La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:  

• Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
• Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
• Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

• El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
• la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
• el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. 

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

• la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
• la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
• las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. 

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.  “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”. 

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”. 

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”. 

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”. 

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”. 

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.  Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”. 

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”. 

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños. 

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”. 

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”. 

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”. 

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria. 

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”. 

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”. 

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. 

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

Por Flavia Delmas

Este lunes y martes se desarrollaron las audiencias en el marco del jury que se le lleva adelante a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas –suspendidos desde hace tres años– acusados de mal desempeño en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Uno de los principales interrogantes del debate fue acerca de la perspectiva de género y por qué es una obligación de los jueces aplicarla.

Comencemos por desglosar los términos:

Perspectiva refiere a un punto de vista que debe tener el magistrado para evaluar las pruebas del caso.

Género refiere a las relaciones de poder entre personas de diferente sexo.

La noción de perspectiva de género nos habla de la vida cotidiana, ya que somos seres que se relacionan en un determinado contexto sociohistórico. Es por ello, por su cotidianidad y su raigambre histórica, que las llevamos adelante con naturalidad, sin advertir cómo operan las diferencias y desigualdades. Naturalizamos estereotipos que pre-juzgan: las personas debemos ser de tal o cual manera y ajustarnos a determinadas normas. Corrernos de esas reglas implica castigos sociales. Así se instalan mitos, como por ejemplo el del amor romántico por el cual el sapo se transforma en el príncipe azul o el de la pollerita corta que justifica la violencia. Un mecanismo que tiene consecuencias concretas: transitar de noche para un varón no es lo mismo que para una mujer, tampoco tienen las mismas oportunidades de acceso a trabajos y mucho menos a los niveles de poder.

Momento de la declaración del lunes pasado: Guillermo, el padre de Lucía Pérez, habla ante el jury de enjuiciamiento. Lo observan los jueces acusados. A la izquierda de la imagen, Pablo Viñas, y a la derecha, Facundo Gómez Urso. El fallo que dictaron en 2018 fue anulado por su falta de perspectiva de género. En la foto principal, Marta Montero, la madre de Lucía, habla frente a jury convocado en la ciudad de La Plata.

En nuestra sociedad no son las mismas expectativas y oportunidades para un varón que para una mujer. Estas diferencias desigualadoras, al decir de Ana María Fernández, se tornan trágicas en algunas circunstancias porque alimentan el sistema patriarcal cuya forma de supervivencia es la violencia.

Ahora bien, ¿pueden los jueces omitir diferencias como el sexo, la edad, la posición que ocupan las personas en la relación que entablan y que llevan, en este caso, a Lucía Pérez Montero a perder la vida?

La respuesta es la ley: no pueden.

Los narco femicidios

Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018.

Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO. A partir de este caso, pudimos dar cuenta de otras situaciones en las que bandas criminales captan a niñas, adolescentes y jóvenes a través de la venta de estupefacientes, generando relaciones de poder y deudas que obligan a pagar con dádivas sexuales, violencia sexual o explotación sexual.

Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima.

La ignorancia

Comencemos a repasar algunos de los tramos significativos en las audiencias del juicio a los jueces Viñas y Gómez Urso, acerca del entendimiento de la perspectiva de género.

María Elena Naddeo, en su intervención experta durante el jury acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dirá que la presentación del amicus que realizaron desde la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se debió al “bochorno que implicaba la sentencia (…) que desconocía totalmente la Convención de los Derechos del Niño, que desconocía el plus de protección especial que requería”. Es decir: la perspectiva de los jueces debía ser la que dictan los tratados internacionales con jerarquía constitucional: tutelar a Lucía. También aseveró que en este caso“lo grave que vimos es un proceder que niega la existencia de las violaciones al poner el consentimiento como si fuera parte de la aceptación de la violencia (…). Fue una sentencia absolutamente parcial”.   

El abogado Esteban Viñas –primo hermano de uno de los jueces imputados e integrante y miembro honorario de la Red de Jueces Penales– al  ser interrogado por los abogados de la acusación, respondió:

• ¿La vida sexual de una niña es un elemento decisivo a la hora de resolver un delito sexual?
• Entiendo que no (…).
• ¿Usted entiende que las garantías y los estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres y de los niños deben ser aplicadas, son obligatorias?
• Desde luego que sí (…).

Luego deviene una pregunta llamativa de la abogada defensora de Viñas y Gómez Urso

• Si el tribunal consideró que no se verificaba violencia de género ¿debe aplicar perspectiva de género?

Radica en esta formulación la cuestión nodal, ya que es un gravísimo error considerar que la perspectiva de género puede ser posterior a decidir si hubo violencia de género. ¿Por qué? Porque para delimitar qué pasó es necesario indagar los hechos con esa herramienta conceptual, algo que los jueces Viñas y Gómez Urso evitaron por completo. 

