CABA
Impunidad serial en Tucumán: los perfiles del poder patriarcal

Quiénes son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder en Tucumán, donde la violencia machista y la impunidad –que empieza a romperse– tiene altos cargos políticos. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.
¿Por qué?
Esta pregunta que enciende la imaginación y la acción es el origen de todo en el periodismo. Y por supuesto, de esta nota también.
En un grupo de trabajo sobre comunicación y violencias el “por qué” lo originó un recuento sobre las últimas tres administraciones del Estado y su idéntica respuesta hacia los crímenes generados por la violencia patriarcal: la nada misma, sin grieta. Resulta aún más inquietante en el caso del actual gobierno, ya que el maquillaje de género ha embadurnado todas sus comunicaciones políticas, hasta el presupuesto. Sin embargo no ha dedicado ni un spot, flyer o slogan a prevenir estas violencias.
¿Por qué?
Buscando una respuesta, el grupo de trabajo analizó los números que confirmaron el diagnóstico: nada. El Ministerio de las Mujeres apenas ejecutó el 7% del programa destinado a violencias, el más bajo de una gestión que se caracteriza por la subejecución: a fin de julio solo había erogado el 24,99% de los 6 mil millones de su presupuesto.
Sin embargo, al pedido de las familias víctimas de femicidios para que se hagan cargo de peritos y abogadas de las causas –tal como está obligado el Estado por las leyes y tratados– el ministerio respondió que no tenía recursos.
¿Por qué?
Esas familias también le solicitaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta que cambie la reglamentación de la Ley Brisa, ya que la actual no funciona: el trámite demora un promedio de 3 años, negando a las infancias un derecho cuando más lo necesitan. Se trata de algo que no implica dinero, sino solo redactar otro decreto: las familias le entregaron en mano un texto posible. Fue hace tres meses. Todavía no recibieron ninguna respuesta. Nada.
¿Por qué?
Para poder encontrar una respuesta el grupo de trabajo se planteó entonces otra pregunta: ¿puede haber una relación entre esta falta de respuesta del Estado y las denuncias que involucran a funcionarios del Estado? Eligió entonces un territorio: Tucumán.
Y encontró estos datos: una radiografía técnica de la cobertura judicial y política a la violencia machista.
Ricardo Bussi tiene 57 años y es hijo del genocida Antonio Bussi. Su carrera política comenzó de la mano de su padre, con quien funda Fuerza Republicana, el partido que llevó a la gobernación a Bussi padre en el año 1995 y que Bussi hijo aún preside. En 1997, Ricardo Bussi obtiene una banca como Diputado Nacional, que renueva en el 2001. Desde el 2003 al 2007 se desempeña como Senador Nacional, y luego regresa a San Miguel de Tucumán, donde es electo concejal y luego legislador provincial, cargo que ejerce en la actualidad.
Fue candidato a gobernador en seis oportunidades: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, pero nunca obtuvo el cargo.
Como jefe de la banca de Fuerza Republicana, rechazó públicamente la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela –a la que votó en contra, igualmente aprobada en 2020 por la presión del movimiento feminista en la provincia– y de la Educación Sexual Integral, ley a la que todavía Tucumán no adhiere.
El 5 de junio de 2020 fue denunciado en la División Delitos Contra Las Personas de la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos del Departamento General de Policía por el delito de violación. La denunciante es Lupe, una joven que trabajaba en su partido. Lupe descubrió además que había sido víctima de usurpación de la identidad: existía una cuenta abierta a su nombre con 600 mil pesos.
Según la denuncia, la violación se produjo dentro del despacho que el diputado provincial tiene en la Legislatura tucumana, cuando ella fue a reunirse con él a fin de encontrar una solución al conflicto con la cuenta abierta a su nombre.
El mismo día que tuvo lugar la violación, Lupe intentó realizar una primera denuncia en el Observatorio de la Mujer ubicado en el Hospital Central de Salud, pero le dijeron que el lugar estaba cerrado a causa de la cuarentena. La denuncia también detalla la serie de agresiones, golpes y mensajes intimidatorios que reciben Lupe y su familia en su domicilio “por parte de policías y otras personas, quienes la amenazaron de muerte y otros padecimientos”.
Washington Navarro Dávila juró ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 30 de octubre de 2018 y en seguida asume como titular del Ministerio Pupilar de la Defensa, una institución del sistema de justicia nacional y federal que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Su designación es cuestionada tanto por la oposición tucumana como por las organizaciones sociales, feministas y legales, como el CELS. En su rol como fiscal, previa a la designación ministerial, fue responsable de mantener a la joven Belén en la cárcel por 881 días, acusada primero de “aborto seguido de presunto homicidio” y de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”.
Como ministro Pupilar de la Defensa, en 2020 es señalado por otorgar dos ascensos interinos a su hija, la abogada Magdalena Navarro Vitar, en menos de ocho meses.
En marzo de 2021, Navarro Dávila fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Regional por los delitos de “coacción agravada” y “abuso de autoridad”. La denunciante es la contadora Erika Juárez, quien se desempeñó como secretaria administrativa en ese organismo.
En mayo, Erika relata en el canal de Youtube denominado Judiciales TV el acoso sexual que vivió de manera constante durante los años 2019 y 2020, por parte de Navarro Dávila. Tras varios meses de acoso y amenazas, Erika fue despedida junto a su hermana y todos los miembros del equipo con el cual trabajaba.
