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El otro lado del control

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Cómo funcionan las inspecciones del Gobierno porteño. Cómo lo describe el fiscal que lleva la causa de Time Warp. Quién es quién en esta máquina que impone clausuras en nombre de la seguridad y, al mismo tiempo, facilita el descontrol. ▶ FRANCO CIANCAGLINI

ernesto-reyna-morganCromañón en 2004, Beara en 2010 y ahora Time Warp demuestran que los empresarios que organizaron estos desastres no están solos: en todas las causas que investigan estos hechos hay funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, condenados o procesados por corrupción o por desidia.
El último caso quizá sea el más grave, por ser el último, por tener como tremendo antecedente y advertencia los otros dos y porque corona un modelo peligroso. Ésa fue la descripción que hicieron el legislador Gustavo Vera y el padre de Cromañón José Iglesias al señalar al gerente del área de Eventos Masivos de la Ciudad, Claudio Iacobaccio. Según denunciaron, el funcionario aumentó su patrimonio de 128 mil pesos a 4 millones en los últimos cuatro años.
La gerencia de Eventos Masivos es la encargada de monitorear los grandes shows como la Time Warp. De hecho, Iacobaccio estuvo en Costa Salguero la noche de la muerte de los cinco chicos. Por eso, está también procesado como partícipe necesario en la comercialización de estupefacientes, agravado con el delito de abandono de persona seguido de grave daño a la salud y de muerte, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cargos que comparte con el coordinador Fernán García Vázquez y los inspectores Gustavo Herms, Néstor Cella y Germán Fontanellas, los tres presentes durante toda la fiesta como si fueran unos jóvenes más. Literalmente: el juez Sebastián Cassanello los calificó de “espectadores” que cumplieron un “rol ficticio” que les permitió a los organizadores desplegar su plan ilícito. ¿Cuál?
La investigación del fiscal Federico Delgado detalla:
 
Circulación libre de drogas
Hacinamiento
Mala atención médica
Pocos controles en los ingresos
Aprovechamiento de esas singularidades para vender a mayor precio el agua, “un insumo decisivo”.
 
Al día siguiente de la tragedia, ya el lunes, el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Matías Álvarez Dorrego, se presentó en la Legislatura para dar explicaciones. Dijo que el evento estaba bien habilitado, que los inspectores de la AGC cumplieron su función y que no se había excedido la capacidad máxima. A los dos días, el peritaje de teléfonos encontró un mensaje de Whatsapp de los organizadores que revelaba que en la rave hubo casi el doble de personas que permitía el predio. De acuerdo a la habilitación podían entrar 13.000 personas, pero el Whatsapp festejaba la concurrencia de 20.513.
Además de los funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control se encuentran procesados 26 efectivos de la Prefectura Nacional y un “conglomerado empresario con múltiples rostros”, liderado por el abogado Víctor Stinfale. Esta enumeración da cuenta de un entramado de complicidades que, como caracteriza el fiscal Delgado, permitió un “espacio social excluido de soberanía estatal” y, como confirmó luego el juez Cassanello, hizo que las inspecciones estuvieran sujetas al “control absoluto de los organizadores”.
La investigación de la fiscalía llega hasta la línea del gerente del área de Eventos Masivos y se detiene: “Todo el resto de las pruebas que escalaban más arriba, se cortaron”, dice el fiscal Delgado.
 

