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El gobierno porteño quiere cerrar la única escuela pública de fotografía de CABA

En otro golpe a la cultura y a la educación, el ministerio de Educación le impidió a la escuela Maestro Quinquela Martín, de La Boca, inscribir alumnos para este año. Además, le comunicó que quienes debían cursar el segundo y último año, tampoco podrán terminar la carrera. Las voces de una asamblea conformada por docentes, estudiantes, egresadas y egresados, que resisten a un vaciamiento que lleva años de ejecución y desgaste. Las formas de organizarse en la base, ante una gestión que busca darle el golpe final a una institución estatal y gratuita.
Por Francisco Pandolfi
Miguel Caruso llega con la asamblea empezada. Se sienta atrás de todo, en silencio, pero no puede pasar desapercibido aunque lo quiera. Aunque no monopolice la palabra. Aunque solo tenga un par de intervenciones en las casi tres horas que dura el encuentro entre docentes, estudiantes actuales, egresadas y egresados de la Escuela de Fotografía Maestro Quinquela Martín, en el barrio porteño de La Boca, donde la comunidad educativa se congrega para definir los pasos a seguir en pos de evitar el cierre de la única escuela estatal y gratuita de fotografía en la ciudad. Aunque la lógica marque que debiera ser al revés, quizá en esta cualidad se explique la voracidad de la gestión porteña por avanzar, otra vez, contra el establecimiento.
Miguel Caruso se obstina a estar en un segundo plano, pero no puede porque en él yace parte de la historia que el Gobierno de la Ciudad busca borrar. Y no por primera vez, ya que en 2020 se vivió una situación similar. Miguel tiene más de 80 marzos y egresó de la escuela en 1963. Fue docente por más de 30 años, hasta 2007. La sigue llevando en el corazón y en la memoria. “No sólo exigimos que no se cierre, también pedimos volver a ser una tecnicatura, de tres años”.
EL LEGADO DE QUINQUELA
En 1940 el reconocido pintor Benito Quinquela Martín donó los terrenos para construir una escuela de Artes y Oficios. Una década después, se inauguró la Escuela Fábrica de Educación Técnica Nº 121 de Artes Gráficas, que en 1967 pasó a llamarse Escuela Técnica N° 31. Hace unos años, se le agregó el nombre de “Maestro Quinquela”.
Allí funciona la secundaria en el turno mañana y tarde, y el curso de fotografía a la noche, de donde egresó en 2002 Elena, hoy docente de Laboratorio Digital en la escuela de fotografía. En una ronda a la que se va sumando más gente a medida que avanza la tarde, apunta: “Lo que hace el gobierno porteño es un golpe al legado de Quinquela”.
El lunes 18 de marzo debería iniciar el año lectivo pero, por obra y (des) gracia del del ministerio de Educación, eso no sucederá. Explica la asamblea: “El martes 5 de marzo notificaron a través de un acta que no podíamos inscribir a los más de 200 ingresantes, y que no podíamos continuar con la cursada de los primeros y segundos años de la carrera”. Los responsables a los que apunta la comunidad son varios: “La ministra de educación porteña, Mercedes Miguel; el Director de Escuelas Técnicas, Adrián Rastelli; el Rector de la Escuela Técnica N°31, Juan Acuña; el supervisor de la región 4, Fernando Biondi y al director de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Gustavo Álvarez”.
Comunicarse con los teléfonos del ministerio es una tarea imposible. Lo mismo sucede con el despacho de la ministra Mercedes Miguel.

