Quiénes son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder en Tucumán, donde la violencia machista y la impunidad –que empieza a romperse– tiene altos cargos políticos. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

¿Por qué?

 Esta pregunta que enciende la imaginación y la acción es el origen de todo en el periodismo. Y por supuesto, de esta nota también.

En un grupo de trabajo sobre comunicación y violencias el “por qué” lo originó un recuento sobre las últimas tres administraciones del Estado y su idéntica respuesta hacia los crímenes generados por la violencia patriarcal: la nada misma, sin grieta. Resulta aún más inquietante en el caso del actual gobierno, ya que el maquillaje de género ha embadurnado todas sus comunicaciones políticas, hasta el presupuesto. Sin embargo no ha dedicado ni un spot, flyer o slogan a prevenir estas violencias. 

¿Por qué?

Buscando una respuesta, el grupo de trabajo analizó los números que confirmaron el diagnóstico: nada. El Ministerio de las Mujeres apenas ejecutó el 7% del programa destinado a violencias, el más bajo de una gestión que se caracteriza por la subejecución: a fin de julio solo había erogado el 24,99% de los 6 mil millones de su presupuesto. 

Sin embargo, al pedido de las familias víctimas de femicidios para que se hagan cargo de peritos y abogadas de las causas –tal como está obligado el Estado por las leyes y tratados– el ministerio respondió que no tenía recursos. 

¿Por qué?

Esas familias también le solicitaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta que cambie la reglamentación de la Ley Brisa, ya que la actual no funciona: el trámite demora un promedio de 3 años, negando a las infancias un derecho cuando más lo necesitan. Se trata de algo que no implica dinero, sino solo redactar otro decreto: las familias le entregaron en mano un texto posible. Fue hace tres meses. Todavía no recibieron ninguna respuesta. Nada. 

¿Por qué?

Para poder encontrar una respuesta el grupo de trabajo se planteó entonces otra pregunta: ¿puede haber una relación entre esta falta de respuesta del Estado y las denuncias que involucran a funcionarios del Estado? Eligió entonces un territorio: Tucumán.

Y encontró estos datos: una radiografía técnica de la cobertura judicial y política a la violencia machista. 

Ricardo Bussi tiene 57 años y es hijo del genocida Antonio Bussi. Su carrera política  comenzó de la mano de su padre, con quien funda Fuerza Republicana, el partido que llevó a la gobernación a Bussi padre en el año 1995 y que Bussi hijo aún preside. En 1997, Ricardo Bussi obtiene una banca como Diputado Nacional, que renueva en el 2001. Desde el 2003 al 2007 se desempeña como Senador Nacional, y luego regresa a San Miguel de Tucumán, donde es electo concejal y luego legislador provincial, cargo que ejerce en la actualidad.

Fue candidato a gobernador en seis oportunidades: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, pero nunca obtuvo el cargo.  

Como jefe de la banca de Fuerza Republicana, rechazó públicamente la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela –a la que votó en contra, igualmente aprobada en 2020 por la presión del movimiento feminista en la provincia– y de la Educación Sexual Integral, ley a la que todavía Tucumán no adhiere. 

El 5 de junio de 2020 fue denunciado en la División Delitos Contra Las Personas de la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos del Departamento General de Policía por el delito de violación. La denunciante es Lupe, una joven que trabajaba en su partido. Lupe descubrió además que había sido víctima de usurpación de la identidad: existía una cuenta abierta a su nombre con 600 mil pesos. 

Según la denuncia, la violación se produjo dentro del despacho que el diputado provincial tiene en la Legislatura tucumana, cuando ella fue a reunirse con él a fin de encontrar una solución al conflicto con la cuenta abierta a su nombre. 

El mismo día que tuvo lugar la violación, Lupe intentó realizar una primera denuncia en el Observatorio de la Mujer ubicado en el Hospital Central de Salud, pero le dijeron que el lugar estaba cerrado a causa de la cuarentena. La denuncia también detalla la serie de agresiones, golpes y mensajes intimidatorios que reciben Lupe y su familia en su domicilio “por parte de policías y otras personas, quienes la amenazaron de muerte y otros padecimientos”.  

Washington Navarro Dávila juró ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 30 de octubre de 2018 y en seguida asume como titular del Ministerio Pupilar de la Defensa, una institución del sistema de justicia nacional y federal que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su designación es cuestionada tanto por la oposición tucumana como por las organizaciones sociales, feministas y legales, como el  CELS. En su rol como fiscal, previa a la designación ministerial, fue responsable de mantener a la joven Belén en la cárcel por 881 días, acusada primero de “aborto seguido de presunto homicidio” y de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”. 

Como ministro Pupilar de la Defensa, en 2020 es señalado por otorgar dos ascensos interinos a su hija, la abogada Magdalena Navarro Vitar, en menos de ocho meses. 

En marzo de 2021, Navarro Dávila fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Regional por los delitos de “coacción agravada” y “abuso de autoridad”. La denunciante es la contadora Erika Juárez, quien se desempeñó como secretaria administrativa en ese organismo. 

En mayo, Erika relata en el canal de Youtube denominado Judiciales TV el acoso sexual que vivió de manera constante durante los años 2019 y 2020, por parte de Navarro Dávila. Tras varios meses de acoso y amenazas, Erika fue despedida junto a su hermana y todos los miembros del equipo con el cual trabajaba.