Filosofía Time Warp

 
En su dictamen Delgado relata la dificultad para entender la burocracia de las habilitaciones, que parece estar hecha a propósito para lavar culpas: “el gobierno hace un culto a las formas”, “rigurosamente se confecciona un expediente”, “rigurosamente se cumplen tediosos pasos administrativos; circulan notas prolijamente selladas y firmadas”, “pero todo lo que es expediente carece de respaldo material”.
En otras palabras, la burocracia no hace lo que escribe: no controla lo que informa como controlado.
Si bien es conocido por usar remera y tomar mate, el fiscal Delgado emplea en sus dictámenes vocabulario académico y bibliografía filosófica, y desarrolla en cada causa no solo una investigación que enmarca las acusaciones sino una tesis de lo sucedido. En el caso Time Warp cita a Hannah Arendt para hablar del “gobierno de nadie”, una forma de caracterizar la cadena de culpas del Ejecutivo porteño: “No hay peor tiranía que la anónima, aquella que no debía rendir cuentas a nadie porque no se podía localizar”.
Un ejemplo: el testimonio del inspector Pablo Germán Fontanellas: “desconozco”, “no vi nada”, “excede mi función”, “no recuerdo el caso puntual”, “no realicé ningún acta”, “no es una función nuestra” y otras evasivas de ese estilo.
La investigación de la fiscalía no pudo encontrar actos de corrupción entre estos funcionarios y los empresarios, ni entre cualquiera de los actores de la rave. Las cámaras de seguridad de adentro no almacenaron datos; el inspector Claudio Alberto Iacobaccio perdió sus dos celulares. Concluye el fiscal Delgado que así el “radio de acción del sistema judicial” se reduce a los hechos comprobados: se probó que tenía que haber 13 mil personas y había 20 mil. Si bien no pudo inculparlos de corrupción, los imputó por “desidia”.
Según contaron fuentes de la AGC a MU, los procesados no hacen más inspecciones, pero siguen en la agencia cumpliendo tareas administrativas. Excepto Iacobaccio, quien todavía debe demostrar cómo creció su patrimonio al ritmo que crecieron las fiestas electrónicas de Stinfale y compañía.
 

La máquina de controlar

 
La Agencia Gubernamental de Control queda una cuadra de Cromañón. Afuera, sobre la calle Perón, fuman y esperan continuamente más de 20 personas, tan solo la punta del iceberg que sigue adentro: se calcula que pasan por este edificio 500 personas por día para resolver problemas relacionados con la habilitación. A las 5 de la tarde el edificio comienza a vaciarse de a poco, mientras los inspectores de nocturnidad recién arrancan su jornada.
El arquitecto Ernesto Reyna Morgan está a cargo de la Gerencia de Nocturnidad de la AGC y es, además, uno de los agentes más antiguos. Su panorama es completo: entró al organismo justo después de la masacre de Cromañón -en abril del año siguiente- como parte de una reforma estructural que dividió a la AGC en dos: Nocturnidad (de la que hoy Reyna es gerente) y Eventos Masivos, liderada hasta la Time Warp por Claudio Iacobaccio. La AGC dejó de ser así una inspección general y se transformó, en la práctica, en una agencia vertical en la que los inspectores se convirtieron en una fuerza encargada de hacer cumplir la letra de la reglamentación.
Reyna resume su trabajo de esta manera: “En general toda la sociedad no ve con buena cara los controles, hasta que pasa algo y en ese momento nos reclaman”. Y tiene razón: cada vez que hay una tragedia hay también un cambio en las leyes, se recrudecen los controles sobre boliches, bares y centros culturales, pero el “negocio de la noche” se adapta y sigue.
Después del derrumbe de Beara, en el que murieron dos chicas, Macri dictó un DNU, en noviembre de 2010, por el que creó un registro público de bares, medida espejo de la que había tomado Ibarra después de Cromañón para los boliches bailables.
El caso del boliche Beara mostró que la lógica Cromañón seguía intacta: la investigación comprobó que hubo sobornos en la habilitación, una “inspección mentida” y documentos vencidos. Por el hecho están procesados cuatro ex funcionarios de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos el ex jefe de Habilitaciones, Martín Farrell.
Analiza Reyna, con casi 11 años en la noche: “Recién ahora, con Time Warp, estoy notando que hay empresarios que están buscando hacer las cosas un poco mejor. No porque sean buenos, sino porque si las hacen mal, les va a ir mal. Nadie quiere ser Chabán”.
 

