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Feliz día: diputadas se comprometieron a tratar la media sanción que falta de la Ley de Equidad en medios de comunicación

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El colectivo Periodistas Argentinas se presentó hoy, Día del/la Periodista, ante la Cámara de Diputados de la Nación para reclamar la media sanción que falta para que la Equidad de Género en Medios de Comunicación se convierta en Ley. Estuvieron presentes diputadas de los dos bloques mayoritarios. Qué plantea el proyecto, cómo se está gestando un nuevo derecho, por qué es necesario y urgente, y qué se dijo ante las y los diputados de distintos bloques se comprometieron a tratarla y adelantaron que podría llegar al recinto esta misma semana.

El equipo de Periodistas Argentinas que hizo su presentación ante la Cámara de Diputados, en el Día del/la periodista. De izquierda a derecha: Liliana Castaño, Analía Argentino, Nancy Pazos, Anabella Arrascaeta, Débora Damato, Lara de Alvear y María O´Donell, en MU.

María O ´Donell, Nancy Pazos, Analía Argento, Débora Damato, Anabella Arrascaeta, Liliana Castaño y Lara de Alvear se ponen un barbijo negro que dice:

-Equidad.

Así se preparan para la reunión en la Cámara de Diputados, a donde llevan una carpeta que presenta el proyecto de Ley de Equidad en Medios de Comunicación que entró a recinto hace exactamente un año y ya tiene la media sanción en Senadores.

El mensaje es claro:

-“Pedimos que sea tratado ya en esta Cámara”.

El camino de la ley

El proyecto de Equidad en Medios de Comunicación fue presentado el Día del/la periodista en 2020 ante la Cámara de Senadores por la presidenta de la Comisión Banca de la Mujer, Norma Durango, del Frente de Todos. Desde ese momento, durante el trabajo en comisiones el proyecto en la Cámara Alta incorporó modificaciones en relación a la versión original. Y el texto llegó finalmente al recinto como un proyecto de consenso, tal como lo definía Periodistas Argentinas. La media sanción se obtuvo por unanimidad.

Ahora falta Diputados.

El proyecto promueve la equidad en la representación desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. Según la norma los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal quedan sujetos al régimen obligatorio. Hasta que la equidad en la representación sea garantizada, los puestos de trabajo en dichos medios serán cubiertos de manera progresiva y no se afectarán los cargos originados, ni los concursos convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Para los prestadores privados, con o sin fines de lucro, se propone un régimen de promoción mediante el cual se emitirá un certificado de equidad. Dicho certificado dará preferencia en la asignación de publicidad oficial.

El proyecto de ley tiene, desde el noviembre pasado, tres dictámenes de las comisiones Mujeres y Diversidad y Comunicaciones e Informática en Diputados. Según se comprometieron hoy algunas diputadas, podría tratarse esta misma semana el proyecto que viene de Senadores. Así la propuesta es que las disidencias al texto sean tratadas en la reglamentación. 

Fue la periodista Nancy Pazos quien dio inicio a la reunión dando cuenta de que la pandemia acrecentó la inequidad en el periodismo, y la necesidad urgente de que el proyecto se convierta en ley.

Luego habló Débora Damato: “Parir es un problema”, sintetizó sobre uno de los ejes más dramáticos que sustentan este cambio de perspectiva. Según el colectivo Periodistas Argentinas, durante este año hubo al menos 4 compañeras que fueron desplazadas de sus lugares de trabajo por maternar.

A continuación fue el turno de María O ´Donell, quien hizo hincapié en otro de los impactos que puede lograr el proyecto: “Tener más mujeres en los medios implican que se hablen de otros temas y con otras perspectivas, que hoy no están”.

Analía Argento puntualizó sobre los casos de acoso laboral y violencia machista que son moneda corriente en redacciones y pasillos de canales de tevé.

Anabella Arrascaeta, periodista de MU, llegó hasta el recinto de Diputados embarazada de ocho meses de Aimé para dejar en claro que “hoy no perder trabajo es un privilegio. El sistema tiene dos patas: inequidad y precariedad y eso hace que si elegís maternar te puedas quedar sin laburo, lo que es sin posibilidad de comer o sin un proyecto de vida o de deseos”.

