Cansadas de esperar la lenta transferencia de tierras del Estado y el siempre problemático reconocimiento de sus derechos, la comunidad mapuche ha iniciado un proceso de movilizaciones que está siendo respondido con extrema dureza por el Estado chileno. Raúl Zibechi aporta en esta nota datos, denuncias y análisis.

Miles de mapuche llegaron al mediodía del 22 de octubre hasta la Intendencia Regional en Temuco (capital de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago) para rechazar la violencia de carabineros que disparan perdigones contra niños. “Tras llegar hasta el centro de la ciudad, un grupo de niños mapuche de comunidades de Ercilla, abrió un saco que contenía restos de más de 200 bombas lacrimógenas, cartuchos y casquillos de balas policiales”.
La manifestación, convocada por la Alianza Territorial Mapuche, tenía por objetivo desmentir a las autoridades que han afirmado que no existen casos de niños heridos por la intervención de carabineros en la zona. El lonko (autoridad mapuche) Juan Catrillanca, señaló que en un allanamiento siete de los niños de la escuela resultaron heridos con perdigones y por eso encabezaron esta marcha, vigilada por un fuerte contingente de carabineros.
“No le tenemos miedo al Estado chileno y su violencia, nuestro camino avanza hacia la liberación nacional mapuche. Sabemos que seguiremos resistiendo en nuestras comunidades”, dijo a la multitud el werken (consejero) de la Alianza, Mijael Carbone. “Aquí estamos todos, aquí están los niños heridos, todos pueden verlos, aquí está mi hijo Pablo con un ojo menos, están las madres de los bebés que fueron gaseados hace una semana en Temucuicui, está Carlos Curinao, golpeado brutalmente por la policía el mismo día, todos sin atención médica suficiente. Hemos venido pacíficamente a exigir respeto una vez más”, señaló Juan Catrillanca.
Pese a que las autoridades lo niegan, tanto la iglesia católica como organismos internacionales confirmaron que hubo niños heridos con balines. Gary Stahl, representante de unicef en Chile fue muy claro: “Para que no haya otra generación de chilenos marcada por la violencia, tenemos que saber qué ha pasado, y buscar una solución para que esto no vuelva a pasar en el futuro”. El día 5 de octubre un niño de 14 años de la comunidad Rofué, fue baleado, detenido, subido a un helicóptero, golpeado, amarrado y amenazado por los carabineros con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora participaban de la toma del fundo Santa Lucía.
Organismos de derechos humanos constataron decenas de casos, en los dos últimos años, en los que menores fueron baleados con perdigones y golpeados por el cuerpo de Carabineros, la policía militarizada chilena. “Hasta el momento no hemos visto ninguna investigación imparcial para saber qué ha pasado”, agregó Stahl luego de exigir al gobierno de Michelle Bachelet, en nombre de Unicef, que tome medidas para asegurar la protección de los niños mapuche. La indignación desbordó las barreras étnicas esa semana, cuando el Ministerio del Interior acusó a los padres mapuche de usar a sus hijos como “escudos” en las tomas de tierras, lo que provocó una ola de indignación que recorrió el país de sur a norte.
 
 
Tierra y pobreza
La pobreza en Chile alcanza al 22,7 por ciento de la población pero entre los indígenas llega al 35,6 por ciento. Las familias indígenas reciben casi la mitad de ingresos que las no indígenas. La escolarización de los no indígenas está 2,2 años por debajo del promedio nacional que es de 9,5 años y sólo el 3 por ciento de la población rural mapuche de 15 años tiene alguna educación pos-secundaria. Sólo el 41 por ciento de las viviendas indígenas tiene alcantarillado y el 65 por ciento, electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en un 50 por ciento a la media nacional.
El índice de desarrollo humano de la población mapuche es inferior al de la población no indígena (0,642 frente a 0,736). El más bajo del país se encuentra en las áreas rurales de la Araucanía (el territorio mapuche al sur del Bío-Bío), siendo de 0,549, pero el de la mujer mapuche rural es más bajo aun, de 0,513. Además de pobres son discriminados, de modo “casi total en los medios de comunicación, en particular la televisión”. Los mapuche no tienen representación en el Parlamento.
Sin embargo, el Estado ha encarado una activa política hacia los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (conadi) a través de su Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, ha traspasado desde 1994 unas 200 mil hectáreas a los mapuche, que han favorecido a más de 10 mil familias. La cifra es insuficiente ya que se estima que harían falta otras 200 mil más. Además, muchas se titulan de forma individual y no comunal, el proceso es muy lento, deja fuera a muchas comunidades y no existen programas de apoyo.
Entre los mapuche hay quejas porque ninguno de los programas oficiales es consultado con las comunidades. Un balance de las políticas estatales permitió, en 2003, al relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, concluir que “a pesar de haberse producido importantes avances durante los últimos diez años, éstos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país”.
La situación se ve agravada por la impresionante expansión forestal que vive el sur de Chile desde hace tres décadas. En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50 para vivir dignamente. Entre 1979 y 1986 a cada familia le correspondían 5,3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a sólo 3 hectáreas de tierra por familia. Bajo la dictadura los mapuche perdieron 200 mil de las 300 mil hectáreas que aún conservaban. El avance de las forestales y las hidroeléctricas sobre sus tierras, provoca un aumento exponencial de la pobreza y la emigración.
Actualmente hay dos millones de hectáreas de monocultivo forestal en la Araucanía en manos de tres grandes empresas. El conjunto de las tierras mapuche no llega a 500 mil hectáreas, donde viven aproximadamente unos 250 mil comuneros en unas dos mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. “El 70 por ciento de las entidades territoriales mapuche son directamente afectadas por el impacto ambiental producto de la penetración de las empresas forestales”, que alteran el ecosistema, ya que “el bosque artificial seca sus esteros y pozos, los aísla geográficamente y contamina el suelo”.
 
