Es la provincia más extranjerizada del país. Un estado raquítico, con políticos millonarios alquilados al gobierno nacional, que licuaron los salarios docentes y generaron las tarifas eléctricas más altas (boletas de 164.000 pesos) teniendo a la represa Yacyretá. El conflicto policial se apagó, mientras docentes y personal de sanidad continúan en la calle denunciando la desigualdad, la exclusión y el clima de violencia. La vida cotidiana y el secreto de la fortaleza de la gente. Por Francisco Pandolfi.

¿A ustedes les pagan del gobierno?”, interpela a los medios locales una mujer de guardapolvo blanco. En una ronda de otras ocho maestras, amplía la pregunta: “¿A ustedes les pagan para que cuenten que los equivocados somos nosotros y el país crea lo que no existe?”. Ese primer instante de interrogatorio, luego virará en una charla en medio de la calle, en medio de un acampe, en medio de un reclamo salarial (y de otras yerbas) por los que Misiones estuvo en el foco de todo el país, y que aún hoy sigue marcando el pulso provincial. Justifican la pregunta de arranque: “Hay un cerco mediático infernal; los medios,  manejados por el gobierno, están casi todos comprados. La protesta de la policía, sumándose a la nuestra, rompió ese cerco”.

¿Cómo se llegó a este extremo? “Somos de las provincias en las que menos se paga en el país. Pero no solo eso: acá el problema es el sistema de poder”.

La plata está

Carlos Lezcano pide que se lo presente “simplemente como profesor de matemáticas”. Es uno de los delegados docentes, aunque lo suyo es por fuera de toda representación sindical. La gente lo reconoce por investigar los números necesarios para negociar un salario digno. Explica, como si esta nota se convirtiera ahora mismo en un pizarrón: “La política de hambruna a la que nos sometió el gobierno de la Renovación hizo que la docencia, con un solo cargo, estuviera por debajo de la línea de la indigencia; y quienes teníamos la máxima carga horaria o doble cargo, estuviésemos al límite de la línea de pobreza. En 2023 ajustaron el salario sobre una inflación de 211%, tuvimos una reivindicación del 108, es decir que nos ajustaron 103 puntos. Esto significa haber perdido casi la mitad del salario desde el cambio del gobierno nacional. A partir de la devaluación, la política de ajuste y los tarifazos, el sueldo quedó pulverizado y sin ninguna respuesta de nuestro patrón: la provincia”.

El Partido Renovador de la Concordia Social fue creado por Carlos Rovira, dirigente que maneja a piacere los hilos políticos de Misiones desde hace casi 30 años. Intendente de Posadas entre 1995 y 1999; gobernador de 1999 a 2007 y desde ese año hasta hoy preside la Cámara de Representantes del distrito que lo vio nacer gracias al padrinazgo de Ramón Puerta, de quien se distanció y al que desplazó como el titiritero número 1. El partido, gestado por peronistas y radicales desertores de sus espacios orgánicos, comanda la provincia desde 2003, con una sucesión de nombres (y hombres) poco variada: el segundo mandato de Rovira; dos períodos de Maurice Closs; Hugo Passalacqua; Oscar Herrera-Ahuad, y ahora nuevamente Passalacqua (casado con la prima hermana de Rovira: todo queda en familia). 

“La Renovación” se mantuvo siempre bien cerquita del gobierno nacional de turno y el lazo con la gestión de Javier Milei no es la excepción. Enmarca Lezcano: “La provincia garantizó la gobernabilidad sin importar qué ideología estuviese arriba: lo hizo con Kirchner, con Cristina, Macri, Fernández y ahora con Milei. Misiones tiene un tipo (Rovira) que se considera rey, que maneja todo en su territorio y sin escrúpulos a la hora de negociar con el poder central. Si necesita negociar con el diablo, negocia con el diablo”.

El profe vuelve a agarrar la tiza: “Acordaron el gobierno nacional y el provincial para profundizar el ajuste que ya veníamos soportando, así que no quedó otra que salir a la calle con las herramientas que tenemos: saber los recursos económicos que recibe Misiones en Educación. En abril y mayo entraron más de 20 mil millones por la ley 26075 de financiamiento educativo”. 