Entre quienes escucharon había las diputadas de los dos bloques mayoritarios: Frente de Todos y Cambiemos. Estaban: Cristina Alvarez Rodríguez, Marcela Campagnoli, Mónica Macha, Jimena López, Paula Penacca, Gabriela Cerruti y Silvia Lospennato. Ambos bloques mostraron voluntad de llevar el proyecto al recinto para que sea votado y aprobado. 

 

Los datos de la precarización

A las diputadas presentes Periodistas Argentinas les entregó una carpeta con información que da cuenta de la urgencia de la ley. Entre lo presentado está la encuesta realizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) que da cuenta que el trabajo “free lance” afecta a periodistas con un promedio de edad de 39 años y una mayoría son mujeres (55%). Esta encuesta concuerda con resultados de anteriores  relevamientos previos del SiPreBA, que concluyeron que las mujeres ocupan en su mayoría los puestos más precarizados, al tiempo que están casi ausentes en los cargos jerárquicos: menos del 15%. Esto representa, a su vez, una marcada brecha salarial entre mujeres y varones.

Por otra parte, dieron cuenta que un trabajo de investigación realizado por el Observatorio de Medios, Democracia y Ciudadanía de la Universidad Juan Agustín Maza explica: “Las marcas de autoría de las piezas periodísticas constituyen otro de los elementos importantes para determinar su relevancia (Zunino, 2015). Las mejores plumas del medio, los periodistas más destacados, suelen incluir sus firmas en las notas. Por lo general, las notas firmadas son más largas que el promedio y tienen mayor nivel de recursos”. Y aquí la desigualdad es patente: “En el mejor de los casos, la presencia de mujeres alcanza a 4 de cada seis noticias. En la mayoría de los medios apenas aparecen firmadas por mujeres una o dos de cada diez piezas periodísticas. El promedio general de firmas masculinas es del 75,6%, mientras que el de firmas femeninas apenas alcanza el 24,4%”. Estos son los resultados de una investigación que analizó a los principales medios online de Argentina, específicamente sobre los más influyentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Rosario y Mendoza, es decir, de los cuatro conglomerados urbanos más poblados del país.

Otra de las cuestiones remarcadas por Periodistas Argentinas es que “las mujeres firman poco, es decir, aparecen muy escasamente presentadas como profesionales influyentes en los medios. Pero, además, son encasilladas en ciertas temáticas mientras que otras les son casi vedadas. Las firmas de mujeres alcanzan su pico en las “galerías” (36,4%), secciones blandas por excelencia y con poco desarrollo escrito y llegan a un promedio de tres de cada diez piezas en los géneros informativos (Informe, Noticia y Entrevista), mientras que resultan absolutamente marginales en los géneros interpretativos (Columna, Nota de opinión y Editorial). En efecto, más de nueve de cada diez piezas de estos géneros son producidas por hombres”, detalla el informe.

Lo que dice el colectivo es que “esto impacta directamente sobre la brecha salarial. Es alarmante que la mayoría de las periodistas actualmente tienen ingresos que se ubican por debajo de la línea de pobreza: el 94% de las periodistas free lance encuestadas por Sipreba cobran remuneraciones que se ubican por debajo de la línea de pobreza de $31.908,33 establecida por el INDEC según la canasta básica total de mayo para un hogar tipo de cinco integrantes. Un 62% del total de las consultadas declaró facturar menos de $10.000 mensuales y un 17% entre $10.000 y $14.000.

En conclusión: más trabajadoras de prensa precarizadas, en el marco de 4.500 puestos de trabajo perdidos. La preocupación generalizada hoy es  por la continuidad y la inestabilidad económica y laboral”.

Producción y reproducción

En el informe presentado desde Periodistas Argentinas alertan además sobre cómo se profundizaron las desigualdades en las tareas de cuidados y en las condiciones laborales durante la pandemia. “Las tareas de cuidado -esenciales para abordar la pandemia- recaen mayoritariamente en las mujeres, que asumen mayor carga en los quehaceres domésticos y en el cuidado de menores, en particular con el cierre de los colegios. Las mujeres parten de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo en un contexto de eventual destrucción de empleo.  La violencia de género se ve agravada en contextos de confinamiento como el actual, en los que las mujeres se ven obligadas a convivir con su agresor”, se lee en la presentación.

