CABA
Impunidad serial en Tucumán: los perfiles del poder patriarcal
Quiénes son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder en Tucumán, donde la violencia machista y la impunidad –que empieza a romperse– tiene altos cargos políticos. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.
¿Por qué?
Esta pregunta que enciende la imaginación y la acción es el origen de todo en el periodismo. Y por supuesto, de esta nota también.
En un grupo de trabajo sobre comunicación y violencias el “por qué” lo originó un recuento sobre las últimas tres administraciones del Estado y su idéntica respuesta hacia los crímenes generados por la violencia patriarcal: la nada misma, sin grieta. Resulta aún más inquietante en el caso del actual gobierno, ya que el maquillaje de género ha embadurnado todas sus comunicaciones políticas, hasta el presupuesto. Sin embargo no ha dedicado ni un spot, flyer o slogan a prevenir estas violencias.
¿Por qué?
Buscando una respuesta, el grupo de trabajo analizó los números que confirmaron el diagnóstico: nada. El Ministerio de las Mujeres apenas ejecutó el 7% del programa destinado a violencias, el más bajo de una gestión que se caracteriza por la subejecución: a fin de julio solo había erogado el 24,99% de los 6 mil millones de su presupuesto.
Sin embargo, al pedido de las familias víctimas de femicidios para que se hagan cargo de peritos y abogadas de las causas –tal como está obligado el Estado por las leyes y tratados– el ministerio respondió que no tenía recursos.
¿Por qué?
Esas familias también le solicitaron a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta que cambie la reglamentación de la Ley Brisa, ya que la actual no funciona: el trámite demora un promedio de 3 años, negando a las infancias un derecho cuando más lo necesitan. Se trata de algo que no implica dinero, sino solo redactar otro decreto: las familias le entregaron en mano un texto posible. Fue hace tres meses. Todavía no recibieron ninguna respuesta. Nada.
¿Por qué?
Para poder encontrar una respuesta el grupo de trabajo se planteó entonces otra pregunta: ¿puede haber una relación entre esta falta de respuesta del Estado y las denuncias que involucran a funcionarios del Estado? Eligió entonces un territorio: Tucumán.
Y encontró estos datos: una radiografía técnica de la cobertura judicial y política a la violencia machista.
Ricardo Bussi tiene 57 años y es hijo del genocida Antonio Bussi. Su carrera política comenzó de la mano de su padre, con quien funda Fuerza Republicana, el partido que llevó a la gobernación a Bussi padre en el año 1995 y que Bussi hijo aún preside. En 1997, Ricardo Bussi obtiene una banca como Diputado Nacional, que renueva en el 2001. Desde el 2003 al 2007 se desempeña como Senador Nacional, y luego regresa a San Miguel de Tucumán, donde es electo concejal y luego legislador provincial, cargo que ejerce en la actualidad.
Fue candidato a gobernador en seis oportunidades: 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, pero nunca obtuvo el cargo.
Como jefe de la banca de Fuerza Republicana, rechazó públicamente la adhesión de Tucumán a la Ley Micaela –a la que votó en contra, igualmente aprobada en 2020 por la presión del movimiento feminista en la provincia– y de la Educación Sexual Integral, ley a la que todavía Tucumán no adhiere.
El 5 de junio de 2020 fue denunciado en la División Delitos Contra Las Personas de la Dirección de Investigación Criminal y Delitos Complejos del Departamento General de Policía por el delito de violación. La denunciante es Lupe, una joven que trabajaba en su partido. Lupe descubrió además que había sido víctima de usurpación de la identidad: existía una cuenta abierta a su nombre con 600 mil pesos.
Según la denuncia, la violación se produjo dentro del despacho que el diputado provincial tiene en la Legislatura tucumana, cuando ella fue a reunirse con él a fin de encontrar una solución al conflicto con la cuenta abierta a su nombre.
El mismo día que tuvo lugar la violación, Lupe intentó realizar una primera denuncia en el Observatorio de la Mujer ubicado en el Hospital Central de Salud, pero le dijeron que el lugar estaba cerrado a causa de la cuarentena. La denuncia también detalla la serie de agresiones, golpes y mensajes intimidatorios que reciben Lupe y su familia en su domicilio “por parte de policías y otras personas, quienes la amenazaron de muerte y otros padecimientos”.
Washington Navarro Dávila juró ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 30 de octubre de 2018 y en seguida asume como titular del Ministerio Pupilar de la Defensa, una institución del sistema de justicia nacional y federal que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Su designación es cuestionada tanto por la oposición tucumana como por las organizaciones sociales, feministas y legales, como el CELS. En su rol como fiscal, previa a la designación ministerial, fue responsable de mantener a la joven Belén en la cárcel por 881 días, acusada primero de “aborto seguido de presunto homicidio” y de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”.
Como ministro Pupilar de la Defensa, en 2020 es señalado por otorgar dos ascensos interinos a su hija, la abogada Magdalena Navarro Vitar, en menos de ocho meses.
En marzo de 2021, Navarro Dávila fue denunciado penalmente ante la Fiscalía Regional por los delitos de “coacción agravada” y “abuso de autoridad”. La denunciante es la contadora Erika Juárez, quien se desempeñó como secretaria administrativa en ese organismo.
En mayo, Erika relata en el canal de Youtube denominado Judiciales TV el acoso sexual que vivió de manera constante durante los años 2019 y 2020, por parte de Navarro Dávila. Tras varios meses de acoso y amenazas, Erika fue despedida junto a su hermana y todos los miembros del equipo con el cual trabajaba.