La comunidad educativa tiene experiencia en organizarse contra el gobierno porteño.
EL CONFLICTO
En 2020 perdió vigencia la resolución que daba validez a los títulos. El reclamo masivo de la comunidad educativa resguardó el cierre de la escuela y logró una nueva resolución, pero sólo hasta los ingresantes en 2021. Desde ese momento, el gobierno porteño se desentendió de la situación: “Ellos dejaron caer la resolución, lo único que deben hacer es poner una firma para dar continuidad a la escuela”, sintetiza Nicolás Ramos, ex alumno de la escuela ubicada en la avenida Pedro de Mendoza 1777.
Completa: “Cuando quisieron cerrar la escuela, las y los docentes presentaron un anteproyecto para declarar la tecnicatura superior con toda la carga horaria, con los alcances de un título técnico, de tres años. En la dictadura de Onganía se pasó a dos y después los sucesivos gobiernos de la ciudad lo dejaron estar, hasta que pasó a escuela media y técnica, y ahora lo quieren pasar a formación profesional. O sea, siguen degradando el título, la carga horaria, en detrimento del cuerpo docente y del alcance que tiene nuestra titulación. Así como está la situación, los compañeros que terminaron en 2023 no van a tener su título y quienes estudiaron primer año, no podrán seguir estudiando”.
ORGANIZACIÓN POPULAR
La asamblea realizada en un espacio cultural de La Boca se extiende porque lo que debería haber sido una semana de planificación, de cara al inicio de clases, viró a resistencia, angustia e incertidumbre; no a parálisis. Llueven propuestas que lo demuestran: volanteadas a Caminito; acampe en la puerta; panfleteadas por todo el barrio; aviso a las demás escuelas de la zona; articulación con las asambleas barriales y organizaciones de la comuna; flyers, videos, notas en distintos medios; convocatoria puerta a puerta; reuniones con las universidades cercanas; radio abierta. Hay comisiones para ordenar el trabajo: legales; gremios; comunicación y difusión; vínculo con el territorio.
“El próximo miércoles 20 de marzo la escuela cumple 74 años”, dice una docente del secundario. “Hagamos un abrazo a la escuela”, plantea un vecino. “A las 12 del mediodía”, se sugiere, y por unanimidad ya se empieza a pensar ese abrazo para evitar que pocos brazos cierren la cursada. Además se planifica un camarazo para el 3 de abril; y además una juntada de firmas virtual; y además una repartida de volantes para concientizar por el barrio.
La comunidad está organizada, organizada de verdad.

El cierre de año 2023 en la Quinquela.
UN OASIS EN LA CIUDAD
Mariano Corbacho fue alumno y es docente de la escuela. Trabaja también en el sector de educación no formal de la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida donde da tres cursos de fotografía. Son cuatrimestrales, de dos horas por semana. “La población viene con una idea de acercarse a una disciplina, casi exploratoriamente, en una actividad lúdica, recreativa, que puede ser una primera puerta para pensar tus estudios en fotografía y profundizarlos a futuro”.
Describe el valor social y fundamental de la Quinquela: “Es un curso de cinco veces por semana, dos años, que tiene laboratorio de revelado blanco y negro y ampliación, tiene salas de tomas que las construimos con los docentes, no con infraestructura de Gobierno porteño; también tenemos equipamientos para hacer las prácticas, una estructura pensada para hacer un curso largo. La población que asiste busca formarse en fotografía como una carrera y una forma de vida; esa es la gran diferencia. No son comparables la Quinquela con los cursos de educación no formal, van destinados a distintos tipo de inquietudes”.
74 años de historia. Única escuela pública y gratuita de la ciudad. Se han llegado a anotar 600 inscriptos por año, sin difusión alguna del gobierno porteño. 1700 horas cátedras. Miles de egresadas y egresados.
Amplía Mariano: “Queremos dar un curso de excelencia, de calidad, con las mejores herramientas disponibles para un alumnado que está con la decisión de formarse en eso y hacerlo una forma de vida; es fundamental abrir nuevamente las inscripciones para seguir formando fotógrafos y fotógrafas para el campo profesional. Hoy nuestra carrera tiene atrasos tecnológicos por la falta de respuesta del Ministerio y las autoridades de la institución, y queremos revertirlo hasta tener una tecnicatura superior”. Propone: “Exigimos una mesa de trabajo para discutir franca, sincera y pedagógicamente con el Ministerio, certificar los títulos de nuestros estudiantes, que se extienda esa certificación, que se implemente la tecnicatura superior como fue originalmente. Somos un oasis dentro de la ciudad y no entiendo cómo esta gestión no lo toma como bandera; no aprovecha tener egresados que recorren el mundo con sus fotos tras haber aprendido acá”.
Tímidamente, Miguel Caruso, el más experimentado de la ronda, el egresado hace 50 años, pide la palabra. Saca un papel del bolsillo y lee una lista que da cuenta del trampolín que representa la escuela:
–Salida laboral inmediata y autónoma.
–Reporteros gráficos en los periódicos más reconocidos, así como en revistas técnicas especializadas.
–Premios obtenidos por participaciones en concursos y salones internacionales, con cartas de reconocimiento a la escuela.
–Empleos como investigadores en universidad y hospitales, a partir de la documentación fotográfica.
–Fotografía Publicitaria
–Ilustración fotográfica de muchísimos libros
–Docencia en diversos espacios como colegios y municipios.
–Asesoría técnica en casas de venta de artículos fotográficos.
–Artífices de muestras y exposiciones en el país y el exterior.
Miguel sigue leyendo una larga lista de etcéteras.
BRONCA Y LUCHA
Toda la comunidad educativa es perjudicada por esta nueva embestida, pero hay un grupo que el avasallamiento lo siente distinto: las y los estudiantes que empezaron la carrera en 2023, que cursaron primer año de lunes a viernes, que les falta un año para egresar y que ahora parece que no, que desde el mismísimo Estado se les dice que no. Que no pueden. Que no se reciben. Que las puertas están cerradas. En la asamblea que empezó por la tarde y está terminando de noche, hay muchos estudiantes en esa situación. Una de ellas se llama Laura Luque. Anota todo lo que se dice en la ronda. Está atenta. Está activa. Y le dice a lavaca: “Somos estudiantes con la incertidumbre de no saber si vamos a poder terminar la carrera, ya que además nuestra escuela es la única municipal de fotografía. Me da bronca, porque queda claro que no les interesamos ni tampoco les interesa el derecho que nos ampara como estudiantes a formarnos. También da bronca la manera que nos quieren dar de baja, minimizándonos, ninguneándonos, intentando borrar nuestra historia, nuestra identidad. Es muy triste, y por eso mismo vamos a luchar todo lo necesario para que la Quinquela siga funcionando”.