“Si hay algo que nos mostró esta crisis, es que justamente en todas las medidas que se tomaron, por lo menos al inicio en los distintos países de América Latina, la dimensión de género fue completamente olvidada. Pensemos en la siguiente afirmación: ‘Quedáte en casa y teletrabajá’. A nadie se le ocurrió pensar que en ese marco, como en las sociedades preindustriales, la coexistencia entre lo productivo y lo reproductivo se volvían una trampa nuevamente imposible para la mujeres. Teletrabajá mientras cuidás, mientras hacés tareas escolares, mientras te ocupás de lo doméstico, todo en las mismas 24 horas del día. En el marco de la pandemia las desigualdades estructurales de género siguen vigentes, no se han eliminado, y la pandemia lo único que hizo fue agravarlas”, dicen las Periodistas Argentinas en la presentación.

Y retoman un relevamiento realizado por la Defensoría del Público acerca de las consecuencias emocionales, deterioro en las condiciones del trabajo, teletrabajo y recursos para evitar el contagio entre las y los periodistas y comunicadores que trabajan durante la pandemia muestra claramente ese agravamiento en las desigualdades de género. La consulta, anónima, fue respondida por 568 personas de todos los distritos del país. Todas las preguntas y temas propuestos estuvieron abiertos a respuestas voluntarias, es decir según la decisión de cada participante. El 46% de quienes participaron de la consulta expresó que la labor periodística «empeoró» desde la pandemia.

Del total de personas que respondieron a la consulta de la Defensoría del Público, 55,5% fueron mujeres y 43,4%, varones. En tanto, 1,1% se declaró como LGBTTTIQ+. Como está comprobado en todos los ámbitos laborales y disciplinas diversas, también en la situación excepcional que representa la pandemia las mujeres hacen frente a exigencias específicas. Así se puede constatar en algunas de las respuestas reunidas, que el trabajo domiciliario y de cuidado agrega dificultades por los imperativos culturales que, todavía hoy, hacen que recaigan más en las mujeres. En estos casos, además, se informa de comunicadoras forzadas a realizar tareas fuera de horarios convenidos y cuando están abocadas a atender exigencias o responsabilidades familiares.

Para poner ejemplos concretos, Periodistas Argentinas recurrió a casos testigos: 

  1. La precarización como intimidación y silenciamiento. El 20 de agosto de 2020 dos delegadas de SiPreBA expusieron ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Micaela Polak, de la Secretaría de Mujeres y Géneros del SiPreBA y delegada en Radio Nacional, expuso que “la precarización laboral es una de las formas de intimidación más silenciadas y comunes en nuestra actividad”. Añadió que “el salario no alcanza para cubrir la canasta básica, para pagar un alquiler, para cuidar hijes, porque no tenemos paritarias dignas desde hace años”. “Necesitamos equidad de géneros; cupo travesti y trans; que se fomente la formación de mujeres y disidencias y se garantice el derecho a la organización sindical. Es la única manera en la que vamos a poder hablar de libertad de expresión”, concluyó.  Por su parte, Silvia Martínez Cassina, delegada de las y los trabajadores en Canal 13 y TN, denunció: “Soy víctima de hostigamiento”. La histórica conductora del noticiero del mediodía del canal de Constitución alertó: “desplazar una voz como la mía en el Noticiero Trece va en contra de la perspectiva de género”. Además, lamentó que “ni siquiera dieron el lugar a otra compañera, sino a un varón” y explicó que “las mujeres somos minoría, un tercio, por eso estamos pidiendo la equidad”.
  • Despidos o desafectación de tareas por embarazo y maternidad. María Clara Busso, periodista y estudiante de la Licenciatura de Letras Modernas de la FFyH, el 31 de marzo de 2020 fue despedida de Telefé Noticias Córdoba después de anunciar que estaba embarazada. Las autoridades y el Consejo Directivo de la Facultad lo tratarían en su próxima sesión por considerarlo un “gravísimo caso de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral”. El de Busso es el cuarto caso registrado por Periodistas Argentinas de colegas que fueron madres y sufrieron despidos o desplazamientos de sus puestos habituales de trabajo, con consecuencias de peores condiciones laborales y/o salariales.
  • Violencia laboral y de género en las redacciones. El 3 de junio de 2021 el Colectivo de Comunicadoras de Salta grabó el video “Te lo contamos nosotras porque muchas compañeras no pueden” para denunciar situaciones de acoso sexual en contexto laboral. Informaron además que según datos de la Oficina Nacional de Asesoramiento sobre Violencia Laboral el 89% de las denuncias son por acoso psicológico, con repercusión en la salud física y mental”. “No puede dejarse de lado la influencia que tiene la coyuntura que es más hostil para las mujeres”, concluyen.