Prohibido bailar

 
Tras Time Warp, los controles se ajustaron para los más débiles: los centros culturales. “Con ese tipo de locales tenemos un problema -confiesa Reyna-. Hemos encontrado cabarets y cines porno con esa habilitación. Tenemos un montón de lobos vestidos de ovejas”.
Es cierto: la desvirtuación de rubro es uno de los principales motivos de clausura, pero los centros culturales no son todos cabarets y cines porno. Son los que crearon y esperan que la nueva ley que los reglamenta y controla sea puesta en marcha por el Ejecutivo. “El problema es la visión –corrige Reyna- Ellos quieren fomentar la cultura; mi responsabilidad es la seguridad. Es como que uno habla en chino y otro en japonés: parecen parecidos, pero no es lo mismo”.
¿Qué norma se aplica? “Los locales de baile están muy normados después de Cromañón, lo que hace que sean más seguros. Y los teatros independientes tienen una normativa específica más ambigua”, informa Reyna.
Hay que aclararlo: no todas las inspecciones de nocturnidad pasan por la aprobación de su gerente. El poder en las sombras lo tienen, primero, “los operadores”, que trabajan buscando en las redes y por palabras clave (“recital”, “fiesta”, “baile”) eventos prohibidos. Eso explica que muchas veces los inspectores de nocturnidad caigan a los centros con una hoja impresa de un evento de Facebook. Reyna, informa, se encarga de las inspecciones más “pesadas”, en general ningún centro cultural, y a pesar de que prefiere hablar de lo que más conoce, alcanza a distinguir dos subgrupos:
 
“Uno, no quiero decir serio para no decir que los otros no son serios… Pero es gente del arte, de la cultura, que tienen su corazón en eso y que no lo hacen para ganar la plata. Estos, a veces, el problema que tienen es que por desarrollar la cultura no se fijan en el tema seguridad. Y nosotros lamentablemente no podemos soslayar que porque sean culturales, sean peligrosos. Y entonces a veces pasa que los tenemos que clausurar”.
“Y hay otro sector de gente más joven que se dedica a la cultura, pero como es más joven, también entiende que la cultura no es solamente una actividad cultural, sino a veces ciertas extensiones… entonces el baile, ¿por qué no va a ser parte de la cultura? Ahí tenemos algunos conflictos de interpretación de las normas”.
 
El cuerpo que dirige este arquitecto está compuesto de 80 agentes destinados a controlar unos 10 mil locales. Cuando se le pregunta si el dividendo no resulta escaso, Reyna cuenta que se abrió una convocatoria para 100 inspectores más, aunque no todos irían a Nocturnidad.
El organigrama completo incluye a estos inspectores que salen a calle, pero también a “coordinadores” que organizan las visitas y una sección de “programadores” que preparan el listado de lugares. ¿Con qué criterio? Según explica Reyna, en los papeles hay dos motivaciones: las denuncias, que pueden ser de vecinos u oenegés; y los “requerimientos” de un organismo oficial: juzgados, policía, Prefectura
Pero hay una tercera forma, la más polémica: “A veces nos llaman de la fiscalía contravencional en el medio de la noche para avisarnos de una situación en tal lugar y nos piden que mandemos a los inspectores; eso es una especie de mezcla entre denuncia y requerimiento de organismo oficial”, explica Reyna.
Gobernada por la fiscalía, la AGC puede terminar cumpliendo deliverys políticos de los fiscales de la Ciudad. “Sean buenos o sean malos, tenemos que ir a todos”, cierra.
No existen números que revelen con exactitud cuántas inspecciones soportan centros culturales, cuántas bares y cuántas boliches bailables. Ni cuántas ocurrieron la semana en que se le hizo vista gorda a Time Warp. Según un listado que la AGC entregó a MU, entre una serie de lugares asiduamente visitados solo hay tres centros culturales y teatros entre más de 50 “violadores seriales”, como a Reyna le gusta llamarlos.
MU hizo un pedido formal de la información completa vía la Mesa de Entrada del Gobierno porteño que, al término de esta nota, cumplía 20 días sin responder. Gracias al número de seguimiento pudo saberse que nuestra nota había atravesado cinco dependencias distintas hasta aterrizar en la AGC donde se dio la entrevista, quizá la verdadera respuesta a aquella solicitud. “Nunca contestan los expedientes”, consolaron fuentes de la Legislatura que hicieron más de un pedido similar.
 