Antonio Daniel Estofán llega a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2007 nombrado por el entonces gobernador José Alperovich, y tras haberse desempeñado como Fiscal de Estado en esa provincia. Se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el periodo que va del 2011 al 2013. Luego de una larga trayectoria en distintos roles dentro de la Justicia, en agosto de 2019 es designado como Vocal Decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cargo que ocupa en la actualidad. 

En abril y mayo del 2020 se vio enredado en un escándalo público tras un reportaje que le realizó la periodista Irene Benito para La Gaceta de Tucumán. En ese artículo, el miembro del máximo tribunal de Justicia de Tucumán reconoce y confiesa la existencia de padrinos que protegen empleados, manejos oscuros, encubrimientos, impunidad, abuso de autoridad, acomodos, tráfico de influencias, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por cargos dentro de la justicia tucumana. Por ese reportaje, los abogados Juan Colombres Garmendia y Carlos José Varela Soria, denunciaron penalmente a Antonio Daniel Estofan y solicitaron “sea condenado con el máximo de la pena que los delitos atribuidos prevén”.

En septiembre del 2020 es denunciado ante la Corte Suprema por Elvira de las Mercedes Mayol por “acoso sexual y otras graves inconductas”. En la misma denuncia reclama que se lo investigue por tener “privilegios constitucionales”. Elvira tiene más de 10 años de antigüedad trabajando en la  Corte y cuando debió reunirse con Estofán por un trámite administrativo que diera curso a un ascenso que tenía demorado, el letrado la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Fue la misma Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán quien ordenó archivar la denuncia.

Carlos Najar ejerce su segundo mandato como intendente de Las Talitas, un municipio de más de 50 mil habitantes ubicado al noroeste de San Miguel de Tucumán. La fuerza política que lo llevó al cargo en el 2015 es Acción Regional, un partido provincial acoplado al Partido Justicialista en el Frente Justicialista por Tucumán. 

En mayo de este año Najar fue denunciado por violencia de género por su ex esposa y madre de su hija de tres años. Se trata de Ingid Saravia, una mujer de 37 años. 

En su denuncia, Ingrid describe situaciones de violencia tanto física como simbólica ya que, según relata, Najar no le permitía ver a otros dos hijos que ella tiene de una relación anterior. De acuerdo a la denuncia de Saravia, a los pocos días del nacimiento de la hija de ambos, una noche que la beba no paraba de llorar, le pidió a Najar que se la trajera para alimentarla y él le dio una trompada en medio de la cara sumada a una catarata de insultos “porque no lo dejaba dormir”. 

Otra escena que figura en la denuncia: el 23 de marzo de este año, cuando él recibe el alta tras haber estado internado por un cuadro de Covid-19, en medio de una discusión Najar la toma del cuello impidiéndole respirar: “Estoy hablando ahora de milagro: creí que me mataba allí, asfixiándome delante de mi beba”, cuenta Ingrid.

Carlos Najar enfrenta la denuncia acusando a Ingrid de extorsión, mientras continúa al frente del municipio de Las Talitas. 

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Alperovich fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como Senador Nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es Senadora Nacional y además preside el Partido Justicialista en la provincia. En 2018 Alperovich vota en contra del Proyecto de ley Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En febrero de 2021, al cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebbos, la Corte de Suprema de Justicia provincial hace lugar al pedido de la familia y dispone que se investigue al entonces gobernador José Alperovich por encubrimiento del asesinato de la joven. 

Actualmente cuenta con una licencia sin goce de haberes por sus responsabilidades en el Senado. Ocurre desde noviembre del 2019 cuando fue denunciado por abuso sexual agravado a su sobrina, quien trabajaba para él durante la campaña electoral para la gobernación en 2019. “Me atacó en el sillón. Me hizo tocarlo forzadamente, se bajó el pantalón y el calzoncillo mientras me decía ‘mirá cómo me ponés’”, relató la mujer.

Será la Corte Suprema de Justicia la que investigue la causa luego de que tanto la justicia de Tucumán como la de Buenos Aires se declararan incompetentes. 

Bruno Gabriel Romano fue electo Concejal en 2019 en Juan Bautista Alberdi, una localidad de unos 20 mil habitantes ubicada a 90 kilómetros de la capital de Tucumán. La fuerza que lo lleva y sostiene en el Concejo Deliberante es el Partido Justicialista. Según medios periodísticos de Tucumán, Romano se encuentra cercano al espacio del vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, en medio de la interna peronista.

En marzo de 2018 Romano, que además es boxeador, fue denunciado por violencia de género a su entonces pareja, la farmacéutica de 37 años Romina Dip.

La asunción de Romano como Concejal de Alberdi se dio en medio una polémica, ya que estaba penalmente denunciado por violencia de género y también por falta de pago de alimentos de la hija de ambos. 

Romina lo impugnó: “Es un incumplidor alimentario y un golpeador violento que hace gala de ‘matón’. Constituye una verdadera inmoralidad que un sujeto de semejante calaña integre un cuerpo como el Concejo, que es o debe ser una escuela genuina de democracia”, expresa Romina en la presentación del 4 de noviembre. 

La justicia de Tucumán absolvió a Romano en dos oportunidades: “La sentencia es arbitraria y es una vergüenza institucional que genera responsabilidad del Estado Argentino porque ha violado toda convención en contra de la Violencia contra la Mujer y la convención de Belem Do Pará”, dice la querella, que  ahora debe recurrir a la Corte Suprema de Tucumán en búsqueda de justicia.