Periodismo machista

En la presentación se dio cuenta también de la encuesta sobre violencia y machismo, realizada por Periodistas Argentinas, mediante preguntas a 145 profesionales de medios, de distintas edad y ámbitos laborales.

  • El 85% sufrió maltrato en el trabajo. Esto es: “Acusaciones, insultos, amenazas, juicios descalificativos, críticas degradantes, órdenes agresivas, o gritos ejercidos por superiores o jefes”.
  • El 80% sufrió abuso de poder. “Es aquella conducta desarrollada dentro del ámbito de la organización de la empresa que -sobrepasando los límites de su dirección- conmina a desarrollar una conducta no deseada, prevaliéndose de su situación superior”.
  • El 57% fue acosada sexualmente. “Es la intimidación de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y/o degradada”.
  • Uno de los datos más graves: el informe relevó 5 denuncias de abuso sexual. “Cualquier actividad sexual entre dos o más personas sin el consentimiento de alguno de ellos”.
  • Otros datos producidos por el colectivo son las respuestas a situaciones de violencia fuera del espacio laboral pero en ejercicio de la profesión: un 29% manifestó situación de violencia por otros colegas, 23% en redes sociales, 17% por entrevistados, 13% por funcionarios, 10% manifestó en el espacio público y 8% por fuerzas de seguridad.

Por último, y como si hicieran falta más argumentos se presentó también ante la Cámara de Diputados cartas de apoyo de gremios afines; la encuesta «Periodistas y Covid: trabajadoras esenciales en tiempos de pandemia» llevada adelante por Periodistas Argentinas; la encuesta «Discriminación por género, Género y Noticieros», de la Defensoría del Público; y la ponencia «La (re) producción de la desigualdad de género», de Ana Soledad Gil.

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Informe julio 2021 Observatorio Lucía Pérez

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Ni Una Más es posible

En los 212 días de este año la violencia patriarcal ha producido:

172 femicidios y transfemicidios: uno cada 29 horas.

138 infancias huérfanas: una cada 36 horas.

262 intentos de femicidios: uno cada 19 horas.

92 mujeres desaparecidas: una cada dos días y medio.

230 marchas exigiendo justicia: más de una por día.

En tanto, el Ministerio de las Mujeres sólo ha invertido el 26, 52% de los 6 mil millones que tiene de presupuesto, siendo los más postergados los programas dedicados a la atención integral de estas violencias que han sembrado -desde que se inició la actual gestión del Estado- 498 mujeres, travestis y trans asesinadas. Es esta urgencia la que exige que el Estado acelere el ritmo de ejecución de las políticas públicas necesarias para prevenir, contener y reparar estos crímenes.

Hoy, ahora, ya.

Porque cada femicidio es evitable es posible Ni Una Más.

www.observatorioluciaperez.org

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Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

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El ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano y más: las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia, la inacción del Estado frente a las víctimas que siguen en riesgo y amenazadas, y la voz de la Multisectorial de Mujeres que las acompaña y teje organización enfrentar la impunidad.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

«No queremos que Tucumán siga siendo el jardín de la impunidad», dicen las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de 5 denuncias de abusos y acosos sexuales a legisladores, ex gobernadores y funcionarios de diferentes niveles. La Multisectorial de Mujeres y el colectivo local Ni Una Menos, frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas, formaron en plena pandemia y aislamiento la Mesa contra los abusos del poder político, integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y políticas de la provincia.