Sumas y restas: “Respecto a la aduana paralela (un impuesto específico de la provincia), en marzo entraron 54 mil millones, de los cuales el 20% según la Constitución deben destinarse a Educación, es decir más de 10 mil millones. Pese a estos ingresos, había maestras con salarios de 237 mil pesos”.

¿En qué punto están las negociaciones? “Los 237 mil de salario mínimo lo llevamos a 450: logramos un incremento del 70% en dos meses, además de un 50% más en el básico, que se derrama en todo el escalafón docente. Si bien no logramos lo que buscamos en términos económicos (el 100%), construimos una fortaleza incalculable. Estamos preparados ante cualquier engaño o ninguneo para salir nuevamente y erradicar esta política de salarios de hambre”.

Imágenes del presente misionero, que mezcla motosierra, licuadora y políticos ricos aliados al gobierno nacional. El conflicto policial puso la lupa en la provincia, pero se desactivó por un arreglo menor y el cansancio. La docencia y la salud pública siguen buscando respuestas y justicia.

El fomento de las amantes

Rubén Ortiz es uno de los fundadores del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), sindicato con la mayoría de sus afiliados fuera de la capital misionera. A la vera de la ruta en Eldorado, 203 kilómetros al norte de Posadas, contextualiza: “La crisis muestra los límites de las recetas neoliberales. En Misiones se pretendió salir de la miseria con inversión foránea y los resultados están a la vista”. El mapa:

1) Misiones es la provincia más extranjerizada del país en términos porcentuales, con el 14% en manos de multinacionales. Para notar la envergadura, la Patagonia oscila entre el 3 y el 6%. Acá hay municipios donde el 80% de la tierra es de extranjeros.

2) Crecimiento de la economía y de la exclusión social. O sea, esto que vivimos es un saqueo. La provincia creció a tasas chinas y aumentó la pobreza. ¿Cómo se explica?

3) Concentración de la riqueza. La pasta (celulosa para hacer papel) está en manos de una multinacional; el tabaco, de dos; la yerba, de 10; el té, de 4. Sumale el turismo, con su extractivismo silencioso.

4) Un estado provincial cada vez más raquítico sin posibilidades de atender su rol en salud, educación y seguridad, áreas que expresan la crisis a través de sus trabajadores en la calles. Este raquitismo refleja un modelo productivo basado en el monocultivo, que nace en la última dictadura y del que los gobiernos democráticos se beneficiaron y gerenciaron sistemáticamente. 

5) Por eso mismo, crecimiento escandaloso de las fortunas de la clase política.

¿En qué se apoya ese desarrollo deforme? “El Estado raquítico tiene un sistema educativo que les dio la espalda a estos temas; no están en los contenidos curriculares. Hoy un maestro puede leer a Freire, pero no es capaz de entender la transformación escandalosa que sufre el territorio. Los docentes que se forman analfabetos en términos políticos son las poleas de transmisión del propio proceso de dominación que genera la pobreza. Y hoy esa pobreza llegó al maestro, que está hambreado”.

Norma tiene 53 años y enseña desde hace 21. Lleva un sombrero dorado y un silbato verde con el que agita a la masa, aunque no es por eso que llama la atención: hasta hace un mes cobraba 300 mil pesos por cada uno de los dos turnos en los que trabaja en la escuela 871 de Posadas. “Reclamamos para llenar la olla. Me tuve que dar de baja de Internet y del cable, de luz me vino 260 mil pesos. Me levanto a las 6 de la mañana y salgo a las 17:15. Cuando llego a mi casa planifico las clases del día siguiente y vendo productos aromatizantes. Los sábados y domingos voy a la feria a vender ropa usada. Todo el tiempo estoy pensando cómo salir adelante”.

Estela Genesini es la secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones. Advierte: “La provincia es un desastre, los techos de las escuelas se caen a pedazos, llueve más adentro que afuera, las paredes están electrocutadas, no hay agua potable y casi que no existen cloacas; hay colegios, sobre todo en el interior, donde todavía hay letrinas”. Contrasta: “Somos la tierra de la prebenda y la corrupción, con gente muy pobre de un lado y multimillonaria del otro. Un ejemplo del año pasado: al ahora ex titular del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Marcelo Rodríguez, se le descubrió que les pagaba el sueldo a 40 amantes. Googleen por favor ‘Marcelo Rodríguez’: forma parte de la radiografía de la provincia”.