Las cifras de la clausura

 
Las voces que amplifican los propios centros culturales, que se calculan en más de 300 en la Capital, hablan de una intencionalidad manifiesta por clausurarlos. Durante 2014 los espacios clausurados fueron casi 200.
Los números de la Justicia Contravencional y de Faltas de la ciudad relativos a 2015, por su parte, hablan por sí solos:
 
De los cientos de disposiciones del Código de Faltas, las que más sanciones provocan son las relacionadas con la documentación habilitatoria.
Del total de 4.610 actas realizadas en centros culturales, bares y boliches, 385 se hicieron por la falta de “exhibición de documentación obligatoria” (más del 8% de cientos de faltas) y 291 por “ausencia de habilitación y desvirtuación de rubro”(más del 6% de las faltas).
Para dar una idea de la magnitud de las infracciones que se originaron en estas inspecciones, solo la superan las labradas por exceso de velocidad (12%) y por estacionamiento prohibido (12%).
Por último, de esas 4.610 actas labradas en total, solo en 52 se informa si se realizaron por denuncia o de oficio. Es decir, no revelan el motivo que llevó a los inspectores al lugar de la inspección.
 
En la práctica, estas inspecciones iniciadas por la AGC se transforman en causas que van hacia la nada. En el caso del Código de Faltas, que compete a la habilitación de los lugares, de un total de 3.500 causas, el 90% de las faltas va a archivo por “prescripción de la acción” y en un 48% de los casos además se considera “persecución injustificada”.
En la mayor parte de los procesos contravencionales tanto la defensa pública como privada aconsejan a los protagonistas de la infracción firmar juicios abreviados o probation. La experiencia demuestra que es la peor de todas las opciones que tiene el infractor. El juicio –tan temido- es al fin y al cabo la única garantía de que las arbitrariedades del procedimiento queden expuestas y sean evaluadas. Generalmente en esa instancia quienes tienen que llevar adelante la acusación desisten de hacerlo por falta de pruebas. Esto sucede, entre otras cosas, porque los inspectores probablemente nunca imaginan que un acta labrada a las 5 de la mañana de un sábado llegará a juicio meses después.
En tanto, hasta que se comprueba que no hubo una infracción, los locales son cerrados y los días de trabajo, perdidos. Los empresarios, en cambio, según describe el propio Reyna, tienen a la noche como trabajo part time: “Desde el que administra el local hasta los vigiladores, de día hacen otra cosa”.
La discusión es si se mide con distinta vara a centros y boliches, o si justamente se mide con la misma vara a cosas distintas. El legislador opositor Gabriel Fuks, que estuvo a la cabeza de la interpelación al titular de la AGC por la Time Warp, plantea: “El gobierno no presiona a los empresarios, más allá de si son amigos o no, porque cree que de hacerlo generaría una distorsión del flujo económico de la Ciudad: si pone demasiados controles, las inversiones van a otros lados”.
La teoría se comprueba en una práctica que no llegó a implementarse: el PRO impulsaba en la Legislatura la creación del Distrito Joven, un área eximida de impuestos donde se asentarían los boliches nocturnos de la Ciudad. ¿Dónde? En Costanera Norte. El proyecto quedó trunco con la tragedia de Time Warp.
La sociedad impuso otra agenda: hoy en la Legislatura se discuten varios proyectos que prohíben las fiestas electrónicas en lugares cerrados; y nuevas formas de contar el ingreso a los boliches, ni por entrad

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