La Cámara de Diputados mendocina aprobó por 32 a 13 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de cobre San Jorge, declaración que había sido impugnada por el CONICET y por las asambleas provinciales. Hubo un “consenso” contrario a las comunidades y a los pueblos originarios, poco transparente y hecho de la materia del lobby, en el cual el oficialismo provincial, el radicalismo, el PRO y la sinuosa actitud peronista coincidieron casualmente con las corporaciones, el oficialismo nacional y la prédica de medios beneficiados con el avance minero. (Dato: por esas cosas es que en Mendoza se hablaba de la “casta política” muchos años antes que el concepto fuera plagiado según es público y notorio). Curiosidad: lo votado en Mendoza implica menos regalías aún que las que otorgaba a la provincia el RIGI que ya era en sí un punto de remate de bienes que las grandes empresas valoran tanto, pero por los que no pagan.

Tras la votación, la gente que estaba en la calle inmediatamente resolvió marchar a la Casa de Gobierno, y seguir en estado de alerta hasta que el proyecto sea tratado en el Senado. La censura en el CONICET y lo que pasó durante la votación.

Por Francisco Pandolfi

Son las 18 horas, 34 minutos, 20 segundos. En la Cámara de Diputados de Mendoza se acaba de debatir de forma expeditiva y de votarse el cuarto y último expediente minero del día: la Declaración de Impacto Ambiental al proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Se aprueba por 32 a 13. Las 4 iniciativas mineras ahora pasan al Senado, donde se presume que a principios de diciembre también se votarán a favor. 

La multitud, afuera, se entera, explota de indignación y canta ante una hilera numerosa de policías clavados en la puerta de la Legislatura mendocina:

“La cordillera, que linda está,

y si la tocan

qué quilombo se va a armar”.

De aprobarse en el Senado la Declaración de Impacto Ambiental, le permitirá a la Minera San Jorge S.A (perteneciente a la multinacional Solway Holding) llevar a cabo la explotación minera metalífera en Uspallata y conformarse como el primer proyecto de explotación de cobre en el país, en una zona que atraviesa la cuenca del río Mendoza, la cual abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivos. Hoy la Cámara de Diputados votó a favor pese a la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, como un modo de proteger el ambiente, el agua y la salud, tanto de las personas como de los territorios.

Expo fotográfica en la plaza: diputados y diputadas que votan en favor del extractivismo.  

En 2011 la Legislatura había rechazado por unanimidad un estudio de impacto ambiental similar al votado hoy. Mientras que en 2019, luego de derogar la Ley 7722 de defensa del agua, una movilización histórica obligó a la Legislatura a restablecer la norma unos días después.

Con la votación consumada en Diputados, en la puerta de la Legislatura se armó una asamblea multitudinaria donde las distintas asambleas y vecinos autoconvocadxs empezaron a plantearse los pasos a seguir. No para mañana, sino para ya: el consenso fue marchar, desde ese mismo momento, a la Casa de Gobierno. Así empezaron a caminar y a cantar, cuadras enteras, en un grito unificado: “No se negocia, el agua de Mendoza” en un loop colectivo. 

Al finalizar, Eugenia Segura de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata le señala a lavaca la hoja de ruta: “Alerta y movilización permanente hasta el próximo paso, que es el Senado”.

Valle de Uco, junto a la ruta. Atardecer, mensaje, y el comienzo de una nueva movilización contra la megaminería.

La censura en el CONICIET

En la noche del martes 24 de noviembre, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Mendoza emitió un comunicado institucional sobre el proyecto megaminero San Jorge, horas antes de que este mediodía se empezara a tratar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –finalmente aprobada (como se preveía) por la Cámara de Diputados–.

Este era el link con el documento publicado en su web oficial https://mendoza.conicet.gov.ar/comunicado-institucional-del-conicet-mendoza-sobre-el-proyecto-san-jorge-cobre-mendocino. Sin embargo, al hacer click no te lleva a ningún comunicado, porque la posición del CONICET Mendoza hoy cambió, repentina y sospechosamente.

La postura (inicial) del Conicet la reproducimos este mismo miércoles en lavaca:  

Algunos extractos: “En los últimos días observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados. Muchas de esas objeciones constituyen requerimientos y exigencias importantes consideradas prioritarias para la habilitación de un proyecto como PSJ Cobre Mendocino”.

Otro tramo: “Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. 

El horizonte de montañas en las que nace el agua: lo que buscan seguir protegiendo las comunidades mendocinas.

