MU en Corrientes: recorrió rutas y parajes asolados por el fuego que destruyó el 11% del territorio provincial: la superficie quemada equivale a 46 veces la Ciudad de Buenos Aires. Causas y consecuencias del cambio de modelo productivo en Corrientes: monocultivos en zonas de humedales, arroceras que saquean el agua, área de conservación estricta sin manejo del fuego, acaparación y extranjerización de tierras, la bajante histórica del Paraná, en un contexto de sequía y cambio climático. Lo que deja el fuego: la urgente sanción de la Ley de Humedales. Por Lucas Pedulla.

“Esto solía ser un río”.

No hace mucho tiempo, en una galaxia no tan lejana, la tierra dura que hoy quema los pies descalzos del pescador Ramón Acuña era un río. 

Hace unos veinte minutos que salimos a bordo de la barcaza en la que trabaja todos los días, desde la costa del barrio Virgen de los Dolores, al sur de la capital de Corrientes, donde Ramón vive.

“Estamos caminando sobre el Paraná –precisa, como si hablara de otra era–. Dicen que fue hace dos años y medio, pero esto ya está así hace cuatro”.

Ramón señala lo que parecen ser unas pequeñas islas: son bancos de arena, y son tan sólo una postal de la bajante del río Paraná, la peor desde 1944. Esos bancos y esta tierra que estamos caminando eran agua. A la deforestación y la reducción de humedales –dos de las causales ligadas a un modelo de producción que acentúan los efectos de un cambio climático impiadoso– este verano se sumaron los incendios. 

Señala ahora los árboles pelados que tenemos enfrente. “He contado 10 islas totalmente quemadas, sus árboles, los animales que vivían en el monte. Es algo difícil de explicar, pero creo que si el gobierno escuchaba los reclamos de cuidar la ley de humedales, esto se podía prevenir. Pero no escuchó. Hoy el río no tiene la misma fuerza, no oxigena como antes. No me lo enseñó ninguna escuela, me lo enseñó el río desde los 13 años: hoy tengo 46, soy descendiente de pescadores, y siempre se esperaba que tal mes hubiera alguna creciente, pero hoy ya no es lo mismo. Es la cruel realidad. Y nosotros vamos a ser testigos desde nuestras casas de cómo todo esto se va perdiendo. Hoy por hoy acá no hay nada: es como una persona que emigra a otro lado”.

A bordo de su embarcación, junto a su hijo Elías (6 años), cruzando lo que queda del Paraná, Ramón muestra qué más le enseña el río hoy:

Por allí, una barcaza abandonada durante años que el gobierno nunca se preocupó por retirar de la costa: este verano perdió combustible, se incendió y quemó el bosque que tenía alrededor. La barcaza, claro, sigue allí, quemada.

Por allá, un riacho donde se alimentaban los peces que fue tapado por una arenera. Había agua, hoy hay un médano: “Quieren construir un barrio privado”:

“Ahora mirá a la derecha: ese es un desagüe de los desechos cloacales de toda la ciudad. Directo al río”.

“Más para el fondo, tenés otros desagües: esos son de las arroceras privadas”.

Todos los días Ramón lucha para que la provincia reconozca la actividad pesquera mallonera (“Prefieren al turismo antes que a los trabajadores”), para que no le secuestren sus embarcaciones (“nos cortan un brazo”: la barcaza sale $150.000, el mallón $100.000 y el motor, a partir de los $70.000), para que no le decomisen la mercadería, y también lucha por la memoria: “Podremos contarle a nuestros hijos y nietos, como un cuento, había un vez un río, había una vez especies… pero quizás ya no nos crean más. Y es triste porque, con todo el desastre ecológico que hay, esto va a quedar en la historia”. 

De fondo, a lo lejos, se levanta una columna de humo negro.

El cambio

El cierre de esta edición, el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo de Fuego indicaba 9 focos en Corrientes: 8 controlados y 1 activo. Cuando el equipo de MU viajó, los focos activos eran 12. En el medio, entre el trabajo sin descanso de bomberos, brigadistas y veterinarios, llegó por fin la lluvia.

En medio de la tragedia, estos fríos números encadenaban, cada día, un eslabón más al desastre. El último informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Corrientes, precisó que al 21 de febrero los incendios habían arrasado el 11% del territorio provincial. El porcentaje equivale a 934.238 hectáreas, unas 46 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La comparación no es porteñocéntrica, sino que intenta dimensionar la magnitud de la catástrofe: los investigadores subrayaron que el ritmo de la superficie quemada fue de 30 mil hectáreas diarias. Es decir, más de una CABA por día. 