Antonio Daniel Estofán llega a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2007 nombrado por el entonces gobernador José Alperovich, y tras haberse desempeñado como Fiscal de Estado en esa provincia. Se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el periodo que va del 2011 al 2013. Luego de una larga trayectoria en distintos roles dentro de la Justicia, en agosto de 2019 es designado como Vocal Decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cargo que ocupa en la actualidad.
En abril y mayo del 2020 se vio enredado en un escándalo público tras un reportaje que le realizó la periodista Irene Benito para La Gaceta de Tucumán. En ese artículo, el miembro del máximo tribunal de Justicia de Tucumán reconoce y confiesa la existencia de padrinos que protegen empleados, manejos oscuros, encubrimientos, impunidad, abuso de autoridad, acomodos, tráfico de influencias, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por cargos dentro de la justicia tucumana. Por ese reportaje, los abogados Juan Colombres Garmendia y Carlos José Varela Soria, denunciaron penalmente a Antonio Daniel Estofan y solicitaron “sea condenado con el máximo de la pena que los delitos atribuidos prevén”.
En septiembre del 2020 es denunciado ante la Corte Suprema por Elvira de las Mercedes Mayol por “acoso sexual y otras graves inconductas”. En la misma denuncia reclama que se lo investigue por tener “privilegios constitucionales”. Elvira tiene más de 10 años de antigüedad trabajando en la Corte y cuando debió reunirse con Estofán por un trámite administrativo que diera curso a un ascenso que tenía demorado, el letrado la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.
Fue la misma Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán quien ordenó archivar la denuncia.
Carlos Najar ejerce su segundo mandato como intendente de Las Talitas, un municipio de más de 50 mil habitantes ubicado al noroeste de San Miguel de Tucumán. La fuerza política que lo llevó al cargo en el 2015 es Acción Regional, un partido provincial acoplado al Partido Justicialista en el Frente Justicialista por Tucumán.
En mayo de este año Najar fue denunciado por violencia de género por su ex esposa y madre de su hija de tres años. Se trata de Ingid Saravia, una mujer de 37 años.
En su denuncia, Ingrid describe situaciones de violencia tanto física como simbólica ya que, según relata, Najar no le permitía ver a otros dos hijos que ella tiene de una relación anterior. De acuerdo a la denuncia de Saravia, a los pocos días del nacimiento de la hija de ambos, una noche que la beba no paraba de llorar, le pidió a Najar que se la trajera para alimentarla y él le dio una trompada en medio de la cara sumada a una catarata de insultos “porque no lo dejaba dormir”.
Otra escena que figura en la denuncia: el 23 de marzo de este año, cuando él recibe el alta tras haber estado internado por un cuadro de Covid-19, en medio de una discusión Najar la toma del cuello impidiéndole respirar: “Estoy hablando ahora de milagro: creí que me mataba allí, asfixiándome delante de mi beba”, cuenta Ingrid.
Carlos Najar enfrenta la denuncia acusando a Ingrid de extorsión, mientras continúa al frente del municipio de Las Talitas.
José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador.
Alperovich fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como Senador Nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es Senadora Nacional y además preside el Partido Justicialista en la provincia. En 2018 Alperovich vota en contra del Proyecto de ley Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En febrero de 2021, al cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebbos, la Corte de Suprema de Justicia provincial hace lugar al pedido de la familia y dispone que se investigue al entonces gobernador José Alperovich por encubrimiento del asesinato de la joven.
Actualmente cuenta con una licencia sin goce de haberes por sus responsabilidades en el Senado. Ocurre desde noviembre del 2019 cuando fue denunciado por abuso sexual agravado a su sobrina, quien trabajaba para él durante la campaña electoral para la gobernación en 2019. “Me atacó en el sillón. Me hizo tocarlo forzadamente, se bajó el pantalón y el calzoncillo mientras me decía ‘mirá cómo me ponés’”, relató la mujer.
Será la Corte Suprema de Justicia la que investigue la causa luego de que tanto la justicia de Tucumán como la de Buenos Aires se declararan incompetentes.
Bruno Gabriel Romano fue electo Concejal en 2019 en Juan Bautista Alberdi, una localidad de unos 20 mil habitantes ubicada a 90 kilómetros de la capital de Tucumán. La fuerza que lo lleva y sostiene en el Concejo Deliberante es el Partido Justicialista. Según medios periodísticos de Tucumán, Romano se encuentra cercano al espacio del vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, en medio de la interna peronista.
En marzo de 2018 Romano, que además es boxeador, fue denunciado por violencia de género a su entonces pareja, la farmacéutica de 37 años Romina Dip.
La asunción de Romano como Concejal de Alberdi se dio en medio una polémica, ya que estaba penalmente denunciado por violencia de género y también por falta de pago de alimentos de la hija de ambos.
Romina lo impugnó: “Es un incumplidor alimentario y un golpeador violento que hace gala de ‘matón’. Constituye una verdadera inmoralidad que un sujeto de semejante calaña integre un cuerpo como el Concejo, que es o debe ser una escuela genuina de democracia”, expresa Romina en la presentación del 4 de noviembre.
La justicia de Tucumán absolvió a Romano en dos oportunidades: “La sentencia es arbitraria y es una vergüenza institucional que genera responsabilidad del Estado Argentino porque ha violado toda convención en contra de la Violencia contra la Mujer y la convención de Belem Do Pará”, dice la querella, que ahora debe recurrir a la Corte Suprema de Tucumán en búsqueda de justicia.