En la escuela 729 de Posadas, en el empobrecido barrio Yaciretá, da clases Carmen Torres. Lleva un cartel colgando, con un paralelismo a la canción de León Gieco: “Solo le pido al dron, que registre cuando luchan los docentes”. Hay leones que le vaciaron el bolsillo: “Con el aumento de las tarifas caímos a un piso de indigencia; hay maestros a los que no les alcanza para pagar el pasaje o para la nafta, eligen comer antes que ir al colegio”.

Milei y los ojos de los chicos

Mónica Gurina es docente desde hace 31 años y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones. Es una de las que más agitan con el megáfono. “Hay una política de hace dos décadas del Frente Renovador (de la Concordia) que la agravó Milei”. En Eldorado, Nicolás Ruiz es docente de la escuela agrotécnica. Dice que esta lucha es diferente porque apareció un nuevo componente: “El gobierno nacional, con la devaluación, la debacle económica, la suba de precios, la inflación criminal; todo eso tiró los sueldos al piso”. Dice también que “la canasta básica está en 800 mil pesos y que antes ese era el punto de referencia, pero hoy es la canasta de indigencia”.

Leandro Sánchez es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones y es profesor de la escuela 608 de Puerto Panambí, localidad fronteriza con Brasil. Pone blanco sobre negro las responsabilidades de ambos gobiernos. “Hay culpas compartidas. La desaparición del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) fue una decisión nacional, igual que eliminar el envío de materiales educativos. Yo trabajo en un colegio donde los alumnos hablan portuñol. El libro es fundamental en la pedagogía, la lectura colectiva y para que aprendan a hablar mejor en castellano”.

Leandro cuenta más: “Que llegue un libro a esas casas es un acontecimiento social. Es gente muy religiosa, lo único que leen es la Biblia. Antes de Milei el Estado argentino llegaba con un libro; ya no va a pasar”. Dimensiona: “Recién en el Mundial de Fútbol 2006 fue la primera vez en la vida que el pueblo escuchó una transmisión en castellano; fue un hito, hasta ese momento sólo se veía la cadena brasileña O’Globo”.

¿En qué es responsable la provincia? “En el salario atrasado: en febrero advertimos que esto iba a ocurrir, pero no nos escucharon. Hay cuatro ejes a transformar: 1) lo salarial; 2) obras edilicias paradas en las escuelas desde noviembre pasado; 3) escasea todo tipo de materiales; 4) la falta de comida: para garantizar el desayuno y el almuerzo el gobierno manda a cada escuela 220 pesos por día por alumno”.

En las afueras de Posadas, Viviana brinda mucho más que clases en Garupá: “Damos un mate cocido y una galleta; y como las galletas nunca alcanzan, las partimos mínimo en dos. Entera no la podemos dar nunca, aunque no son grandes, serán de 7 centímetros de diámetro”.

Susana tiene 56 años y 30 de antigüedad como maestra en la periferia capitalina. Comparte algo que nunca le había pasado: “Los ojitos de los chicos están perdidos porque tienen hambre. En el mejor de los casos, comieron reviro, una masa de harina, agua y aceite, riquísima pero que no aporta nutrientes. Los nenes se duermen del hambre y estamos en la capital, ¡qué queda para el interior!”.

La escuela sin edificio

Misiones la atraviesa la selva, que la pinta de verde en alrededor del 30% de su territorio. En sus entrañas, las escuelas rurales; y dentro de ellas, el pluriempleo. Exequiel Ferreyra es maestro en cinco colonias. “En la educación rural se agudiza la precarización, por el contexto social complejo y las distancias, que hace difícil la movilidad al haber caminos muy feos”. El problema es de fondo: “En la ruralidad sucede una ficción educativa. Hay muy poca alfabetización. Los gurises de 10 años en adelante trabajan en la cosecha de la yerba, en esta época, y en septiembre en la de mandioca; esos chicos no están escolarizados”. 