Los números tomaron forma cuando el equipo de MU salió a la ruta con la organización Guardianes del Yverá: el color de los parajes era negro, la textura de las raíces se quebraba al tacto, el olor era a ceniza. “Esto era una cañada, un pastizal que se inundaba temporalmente”, explica Emilo Spataro, experto en gestión ambiental, uno de los fundadores de la organización, mientras conduce por la Ruta Provincial 5. Su dedo señala un campo quemado a la derecha del camino. El paisaje, como todo el recorrido que también incluyó la ruta 118, en el acceso al pueblo de San Miguel, el territorio con mayor porcentaje de superficie afectada (32%), es desolador. Así lo reflejamos en la crónica de ese día que puede leerse en lavaca.org.

Guardianes del Yverá es una de las organizaciones que conforman la Asamblea Basta de Quemas -surgida en enero, en pleno inicio de los incendios, y en pleno silencio y ninguneo político-, pero también es de las primeras que hace décadas denuncia y alerta sobre las causas y consecuencias de la transformación de un modelo productivo que este verano estalló en Corrientes de forma dramática. 

Esos cambios empezaron a mediados de los noventa: “Por primera vez en 180 años, las estancias pasaron de la clase terrateniente correntina a los mercados”. Uno de los grandes protagonistas fue el Grupo Pérez Companc, que acaparó una superficie de 200 mil hectáreas con la empresa PeCom Forestal e inició plantaciones forestales de pino y eucaliptos (la expectativa era una pastera) impulsadas por la ley menemista 25.080, que forestó las condiciones para que se produjera un proceso de extranjerización de tierras y estancias: subsidios, exención de impuestos, devolución del IVA, y otras mieles. 

El territorio se resideñaba: “Con la crisis, y la inundación que hubo en la provincia en el `98, muchas estancias quebraron. Algunas se extranjerizaron y llegó un capital con la idea de intensificar el uso de la tierra. Cambió el contexto: del terrateniente que vivía en el lugar, que incluso hablaba guaraní, era patrón, intendente y señor feudal de la región, se pasó a una empresa extranjera que empieza a alambrar los campos”.

Los primeros conflictos ambientales comenzaban. Uno de los más emblemáticos fue el de la comunidad guaraní del paraje Yahaveré contra Douglas Tompkins (magnate estadounidense que compró miles de hectáreas a Pérez Companc) y el Grupo Roemmers, por la acaparación de territorios que alambraron generaciones enteras y territorios ancestrales. “Las comunidades empiezan a alertar sobre proliferación de canales y terrapelenes en todo el sistema del Iberá, que se sumaba a la proliferación de megarroceras: ya no eran pequeños productores correntinos que cultivaban arroz en 70 hectáreas, sino que eran empresas brasileras, norteamericanas, porteñas con unidades de hasta 1000 hectáreas”.

Esas historias están contadas en las ediciones 46 y 69 de MU: quién era Douglas Tompkins, la batalla de la comunidad Yahaveré, la construcción de terraplenes y canales, las arroceras que saqueaban el agua. Uno de los casos emblematícos fue el Proyecto Ayuí, que unía al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda, con el millonario George Soros, en la construcción de una represa. Por ese caso intervino judicialmente la entonces Secretaria de Medio Ambiente de la Nación, lo que produjo un fallo que tiene implicancias actuales: la provincia había demandado a la Nación diciendo que violaba la autonomía provincial, pero la Corte Suprema de Justicia lo rechazó, resolviendo que tiene postestad de supervisar el cumplimiento de leyes nacionales y de la Constitución, como en el caso del medio ambiente.

Además de la responsabilidad del gobernador Gustavo Valdés, ese fallo también implicaba la responsabilidad de Nación. “Juan Cabandié no sólo podría sino que debería hacer más”, plantea Spataro: “Cuando hay pobladores perdiendo casas, bomberos la vida, y se incendian miles de hectáreas naturales, que las autoridades se chicaneen por Twitter genera sentimientos muy fuertes”.