Y además: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Sólo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia”.

Sin embargo, ese posicionamiento viró a otro publicado este mediodía https://mendoza.conicet.gov.ar/comunicado-de-la-direccion-y-el-consejo-directivo-del-conicet-mendoza/

En este caso el CONICET Mendoza no denuncia “importantes deficiencias”, ni “objeciones sin responder”, ni “vacíos de información” en la Declaración de Impacto Ambiental. Ahora, lo que dice es que “El CONICET Mendoza no está en contra de ninguna actividad productiva que contribuya al desarrollo de la región”.

Eugenia Segura, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, le dice a lavaca desde la puerta de la Legislatura mendocina: “Esta es la línea divisoria de aguas entre la ciencia digna al servicio de los pueblos y la mercenaria, si se le puede llamar ciencia todavía. Mejor dicho, los profesionales al servicio de las corporaciones, sin importar las consecuencias éticas ni legales de sus actos y omisiones”. Desde lavaca nos comunicamos con el CONICET Mendoza para consultar qué había pasado o qué había cambiado, pero el telefonista de guardia que atendió explicó que nadie del CONICET podía atender.

La Asamblea de Trabajadorxs del CONICET, este miércoles por la tarde difundió un texto en redes sociales:

• “Queremos expresar nuestra máxima preocupación por la baja de un comunicado institucional sobre el #ProyectoSanJorge. Este escrito fue producto de un trabajo de investigación riguroso realizado por investigadorxs de nuestra institución. Sin explicaciones, el mismo fue removido de la web oficial del organismo horas después de su publicación. Decidimos poner en circulación su contenido nuevamente y llamar a la comunidad a defender la ciencia pública, soberana y digna que llevamos adelante desde Conicet”.  

El gallinero y el consenso

Todo había comenzado a las 9.30 de la mañana, hora a la que las asambleas mendocinas por el agua convocaron a las puertas de la Legislatura donde la Cámara de Diputados, a partir del mediodía, debatió y terminó aprobando la media sanción al paquete de 4 proyectos mineros que el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) envió al poder legislativo el miércoles 29 de octubre, tres días después de ganar las elecciones de medio término.

Pese a ser un día laboral, la convocatoria en contra de la megaminería fue multitudinaria y creció a medida que avanzó el día sobre la Plaza Independencia, frente al Palacio Legislativo. De fondo, las montañas, como símbolo de lo que se busca que no sea arrasado. El paisaje también fue de aplausos, cacerolazos, bombos, redoblantes y cientos de carteles. Algunos más directos, exigían el “no a la megaminería”.

Otros más simples: “El agua es del pueblo”.

Los poéticos: “Somos gotas de un mismo río”, ese río llamado Mendoza y que está en juego si se aprueba el proyecto San Jorge, en la localidad de Uspallata. En una de las vallas lindantes para que las y los honorables diputados no se mezclen con la gente, alguien colgó una cartulina blanca: “Gallinero cerrado por falta de huevos”.

Nadie ve en directo lo que pasa. Ni el pueblo movilizado en las afueras ni quien quisiera seguir la votación en algún otro lado del mundo.

Lo que pasa en Diputados no se transmite. Se oculta.

Mientras la gente sigue de pie en la calle, cantando, gritando, bailando, refugiándose bajo sombrillas o en las sombras que dan las abundantes copas de los árboles.

Desde adentro del recinto iban confirmándose, una por una, las previsibles malas noticias.

Primero se debatió de forma expeditiva y se votó el Fondo de Compensación Ambiental, apuntado a conformar un fondo para afrontar catástrofes ambientales que produzcan las empresas y las revierta el Estado. Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6.

Segundo tema: se debate de forma expeditiva y se vota el proyecto de ley de regalías mineras, que estipula que una empresa puede pagar como máximo el 3% (igual que la vigente ley nacional), renunciando al límite del 5% que fijaba el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6.

La gente, afuera, canta: “No se vende, el agua no se vende”.

Tercero, se debate de forma expeditiva y se vota el expediente Distrito Minero Occidental II, que abarca 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe. Se aprueba: 39 (UCR, libertarios y peronistas unidos) a 6. 

En las calles se repudia megáfono en mano esa escena de negociados con rostro de “consenso”: “Se acaba de aprobar totalmente fuera de toda legalidad. La Ley 7722 establece que por cada proyecto minero de exploración tiene que entrar a la Legislatura una declaración de impacto ambiental. Y acaban de aprobar 27 proyectos con una sola declaración de impacto ambiental”. 