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Informe Albanese: Anatomía de un genocidio

«Mientras la vida en Gaza está siendo destruida y Cisjordania está bajo un ataque cada vez mayor, este informe muestra por qué continúa el genocidio de Israel: porque es lucrativo para muchos», asegura el informe «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio» presentado por la relatora especial de Naciones Unidas Francesca Albanese (fotos: Amnistía Internacional).
En el documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Relatora Especial describe la maquinaria corporativa que sustenta el conflicto. Dentro de las empresas señaladas por participar en una «economía de genocidio» se encuentran la mexicana Orbia Advance Corporation y la brasileña Petrobras. También aparece el grupo español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) y dos multinacionales, Drummond y Glencore, que exportan carbón a Israel desde Colombia.
El informe señala puntualmente:
- Empresas armamentísticas: israelíes -Elbit, Israel Aerospace Industries- e internacionales -Lockheed Martin-.
- Multinacionales tecnológicas: Microsoft, Google y Amazon, junto con empresas especializadas como Palantir, proveen sistemas de datos, nube e inteligencia artificial que permiten una vigilancia masiva de la población palestina.
- Empresas de maquinaria pesada: Caterpillar, HD Hyundai y Volvo, suministran el equipo esencial para la demolición de viviendas e infraestructura palestina.
- Empresas constructoras: Heidelberg Materials y CAF, beneficiadas por la edificación de colonias subsidiadas por el Estado israelí.
- Empresas que monopolizan servicios básicos: Chevron (energía) y la estatal israelí Mekorot (agua). En Argentina, Mekorot ha firmado convenios con varias provincias para el control del agua.
- Bancos internacionales: BNP y Barclays suscriben bonos del tesoro israelí y financian el creciente déficit presupuestal alimentado por el gasto militar.
- Aseguradoras: Allianz y AXA.
- Especuladoras financieras: fondos soberanos como el noruego y de pensiones como el de Quebec, además de gestoras de activos como Blackrock y Vanguard.
Luego de presentar públicamente este informe, Albanese fue sancionada por Estados Unidos y amenazada por su presidente, Donald Trump. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas urgió a que se retiren dichas sanciones y se respete el rol que cumplió: “los relatores especiales de la ONU, al igual que otros actores del sistema de derechos humanos, abordan cuestiones delicadas y a menudo divisivas que son de interés internacional. Esa es la naturaleza de su trabajo” e instó instó a los Estados miembros a abstenerse “de cualquier acto de intimidación o represalia contra los relatores especiales”.
Las conclusiones del informe Albanese son contundentes: describe los “motivos razonables” para calificar de genocidio el ataque israelì a la población palestina y recomienda el embargo de armas a Israel, así como la obligación de reconocer el daño producido y de hacerse cargo de las reparaciones que correspondan.
A continuación, el texto completo de las conclusiones:

