El Estado argentino deberá responder por las sistemáticas violaciones contra los derechos humanos de las vecinas y vecinos de Andalgalá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del rechazo y la movilización que genera en la comunidad el proyecto de megaminería a cielo abierto denominado MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera). El organismo internacional ya notificó al Estado nacional y le otorgó un plazo de tres meses para que presente sus observaciones en el marco de la denuncia impulsada por la Asamblea El Algarrobo. Se trata de un logro de la movilización del pueblo de Andalgalá que desde lavaca.org y MU venimos siguiendo desde hace más de 15 años. Llevan 821 caminatas, una por semana, los sábados a las 19, en rechazo a la megaminería. Una resistencia que no bajó los brazos pese al hostigamiento y la violencia institucional del Estado durante todos estos años.

(Fuentes: Asamblea El Algarrobo – Andalgalá, página No a la Mina y lavaca.org)

Fotos: Susi Maresca para la Asamblea El Algarrobo y para lavaca.org

La causa contra el Estado por violaciones a los derechos humanos fue presentada en abril del año 2024 por vecinos y vecinas de Andalgalá. Luego de ser estudiada por la CIDH, se les notificó de esta decisión. El Estado argentino deberá rendir cuenta por las acciones que ha adoptado la provincia de Catamarca durante todos estos años, como ser la vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución e intimidación.

Sin embargo, estas son apenas algunas de las vulneraciones que han sufrido por defender el agua, el territorio y la vida, pero además por la sistemática denegación de sus derechos constitucionales de vivir en ambiente sano por parte del Poder Judicial provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con el único objetivo de avanzar con la explotación del proyecto Agua Rica, hoy denominado MARA (Minera Agua Rica Alumbrera). Se trata del yacimiento de oro, cobre y molibdeno Agua Rica que utilizaría la infraestructura de la mina Alumbrera, es decir, sus instalaciones para el procesamiento del mineral.

248 víctimas

La presentación fue efectuada por la abogada de la Asamblea, la doctora Mariana Katz en representación de más de 100 vecinos y vecinas, acompañada por el Colectivo Yopoy (los abogados Juan Pablo Vismara, Gabriel Bicinskas y Marcos Filardi), denunciando que 248 andalgalenses han sido víctimas del accionar violento y violatorio de derechos humanos por parte del Estado Argentino y ante el accionar del Estado catamarqueño, que se encuentra probado en 44 causas judiciales. Entre éstas, están las iniciadas por los vecinos y vecinas para defender sus derechos humanos, y que no han tenido respuestas. Además, se está denunciando el accionar persecutorio a través del Poder Judicial, con el armado de causas en contra de los defensores y defensoras del ambiente, a las que la justicia local aún no ha dado respuesta alguna, ignorando así derechos constitucionales.

El reclamo trasladado a los tribunales de Buenos Aires.

El proyecto MARA , que busca producir cobre, oro, plata y molibdeno en pleno cerro Aconquija, está comandado por tres empresas: la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. También son tres las normas jurídicas que debieran imposibilitar su realización: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares. “Sin embargo, vino la pandemia y en medio del aislamiento autorizaron la exploración avanzada en el Cerro Aconquija, que afecta también a la cuenca del río Choya. Ahí piensan hacer una escombrera, donde volcarán la explotación que realicen en la montaña, o sea, la cobertura vegetal y lo que ellos llaman la roca estéril, que para nosotros es nuestra biodiversidad”, dice a lavaca Sergio Martínez, uno de los antiguos vecinos de la asamblea El Algarrobo”.

Parte de las acciones de Glencore pertenecen a Blackrock, el fondo «buitre» de finanzas comandado el norteamericano por Larry Fink. Ese fondo tiene intereses en múltiples empresas, los principales bancos argentinos, yacimientos mineros en San Juan, y posee -a través de la propia Glencore- la propiedad de Viterra que, asociada al grupo Bunge, es una de las principales corporaciones del agro negocio a nivel mundial.

Las marchas en Andalgalá: todas las generaciones.

La Corte Suprema desoye el reclamo

Esta notificación de la CIDH da inicio al proceso de verificación de todas las violaciones de Derechos Humanos que la Asamblea El Algarrobo viene denunciando desde hace más de 15 años, pese a la violencia institucional de la que suele ser víctima.

Con la apertura del proceso ante la CIDH, de ahora en más la población de Andalgalá litigará con el Estado argentino: la respuesta a sus reclamos tendrá que ser brindada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería de la Nación, y esto implica que el Ministerio de Minería de la provincia no podrá emitir nuevas autorizaciones sobre la “etapa de exploración avanzada”, que implica un inicio de explotación de manera encubierta.

Esta decisión de la CIDH contrasta nítidamente con la tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que días atrás rechazó el recurso extraordinario federal que interpuso la Asamblea para que no se cierre el amparo judicial iniciado en enero del 2010, y que tenía por objetivo que se impida la explotación del yacimiento Agua Rica, y que también ayer ratificó esa decisión, dejando abstracto este reclamo.

El fallo de la CSJN es apenas una muestra de cómo el Estado argentino en su conjunto desoye el reclamo y vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano y apto para la vida digna.