Los casos comenzaron primero a circular por Whatsapp. Y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Esa intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta, el 11 de julio de este año, que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada en muchos casos gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales y al abogado Gustavo Morales que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip.

Lo que animó a otras mujeres a hablar fueron las masivas movilizaciones frente a las distintas formas de violencias. La denuncia por abuso sexual agravado al ex gobernador José Alperovich fue también otro puntapié.

El legislador Bussi

Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen: hace más de un año que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima, amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos pequeñas hijas.

Fueron las mujeres de la Multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía su ex pareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta 600 mil pesos: según denunció habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella.

“Bussi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar”, dice Vicky Disatnik, referente de la casa de las mujeres Norma Nassif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo, y tampoco ningún plan, ni Asignación Universal por Hijo, ni Plan Alimentar.

Milagro Mariona, del colectivo Ni una Menos de Tucumán explica a lavaca: “La víctima de Bussi tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir, y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad, y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y no se ha conseguido resolver la urgencia que tienen Lupe y también Ingrid”.

El intendente Najar

El Intendente de Las Talitas, Tucumán, Carlos Najar, también fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. Najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido: “Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir”, contó Ingrid en entrevista con TN.

El 24 de marzo de este año, Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó de cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó a la fuerza de la casa, yendo de su casa y dejando a la nena sola encerrada con llave: “Quedé en medio de la nada mirando por una ventana como lloraba mi hija. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias”, relata la joven que tuvo que romper el vidrio para encontrarse con su beba.

El juez Estofán

El juez de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de la Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad, que estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Además de rechazar la propuesta, Elvira denunció lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2019, y a partir de ese momento, comenzó a sufrir acoso laboral, por lo cual en septiembre de 2020 intentó hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema pero no le tomaron la denuncia.

El concejal Romano

Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y sin embargo, Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 km de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.

El defensor Navarro Dávila

Erika Juárez es otra de las denunciantes. “Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. Erika jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena: “El acoso comenzó en mayo de 2020″, le contó a Lorena en la entrevista.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda Erika en diálogo con Lorena.

Agregó luego para explicar la violenta relación: “Pasaban cosas insólitas, como por ejemplo subir la calefacción al máximo cuando llegaba abrigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así y todo se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.

“Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de la Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó”, le dijo Erika a Maciel.

El Jardín de la impunidad

“A nivel estatal, en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas», dice Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras Tendencia, otra de las integrantes de la Mesa. «El Gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas, como con Lupe que se gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado, y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización, o cuando las compañeras necesitan algo”.

Leonor Cruz, de la CTA Autónoma de Tucumán, suma: «Es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada “pro-vida”, que no estamos adheridos a la ESI y que para conseguir la Ley Micaela tuvimos que lucharla. Acá tenemos 6 chicas desaparecidas, y eso no se sabe.

Somos las organizaciones que junto con las familias salimos a denunciar y visibilizar esto. La provincia de Tucumán está atravesando hace varios años una cuestión de impunidad demasiado clara, y como Mesa venimos activando para terminar con el cerco y nacionalizar esta situación, poniendo en contexto lo que pasa acá”.

Milagro Mariona se refiere al rol clave que tienen las organizaciones para que las mujeres se animen a denunciar: “Somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas a gestionar subsidios para víctimas de violencia, o asistencia psicológica, y eso ha generado muchísimo trabajo. En los casos donde son víctimas del poder, para conseguir estas cosas hay muchas trabas, es muy costoso. La víctima de Alperovich no recibe ningún tipo de asistencia, y tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, sabiendo incluso desde el Estado que son personas mucho más vulnerables, que están muy expuestas, en riesgo”.

“En Tucumán hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara”, sentencia Cruz y ejemplifica: “Cuando fue denunciado, Alperovich se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza, nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Bussi, la Legislatura está callada y yo creo que se va a volver a postular como gobernador”.

Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y también integrante de la Mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista: “Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave, y lo que pasa con la composición del Poder Judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial, Tucumán tiene Fiscalía con perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera, o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar”.