Lo que sigue es un repudio generalizado. El grito de “ladrones” fue de lo más elegante y suave que se destinó a semejante aberración legislativa.

Por último, se debatió de forma expeditiva y se votó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Se aprueba con 32 votos (en la imagen figuran 31 por error) a 13 (los siete votos negativos los sumó el peronismo que en la aprobación del dictamen se habían abstenido).

La multitud, afuera, explotó otra vez de indignación. Se cantó: “La cordillera, que linda está, y si la tocan qué quilombo se va a armar”. Allí comenzó la asamblea, y los primeros signos de la hoja de ruta a seguir, que empezó con una inmediaa movilización.

Esta historia continúa.

Increíblemente sigue sin haber ni asomo de respuesta oficial alguna a los jubilados y jubiladas (salvo la indiferencia en unos casos , la represión en otros). Este miércoles volvieron a marchar en la zona de Congreso. Mientras el gobierno y sus funcionarios se abrazan a los saltitos en las reuniones de gabinete y apenas atinan a debatir el control de cajas opacas y millonadas de dólares, este sector sigue siendo víctima de dos herramientas: motosierra para los medicamentos y servicios, licuadora para sus ingresos. Un miércoles entre alquileres, comida saladita, indiferencia, sombreros Piluso, testarudez para seguir, carteles y nuevos hits musicales.

Por Lucas Pedulla Fotos Juan Valeiro

Miguel, 73 años, vecino de Once, cobra la jubilación mínima (en diciembre será $340.879,59, más el bono de $70.000, y se sumará el aguinaldo), pero solo de alquiler tiene $450.000. Su señora también cobra la mínima –mismos valores–, por lo que pasa lo siguiente: “una jubilación sirve para comer y otra, para el alquiler”.

Clima de época.

De todas formas está buscando dónde acceder a algún bolsón de mercadería porque hasta hace poco lo ayudaba su hijo –enfermero–, pero ya ni eso. El kilo de morrón en la verdulería le salía $5.000, así que le terminó comprando a un vendedor ambulante, que vendía medio por $1.000. “No quieren que lleguemos a un 2001, pero nos están empujando para allá”, dice en tono chaqueño, tierra de donde se vino hace 20 años porque, explica, Dios atiende mejor la salud en Buenos Aires. La única salida, piensa, es seguir insistiendo, cada miércoles: “Mi parrilla tiene herrumbre”.

Sobre vecinos y siestas

Olga, 70 años, vive a dos cuadras de esta Plaza a la que viene cada miércoles. Todas las semanas la ve así, movilizada. Y escéptica: “Mejor ni hablemos de mis vecinos, porque si pudieran salir a pisarnos, ahora mismo, nos pisarían”. Cuenta que está mal porque el alquiler se le fue a $600.000, el mismo valor que su jubilación. Su hija, por suerte, la mantiene, de lo contrario no podría vivir. La hija tiene tres trabajos: docente en una universidad, administrativa en otra y artista en un grupo de teatro. Ahora se viene la reforma laboral –encima–, pero Olga revolea los ojos al pensar qué es lo que puede pasar en las calles: “Hay mucha indiferencia, porque amenazan con que la jornada se va a extender 12 horas, pero muchos ya están laburando eso. Oíme, lo de trabajar 8 horas, salir de la fábrica y disfrutar tu vida, se terminó. Hoy la guita fácil está matando a la fábrica”.

¿Por qué seguir viniendo? “Porque es la lucha”, dice. “Por Norma Plá”, agrega. “Y porque si nosotros nos bajamos, el gobierno se queda durmiendo la siesta”.  

Almorzar, cenar, y el hit del día

Carlos, 73 años, también tiene la reforma laboral en la cabeza, por la que armó un cartel en su casa de Avellaneda, sur conurbano, y lo trajo al miércoles que no falta nunca:

• “Es ahora, CGT. Mañana puede ser tarde”.

Carlos sabe que no hay mucho tiempo. Tampoco espera nada del Gobierno: “Si no tiene piedad con un discapacitado, imaginate con un jubilado. Espera que pasemos de largo”.

Confiesa que hay una palabra que viene odiando mucho: “Gobernabilidad”. Eso siente que garantizó la CGT y los partidos políticos al no querer salir a la calle. Es radical, pero también le habla a los peronistas: “El pueblo está de este lado de las vallas. No puede ser que voten contra nuestros intereses. ¿Pero sabés qué va a pasar? A mitad del 2026 le van a soltar la mano y se van a candidatear en 2027. Los únicos pelotudos que seguimos bancando somos nosotros”. Pese a todo –y a todos– Carlos se mete de lleno en la marcha.