 
Los niños en el centro del conflicto
Sobre ese escenario se desarrolla una constante pugna de las comunidades para recuperar sus tierras ancestrales que les pertenecieron hasta hace apenas dos o tres décadas. Esa lucha choca con las grandes empresas forestales y con el Estado chileno que las apoya. El resultado es una creciente militarización de las comunidades más activas. Este año se registró un importante crecimiento del activismo mapuche.
En julio un centenar de delegados de comunidades entregaron una carta a la presidenta Bachelet que se interpretó como el inicio de un vasto proceso de recuperación de tierras. En agosto fue muerto el dirigente mapuche Jaime Facundo Mendoza mientras el Grupo de Operaciones Especiales desocupaba un predio que habían tomado decenas de familias en la zona de Ercilla. El funeral fue impresionante: duró cuatro días y acudieron miles de comuneros de toda la Araucanía, en especial comunidades de la recién creada Alianza Territorial Mapuche, nueva organización que agrupa entre 60 y 120 comunidades.
Pero acudieron también otros grupos, como el Consejo de Todas las Tierras que ganó protagonismo en la década de 1990, y la más radical Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, que recientemente declaró la guerra al Estado de Chile. Pero, sobre todo, estuvieron decenas de asociaciones culturales, autoridades tradicionales, hogares de estudiantes universitarios y el Partido Nacionalista Mapuche Wallmapuwen.
El 12 de octubre se manifestaron en Santiago unas diez mil personas convocadas por Meli Wixan Mapu, organización mapuche urbana; acudió un amplio espectro de grupos indígenas y sociales, en lo que constituyó la mayor manifestación de los últimos años en el país. Signo de los tiempos y del prestigio de la lucha mapuche, ahí estaba la Garra Blanca, la hinchada del Colo Colo haciendo flamear sus banderas en la Alameda, junto a banderas mapuche y pancartas alusivas al conflicto y denunciando los festejos oficiales del bicentenario de la independencia.
Ésta es una de las características más destacadas del tramo actual del conflicto mapuche: la creciente participación de winkas (blancos), en solidaridad ante la represión estatal que utiliza métodos y leyes del pinochetismo, como la Ley Antiterrorista. En Chile se debate si corresponde aplicar esa legislación a acciones que violentan bienes (camiones, predios forestados, etc.) pero no atentan contra personas.
Casi medio centenar de presos mapuche puebla las cárceles, porque el Estado responde a las ocupaciones de tierras con represalias masivas contra comunidades enteras. Varios niños fueron golpeados juntos a sus madres el día 16, como sucede cada vez que los carabineros entra a comunidades de la comuna de Ercilla y disparan indiscriminadamente. Ese día llegaron hasta la escuela de Temucuicui y comenzaron a disparar balines, dejando doce heridos y 30 asfixiados, la mayoría niños. Esa acción le valió al gobierno una reprimenda de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que se suma a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, emitida en mayo pasado, para que las fuerzas de seguridad cesen el maltrato al pueblo mapuche.
 
