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La crisis boliviana de septiembre puso en evidencia el papel de Brasil en la región. Aunque los medios y los portavoces del progresismo proclaman que la intervención de unasur y del gobierno de Lula fue decisiva para sostener a Evo, lo cierto es que los intereses brasileños están más cerca de la Media Luna que de los movimientos populares bolivianos. En esta nota, el analista Raúl Zibechi describe cuál es el alcance de los negocios de las empresas brasileñas en el país andino: por diferentes vías, controla alrededor del 20 por ciento de su pbi. Sólo en Santa Cruz 200 familias brasileñas son propietarias de 350.000 hectáreas que representan el 35 por ciento de la producción sojera boliviana.

(por Raúl Zibechi) Existe un consenso generalizado de que la intervención de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a través de la Declaración de La Moneda, fue decisiva a la hora de aislar a la oposición golpista y frenar la escalada de violencia en el país andino. En suma, que apoyaron la democracia y condenaron el golpismo. Pero si se hilvanan cuidadosamente los pasos que se dieron para llegar a la Declaración de La Moneda, puede concluirse que se trata de una apoyo condicionado, y que las condiciones –fuera de toda duda– las puso el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva. Una consecuencia inmediata de la gestión de Brasil fue el acuerdo alcanzado el martes 16 de septiembre entre el gobierno de Evo y la oposición, que supone una evidente marcha atrás del gobierno: acepta que los departamentos deben recuperar una parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que el gobierno había decidido que financiara la renta Dignidad a los jubilados y es una de las principales demandas de la oposición, invita como “facilitadores y testigos” a unasur, la Iglesia Católica, la Unión Europea, la oea y las Naciones Unidas, y suspende por un mínimo de un mes la convocatoria del Referéndum Constitucional.
Sin embargo, los países de Unasur no asumen ningún compromiso. Apenas un ejemplo: los sicarios que asesinaron por lo menos 18 campesinos en Pando, escaparon por la frontera brasileña pese al pedido expreso de Evo de que fueran detenidos. No es creíble que Brasil no supiera lo que estaba sucediendo. A raíz del conflicto colombiano, Brasil puso en marcha años atrás la Operación Cobra (iniciales de Colombia-Brasil) para impermeabilizar la frontera, impedir el derrame del conflicto sobre su territorio y, sobre todo, bloquear el paso de narcos y guerrilleros. Todas las fuentes aseguran que la impermeabilización de esa larga y selvática frontera es real y efectiva. ¿Por qué no se hace lo mismo en la frontera brasileño-boliviana?

Las presiones de Lula
En la compleja semana del 8 al 14 de septiembre hubo matices entre las declaraciones de la Cancillería argentina y del presidente Lula. La primera expresó su apoyo a Evo ante lo que calificó como “graves hechos de violencia y sabotaje terrorista” de la oposición. Pero Lula fue más ambiguo y mostró equidistancia entre unos y otros: “La oposición tiene derecho a hacer oposición, pero todo tiene un límite, porque si extrapolan los límites todo el mundo pierde, y creo que Bolivia lo que necesita es que todo el mundo gane. Lo que hago es un llamado al pueblo boliviano, a los trabajadores, al gobierno y a la oposición para que permitan que Bolivia encuentre su propio destino, fortaleciendo su democracia”.

No se metan con el gas
El viernes 12, el vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Brasil, José Augusto de Castro, reaccionó ante la disminución del suministro de gas durante siete horas, por un atentado de la oposición al gasoducto binacional: “Mientras los bolivianos se limiten a agitaciones en la frontera, todo está bien. Lo que no pueden hacer es meterse con el gasoducto”. Bolivia bombea a Brasil 31 millones de metros cúbicos de gas todos los días, que suponen el 70 por ciento del consumo de la industria paulista y el 100 por ciento de la industria de Porto Alegre. Brasil es la décima potencia industrial del mundo y se beneficia de un precio preferencial del gas boliviano.
La Cancillería brasileña se puso en marcha una vez que el suministro de gas estuvo en peligro. En este punto existen, por lo menos, dos versiones. La estatal Agencia Brasil aseguró que Evo se habría mostrado pesimista acerca de llegar a un acuerdo con la oposición y habría apostado, por el contrario, a la movilización social para destrabar la situación. En paralelo, Morales habría dado prioridad al despliegue de tropas militares y policiales para garantizar el suministro de gas y establecer el estado de sitio en Pando y en Santa Cruz, con lo que apostaba a una solución estrictamente interna del conflicto. El que los militares se hayan negado al estado de sitio en Santa Cruz y hayan actuado con suma lentitud a la hora de intervenir en Pando, llevó el mismo jueves 11 al gobierno boliviano a pedir a los gobiernos de la región, en particular a los de Venezuela, Argentina y Brasil, pronunciamientos de apoyo a la democracia boliviana. Argentina y Venezuela lo hicieron el mismo jueves, pero Brasil se demoró hasta el viernes 12.
La segunda versión, apunta a una molestia del Ejecutivo boliviano por la suave pero persistente presión de Lula a favor de la negociación con los prefectos golpistas, y muy en particular por los contactos de la cancillería brasileña con la oposición. Consultado al respecto, el canciller Marco Aurelio García reconció que “la idea es que la Embajada de Brasil (en Bolivia) esté haciendo esos contactos”. Lo cierto es que una misión brasileña y otra argentina, encabezadas por García y Jorge Taiana, abortó cuando los enviados estaban ya en sus aviones dispuestos a despegar.
En la reunión de presidentes realizada en Santiago que emitió la Declaración de La Moneda, Lula mostró dudas sobre las intenciones del presidente boliviano, muy similares a las expresadas por la oposición que aseguraba que Evo preparaba un “autogolpe”. Más aun, según la versión de Página 12, cuando Chávez pretendió incluir un párrafo crítico del papel de Estados Unidos, recibió una rápida y negativa respuesta de Rafael Correa y de Lula, que prefirieron no mencionar la flagrante intervención de Washington.