Agrega: “También es una ficción porque para el gobierno la escuela rural es una caja de ahorros. Se jacta de fomentar la inserción y es puro maquillaje”. Hace una cuenta, con una suma que le resta a la educación pública: “Funcionamos con pluriaños, o sea grados acoplados. Primero, segundo y tercero, por un lado; cuarto y quinto, por el otro, que reduce la carga horaria. A ese ahorro se le suma que todas las secundarias rurales funcionan en edificios abandonados, con las ventanas y las puertas rotas. Muchas clases son en ranchos, casas avejentadas y de madera, donde en invierno hace muchísimo frío y en verano, muchísimo calor”. 

Pone un ejemplo: “En la localidad de Santa Inés hace una década inauguraron una escuela sin edificio, que primero funcionó en una parroquia, luego en un salón municipal. Hace cuatro años recién lo entregaron, pero solo tiene tres aulas, cuando en la primaria son siete los grados”. Exequiel integra la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro y es profesor de historia. Da un dato del presente: “En la provincia, la deserción escolar en secundaria está entre el 50 y el 60%, mientras que en la ruralidad llega al 80, 83%”. Da clases en seis escuelas (cinco colonias rurales y un bachillerato): “Las condiciones salariales no acompañan. Yo tengo 15 horas cátedra, cuatro años de antigüedad y gano 460 mil pesos”.

Vanesa y Flavia son hermanas y viven en Andresito, municipio fronterizo con Brasil, al noreste de la provincia. Trabajan en tres y en seis escuelas respectivamente, “turno mañana, tarde y noche”. La tierra colorada las acompaña en cada trayecto donde cuando llueve los caminos son “intransitables”. Denuncian: “Tenemos que trabajar en varias escuelas, pero con las constantes subas en el combustible mucho de lo que ganamos se va en viajar. Cobramos menos de 700 mil pesos trabajando todo el día, es imposible”. Aportan una certeza y una pregunta: “La obra social se nos fue a 200 mil. ¿Cómo hacemos?”.

Ambas están sentadas al lado de la ruta que en varios lapsos del día cortan para hacerse escuchar. Cuentan sobre una charla con un ex alumno, que acaba de terminar la secundaria: “Está trabajando como playero en una estación de servicios y cobra 780 mil. Nos dijo que quería estudiar un profesorado y nos preguntó cuánto cobrábamos. Se sorprendió: ‘Entonces ganan menos que yo, ¿para qué voy a hacer una carrera?’”.

A unos metros está parado Tato, flaco, alto, de pelo largo y canoso. Trabaja en tres escuelas y milita en el Partido Obrero. “Lo que pasa en Misiones es la punta del iceberg de una situación que se va a generalizar en el país; han hecho de la realidad del pueblo argentino algo invivible”.

Ejemplifica Rubén Ortiz, del MPL: “Hay docentes que son esclavos por la cantidad de cursos y escuelas donde trabajan. Hay orientaciones con una carga horaria de dos horas, por lo que deben agarrar 21 cursos para completar las 42 horas tope que puede tener un maestro”.

Confesiones y obediencias

Frente a esta batería de reclamos, ¿cuál fue la respuesta gubernamental? “Al principio se llamó a silencio –grafica el maestro Carlos Lezcano–. La nueva presidenta del Consejo de Educación no apareció y el gobernador menos. Fuimos construyendo una lucha horizontal desde el llano ante el ninguneo oficial, que en primera instancia no solo acordó con sectores afines apéndices del poder, sino que también nos judicializó a quienes reclamábamos”.

