación Brasileña de Aviación General (ABAG).
São Paulo tiene 272 helipuertos y más 650 helicópteros ejecutivos que realizan alrededor de 400 vuelos diarios. Muchos más que ciudades como Tóquio y New York. “Actualmente la capital paulista es la única ciudad del mundo que posee un control de tráfico aéreo exclusivo para helicópteros”, dice la ABAG. Por eso fluye a indignación y por lo mismo tantos festejaron el retorno de la protesta, para lo que tuvieron que esperar nada menos que dos décadas.

Una respuesta de dignidad social

“Óooo, o povo acordou” (Óooo, el pueblo despertó), gritaban los miles que ganaron las calles. Como si hubieran estado dormidos durante años. Incluso Dilma Rousseff mencionó el vocablo: “Brasil hoy, se despertó más fuerte. La grandeza de las manifestaciones de ayer muestra la energía de nuestra democracia, la fuerza de la voz de la calle”. No tenía mucho margen para decir algo diferente luego de gigantescas manifestaciones que no se veían en dos décadas. Gilberto Carvalho, secretario general de la Presidencia, fue menos políticamente correcto y reconoció “no entender” lo que está sucediendo en la calle.
Una de las razones por las cuales la dirigencia política no entiende lo que sucede, es que durante los gobiernos del pt 40 millones de brasileños salieron de la pobreza e ingresaron al mercado de consumo, en una situación económica favorable. En tanto, los movimientos sociales son débiles y fragmentados.
La segunda cuestión es el abismo generacional. Siete de cada diez manifestantes, según el instituto Datafolha, era la primera vez que participaban en una manifestación. Más de ocho de cada diez no apoya a ningún partido. El 53 por ciento tienen menos de 25 años. En un país amante del fútbol, el 70 por ciento de los paulistas se interesan por las manifestaciones frente a un 18 por ciento que siguen la Copa de las Confederaciones. La mitad de los habitantes de la principal ciudad brasileña rechazan las instituciones, entre las cuales el Congreso ostenta el mayor rechazo con el 82 por ciento, pero el 77 por ciento apoya las manifestaciones.
¿Cómo pudo un pequeño movimiento por la gratuidad del transporte generar tantas adhesiones? El Movimiento Pase Libre (mpl) nació 2003 en Salvador (Bahía) durante la “Revolta do Buzu”, cuando miles de estudiantes y trabajadores jóvenes cortaron las calles durante diez días contra el aumento del transporte. La oficialista Unión Nacional de Estudiantes consiguió cooptar una movilización espontánea y autónoma que nunca pudo liderar. Un año después, en 2004, estudiantes de Florianópolis inspirados en los sucesos de Bahía organizaron la “Revolta da Catraca” (revuelta de los molinetes) que conteo con apoyo de asociaciones de vecinos, de docentes y trabajadores.
Durante el Foro Social Mundial de 2005 en Porto Alegre, se realizó una gran plenaria se formalizó el Movimiento Pase Libre que hoy está presente en todas las grandes ciudades. Los principios organizativos adoptados rechazan el estilo jerárquico y burocrático de las entidades estudiantiles oficiales y su carácter es independiente, horizontal, autónomo, federal, con decisiones por consenso y apartidario que, aclaran, no es sinónimo de antipartidario. En su declaración de principios el mpl destaca que el movimiento “no es un fin en sí mismo sino un medio para la construcción de otra sociedad” (www.mpl.org.br ) y en su lucha por el “pase libre estudiantil” destacan que su perspectiva es “la expropiación del transporte público, retirándolo de la iniciativa privada, sin indemnizaciones, colocándolo bajo control de los trabajadores y de la población”.
La policía también se muestra sorprendida, además de contrariada, por este tipo de movimientos. Un informe del servicio secreto de la Policía Militar comentado por los medios señala que “la inexistencia de dirigentes es considerada la peor pesadilla por la policía porque no encuentra objetivos claros” (Folha deSão Paulo, 16 de junio de 2013).
El sociólogo Rudá Ricci, cercano al movimiento sindical, cree que los militantes y políticos que aún tienen los pies en el siglo XX “deben estar incómodos con la falta de unidad, de comando, de vanguardia” (https://rudaricci.blogspot.com). Sostiene que un pequeño movimiento creado en 2005 ganó semejante proyección por “el bloqueo de los canales de participación a partir de las entidades de representación clásicas” y por “la incapacidad de los líderes sociales históricos de leer el día a día de la población por estar envueltos en instituciones cerradas”.
El cientista político Jorge Almeida, de la Universidad Federal de Bahía, sostiene que bajo el gobierno Lula sucedieron dos hechos significativos: los movimientos se desmovilizaron al apoyar a un gobierno que, a su vez, “representó el fortalecimiento de la hegemonía del gran capital en Brasil” (Valor, 19 de junio de 2013). El aumento del poder de consumo de la población y el hecho de que las grandes organizaciones pasaran a defender el orden social, “hizo que la hegemonía burguesa fuera más estable”. Sin embargo, “como la desigualdad continúa, debieron ser construidas otras organizaciones” capaces de llenar el vacío dejado por los movimientos históricos.
La Copa fue la chispa que encendió la hoguera. “La Copa del Mundo aparece como una verdadera intervención de la FIFA en los grandes centros urbanos. Limitó la libertad de expresión, de comercio, en un radio de dos kilómetros de los estadios no puede haber manifestaciones”. Los precios se disparan a raíz de los megaeventos, afectando en particular a las camadas más pobres que sufren una inflación de 11 al 12 por ciento. Finalmente, dice Almeida, cuando los poderosos creían que podían hacer lo que querían, la represión los colocó ante “una respuesta de dignidad social”.
Fotos: MidiaNINJA

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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