La causa para rechazar el RIGI

La Asamblea El Algarrobo fue notificada además sobre la apertura de un expediente para evaluar la solicitud realizada ante el Ministerio de Economía, para que se rechace el pedido de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), solicitado por Glencore. Ese es otro trámite que muestra las múltiples vías de resistencia encaradas por la comunidad, tanto en la calle, marchando todas las semanas, como en el ámbito judicial. Reconocen los vecinos y vecinas el apoyo que han recibido de diversas organizaciones, especialmente el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y a Amigos de la Tierra.

La Asamblea hizo saber a todos los funcionarios y empresarios que Andalgalá «no va a bajar los brazos», que van a continuar en esta lucha. Plantean: «Lo está en juego es la vida, el presente y el futuro». Y exigen que se cumplan las leyes y se respeten sus derechos: «Ese es el deber del Estado que el pueblo demanda».

El Aconquija: parte de lo que defiende la Asamblea El Algarrobo.

Hoy cumple 95 años Estela Barnes de Carlotto, actual presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Su utopía era la de una vida normal. No pudo ser: la directora de escuela “antiperonista y aburguesada” sufrió el secuestro de su marido primero (liberado tras el pago de un rescate a los grupos de tareas) y más tarde el de su hija Laura, que parió en cautiverio y luego fue fusilada por la espalda. Para Estela comenzaba otra historia. Desde los gritos ante la Rosada, los cumpleaños simulados y las búsquedas insólitas, hasta el hallazgo de 140 vidas e identidades. ¿Qué simbolizan Abuelas? Modos posibles de ser y de hacer, frente a lo peor, y sin odio. Acción más que los discursos. Carácter, eficiencia y alegría. El efecto Milei y un consejo abuelístico. La nota publicada en MU, como humilde homenaje a una mujer. Y al Estilo Estela. Por Sergio Ciancaglini.

Quiénes estuvieron y quiénes no, a siete meses del ataque al fotoreportero durante una de las marchas de jubilados. El significado de la solidaridad y la amistad: «Estamos revirtiendo eso de que ser turro esté de moda» dijo Fabián, el padre de Pablo.

Por Claudia Acuña

Sobre Hipólito Yrigoyen, a pocos metros de Solís, hay una herida en el asfalto que marca el lugar exacto en el que la Gendarmería Nacional atentó contra la vida del fotógrafo Pablo Grillo. Ahí mismo un manojo de colegas están ahora pegando con plasticola su foto, mientras Fabián, su papá, sintetiza todo lo que este festival solidario significa: “Quisieron matarlo, pero no les salió. Pablito está mejor y lo que lograron es potenciar el amor del pueblo. Ahora acá estamos revirtiendo eso de que ser turro esté de moda para que podamos mirar al otro como un amigo, un colega, un par”.

Fabián Grillo y las armas de creación masiva. «Pablito está mejor y lo que lograron es potenciar el amor del pueblo».

Hay chicos jugando al ajedrez y chicas pintando con acuarelas flores y pájaros. Hay músicos cantando rap y músicas cantando tangos. Hay jóvenes y veteranos bailando rock y milongas. Hay sol, mate y bandejas de sándwiches y alfajores caseros que se comparten. Hay fotos colgadas en las rejas de la plaza y en los cuellos de colegas de Pablo que acompañan a las familias, amigos, amigas y vecinos que se reunieron allí para acompañarse.

Chicas y chicos jugando y pensando.

Hay jubilados y jubiladas, por supuesto, porque finalmente Pablo estaba allí para registrar su batalla de todos los miércoles. Aquel 12 de marzo no era uno cualquiera: se habían sumado a la ronda hinchas de todos los clubes de fútbol con la intención explícita de proteger a las y los jubilados de la represión que sufrían cada miércoles y que ese día fue más brutal. Así lo ordenó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich –ahora candidata a senadora, quizá para esconder las consecuencias legales tras los fueros– y la noticia fue otra: no ya el apoyo que podría haber contagiado la solidaridad de otros sectores, sino la imagen de un joven fotógrafo agonizando en el asfalto con el cráneo destrozado. “Si Pablo tiene la fuerza para pelear por su vida, nosotros también”, sintetiza Fátima, una de sus amigas de Remedios de Escalada, donde todos los viernes se realiza un semaforazo para exigir justicia y todos los meses un festival como este, que al cumplirse siete meses decidieron trasladar a la escena del ataque.

Jubilados acompañando la movida. El ataque a Pablo fue durante una de las marchas de los miércoles, el 12 de marzo.

Lo que no hay deja flotando un interrogante: a una semana se las elecciones nacionales no hay partidos ni políticos que ni siquiera se acercaran para la clásica foto. ¿Dónde están? Tampoco hay organizaciones sociales ni otros aparatos que aporten ni gente ni logística, que la familia consiguió a puro abrazo. Por ejemplo, el de SiPreBA –el sindicato de prensa porteño– que entre otras cosas se hizo cargo del sonido y los dos baños químicos exigidos por el gobierno porteño para otorgar el permiso, que se convirtieron en cinco: cuando la empresa proveedora se enteró para qué eran decidió aportar tres más.

La cicatriz en el asfalto, y el homenaje a Pablo, que sigue recuperándose.

Lo que sobra es armonía, esa extraña cualidad en peligro de extinción y que allí, sobre el asfalto herido, cura.

La vida sobreponiéndose a los proyectos de muerte.