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1 año de la muerte de Daiana Abregú: Nadie se suicida en una comisaría
La joven de 26 años salió a bailar y luego apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de la ciudad de Laprida. Cinco policías bonaerenses están imputados por triple homicidio y uno por encubrimiento. Sin embargo, la Justicia aún no definió con qué caratula elevará a juicio su caso: si por suicidio u homicidio. Hoy el pueblo saldrá a las calles para reclamar justicia.
Por Facundo Lo Duca
El 5 de junio de 2022 Daiana Abregú apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de Laprida, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte causó estupor en la ciudad ubicada a 400 kilómetros de Capital Federal, acostumbrada a la tranquilidad de la pampa bonaerense y reconocida por los monumentos que el enigmático arquitecto Francisco Salomone construyó durante la década del ’30.
Daiana había salido a bailar la noche del sábado 4 de junio. El domingo, alrededor de las siete de la mañana, fue de detenida por un móvil policial tras provocar disturbios en la vía pública. Sola, vestida con una campera de jean y bajo el custodio de tres policías, la joven quedó alojada en una celda de la comisaría comunal.
A las seis de la tarde de ese domingo, un patrullero llegó hasta la casa de Daiana, donde vivía con su hijo menor, sus hermanas y sus padres. Del auto bajaron dos policías: uno de ellos Marcelo Amaya, subcomisario de la estación policial.
Tras golpear la puerta, Laura Abregú ─la madre de la joven─, salió a su encuentro. Los efectivos la miraron fijo y dijeron una frase que al día de hoy todavía está en duda:
─Señora, su hija se quitó la vida.
La versión policial dijo que Daiana se suicidó en su celda, ahorcándose con su propia campera. La primera autopsia, realizada un día después de su muerte por la Asociación Pericial de Azul, sostuvo esa hipótesis luego de señalar una marca de ahorcadura en el cuello compatible a la prenda que llevaba cuando fue detenida.
La Comisión Provincial Por la memoria (CPM) intervino de inmediato en la causa como particular damnificado. Tras analizar los presurosos resultados de la primera autopsia, la organización de derechos humanos encontró una serie de irregularidades.
La autopsia no había respetado el Protocolo de Minnesota, una instancia que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado. Los resultados del examen del cuerpo de la joven habían presentado graves falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si algunas lesiones fueron producidas antes o después de su muerte y tampoco se realizaron filmaciones del examen, tal como lo establecen los protocolos vigentes.
La insistencia del abogado de la familia, Sergio Roldan, junto a la de la CPM, lograron que se realice una reaautopsia del cuerpo.
La Asesoría Pericial de La Plata fue finalmente el órgano encargado del procedimiento. El informe final de la reautopsia dio como resultado que Daiana Abregú no se habría ahorcado. Los peritos concluyeron que la víctima murió por una “asfixia mecánica de sofocación”. Además, no observaron lesiones en los músculos del cuello compatibles con el lazo de ahorcadura de la campera; también señalaron que existían lesiones en esa zona del cuerpo compatibles con signos de una posible autodefensa.
El fiscal del caso, Ignacio Calonje, quien se había mostrado reacio a una realizar un segundo examen del cuerpo, analizó los resultados de esa evaluación y ordenó que Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel DiBin, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr ─los cinco policías bonaerenses presentes aquel 5 de junio de junio en la comisaría─ fueran encarcelados y acusados por homicidio triplemente calificado.
La decisión había traído calma a la familia y amigos de Daiana. Pero el pueblo, por otro lado, quedó dividido. A las marchas que se hacían frente a la comisaría solo acudían un pequeño grupo de vecinos que acompañaron a la familia desde un principio. “Muchos le creen a la policía porque Daiana viene de una familia humilde. Si fuera al revés, estarían acá. Laprida tiene sus matices”, contó una vecina a lavaca.
La situación procesal de los policías, sin embargo, tendría un giro que volvería toda al principio. Un tercer informe pericial, solicitado por el fiscal y realizado por la Policía Federal, analizó los dos últimos exámenes del cuerpo de Daiana.
A través de conjeturas estigmatizantes sobre la conducta de la joven y describiéndola como alguien “con consumos problemáticos de drogas”, algo que fue desmentido por su propia familia, la policía federal aseguró que Abregú finalmente se habría quitado la vida en su celda. Es decir, para la Federal alguien con supuestos “problemas de consumos” y “conflictos emocionales”, es un potencial suicida dentro de un calabazo.
Ese escenario habilitó a que liberaran a los cinco policías detenidos y que la hipótesis del suicidio volviera a cobrar relevancia para la justicia provincial, aunque continuaron imputados por homicidio.
La bonaerense, respaldada por otra fuerza de seguridad, así como también por el ministro Sergio Berni, intentaba salvar su presente. Pero sería condenada por su pasado.
La bonaerense de Laprida
En una investigación colaborativa con otros medios, Lavaca fue a Laprida para contar el funcionamiento de la policía y la comisaría. Los relatos de los vecinos describieron la violencia institucional en la que estaba sumergida la ciudad.
Picanas eléctricas, palizas a menores de edad y hasta torturas con bolsas de plástico en la cabeza eran moneda corriente dentro de los calabazos.
Lejos de alguna sanción, a algunos policías se los premiaba. Como es el caso de Adrián Nuñez, uno de los cinco implicados en la muerte de Daiana, y denunciado en más de un testimonio por algunos vecinos de Laprida. En 2021, Nuñez recibió un premio estimulo por su labor como oficial ayudante.
Dos expolicías que trabajaron en esa comisaría, además, le confirmaron a este medio los excesos de algunos colegas, como así también otros manejos internos de la dependencia policial. Todo bajo la tutela de dos comisarios: Christian Barrios y Marcelo Amaya, quienes dirigían la seccional cuando ocurrió lo de Daiana.
Otro dato no menor fueron los antecedentes de la comisaría. En el año 2003, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tenía previsto llegar al pueblo para revisar una serie de expedientes y documentación sensible referido a la comisaría. Sin embargo, el 21 de julio de ese año, un “depósito con documentación y otros elementos” del edificio se prendió fuego.
Los investigadores determinarían que el incendio habría sido intencional. Entre los policías que estaban en esa época en la estación, se encontraba Marcelo Amaya, el mismo que le dijo a la madre de Daiana que su hija se había quitado la vida. Amaya, junto a Christian Barrios, fueron desplazados de sus cargos.
En el mes de abril Calonje hizo un pedido para que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea quien analice los resultados de las dos autopsias que se hicieron sobre el cuerpo de Abregú y contraste los resultados con los de la Policía Federal. De ese informe, saldrá finalmente la caratula con que el fiscal deberá elevar a juicio la causa: si por homicidio o suicido.
Amnistía Internacional tomó el caso de Daiana en 2022. Desde entonces, su historia forma parte de la campaña internacional por los derechos humanos que el organismo impulsa con el fin de que se esclarezca su caso. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2012 y 2022, murieron al menos 215 personas en comisarías bonaerenses, un promedio de 20 por año.
Daiana falleció un 5 de junio, el mismo día que Laprida celebra el natalicio de su máximo prócer: el arquitecto de las pampas, Francisco Salomone.
Hoy, mientras algunos veneran edificios antiguos, los familiares y amigos de Daiana saldrán una vez más a las calles. A pedir justicia. A gritar: “Nadie se suicida en una comisaría”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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