Comodoro Rivadavia después del fallo de la Corte sobre el aborto no punible. Fue el caso que hizo pronunciar al máximo tribunal de justicia sobre abortos no punibles. Y que demuestra qué situación tendría que enfrentar hoy una niña violada.

La casa de Luisa Fuentes y de sus seis hijos está sobre un cerro cercano al centro de Comodoro Rivadavia. Es calentita. Lo primero que se ve es una mesa amplia, un mueble con muchos recuerdos y una montaña de ropa de todos colores y tamaños recién sacada de la cuerda.
Explica que lo que le pasó a su hija A. G. los afectó a todos, incluyendo a los más chiquitos, que la vida les dio un vuelco. “Creés que tenés un hogar tranquilo y de repente te pasa ésto. Vos no sabés qué esconde cada ser humano”.
El día en el que se enteró de que su pareja Orlando Nahuelmir había violado a su hija mayor, (sólo se usan las siglas A. G. para proteger su identidad), llamó a su hermano Víctor para que alejara de esa casa y la trasladase a otro lugar junto a sus hijos. Todos se acomodaron como pudieron en la casa del tío Víctor. “Pensé en recurrir a la Justicia –relata– porque mi ex marido tiene un cargo en la policía de la provincia. Creí que iban a ser duros con él justamente por ser un funcionario del Estado. Y nada que ver. Todavía estamos luchando para que cumpla condena”.
El violador fue penado con 8 años de prisión por el delito de estupro, no de violación, y sigue libre. El juez Martín Montenovo, de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia, explicó en una radio local los fundamentos de su insólito fallo: “Para que pueda haber condena es necesario que el que realiza la acción despliegue una serie de medios, como lo son la violencia, la intimidación, amenazas o abuso de alguna relación de poder en distintos ámbitos. Si no existen estos medios no podemos hablar de violación”. Luisa considera que aún no pueden ponerle punto final a esta historia oscura hasta que Nahuelmir sea encarcelado.
A pesar de esa profunda injusticia que duele cada día, la familia sigue adelante tratando de rearmarse. A.G. cursa el último año en la escuela secundaria, trabaja por la mañana, continúa su tratamiento psicológico y se está preparando para ir a vivir a Córdoba. “Va a estudiar Medicina –informa la madre–. Yo no quería que viaje, pero me dijeron que le hará muy bien cambiar de ambiente, de amistades”. Empezar de nuevo.
Con los ojos llorosos reconoce que “el dolor de mi hija abrió muchas puertas”, en referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia que en marzo pasado estableció un único criterio de interpretación sobre el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. El pronunciamiento dice que “las mujeres víctimas de una violación pueden practicarse un aborto sin necesidad de una autorización judicial previa, sólo basta una declaración jurada que la víctima o su representante deberá entregar al médico actuante”.
Los chicos no inventan
“Hay muchas nenas y mujeres que pasan por esto, una se cree que solo le pasa a uno y no es así. Lo primero que tiene que hacer una como mamá es creerle al hijo”, es la lección del calvario de Luisa. “Los chicos no inventan que los están tocando, que están abusando de ellos. Hay que escuchar y no dudar de lo que cuentan”. Dice, además, que la confianza y la libertad que siempre les dio a sus hijos fueron fundamentales para que la nena mayor hiciera la denuncia y salvara a sus hermanitas de un posible abuso. “Yo tomé una decisión y no medí las consecuencias. Hay madres que se sienten condicionadas por el sustento económico del hombre, pero la plata va y viene, y los hijos son lo único que tenemos”.
Desde octubre pasado, Luisa trabaja como portera en una escuela de Comodoro. Hasta ese momento sólo se mantenían con el salario de la abuela de A.G., que trabaja como empleada doméstica. “Vamos saliendo adelante. Mis hijos me dicen que están orgullosos de mi y eso me da mucha fuerza”.
Luisa, A.G. y la abogada que llevó adelante el caso, Sandra Grilli, contaron –durante el largo proceso que comenzó con el pedido al Poder Judicial de acceder a un aborto para la nena hasta la concreción de la intervención quirúrgica– con un grupo persistente de organizaciones que las acompañaron en el reclamo. Laura Lazcano, integrante de la agrupación Mumala, resalta que se unieron más allá de las diferencias: “Había grupos que apoyaban la interrupción del embarazo sólo en este caso y otros que íbamos por la despenalización completa de la práctica, pero pudimos movilizarnos y acordar acciones de manera continua. Fue todo un aprendizaje y un gran logro para el movimiento de mujeres de todo el país”.