VII. Conclusiones
93. La abrumadora naturaleza y escala del asalto de Israel a Gaza y las destructivas condiciones de vida que ha infligido revelan la intención de destruir físicamente a los palestinos como grupo. Este informe concluye que existen motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión de los siguientes actos de genocidio contra palestinos en Gaza:
asesinato de miembros del grupo;
- causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo;
e infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial.
Los actos genocidas fueron aprobados y se les dio efecto tras las declaraciones de intención genocida emitidas por altos cargos militares y gubernamentales.
94. Israel ha tratado de ocultar su conducción eliminacionista de las hostilidades calificando la comisión de crímenes internacionales como respetuosa del DIH. Distorsionando las normas consuetudinarias del DIH, incluidas la distinción, la proporcionalidad y las precauciones, Israel ha tratado de facto a todo un grupo protegido y a su infraestructura vital como “terrorista” o “de apoyo al terrorismo”, transformando así todo y a todos en un objetivo o en un daño colateral, y por lo tanto eliminable o destruible. De este modo, ningún palestino de Gaza está a salvo por definición. Esto ha tenido efectos devastadores e intencionados, costando la vida a decenas de miles de palestinos, destruyendo el tejido de la vida en Gaza y causando daños irreparables a toda su población.
95. El genocidio de Israel contra los palestinos de Gaza es una fase de escalada de un largo proceso colonial de supresión. Durante más de siete décadas este proceso ha asfixiado al pueblo palestino como grupo -demográfica, cultural, económica y políticamente-, tratando de desplazarlo y de expropiar y controlar su tierra y sus recursos. La Nakba en curso debe detenerse y remediarse de una vez por todas. Es un imperativo que se debe a las víctimas de esta tragedia altamente evitable y a las futuras generaciones de esa tierra.
VIII. Recomendaciones
96. La Relatora Especial insta a los Estados miembros a que apliquen la prohibición del genocidio de conformidad con sus obligaciones inderogables. Israel y los Estados que han sido cómplices de lo que puede concluirse razonablemente que constituye genocidio deben rendir cuentas y ofrecer reparaciones proporcionales a la destrucción, la muerte y el daño infligidos al pueblo palestino.
97. La Relatora Especial recomienda que los Estados miembros:
(a) Apliquen inmediatamente un embargo de armas a Israel, ya que parece haber incumplido las medidas vinculantes ordenadas por la CIJ el 26 de enero de 2024, así como otras medidas económicas y políticas necesarias para garantizar un alto el fuego inmediato y duradero y restablecer el respeto del derecho internacional, incluidas sanciones;
(b) Apoyar a Sudáfrica para que recurra al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en virtud del artículo 94(2) de la Carta de las Naciones Unidas tras el incumplimiento por parte de Israel de las medidas de la CIJ antes mencionadas;
(c) Actuar para garantizar una investigación exhaustiva, independiente y transparente de todas las violaciones del derecho internacional cometidas por todos los actores, incluidas las que constituyan crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio, incluyendo:
i) cooperando con los mecanismos internacionales independientes de determinación de hechos/investigación y rendición de cuentas;
(ii) remitiendo inmediatamente la situación en Palestina a la CPI, en apoyo de su investigación en curso;
(iii) el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los principios de jurisdicción universal, garantizando investigaciones y enjuiciamientos auténticos de las personas sospechosas de haber cometido crímenes internacionales, incluido el genocidio, o de haber colaborado en su comisión, empezando por sus propios nacionales;
(d) Garantizar que Israel, así como los Estados que han sido cómplices en el genocidio de Gaza, reconozcan el colosal daño causado, se comprometan a no repetirlo, con medidas de prevención, reparaciones completas, incluido el coste total de la reconstrucción de Gaza, para lo que se recomienda el establecimiento de un registro de daños con un proceso de verificación y reclamaciones masivas que lo acompañe;
(e) En el seno de la Asamblea General, desarrollar un plan para poner fin al statu quo ilegal e insostenible que constituye la causa fundamental de la última escalada, que en última instancia culminó en el genocidio de Gaza, incluso mediante la reconstitución del Comité Especial de la ONU contra el Apartheid para abordar exhaustivamente la situación en Palestina, y estar dispuestos a aplicar las medidas diplomáticas, económicas y políticas previstas en la Carta de las Naciones Unidas en caso de incumplimiento por parte de Israel;
(f) A corto plazo y como medida temporal, en consulta con el Estado de Palestina, desplegar una presencia internacional de protección para limitar la violencia utilizada habitualmente contra los palestinos en el territorio palestino ocupado;
(g) Garantice que la UNRWA recibe una financiación adecuada que le permita satisfacer las crecientes necesidades de los palestinos en Gaza.
98. La Relatora Especial pide a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que redoble sus esfuerzos para poner fin a las actuales atrocidades en Gaza, entre otras cosas promoviendo y aplicando con precisión el derecho internacional, en particular la Convención sobre el Genocidio, en el contexto del territorio palestino ocupado en su conjunto.
(Fotos: Amnistía Internacional)

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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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