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10ma carta de Familiares Sobrevivientes de Femicidios al Presidente: el frío afuera y adentro de la Rosada

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Como cada segundo miércoles del mes, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunió en Plaza de Mayo, actualizó el estado de las causas impunes de sus familiares, renovó los reclamos de justicia, por medidas urgentes y por una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. Las palabras de la familia de Luciana Sequeira, joven de 17 años asesinada en Santiago del Estero, junto a las de Luna Ortiz, Cecilia Basaldúa y Lucía Pérez. Lo que tienen en común los casos, de la impunidad a la lucha. La lista de los 153 femicidios y transfemicidios leídos hoy en la voz de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner; y la carta completa, entregada por décima vez.

“Seguimos viniendo. No nos cansaremos. Nos toca frío, agua. ¡Nos falta nieve! Todos los climas hemos pasado, y el Estado no escucha lo que estamos diciendo”.

En un nuevo encuentro de Familiares Sobrevivientes de femicidios, Marisa, la mamá de Luna Ortíz, encuentra esa síntesis entre el clima adentro y afuera de la Casa Rosada, que se dibuja sobre el fondo de estas cuatro familias que sentadas en Plaza de Mayo esperan ser atendidas.

La familia de Luna Ortíz.

La familia de Lucía Pérez.

La familia de Cecilia Basaldúa.

La familia de Luciana Sequeira, 17 años, asesinada recientemente en Santiago del Estero.

Y a través de ellas, de cientos de otras familias que comparten el grito de justicia por los femicidios, el pedido de medidas urgentes al Estado y encarnan la lucha como la única manera de que algo cambie.

Las cartas en juego

Hoy se entregó la décima carta al presidente Alberto Fernández. En ella, los familiares detallan los patrones de impunidad, revictimización y la máquina de violencia machista que se repiten en cada una de las causas, en los casos, en sus vidas. Debajo, la letra completa.

El 11 de mayo pasado, esta carta fue entregada también ante el Ministerio de Mujeres y Diversidades. “El 11 de mayo dejamos el mismo petitorio a la ministra”, aseguró hoy Marta Montero, mamá de Lucía Pérez. “Lejos de tener una respuesta tuvimos una negativa: el Ministerio de Mujeres de Nación no puede hacerse cargo de las pericias de nuestras hijas”.

Marta y, luego, Marisa, mamá de Luna Ortíz, contaron en detalle el problema que representa enfrentar los costos del proceso, y en particular el relacionado a los peritajes. Para Marisa, se trata de otra instancia de revictimización: “Que se deje revictimizar a las víctimas en lo que cuesta pagar un perito. Hoy le decimos a este Estado que vamos a venir días de lluvia y frío porque todos los días tenemos la ausencia. Y que no vamos a parar hasta tener verdadera justicia”, sintetizó luego de relatar el pedido urgente para que su caso sea considerado femicidio.

Marta Montero también hizo referencia a las inclementes condiciones del clima: “Gracias por estar haciendo el aguante con este frío”, se dirigió a las personas y medios (Télam, Radio 10, Radio Continental, IP Noticias, Canal de la Ciudad) que se acercaron al Encuentro. Y contextualizó: “A la humedad y el frío lo soportamos igual, pero no deberíamos estar acá. El presidente bien podría hacer la diferencia de recibirnos. Esta es la décima carta que le venimos a traer, con todo respeto”.

Daniel Basaldúa, papá Cecilia, estuvo presente como cada miércoles. Inició el encuentro de esta manera: “Estamos dando la lucha en los medios y en la calle, y eso es lo que no les gusta a la justicia patriarcal. Vamos a seguir en la lucha por todo el ocultamiento que hay en el caso de mi hija, y para que esto no siga pasando”.

Daniel se refiere a la causa que tiene detenido a un hombre que denuncian se trata de un “perejil”, mientras los verdaderos autores del femicidio seguirían libres en Capilla del Monte; un círculo de impunidad encabezado por la fiscal Paula Kelm. Susana Reyes, mamá de Cecilia, quien realizó su propia investigación ayudada por la comunidad de Capilla, puntualizó hoy en la Plaza de Mayo: “A los asesinos de mi hija los tenemos fichados, y andan libres. Eso tiene que frenarse. Nos gustaría nos escuche el gobernador de Córdoba”.