Carteles de la Ciudad intervenidos para la marcha. En este caso, con la foto de Carlos (Chaca), uno de los jubilados emblemáticos de cada miércoles.

Estela, 63 años, también de Avellaneda, es más práctica: “La CGT está comprada”. También se indigna con los partidos políticos: “No hay unión”. Se embronca con algunos que no están en esta calle, en este cara a cara con la policía –como ella–, o con la bandera argentina que utiliza como capa, o con ese sombrero Piluso que tiene un cartelito que la pinta de cuerpo entero, aunque se le dibuja una sonrisa: “Jubilados testarudos”.

Expresión de arte conceptual acompañando la manifestación.

Lo testarudo, en Estela, se manifiesta en que no va a dejar de venir y de estar, sobre todo porque su jubilación mínima, con la que antes podía proyectar el mes y más tarde la semana, ahora solo le alcanza para comparar precios en lo diario. Ni hablar –dice– los remedios, porque hoy a muchos se les juega pensar si almuerzan para no cenar.

Editorial político en siete palabras.

–¿Y esta noche?

–Espero comer algo saladito. Puede ser fideo. O arroz. Es muy penoso. Perdoname, pero me pone mal.

Estela se mete a la marcha, la misma de Miguel, Olga y Carlos, y tantos otros y otras, que están siempre, pase lo que pase, siendo los mismos, en horarios distintos, con un sol imposible o en una sombra de radio abierta que tampoco interpela. Todos saben que hay que repensar estrategias, formas, pero que el lugar para hacerlo sigue siendo esta calle.

De fondo, mientras tanto, se escucha el hit del día, al menos mostrando otra impaciencia:

Luchen todos,

no rompan más las bolas,

a ver si se dan cuenta:

la lucha es una sola. 

Este miércoles la Cámara de Diputados mendocina votará si aprueba o rechaza la cuestionada Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge frente a movilizaciones ciudadanas. El proyecto ya fue rechazado en otras oportunidades y no cuenta con la llamada “licencia social” por parte de las comunidades.  

“El informe actual es un refrito del que ya fue rechazado en 2011” plantea la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. En un comunicado institucional (que incluimos completo), el CONICET explicó: “La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. Sobre la cuestión partidaria explican desde las asambleas: “Tienen los números para aprobar la DIA. Por los radicales, ahora fusionados con los libertarios; y por el peronismo, que es una oposición que no figura. Entre los radicales que no nos quieren y los peronistas que se borraron, estamos con una representatividad escasa”.

Detalles sobre las regalías, las actitudes políticas, las sospechas sobre corrupción, y el fondo de lo que está en juego: agua, territorio y comunidades bajo el asedio del negocio extractivo.

Por Francisco Pandolfi

“Lo que está en juego es el alma de Mendoza” dice Eugenia Segura, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. “El alma que son sus ríos, particularmente el río Mendoza, que es fundamental para buena parte de la vida en la provincia”. 

Lo que está en juego es el desembarco o no de la megaminería en la localidad de Uspallata (departamento de Las Heras, al norte provincial) a través de San Jorge, un proyecto de explotación de la minería metalífera a gran escala. La iniciativa atraviesa la cuenca del Río Mendoza que abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivos.

El gobierno mendocino y la empresa multinacional Solway Holding, insisten en imponer un proyecto minero de cobre, oro y plata, pese a la vigente Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua. Se obstinan desde 2007 pese a que hace 18 años no goza de la licencia social. En 2011, por unanimidad, la legislatura rechazó además el Estudio de Impacto Ambiental. Y en 2019 se generó una movilización histórica contra la derogación de la Ley 7722 de defensa del agua, que obligó a que la Legislatura repusiera esa norma.

Este año, con la victoria en las elecciones legislativas en octubre pasado, el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un paquete con 4 expedientes mineros tres días después de los comicios, entre los que se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre San Jorge–. Se tratarán este miércoles 26 de noviembre en la Cámara de Diputados mendocina.