Brasil en su patio trasero
En tres países de la región, Brasil mantiene una clara posición hegemonista, o imperialista; o, si se prefiere, subimperialista como se decía en los 60. Esos países son Ecuador, Paraguay y Bolivia. En el primero existieron claras presiones del gobierno de Lula a favor de Petrobras, que explota un parque nacional en litigio con pueblos indígenas y debió abandonar, a mediados de septiembre, el bloque petrolero 21 que pasó a manos de Petroecuador. La participación de grandes empresas brasileñas en megaproyectos vinculados a la iirsa (Iniciativa para la Infraestructura Sudamericana), generó conflictos de diversos calibres que involucran a empresas brasileñas. El más reciente se registró el 23 de septiembre con la expulsión de la constructora Odebrecht y el embargo de sus bienes en Ecuador, responsable por los desperfectos en la hidroeléctrica San Francisco, que lleva dos meses fuera de servicio.
No terminaron ahí los problemas. La represa se construyó con un préstamo del bndes (banco estatal de desarrollo brasileño) por 423 millones de dólares, que Ecuador ahora no quiere pagar. Lula intervino en el asunto: “En el Ecuador hay elecciones el domingo 28. Vamos a dejar pasar la bola para resolver este problema”. El 30 de septiembre, se reunieron Lula y los presidentes de Ecuador, Venezuela y Bolivia en Manaos. Al parecer Lula y Correa discutieron el tema, ya que Odebrecht construye buena parte de las obras del pasillo Manaos-Manta que forma parte de la Iirsa y conecta el Amazones con el Pacífico, por donde salen las commodities brasileñas rumbo a Asia. Lo cierto es que Odebrecht se comporta como una multinacional cualquiera, y Lula defiende sus intereses.

Paraguay, a precio Stroessner
En Paraguay, históricamente Brasil tuvo un peso decisivo. En estos momentos, se registran negociaciones con el gobierno de Fernando Lugo para la modificación del Tratado de Itaipú. La represa binacional de Itaipú tiene una potencia instalada de 8.250 mw, de los cuales Paraguay consume apenas el 5 por ciento y debe exportar el 95 por ciento a su vecino a precio de costo, según el tratado firmado por la dictadura de Stroessner en 1973. Itaipú abastece el 20 por ciento de la energía que consume el industrializado Brasil. Paraguay recibe apenas 300 millones de dólares al año, muy por debajo del precio internacional y del costo de reposición de la energía vendida. Ricardo Canese, ingeniero especializado en energía, estima que los 53.000 mw que se venden anualmente a Brasil tienen un precio de mercado no inferior a los 4.000 millones de dólares, algo así como dos tercios del Producto Interno Bruto de Paraguay. Lugo no pretende llegar tan lejos, pero sostiene que su país debe recibir entre 1,5 y dos mil millones de dólares, o sea entre cinco y siete veces el valor actual.
En un principio, Lula dijo que hay un acuerdo firmado y que no está dispuesto a revisarlo. Los paraguayos sostienen que el tratado fue firmado durante la dictadura de Stroessner, y que luego de tres décadas es hora de sentarse a discutir. Lula admitió flexibilizar la posición de Brasil para aumentar el precio de la energía que compra a Paraguay, pero no está dispuesto a acceder a las exigencias de Lugo. La revisión de estos acuerdos no es un tema menor. Recuperar la soberanía energética es, para Paraguay, lo mismo que la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia. Un sustancial aumento de los ingresos del paupérrimo Estado paraguayo, sería un balón de oxígeno para afrontar reformas urgentes como la salud y la educación, además de la necesaria reforma agraria.