Daniela López es la presidenta del Consejo General de Educación, órgano que rige el salario docente. No contestó el pedido de MU para entrevistarla. El gobernador Passalacqua hizo lo mismo. Quien sí respondió fue Miguel Pintos, interlocutor que puso el gobierno para negociar con los sindicatos de docentes no oficialistas: “No hablo con ningún medio”, dijo para no decir. El único que habló fue el ministro de Educación Ramiro Aranda. Le confesó a MU: “El reclamo salarial es justo, más en el contexto de crisis nacional que vivimos donde a Misiones le toca una caída grande de la coparticipación, que son fondos propios. Hay una caída terrible de nuestra recaudación, por políticas que no son locales y nos perjudicaron mucho. Por eso a la docencia le pedimos paciencia. La crisis inflacionaria, con el salto que pegó en diciembre y enero, hizo que todos perdamos poder adquisitivo. Además, el gobierno central dejó de enviar el Fondo Nacional de Incentivo Docente fijado por la ley de financiamiento educativo. Sin él, los docentes iban a perder otro 13% del salario, por lo que creamos el FOPID provincial. Otro aspecto es que hasta el año pasado había una paritaria nacional y eso permitía fijar un piso, pero ya no existe. Y algo que reclamamos hace mucho: estamos entre las diez primeras provincias que aportamos recursos a Nación, pero entre las últimas cinco que nos devuelven en coparticipación. Eso es muy injusto”.

En tu respuesta marcás varios puntos donde la política nacional influye en el conflicto actual interno. ¿Por qué el gobierno provincial decide ser aliado de Milei?

Somos representantes de la población, que hoy acompaña el modelo nacional. Debemos ser una oposición responsable y dar herramientas de gobernabilidad.

Unos días después de la entrevista con Aranda, se aprobó en el Senado la Ley Bases. Al igual que en Diputados –donde los legisladores de Misiones están insertos en el bloque Innovación Federal–, los dos senadores nacionales por la provincia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, también votaron a favor.

Rubén Ortiz, secretario general del MPL, analiza los votos positivos: “Fue una enorme irresponsabilidad, ninguno defendió los intereses de la provincia. Había fundamentos para votar en contra, por ejemplo en el capítulo de las inversiones: Misiones está estallando por el poder de las multinacionales y los legisladores entregaron más todavía a nuestro territorio”.

El suspiro policial

Lo que conmovió al país no fue el reclamo docente, ni del personal de sanidad. Lo que se salió del molde y escapó a lo ya naturalizado fue la decisión de la Policía de situarse del otro lado del mostrador y acampar más de una semana en contra de sus magros sueldos. Las imágenes de agentes bailando con maestras se viralizaron rápidamente –en una unidad pocas veces vista y que iba a durar un suspiro–. La Policía había prometido no abandonar la calle hasta que el incremento salarial fuera del 100%. Su vocero Ramón Amarilla, representante de los oficiales retirados, había afirmado que se quedarían “hasta las últimas consecuencias”. Días después, firmaron un acta cuyo aumento fue menor a lo exigido: $15.521 en el salario básico, además de la amnistía para que los efectivos no fuesen sumariados. Ramón Amarilla habla con MU: “Antes del acampe agotamos toda instancia administrativa. Estuvimos diez días en enero frente a la Jefatura de Policía. Lo mismo entre el 13 y el 16 de mayo, hasta que el 17 explotó. Algunos sectores quieren darle a nuestra decisión un trasfondo político, de desestabilización democrática y no es así. La lucha es salarial. Si a los trabajadores les pagaran dignamente, nadie protestaría. No pedimos para comprar un yate, solo llegar a fin de mes”.

¿Por qué levantaron el acampe si el acuerdo estuvo lejos de lo pedido?

Estuvimos trece días en la calle, nuestra gente estaba cansada. Había un montón de enfermos, criaturas, mujeres, colegas que superan los 70 años y ya no están para dormir en la vereda. Muchos fueron amenazados por la Jefatura de Policía y preferimos relegar algunos puntos para que nadie pierda su trabajo. Logramos retrotraer las acciones administrativas en contra y aceptamos lo que nos impusieron: un incremento del 25% para junio y el 30% para julio. El salario básico aumentó 15 mil, pero el neto de un agente que estaba en 406 mil pasó a 520 mil, y en julio cobrará 620 mil pesos.

¿De qué sectores tuvieron presiones?

Del ministro de Seguridad, de todo el gobierno que dijo que nos iba a cortar la cabeza y que estábamos exonerados de la Policía. Si hicimos una medida extrema fue por no ser escuchados. Con todas las notas que presentamos, empapelamos la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía y hasta el mismo Ministerio de Hacienda. Llegaron al hartazgo del trabajador, que perdió la confianza en los que gobiernan.