Coincidencias

El martes, en las inmediaciones de la Legislatura, hubo actividad todo el día. A la mañana las asambleas por el agua montaron una galería de fotos con las caras de los legisladores definirán cómo sigue esta historia. Por la noche, se hizo una vigilia esperando lo que pasará dentro del recinto. Nora Moyano integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Deja unos minutos el megáfono desde el cual les habla a los legisladores y ahora habla con lavaca: “No queremos que sean recordados por infames traidores a la patria. Pero todo parece que así será. De 47 diputados, sólo 4 se pronunciaron en contra de San Jorge. El resto, a favor o se abstuvo. Una sola diputada del PJ dijo que no está de acuerdo con la DIA, los demás se lavan las manos porque esta es la realidad: en el fondo, casi todos coinciden con el modelo extractivista”. De aprobarse, se pasa al Senado donde según Nora “el panorama es similar”.

Federico Soria también integra la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y es uno de los varios mendocinos presos este año por enfrentar el arribo de la megaminería, en un dispositivo represivo que desató la gestión Cornejo. Completa el tablero partidario: “Tienen los números para aprobar la DIA. Por los radicales, ahora fusionados con los libertarios; y por el peronismo, que es una oposición que no figura. Entre los radicales que no nos quieren y los peronistas que se borraron, estamos con una representatividad escasa”.

El informe del CONICET

Una ruleta rusa

Profesor en la carrera de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, Marcelo Giraud habla desde la vigilia nocturna a la que ni el viento zonda pudo frenar: “Este informe ambiental es un refrito del que fue rechazado el 24 de agosto de 2011 por la Cámara de Diputados, atendiendo a que la inmensa mayoría no quería saber nada con semejante atentado y en riesgo de la Cuenca del Río Mendoza, del cual vivimos, bebemos y regamos tres de cada cuatro mendocinos. No podemos darnos el lujo de jugar a la ruleta rusa con nuestro principal río y principal oasis productivo. Mendoza es hija del agua y de votarse a favor se aprobará la contaminación de metales pesados en aguas superficiales y sobre todo subterráneas, como se produce a menudo en los proyectos de megaminería a escala mundial”. Agrega: “Más allá de las manganetas gubernamentales para dibujar un supuesto cambio rotundo en la opinión de la gente, el 70% de los upallatinos no quiere este proyecto. Lo mismo pasa en el resto de la provincia”.

El gobierno retomó el proyecto San Jorge —rebautizado ahora como PSJ Cobre Mendocino— aduciendo que se realizaron las modificaciones necesarias para aprobar el informe de impacto ambiental. Sin embargo, Eugenia Segura explica que se trata de una presentación de impacto ambiental “condicionada”, porque “un montón de organismos involucrados en el informe dictaminaron que faltaban datos y precisión científica en muchos aspectos”. Suma: “Tendría que ser ilegal votar este engendro de miles de hojas y sólo se justifica en el apuro para su tratamiento exprés. De los 141 errores de la declaración anterior, tuvieron 11 años para subsanarla y no solo no lo han hecho, sino que le agregaron otras cosas cuestionables, como no impermeabilizar las escombreras. Este proyecto es peor que el de 2011 rechazado por unanimidad”.

Movilización por asambleístas detenidos que finalmente fueron liberados: el poder político y económico intentando el control social.

“Importantes deficiencias”

En la noche del martes 24 de noviembre, dos documentos se hicieron públicos mientras el pueblo mendocino estaba en la vigilia: por un lado, las organizaciones de base del Partido Justicialista le enviaron una carta al presidente del bloque de Diputados de su partido, solicitando que los legisladores “voten por el rechazo del proyecto”. Minutos después, el CONICET Mendoza emitió un comunicado institucional sobre San Jorge. Algunos extractos: 

–“A lo largo del proceso de evaluación de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino hemos participado como comunidad científica en diferentes instancias a las que fuimos convocados. En los últimos días observamos que avanza el trámite administrativo para otorgar la Declaración de Impacto Ambiental, sin que la empresa haya respondido sustantivamente a las objeciones y sugerencias vertidas en el dictamen técnico y en la mayoría de los informes sectoriales presentados, tales como el Dictamen Técnico de la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC); el informe sectorial del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), el del Departamento General de Irrigación (DGI), o el Informe de la Facultad de Ciencias Médicas (solicitado por el Rectorado de la UNCUYO sobre riesgos de la salud), por citar algunos. Muchas de esas objeciones constituyen requerimientos y exigencias importantes consideradas prioritarias para la habilitación de un proyecto como PSJ Cobre Mendocino”.

–“Se identificaron importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”.

–“Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, se considera necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo. Sólo una evaluación completa y rigurosa permitirá resguardar el interés público y garantizar la protección del ambiente y del patrimonio de la provincia”.