Antonio Daniel Estofán llega a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en 2007 nombrado por el entonces gobernador José Alperovich, y tras haberse desempeñado como Fiscal de Estado en esa provincia. Se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el periodo que va del 2011 al 2013. Luego de una larga trayectoria en distintos roles dentro de la Justicia, en agosto de 2019 es designado como Vocal Decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, cargo que ocupa en la actualidad.
En abril y mayo del 2020 se vio enredado en un escándalo público tras un reportaje que le realizó la periodista Irene Benito para La Gaceta de Tucumán. En ese artículo, el miembro del máximo tribunal de Justicia de Tucumán reconoce y confiesa la existencia de padrinos que protegen empleados, manejos oscuros, encubrimientos, impunidad, abuso de autoridad, acomodos, tráfico de influencias, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por cargos dentro de la justicia tucumana. Por ese reportaje, los abogados Juan Colombres Garmendia y Carlos José Varela Soria, denunciaron penalmente a Antonio Daniel Estofan y solicitaron “sea condenado con el máximo de la pena que los delitos atribuidos prevén”.
En septiembre del 2020 es denunciado ante la Corte Suprema por Elvira de las Mercedes Mayol por “acoso sexual y otras graves inconductas”. En la misma denuncia reclama que se lo investigue por tener “privilegios constitucionales”. Elvira tiene más de 10 años de antigüedad trabajando en la Corte y cuando debió reunirse con Estofán por un trámite administrativo que diera curso a un ascenso que tenía demorado, el letrado la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.
Fue la misma Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán quien ordenó archivar la denuncia.
Carlos Najar ejerce su segundo mandato como intendente de Las Talitas, un municipio de más de 50 mil habitantes ubicado al noroeste de San Miguel de Tucumán. La fuerza política que lo llevó al cargo en el 2015 es Acción Regional, un partido provincial acoplado al Partido Justicialista en el Frente Justicialista por Tucumán.
En mayo de este año Najar fue denunciado por violencia de género por su ex esposa y madre de su hija de tres años. Se trata de Ingid Saravia, una mujer de 37 años.
En su denuncia, Ingrid describe situaciones de violencia tanto física como simbólica ya que, según relata, Najar no le permitía ver a otros dos hijos que ella tiene de una relación anterior. De acuerdo a la denuncia de Saravia, a los pocos días del nacimiento de la hija de ambos, una noche que la beba no paraba de llorar, le pidió a Najar que se la trajera para alimentarla y él le dio una trompada en medio de la cara sumada a una catarata de insultos “porque no lo dejaba dormir”.
Otra escena que figura en la denuncia: el 23 de marzo de este año, cuando él recibe el alta tras haber estado internado por un cuadro de Covid-19, en medio de una discusión Najar la toma del cuello impidiéndole respirar: “Estoy hablando ahora de milagro: creí que me mataba allí, asfixiándome delante de mi beba”, cuenta Ingrid.
Carlos Najar enfrenta la denuncia acusando a Ingrid de extorsión, mientras continúa al frente del municipio de Las Talitas.
José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador.
Alperovich fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como Senador Nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es Senadora Nacional y además preside el Partido Justicialista en la provincia. En 2018 Alperovich vota en contra del Proyecto de ley Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En febrero de 2021, al cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebbos, la Corte de Suprema de Justicia provincial hace lugar al pedido de la familia y dispone que se investigue al entonces gobernador José Alperovich por encubrimiento del asesinato de la joven.
Actualmente cuenta con una licencia sin goce de haberes por sus responsabilidades en el Senado. Ocurre desde noviembre del 2019 cuando fue denunciado por abuso sexual agravado a su sobrina, quien trabajaba para él durante la campaña electoral para la gobernación en 2019. “Me atacó en el sillón. Me hizo tocarlo forzadamente, se bajó el pantalón y el calzoncillo mientras me decía ‘mirá cómo me ponés’”, relató la mujer.
Será la Corte Suprema de Justicia la que investigue la causa luego de que tanto la justicia de Tucumán como la de Buenos Aires se declararan incompetentes.
Bruno Gabriel Romano fue electo Concejal en 2019 en Juan Bautista Alberdi, una localidad de unos 20 mil habitantes ubicada a 90 kilómetros de la capital de Tucumán. La fuerza que lo lleva y sostiene en el Concejo Deliberante es el Partido Justicialista. Según medios periodísticos de Tucumán, Romano se encuentra cercano al espacio del vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo, en medio de la interna peronista.
En marzo de 2018 Romano, que además es boxeador, fue denunciado por violencia de género a su entonces pareja, la farmacéutica de 37 años Romina Dip.
La asunción de Romano como Concejal de Alberdi se dio en medio una polémica, ya que estaba penalmente denunciado por violencia de género y también por falta de pago de alimentos de la hija de ambos.
Romina lo impugnó: “Es un incumplidor alimentario y un golpeador violento que hace gala de ‘matón’. Constituye una verdadera inmoralidad que un sujeto de semejante calaña integre un cuerpo como el Concejo, que es o debe ser una escuela genuina de democracia”, expresa Romina en la presentación del 4 de noviembre.
La justicia de Tucumán absolvió a Romano en dos oportunidades: “La sentencia es arbitraria y es una vergüenza institucional que genera responsabilidad del Estado Argentino porque ha violado toda convención en contra de la Violencia contra la Mujer y la convención de Belem Do Pará”, dice la querella, que ahora debe recurrir a la Corte Suprema de Tucumán en búsqueda de justicia.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.
Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.
A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero
A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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