Por el historial detrás de las fuerzas de seguridad, su accionar represivo e intereses poco claros, hay mucha desconfianza en el obrar policial. ¿Qué opina?

Le aseguro que solo queremos que nos atiendan, yo no tengo ningún interés con ningún partido ni ninguna aspiración política. Quiero que nos traten bien y de igual manera a los municipales, a los docentes, al personal de salud. En la pandemia todos rogamos por un médico y están ganando 650 mil pesos. Es una vergüenza.

Licuadora + motosierra 

El cierre de esta edición, el personal de sanidad acababa de levantar un paro de 7 semanas en hospitales y Centros de Atención Primaria y un acampe de 17 días en el Ministerio de Salud Pública de Misiones. “Lo que nos volvieron a ofrecer sigue siendo insuficiente, pero logramos un aumento que ellos no tenían previsto”, dice Soledad Nervi, licenciada en enfermería del hospital de Puerto Esperanza, en Puerto Iguazú. El 21 de mayo el gobierno les había ofrecido un 28% cuando la exigencia era del 100%. Los sindicatos UPCN y ATE firmaron, pero las bases decidieron tomar el Ministerio por un mayor sueldo. “Ahora conseguimos un 12% más y la promesa de una nueva mesa salarial. Las conquistas fueron por resistir lluvias y frío”. Agrega: “La situación es grave. La categoría más baja de los salarios en salud pública estaban en 360 mil y con las subas llegan recién a 525 mil”. El ministro de Salud de Misiones, Héctor González, no accedió a ser entrevistado.

Las instituciones padecen un cóctel gravísimo gestado por la fusión de licuadora y motosierra. Lo describe Karina, licenciada en Enfermería: “Cada vez hay  menos profesionales en el sector público. Los médicos prefieren atender en establecimientos privados porque les pagan más, lo que disminuye nuestro recurso humano. En paralelo cada vez más gente se atiende en el hospital público porque no tiene otra opción, como sí tenía antes. Esto perjudica el servicio al paciente y desgasta al profesional, que busca otro trabajo para sobrevivir. Estamos viviendo múltiples formas de violencia: institucional, psicológica, económica”.

Walter Schaffer es ambulanciero del hospital de Aristóbulo del Valle, zona centro de la provincia. “Vendo leña y corto el pasto en los momentos libres, pero ni así me alcanza. Nos están matando psicológicamente. Hay muchos compañeros medicados, que fueron internados porque no encuentran la salida”. Karina, que trabaja en el área de salud mental del Ministerio de Salud, completa: “Un montón de laburantes salen a ofrecer chipa, torta frita, prepizzas; o se pusieron a vender cosméticos; o se la pasan haciendo horas extra. La luz subió un 48% y el gobernador acaba de firmar un aumento del 20%; lo mismo con el combustible, la telefonía, el agua. La canasta básica crece de una semana a la otra. Tenemos compañeros endeudados y una persona que hacía seguridad en el hospital pediátrico se suicidó”. Respira profundo con los ojos vidriosos. Retoma: “Hoy se decide si tomar leche o té. El que tiene auto, si carga combustible o va en colectivo, con un pasaje a 900 pesos. Llegamos al extremo de pensar que nos sale más barato perder un día de trabajo, que ir al hospital”.

La luz a 164.000 pesos

Mientras de fondo suena un tema de Ramón Ayala, emblema de la música litoraleña, las y los trabajadores del Estado hacen una autocrítica. La maestra Susana Torres sintetiza: “El docente también tiene culpa de lo que pasa, porque siempre tapamos agujeros. Se caen los techos y hacemos una vaquita para arreglarlos; no hay materiales y juntamos la plata para comprarlos”. Se angustia: “Desde hace un mes no hicimos más el almuerzo; no pudimos comprar carne ni verdura, porque ya no podemos comprar para nuestras casas. No tenemos ni tiza, ni boletines, que ahora los estamos entregando en fotocopias”.

Mónica Gurina, de la CTA Autónoma, añade otro índice de deterioro: “Muchos compañeros del interior tenían a sus hijos estudiando en Posadas y ya no pueden ayudarlos y debieron volverse. Hay muchos casos, por eso hay tanta mezcla en los docentes: gente que votó a Milei, gente que trabajó con Rovira; gente harta entre la que necesitamos perdurar la unidad”.