Marcelo Giraud aporta otro dato: “Dicen que ahora es más chico, pero sigue siendo un emprendimiento megaminero con graves riesgos para la cuenca del río Mendoza. El depósito de colas (donde se almacenan los residuos del procesamiento de minerales después de que el material fue extraído) será más pequeño en superficie, pero tres veces más alto, lo que aumenta el peligro de colapso ante un sismo”.

Sin consentimiento

Otro punto irregular es que el gobierno sostuvo haber hecho la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios. Giraud plantea lo contrario: «El proceso no fue ni plenamente libre porque recibieron presiones del gobierno y de la empresa; ni previo, porque la empresa hace 17 años que está allí operando y recién ahora quisieron empezar el diálogo; ni informado, porque les dieron un resumen del proyecto. Por todo esto, a comienzos de noviembre las comunidades le negaron su consentimiento. Sólo por eso el gobierno tendría que haberse abstenido de emitir la declaración de impacto ambiental”. 

Sin embargo, Cornejo avanza.

Y avanza en tándem con la gestión nacional, que pretende arremeter contra la Ley de Preservación de los Glaciares. Nora Moyano teje un punto con el otro: “Para hacer las perforaciones y abrir los caminos obviamente van a usar material explosivo y las partículas que van a surgir, y el polvo, no se autoevaporan y por los vientos que hay en la zona irán hacia la zona glacial y periglacial, que abonará al derretimiento paulatino de los glaciares”. 

Nora explica una cuestión tan técnica como esencial de entender: “Si bien Cornejo se ufana en que respetarán la ley 7.722 y no van a usar ácido sulfúrico ni mercurio, ni cianuro para separar el mineral de la roca, como acepta la propia empresa sí utilizarán lo que cuestiona la Facultad de Medicina de la Universidad de UNCuyo: el isobutil xantato de sodio, la poliacrilamida aniónica y la metil isobutil cetona, sustancias que se usan para el proceso de flotación o lixiviación y que son tan peligrosos o más que los tres elementos prohibidos por la ley 7.722”. Y hay otro dato para cerrar el círculo de los tres poderes en sintonía: “Tras sancionarse la ley, las mineras hicieron permanentes presentaciones judiciales y así consiguieron que la Corte decretara la inconstitucionalidad de una oración que, a la prohibición del uso de ácido sulfúrico, mercurio y cianuro, agregaba ‘y otras sustancias tóxicas similares’. La decisión judicial de sacar esa partecita es lo que habilita a que hoy estén permitidos los químicos con los que piensan separar el mineral de la roca”.

Puerta abierta a la corrupción

La Legislatura debatirá este miércoles otros proyectos mineros además de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge (PSJ Cobre Mendocino). Los resume Giraud: 

1- Distrito Minero Occidental II en Malargüe: “Abarca 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y el propio municipio de Malargüe habían pedido rechazar una buena cantidad de esos proyectos”. 

2- El Fondo de Compensación Ambiental. “Está dirigido a generar un fondo para afrontar catástrofes ambientales importantes”. Síntesis: si la empresa provoca un caos, el Estado debe subsanarlo. 

3- El Proyecto de ley de regalías mineras: “Mendoza no tiene una ley propia, sino que adhirió a la ley nacional que fija un tope de 3%. En el marco del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) se podría llevar a que paguen hasta el 5%, pero el gobierno renunció a ese máximo y remite a lo que dice la ley nacional, que deja en total ambigüedad el porcentaje: puede ser de 2%, de 1 o hasta de 0, porque la ley nacional sólo fija el tope”.

Analiza Giraud: “Lo que están ocultando es la posibilidad de profundizar el saqueo de nuestros bienes naturales comunes y abre la puerta a posibles hechos de corrupción al no tener un monto fijo, es una cosa espantosa. Hay una cantidad enorme de motivos por los que, pase lo que pase en la Legislatura, vamos a seguir movilizando”.

Cierra Nora, mientras el zonda zumba un poco más fuerte y la vigilia se mantiene en pie: “En 2019 pasó lo mismo que ahora. Aprobaron lo que llamamos la ‘Ley Cianuro’ por una de las sustancias prohibidas que se habilitaban con la modificación legislativa. En aquel momento diputados y senadores decidieron la traición y esta vez parece que pasará lo mismo. En aquel momento sostuvimos diez días de protestas masivas y revertimos en la calle la infame decisión. Así que vamos a ver cómo nos va ahora. Nosotros seguimos acá, esperanzados y con la convicción de que el agua vale más que todo, y eso incluye a cualquier negocio de saqueo y contaminación”.