Distintos estudios revelan de qué modo el maltrato laboral está instalado en el mundo del trabajo, disfrazado de “exigencia”. Sin embargo, escasean las denuncias. El rol patriarcal de los jefes (y jefas), los efectos cotidianos, el caso Laje y lo que comienza a romperse, junto al fin del silencio. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

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Según la “Encuesta Nacional sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo en Argentina”, elaborada por la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral, 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras experimentaron o experimentan alguna situación de violencia en el trabajo. No obstante, solo la mitad realizó la denuncia.

Acorde a la información de la encuesta, que se presentó públicamente el 15 de diciembre, el 52% son agresiones de índole sexual, y el 35% de naturaleza física. Un 67% está vinculada a situaciones de discriminación, mientras que el 78% de las y los encuestados denunció padecer violencia psicológica. “La violencia laboral es mayor entre mujeres y personas no binarias, 65,5 por ciento y 87,6 por ciento respectivamente, mientras que entre los varones, el porcentaje alcanza al 43,5 por ciento”, revela la encuesta.

El trabajo corrobora que la violencia en el ámbito laboral se ejerce mayormente desde posiciones jerárquicas, amparada en las asimetrías de poder. Según los datos, los superiores jerárquicos ejercen, en mayor medida, violencia psicológica, discriminación y comentarios sexistas. Quienes sufren más violencia laboral son los trabajadores y trabajadoras de más de 30 años. Pero además para el 15,8 por ciento de los trabajadores y trabajadoras, las situaciones de violencia aumentaron a partir del inicio de la pandemia de COVID-19.

Hay datos 

La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, junto al Observatorio de Violencia Laboral, reveló que entre enero y julio de 2021 recibió 865 consultas para asesoramiento. El 65% de estas consultas fueron realizadas por mujeres, mientras que el 32% restante fueron realizadas por varones. 

Durante el año 2019, en un contexto de presencialidad, las proporciones de las consultas se distribuyeron en porcentajes similares a los observados en el período analizado: un 69% de las consultas fueron realizadas por mujeres y un 31% por varones. Las y los consultantes han estado expuestos en su gran mayoría a situaciones de violencia psicológica (88%), y en menor medida pero no menos relevante, a contextos de violencia sexual (8%) y violencia física (4%). 

Cabe destacar que muchas de las consultas han denunciado más de un tipo de violencia: despidos discrecionales e injustificados; el no depósito del salario y/o su reducción arbitraria; la obligación a las trabajadoras y trabajadores a incumplir la cuarentena bajo amenaza de despido; directivas poco claras a las teletrabajadoras y teletrabajadores, exigiendo una sobrededicación al trabajo.

En la estadística de la OAVL se nota un predominio de la violencia de tipo psicológico tanto en mujeres como varones (87% y 89% respectivamente). Las manifestaciones de violencia de tipo físico representaban el 9,5% de las denuncias para los varones y en el caso de las mujeres solo incide en el 2%. La diferencia mayor es centralmente en las de tipo sexual: mientras en las mujeres encontramos que la denuncia de este tipo es del 11%, en los varones los porcentajes son notablemente inferiores, llegando al 1%. 

En relación con la situación laboral del/la denunciante, se observa que de las 865 consultas realizadas, un 66% manifestó estar en una relación laboral vigente, mientras que el 4% finalizó la relación laboral supuestamente por la situación de acoso o violencia laboral.

En un 30% de los asesoramientos, el o la denunciante no contestó respecto al estado de su situación laboral. Analizando quiénes son las personas denunciadas por acoso, el 72% de los denunciados son varones y el 28% son mujeres. Esta preponderancia masculina en los acosadores puede estar relacionada a que en la mayoría de las consultas se denuncia que la violencia es ejercida en forma vertical-descendente (89%). Ello, atento a las brechas de género detectadas en el mercado de trabajo y particularmente en el acceso a cargos de dirección. La violencia laboral también es ejercida entre pares dentro de la organización: un 10% se enmarca en esta relación.

Según los datos de las denuncias, es en el sector Salud donde se concentra la mayor cantidad de violencias. Le sigue el sector de Comercio con el 10,50% de las denuncias, Educación con el 8% y Transporte con el 7%.

Según la “Encuesta Nacional de Empleo, Condiciones Medioambiente de Trabajo y Salud”, tres de cada diez trabajadores y trabajadoras del empleo asalariado registrado en el sector privado sufrió alguna situación de violencia en el trabajo. Los motivos más frecuentes que dieron lugar a situaciones de violencia en el trabajo estuvieron vinculados con la agresión del público, de clientes, de alumnos/as y de pacientes. 

Por otro lado, la encuesta evidencia que diversos factores de la organización, tales como trabajar en un clima laboral adverso, carecer del apoyo social o la falta de reconocimiento frente al desempeño de las tareas, se encuentran asociados en mayor medida a situaciones de violencia y hostigamiento en el trabajo.

Hay derechos

El Estado Argentino aprobó este año  el Convenio 190 de la OIT, el cual entrará en vigencia en febrero de 2022: se trata de la primera norma de derecho internacional que reconoce que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir un abuso a los derechos humanos. 

En la letra, el Convenio 190 de la OIT introduce un nuevo derecho a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, y con ello una serie de directrices para el abordaje de la problemática que resultan sumamente novedosas no solo a nivel legislativo sino también a nivel convencional. Este convenio realiza un abordaje superador a las normas ya existentes, imponiendo a los Estados que lo ratifican obligaciones para su prevención y tratamiento.

Por ejemplo, en el Artículo 1º brinda una definición específica que puede enmarcar eventuales denuncias: “Violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”. No es necesario, según el Convenio, la intención de provocar un daño o la repetición del mismo para que se configure la violencia y el acoso, y por ende para que se activen las medidas previstas para su abordaje y protección. 

Para determinar el ámbito de aplicación personal del Convenio, el Artículo 2º establece la protección a “los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de violencia y acoso en el mundo del trabajo hacia los trabajadores asalariados s, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual (…) y los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador”. Es decir, la norma internacional protege a todas las personas independientemente de su género y de su rol en el mundo del trabajo, así como de su relación laboral.

El grito de América

Mientras se realizaba este informe, distintas periodistas denunciaron públicamente al conductor de América, Antonio Laje, por acoso y maltrato laboral. Laje se defendió alegando que lo suyo consistía en “exigencia profesional”, respuesta que generó más testimonios en su contra y una campaña masiva de periodistas bajo la consigna: “No es exigencia profesional: es maltrato laboral”. Tuvo que renunciar.

Según el colectivo Periodistas Argentinas, el 54,5% sufrió violencia en su ámbito laboral. Reclaman así que en ese oficio se cumpla otro derecho consagrado: la Ley de Equidad en Medios de Comunicación, que contempla protocolos para prevenir y contener la violencia de género en el ámbito laboral.

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