El laberinto judicial
La violación de A.G. ocurrió en noviembre de 2009. En enero del año siguiente la madre, Luisa, pidió a la justicia Penal que autorizase el aborto, habiendo ya sido denunciada la violación que causó el embarazo. El juez penal eludió su competencia constitucional argumentando que él sólo investigaba el delito. Luego, la madre presentó su pedido a un tribunal de Familia que también lo rechazó por motivos formales. Entonces, la causa llegó hasta el Superior Tribunal de la Provincia de Chubut. Esta instancia emitió un fallo el 8 de marzo de 2010 que avalaba la interrupción del embarazo de la adolescente.
Jorge Maquilarena, Procurador General del máximo tribunal de la justicia provincial recuerda ahora: “Para mí nunca hubo dudas respecto de lo que trata el artículo 86 sobre aborto no punible. Son dos supuestos distintos: uno es cuando existe un riesgo para la salud de la madre, que no se puede evitar por otros medios, y otro cuando existe una violación a una mujer idiota o demente”. El magistrado agrega: “Estos dos supuestos no pueden unificarse en uno. Claramente es el caso A.G. trataba de una violación. La victima tenía en ese momento 15 años y no podía dar un consentimiento válido. Otro aspecto para evaluar era si el caso debía ser judicializado o no. Había un fallo de primera instancia que decía una cosa, otro que decía otra, pero en definitiva no se autorizaba el aborto. Por eso llega al superior tribunal y a mí me toca dictaminar. Dije que no hacía falta la autorización judicial”. Consultado sobre las razones para rechazar los abortos que el Código Penal autoriza, Maquilarena opina: “No puedo descartar que en los fallos que negaron la interrupción del embarazo haya cuestiones religiosas. Pero lo que tenemos que hacer los que impartimos justicia es interpretar la ley, de lo contrario estamos legislando y esa es tarea de otro poder”.
Objetores sin conciencia
“Es casi una obviedad hablar de la decadencia del Sistema de Salud”, afirma Susana Muñoz, médica generalista y coordinadora de la Tecnicatura en Salud Comunitaria de la provincia de Chubut, sede Comodoro Rivadavia. El espacio funciona en el Hospital Regional que negó el aborto a A.G. La doctora explica el contexto: “En el marco de crisis que vive la salud pública hoy no hay tiempo de plantear cosas vinculadas al género. La mayoría de los trabajadores de la salud son mujeres que traen –al igual que sus compañeros varones– un montón de mandatos. Y no hay espacios para tratarlos, aunque sería muy importante ya que afectan su trabajo con los pacientes que llegan a la consulta”.
La doctora entonces se pregunta: “¿Cómo se va a atender a las mujeres que llegan antes de un aborto, incluso aunque estuviera despenalizado? Habría un montón de situaciones en las que esa mujer sería criminalizada o cuestionada por su moral. No vamos a avanzar si no hay trabajo con los servicios de salud, por más que existan las leyes que son un valioso aporte”.
En este sentido, un dato revela el alcance de lo que dice la doctora Muñoz: en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia solo una persona de un equipo formado por 6 profesionales del servicio de Toco-ginecología está dispuesta a realizar los abortos cuando los embarazos son producto de una violación, tal como autoriza la ley. El resto figura en la nómina de objetores de conciencia. Una sola profesional que, si está de licencia, deja el servicio sin médico disponible. En cero.
Por otro lado, la doctora Muñoz brinda una radiografía de las víctimas: las adolescentes que son violadas. Cuenta que en el caso de los abusos que se dan en forma prolongada, la tendencia es que quieran seguir adelante con el embarazo. “Hay un elemento muy fuerte de idealización de este bebé que va a nacer porque viene a reparar daños que tuvo la niña. Y es importante entender que en estos casos el bebé no es un objeto que sirve para aliviar situaciones de violencia. En cambio, cuando la chica viene muy convencida de no querer el embarazo, lo doloroso para ellas –relata la médica– es que todo el mundo se confabule en contra. Es terrible el vínculo que se va a generar con ese hijo”. Aclara que cualquiera sea la decisión que tome la adolescente es muy importante que sea escuchada, acompañada y que se le brinde toda la información disponible en forma clara y rápida. Para la especialista, estos casos revelan grandes deudas del Estado y de la comunidad médica y no médica, que elige no ver ni comprometerse con las víctimas de abuso.
Este es el panorama que debe enfrentar hoy una niña violada en Comodoro. Nada hace suponer que sea diferente en lugares en donde todavía la violencia institucional contra las mujeres es más fuerte incluso que la letra de la ley.