 
Convenio 169: ¿un paso adelante?
En septiembre entró en vigor el convenio 169 de la oit que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Chile fue el último país de Sudamérica de aquellos en los que viven indígenas que aprobó esta legislación, con 20 años de retraso. Llama la atención que los gobiernos de la Concertación Democrática siempre hayan sido remisos a adoptar una legislación aprobada ya en 1991 en Bolivia y Colombia, pese a que tenían en ese momento gobiernos conservadores.
Bartolomé Clavero, jurista e historiador español que es miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, sostiene en una reciente artículo que el mismo día que entró en vigor el Convenio 169, “el gobierno publica, sin la debida consulta ni por tanto el consentimiento por parte indígena, el reglamento que regula la consulta y la participación de los pueblos indígenas. Lo hace precisamente, a la vista de su contenido, para reservarse mecanismos de control de futuras consultas”.
Clavero asegura que el actual Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, mantuvo un extenso diálogo con el gobierno advirtiendo que el reglamento del Convenio 169 debía ser consultado con los pueblos indígenas. Y agrega: “La del Reglamento del Convenio no es la primera prueba de mala fe de la que el primero, el gobierno de Chile, hace impasiblemente gala en sus relaciones con mecanismos internacionales de derechos humanos por cuanto interesa a los pueblos indígenas”.
En su opinión, el gobierno busca “una reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas sin el reconocimiento de sus derechos”. Por eso habla de “mala fe”, ya que se reconoce algo formalmente para negarlo por la vía de los hechos. Concluye: “La mala fe juega en efecto a dos bandas, contra los pueblos indígenas y frente a instituciones internacionales de derechos humanos”. En su informe posterior a la visita a Chile, el Relator Especial James Anaya encuentra “un nivel significativo de desconfianza, descontento y hasta rechazo de los planes, programas y políticas del gobierno de parte de los pueblos indígenas”, que atribuye a las erradas políticas oficiales.
Si éste es el lenguaje que utilizan prestigiosos juristas internacionales, puede imaginarse lo que sienten los activistas mapuche, cuando comprueban que se pretenden reconocer los aportes de los pueblos originarios en la creación de la nación chilena, pero se niega que esos pueblos sean sujetos de derechos. “La ola represiva”, señala la página Mapuexpress.cl, es una cortina para encubrir lo que denominan como “golpe de estado constitucional contra los pueblos indígenas y sus derechos”.
 
 
Una nueva generación
En este nuevo ciclo de luchas ha comenzado a terciar una nueva generación que, como señala el diario La Segunda, “se arma de títulos universitarios para defender la causa indígena”. Sólo en la ciudad sureña de Temuco hay cuatro hogares autogestionados con 220 estudiantes. Suelen cursar preferentemente antropología, derecho y periodismo; durante sus carreras redescubren la historia mapuche, entre otras cosas que la llamada “Pacificación de la Araucanía”, llevada adelante por la República a fines del siglo xix, fue una guerra de exterminio contra su pueblo.
De la mano de esta generación aparecen nuevos temas y conceptos: la lucha por recuperar la tierra es para re-construir el territorio mapuche, o sea la “nación”; defienden la autonomía, tanto de los partidos políticos, como a escala general, del Estado chileno; apuestan no sólo a mantener viva la cultura y la identidad, sino a reconstruirse como pueblo usando herramientas como el derecho ancestral. Es una generación urbana, y aunque el movimiento sigue teniendo un fuerte componente rural, las organizaciones citadinas crecen y se vinculan con los demás movimientos sociales.
Han construido una amplia red de medios digitales, radiofónicos y de prensa, algunos de mapuche en el exterior, y han tejido alianzas con organizaciones de la sociedad civil como la ong Observatorio Ciudadano y muchas otras. Sus demandas son cada vez más políticas y las formulan en un nuevo lenguaje: “Restituir la territorialidad y autonomía de los pueblos indígenas de Chile, desmilitarización del territorio, retiro de las transnacionales, respeto de los derechos humanos del pueblo mapuche”.
Muestran una auténtica devoción por los estudios históricos, como suele suceder con todos los pueblos que recuperan su dignidad. El lonko Juan Catrillanca, de la emblemática comunidad de Temucuicui de Ercilla, y dirigente de la Alianza Territorial Mapuche, aseguró que su organización seguirá ocupando predios privados para que el gobierno les siga traspasando tierras. La Alianza invoca el Tratado de Tapihue, firmado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en 1825, para respetar la frontera existente en ese momento y permitir el tránsito y el comercio entre los habitantes de Chile y Wallmapu (País Mapuche).
Sostienen que ese tratado fue violado en 1881 cuando Chile invadió militarmente la Araucanía. “Queremos recuperar seis millones de hectáreas. Mientras, seguiremos con las tomas y sólo nos defenderemos con nuestros wiños (bastón de madera) y boleadoras”, dijo Catrillanca en agosto, durante la presentación de la Alianza. Como señala el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, se está pasando de “tierras en conflicto” a “territorios en conflicto”.