Los intereses brasileños en Bolivia
Todo indica que Brasil salió fortalecido de la crisis boliviana, porque jugó como lo que es: una potencia regional en expansión. Así lo admitió días atrás el ministro de Defensa, Nelson Jobim en referencia al flamante Plan Estratégico Nacional de Defensa: “Estamos viviendo hoy un objetivo claro, que es la afirmación de Brasil como gran potencia. Y eso significa la capacitación clara del poder efectivo de disuasión”.
En la crisis boliviana, ese papel de potencia pasa por jugar de modo equidistante en el conflicto gobierno-oposición. El asesor internacional de Lula lo expresa de forma clara en una frase que, atribuida o real, sintetiza la posición de Brasil: “El problema es que el país está viviendo un proceso de reformas, sin salirse del marco democrático, pero tanto la oposición como el gobierno actúan como si estuvieran frente a una revolución”.
Por cierto, Brasil tiene intereses diferentes a los de Estados Unidos. Eso lo llevó a oponerse al alca y a crear la Unasur para resolver los asuntos regionales sin la injerencia yanki. El ataque al campamento de Raúl Reyes, el 1° de marzo pasado, convenció a la diplomacia brasileña de la necesidad de acelerar la creación de la Unasur para, precisamente, acotar la influencia de Washington en una región que Brasil considera su campo de influencia.
La diplomacia brasileña tiene una partitura diseñada tiempo atrás para la región, y se limita a ejecutar los acordes con la mayor precisión posible. Samuel Pinheiro Guimaraes, actual secretario general de la Cancillería y destacado intelectual brasileño, establece en su último libro tanto la política de su país hacia Estados Unidos como hacia los socios de la región. Sostiene que Brasil no debe someterse a la hegemonía estadounidense y que el eje de la estrategia de su país debe consistir en “la construcción paciente, persistente y gradual de la unión política de América del Sur y el firme y sereno rechazo de políticas que sometan a la región a los intereses estratégicos de los Estados Unidos”.

La inversión en Santa Cruz
En la presente crisis, Brasil no se apartó un ápice de esa estrategia. Por otro lado, y éste es un aspecto que a menudo se olvida, Brasil tiene intereses propios en Bolivia, más abultados que en cualquier otro país de la región. Petrobras sigue jugando un papel decisivo en la explotación de los hidrocarburos bolivianos, siendo el principal inversor en el país andino. Además, las inversiones brasileñas en el agronegocio son muy importantes. En Santa Cruz, unas 200 familias de agricultores brasileños cultivan 350 mil hectáreas de soja que representan el 35 por ciento de la producción sojera boliviana. Esos agricultores tienen peso político, ya que representan un tercio de los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio Bolivia-Brasil y están presentes en la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo que agrupa a 12 mil agricultores de Santa Cruz.
Por diferentes vías, Brasil controla alrededor del 20 por ciento del PBI de Bolivia, que en los próximos años se deberá incrementar a través de inversiones estratégicas en infraestructura, energía y minería. Pero estas inversiones generan conflictos. Uno de ellos gira en torno a la construcción de las represas hidroeléctricas Santo Antonio y Jirau, sobre el transfronterizo río Madera, que afecta a Bolivia pero que Brasil considera de suma importancia para su desarrollo nacional.
Las represas, cuya construcción está a cargo del consorcio Furnas-Odebrecht, inundarán territorio boliviano, afectarán la pesca, harán proliferar la malaria y pondrán en riesgo a las comunidades campesinas extractivistas e indígenas de los pueblos Chacobo, Tacana, Cavineño, Esse Ejja y Yaminahuas en los departamentos de Beni y Pando. Organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia, con el apoyo de Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), interpusieron el 7 de diciembre de 2007 una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Intreramericana de Derechos Humanos, debido al “atentado inminente” del gobierno de Lula contra los derechos humanos y las libertades de los pueblos.

Hacia dónde se inclina la balanza
Las inversiones y los intereses brasileños en Bolivia están concentrados en la Media Luna, en particular en Tarija y Santa Cruz. De alguna manera, el Brasil potencia contribuye a desequilibrar la balanza entre el oriente y el occidente boliviano, y coloca sus intereses nacionales más cerca de la oposición autonomista que de los pueblos indios del Altiplano y de oriente.
Eso explica la equidistancia del gobierno Lula, que navega entre los intereses nacionales como potencia regional y la defensa de sus multinacionales. Sería falso decir que apuesta al gobierno de Evo y a sus proyectos de cambio, por más limitados que nos puedan parecer. Esos cambios, bien lo saben Lula y el pt, sólo pueden hacerse realidad en un largo proceso plagado de luchas sociales, o sea, de permanente inestabilidad. Pero la diplomacia de Itamaraty, la más sólida de la región, apuesta a la estabilidad en Bolivia, porque ella le garantiza el suministro de gas para su industria y lubrica los buenos negocios de sus empresas. Por Bolivia pasa, además, buena parte de la infraestructura de la Iirsa, que conectará la pujante industria de Sao Paulo con los puertos del sur de Perú y el norte de Chile, para fomentar el comercio con China e India.
Nada más.
Y nada menos.

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