CABA
El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.
Por María del Carmen Varela
El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.
La propuesta reza:
El Teatro está Abierto: ENTRÁ.
La historia no se repite igual, pero rima.
El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.
La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.
Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».
El texto poético que acompaña el mitín:
Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada
Ayer fue incendio, hoy es apagón
Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito
Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva
Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital
En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.
Entrá porque es urgente
Entrá porque es ahora.
El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.
Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)
[email protected]
Instagram: @festivalentra
CABA
Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.
Por Francisco Pandolfi
Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra).
La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.
La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.
Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra.
Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran:
• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.
• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.
• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.
• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.
• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.
• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.
Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:
• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.
• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.
• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.
La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.
Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.
¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?
Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.
¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?
Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.
¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?
Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.



La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.
Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.
Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.
Actualidad
Marcha de jubilados: balas y bolitas

Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.
Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.
Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.
Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.
Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla.
- “Vacas gordas, jubilados flacos”.

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.
Números y un café
Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.
Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.
De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.
Abus en la calle
Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.
En la marcha hubo muchos carteles al respecto:
- No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
- Ni veto ni represión: fuera el FMI
- No al veto a las leyes en jubilaciones
- No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei).
Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”.

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.
Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.
Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”.

Jubilado hablándole a la pared.
Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”.
Vallas a donde vayas
El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.
Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”.

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.
Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.
La violencia y las bolitas
Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando.

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar).
La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

¿Qué escudan los escudos?
Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”.
Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.
Sin embargo, la gente no se fue.
La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió.
“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.
Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.
De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.
Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:
–Juguemos a las bolitas.
Todos se rieron, por el absurdo de la situación.
De nuevo, frente al horror, la creatividad social.
Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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