“Quieren hacer pasar que ella murió por Covid”

El Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se repite cada segundo miércoles del mes, y siempre contiene un nuevo condimento. Esta vez se acercó Yolanda, la joven hermana de Luciana Sequeira, quien falleció el 16 de junio luego de ser herida de muerte en un hotel alojamiento en Villa Atamisqui, Santiago del Estero. Durante el Encuentro, Yolanda se limitó a decir: “Pido justicia por mi hermana y que esto se esclarezca”.

Luego, en diálogo con lavaca profundizó sobre el caso que involucra a esferas del poder santiagueño, su ocultamiento e impunidad: “Ahora están tapando todo allá en Santiago. La autopsia no deja mucho lugar a duda: fue un femicidio, y están haciendo pasar que ella murió por Covid, y no es así”.

¿De qué sospechan?

Cuando mi mamá fue al hospital le dijeron que tenía una hemorragia por un corte que le habían hecho. Y en la autopsia dice que ella tuvo un desgarro. Y un desgarre y un corte es algo totalmente diferente. Ahora dicen que murió por una neumopatía, cuando nunca tuvimos un resultado positivo de Covid. El 15 la hisoparon y le dio negativo en el propio Hospital.

¿En la justicia figura que este cuadro está asociado al Covid?

Sí, asociada a un shock. Pero no es así: el cuerpo habla por sí mismo.

¿Por qué el ocultamiento?

Él es un hijo de policía, y para variar menor de edad. Pensamos que por eso está todo comprado allá; todo lo maneja el gobierno. El tipo este está metido con el gobierno, también.

¿Qué pasa en Santiago?

No se hace justicia, todo se tapa, no sale de Santiago. El caso de Luciana salió porque pudimos hablar con medios de acá de Buenos Aires, sino se quedaba allá.

¿Cómo se da vuelta la impunidad?

Saliendo a pedir justicia y a pedir ayuda, porque si te quedás callada no se hace justicia.


El sábado 17 a las 15 horas habrá una movilización en la plaza central de Villa Atamisqui, Santiago del Estero.

La larga lista

En las voces conmovedoras de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner estuvieron presentes los femicidios y transfemicidios de 2021. Una lectura y escucha prolongada en medio de Plaza de Mayo que permite dar dimensión no solo a la cantidad, sino a cada nombre y edad que encarna la cifra.

La lista completa, elaborada por el equipo del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez (http://observatorioluciaperez.org/), el primer padrón público y autogestivo:

Graciela Carolina Flores, 44 años

Elisa Robles, 36 años

Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años

Noelia Albornoz, 32 años

Bebé de Elisa Robles, 1 día

Gabriela Verónica Lencina, 43 años

Mariana Madonna, 63 años

María Florencia Ascaneo, 41 años

Jaqueline del Carmen Pino, 43 años

Yésica Celina Paredes, 22 años

Ana Astorga, 29 años

Alicia Moreno, 72 años

Anabella Viviana Olmos, 26 años

Nancy Villa, 14 años

Marcia Dominga Acuña, 16 años

Natalia Maldonado, 24 años

Felipa Correa, 39 años

Yésica Viviana Palma, 23 años

Karen Jazmín Ponce, 19 años

Jacinta Ester Acosta, 81 años

Cintia Edith Romero, 37 años

Carla Yanina Gomelsky, 39 años

Corina Soledad Irazu, 24 años

María José Villalón Escudero, 41 años

Ivana Soledad Juárez, 32 años

Margarita Mercedes Zárate, 28 años

Nilda Peano, 57 años

Rosa Gabriela Vallejos, 51 años

María Belén Montenegro, 23 años

Rocío Macarena Quesada, 28 años

Esther Mamani Canaviri, 35 años

Melina Laura Rojas Urbano, 20 años

Noelia Vanina Sánchez, 36 años

Milagros Orieta, 21 años

Teresa Silvana Leguizamón, 41 años

Melisa Moyano, 40 años

Liliana Beatriz Stefanatto, 45 años

Ángeles Castañares, 80 años

Noelia Vanessa Lobo Noble, 35 años

Carmen López de Vargas, 62 años

Úrsula Bahillo, 18 años

Florencia Figueroa, 23 años

Vanesa Carreño, 29 años

Rosita Marina Patagua, 46 años

Mirna Elizabeth Palma, 44 años

Silvia Raquel Rojas, 31 años

Silvina Rojas, 35 años

Emilse Stefanía Gajes, 25 años

Miriam Beatriz Farías, 45 años

Ivana Módica, 47 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 25 años

Verónica Escobar, 22 años

Lorena Alejandra Franco, 41 años

Florencia Cañete, 27 años

Guadalupe Curual, 21 años

Gabriela Alejandra Frasoli, 24 años

Estefany Escobar González, 33 años

Sol Acuña Bilbao, 24 años

Graciela Noemí Funes, 41 años

Katherine Saavedra, 22 años

Julia Hortensia Ríos, 42 años

Claudia Alejandra Casmuz, 29 años

Fabiola Pamela Ramírez, 22 años

Macarena Sol Blanco Domínguez, 28 años

Vanesa Vera, 35 años

Nora Emilce Moyano, 73 años

Noelia Almada, 33 años

Noelia Eliana Maidana, 22 años

Margarita Carrizo, 40 años

Angélica Soledad Cardozo, 36 años

Flavia Ortiz, 30 años

Fabiola Andrea Echenique, 30 años

Paola Mirna Leiva, 38 años

Carolina Beatriz Díaz, 31 años

Norma Alicia Miller, 61 años

María Dolores Barceló, 79 años

Miriam Emilce Sombo, 32 años

Viviana Olga Sagastizabal, 58 años

Marcela Analía Maydana, 44 años

Violeta Argentina Fernández, 70 años

Nancy Florentín Karen, 30 años

Débora Jesús de la Pasión Barros, 30 años

Priscila Arce, 16 años

Sofía Micaela Catán, 24 años

María José Gramajo, 23 años

Josefina Cruceño, 28 años

Dana Berenice, 7 meses

Abigail Carniel, 18 años

Adela Rodriguez, 46 años

Isabel Monzón, 45 años

Victoria Morena Nieva, 37 años

Daiana Aballay, 24 años

Mayerling Mariana Blanco Bravo, 25 años

Analía Maldonado, 40 años

Andrea Alejandra García, 45 años

Yanet Carolina Aleman, 25 años

Marisol Elizabeth Alcaraz Martínez, 35 años

Roxana Romina Olivera, 40 años

María Cristina Ancatén, 38 años

Gimena Islas, 14 años

Florencia Sandoval, 23 años

Cielo De Lucca, 23 años

Ester Del Valle Correa, 61 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 67 años

Gabriela Daiana Juárez, 23 años

Gilda Estefanía Klocker, 20 años

Mirta Cardozo, 59 años

Laura Nancy Rodríguez, 36 años

Patricia Arroyo, 53 años

Agostina Gisfman, 22 años

Felipe Sainz, 13 años

Ramona Adriana Luque, 63 años

Johana Paola Díaz, 26 años

Jésica Maribel Solís, 29 años

Aylin Carolina Reyes García, 33 años

Ayelén Elizabeth Jara Gutiérrez, 20 años

Laura Sánchez, 45 años

Zoe, hija de Laura Sánchez, 9 años

Johana Galdeano, 28 años

Antonella Díaz, 29 años

María José Fernández, 35 años

Victoria, 6 años

Sandra Marilin Carricaberri, 43 años

Mayra Bustos, 32 años

Santiago Cancinos, 14 años

Nancy Roxana Viano, 19 años

Lorena Beatriz Vique, 35 años

Rocío Milagros Rojas, 4 años

María Elena Caro, 73 años

Liliana Fernández, 22 años

Natalia Natividad Guamantes, 24 años

Mayra Guadalupe Flores, 27 años

Wanda Soraya de La Fuente, 29 años

Beatriz Teodora Aldecoa, 61 años

Luciana Sequeira, 17 años

Gabriela Nilvia Giménez, 22 años

Gloria Cristina Domínguez, 29 años

Lía Aguirre García, 32 años

Karen Gisele López, 25 años

María Ester Balbore, 61 años

Marcela Rota, 44 años

Nélida Susana Benítez, 45 años

Elsa Beatriz Gutiérrez, 51 años

La carta dirigida al Presidente

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

El petitorio entregado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad:

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