De repente, en el acampe en Posadas se empieza a aplaudir: un par de personas traen una garrafa para la cena. Mónica aprovecha: “Antes pagábamos la garrafa de 10 kilos –porque acá no hay gas natural– a 3.000 pesos, ahora 10 mil. Si pagábamos 5 mil el agua, ahora más de 25; si nos costaba 10 mil la luz, ahora 100 mil. Acá se explica el estallido”.

Dos datos de contexto: 

1) El servicio de agua está privatizado, en una provincia rodeada por cinco ríos:  Paraná, Uruguay, Iguazú, San Antonio y  Pepirí Guazú; y atravesada por 800 arroyos. 

2) La energía eléctrica es brindada por la empresa estatal EMSA. El 7 de julio se cumplirán 20 años de la inauguración en Misiones de la Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé, construida en el alto del río Paraná entre Argentina y Paraguay, tras el desarraigo de muchas familias para la construcción de la represa que transforma energía hídrica en energía eléctrica. La obra fue catalogada por el propio Carlos Menem como un “monumento a la corrupción”. La promesa para lograr la licencia social se basó en que la población pagaría más barata la luz, lo que nunca sucedió.  

Este 2024, con la quita de subsidios a las empresas y los tarifazos nacionales, la situación empeoró. Lilian Quevedo es profesora de educación física y un caso testigo: “Cuando vi la factura eléctrica lo primero que leí fue 16 mil, jamás me hubiera imaginado que eran 164 mil. Mi sueldo era de 500 mil y 200 mil me salía el alquiler. Hoy pagamos la luz más cara del país aunque tengamos a Yaciretá”.

Respirar la violencia

Alcanza ver un mapa de Argentina para comprobar que Misiones tiene forma de puño en alto. Y alcanza con ver sus calles para sentir que parte de su pueblo no se resigna. El maestro Leandro Sánchez enseña con una analogía: “Desde el gobierno nos ningunean diciendo que solo trabajamos cuatro horas frente al aula. Es lo mismo que creer que quien corre 100 metros en atletismo, trabaja 10 segundos. No reconocen que planificamos en nuestras casas, que corregimos, que llenamos libretas y que los fines de semana hacemos actividades para arreglar lo roto”.

Alexis Rasftopolo, docente y doctor en Comunicación misionero, describe el momento actual: “Estamos ante la degradación de lo sensible. Respirando la violencia cotidiana, masticando bronca, mientras el presidente de la Argentina en total divorcio con la realidad pretende sostener y argumentar las supuestas bondades de la miseria planificada”. Alexis se esperanza frente a la serie de manifestaciones en su provincia: “Acaso sea, una vez más, la hora de los pueblos”.

Norma, envuelta en su guardapolvo blanco y debajo de su sombrero ancho y dorado, expresa con su cuerpo, con su actitud, con lo que dicen sus ojos: “Yo no puedo dejar esta lucha, porque conmigo están mis alumnos. Ustedes deben ver sus caritas y cómo viven en la miseria total. Yo soy hija de mensú, mi mamá era una mensú que iba a trabajar a los yerbatales y volvía sin un peso porque no le pagaban”. Se le empañan los ojos. “Yo no quiero volver a ser mensú, no quiero que mis hijos ni mis alumnos pasen necesidades. Por eso estoy acá”.

Esta crónica no termina en una asamblea; termina en un auto, precisamente en el auto de una conductora de Uber, que nos lleva desde el acampe docente en Posadas hasta la estación de micros para regresar a Buenos Aires. Lo que sigue es su relato, como otro síntoma más de lo que pasa en Misiones; como alerta de lo que puede venirse en otras provincias; como sentencia de esta nueva normalidad: “Trabajo desde hace cuatro años en el Estado para la Secretaría de Cultura. Tengo que manejar el Uber porque desde enero no me pagan, aunque sigo cumpliendo mis horarios. Soy monotributista, facturo. Con unos dólares que tenía de ahorro, pude comprarme el equipo de gas y acá estoy, manejando, porque hay que seguir, ¿no?”.