Los liberales socialistas

Por la Ruta Provincial 5, entre el humo espeso, se divisa un efecto de ese reordenamiento: de un lado bosque nativo, del otro pinos o eucaliptos. “De un lado, decenas de especies, y del otro especie única”, traduce Spataro. Esa masa única es gran responsable de la crisis actual: uno de los clusters de forestaciones se produce alrededor del Parque Nacional Iberá, en el centro de la provincia, una de las zonas más afectadas: los fuegos quemaron el 40% del Parque y el 13% de los esteros, uno de los reservorios de agua dulce más importantes del mundo.

Spataro: “El monocultivo forestal, como todo monocultivo, es la destrucción total de variables ambientales de forma sistemática. En el caso de las forestaciones, fumigan con glifosato para eliminar la vegetación. En los pastizales, hacen surcos para sembrar pinos y eucaliptos. En los humedales, introducen canales y terraplenes para sistematizar el manejo del agua: a medida que crecen, aumenta el consumo. La especie, además, es invasora: el viento la dispersa y crece al borde de una laguna, la coloniza, y se arma un pinar espontáneo que la seca”. 

Con el reordenamiento, las tierras de Pérez Companc pasaron a Tompkins, que segmentó las diversas actividades productivas:  “Tompkins sanea la empresa, planta miles de hectáreas de pino en pastizales de alto valor de conservación, y luego la vende a un fondo de inversión de la Universidad deHarvard, que hoy es dueño de 86 mil hectáreas. Con las tierras del humedal, que no tenían vocación productiva, EVASA hace los llamados proyectos de conservación estricta, como el Parque Nacional Iberá”. 

Así quedó armado un modelo binario: monocultivo y conservación estricta. “Las áreas de conservación no tienen manejo del fuego en un ecosistema donde el fuego forma parte, y en momentos de sequía como ahora, los pastizales se convierten en vegetación seca”. ¿Por qué forma parte? “Muchos echaron la culpa a los pobladores de los fuegos. Muchos tienen únicamente la banquina para pastar las 3 ó 4 vacas que tienen, en otro efecto de la acaparación de tierras, porque están acostumbrados a quemar el pastizal para que rebrote, pero nadie les dice ni les explica que estamos en un contexto de cambio climático: es responsabilidad del poder político difundir cuáles son las particularidades para que los pobladores no quemen”. 

En 2014, Spataro y el pequeño productor Adrián Obregón viajaron a Estados Unidos a explicarle a Harvard el peligro que significaba esa ecuación: “Se nos rieron en la cara. Hoy se les quemó todo: el pinar y la conservación estricta. Por las pérdidas están pidiendo plata del Estado: son liberales para la ganancia y socialistas para la pérdida”. 

También hay intereses sobre las tierras: en medio de este contexto crítico, Juntos por el Cambio pidió derogar la ley de Manejo del Fuego, que prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas en un lapso de 60 años para evitar especulaciones. “Es muy obvio”, observó Spataro. ¿Qué tipo de proyección productiva hay en esas tierras? “Plantaciones forestales y ganadería. Los humedales son caros de intervenir porque necesitan una inversión fuerte, pero ahora que están secos el fuego los destruye de forma barata”. Un ejemplo: “Tenés 10 mil hectáreas: 5 mil de pasturas y 5 mil de humedales profundos. Con fuego, para fin de año, podés tener 10 mil de pastura”. 

Por eso, aclara: “No es el ambientalismo el problema: el límite no lo ponemos nosotros, sino el propio ecosistema con inundaciones e incendios. En la última crecida del 2017 se inundaron plantaciones forestales porque el agua, cuando vuelve, trata de volver a sus territorios. Los mismos de Harvard perdieron un montón de madera porque se le pudrió. Ahora se les quemó. Bueno, te tenés que mover dentro de los limites ecosistémicos en un contexto de cambio climático”.

Ante toda esta emergencia, cobra protagonismo la Ley de Humedales, presentada por cuarta vez en el Congreso: “La ley implica que cada provincia tenga que incluir a sus humedales en un proceso de reordenamiento territorial participativo. Que haya sectores que discutan si es útil destruir buenas tierras de pastura, cañadas y lagunas para forestaciones homogéneas; o si es buena idea forestar parajes rurales alrededor de los pueblos con el riesgo de incendio que significa. Ya es hora de que la voz del territorio pese más que la de los lobbys de un modelo extremadamente subsidiado que  no ha generado ningún entramado de desarrollo y sí pérdida de humedales. Hubiera cambiado esta historia si hace 10 años hubiéramos tenido Ley de Humedales. La discusión está agotada, fue extensa, seria y costó demasiado. Lo que sigue faltando es voluntad política”.