Durante las audiencias de ese primer juicio que hoy está en el banquillo quedó claro que los jueces escucharon a testigos y evaluaron las pruebas sin esa obligatoria perspectiva. Así lo testimonió en el jury la experta Laurana Malacalza:

“En el momento de la declaración (…) recuerdo una vehemencia muy particular de parte del Tribunal mientras exponía el concepto de perspectiva de género. Me preguntaron si esos conceptos que estaba emitiendo los había inventado yo o los había sacado de algún lugar. Por supuesto esto me llamó muchísimo la atención, porque suponer que yo había inventado el concepto daba cuenta de un gran desconocimiento (…). Fue el doctor Viñas, específicamente, quien le preguntó a la secretaria si ella se sentía así, subordinada, dominada. La secretaria estaba justo sirviéndole un café. Respondió: ‘no, para nada’. Y él me dice entonces ‘en esa sociedad que usted describe las mujeres no se sienten identificadas. De hecho, tenemos una gobernadora y una presidenta mujer”.

La culpabilidad de la víctima

En ese primer fallo que hoy está en el banquillo el nombre de Lucía Pérez aparece 164 veces,en tantoPablo Offidaniapenas 33. Para llegar a la conclusión de la ausencia de abuso o violación sexual seguida de muerte, debieron realizar una operación de inversión de sentido: crear lo que conocemos como la figura de “la mala víctima”: una mujer dominante, no dócil. También tuvieron que “lavarle la cara a los victimarios”: crear la ilusión de una situación idílica que unió a la víctima con sus victimarios.

La defensora de Farías, María Laura Solari, declaró durante el jury que Lucía era: “Una persona muy alegre, muy dedicada a su estudio, prácticamente con una asistencia perfecta al colegio, muy cuidada inclusive muy contenida por su familia, con mucho diálogo con su hermano, una joven con proyectos, con muchas ganas de vivir (…) No tenía un consumo problemático”.

Sin embargo, en la sentencia los jueces la describirán de la siguiente manera:

“Lucía distaba mucho de ser sumisa. Tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería (…) Soberbia y orgullosa”.

Durante la segunda jornada del jury se produce este diálogo en el interrogatorio del abogado de la acusación a Laura Solari, defensora de Matías Farías:

Abogado: ¿Usted recuerda haber preguntado sobre la vida sexual de Lucia?

Dra. Solari: Si, si

Abogado: ¿Esas preguntas fueron objetadas por el tribunal?

Dra. Solari: No, porque no las objetó la parte.

El mito del amor romántico

El conocimiento de Farías con Lucía fue de 24 horas, “una relación de conocimiento incipiente”, dirá el juez Viñas. Según surge en el primer juicio, Farías tenía al menos dos relaciones anteriores en Mar del Plata. La primera, con una mujer con 5 hijos. El sexto es de Farías y nació con una discapacidad. Offidani declaró que era su padrino. Ahora está a cargo de su tía. Los otros cinco quedaron a disposición del juez de menores, dado el contexto de abandono familiar en el que se hallaban. La segunda pareja es una joven que fue recordada en las audiencias por la enfermera que estaba a cargo de la sala de salud el día que llevaron ahí el cuerpo de Lucía. La recordó al preguntarle los jueces, como es rutina, si conocía a alguno de los imputados. La enfermera señaló a Farías: “Lo conocí cuando llevó a la salita a una chica a parir. No somos una sala preparada para eso. La chica además llegó al parto sin ningún control durante el embarazo”.

A los jueces esos antecedentes de relaciones marcadas por el abandono, el consumo problemático y las consecuencias en la salud y la vida de las mujeres y niños implicados no les pareció un contexto significativo para evaluar la conducta previa de los implicados. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron una perspectiva: la mirada pre-juiciosa de la discriminación.

Es esa perspectiva discriminatoria la que les impidió ver lo evidente: ser una niña-adolescente y sufrir una muerte violenta no constituyó para ellos un delito.

En febrero de este año la Corte Suprema bonaerense aprobó una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género. Cita el fallo que anuló la sentencia que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez y, entre otras directivas, señala: “la estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional. Por eso, al momento de decidir sobre un caso no sólo deben ser suprimidos, sino que al observarse su utilización esa práctica debe ser señalada y sancionada”.

Que así sea.

“El primer juicio fue una tortura” dijo Guillermo, el padre de Lucía Pérez, para graficar lo que vivió la familia en 2018 por parte de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que absolvieron a dos narcotraficantes por el abuso sexual y muerte de la menor, que tenía 16 años. Fue parte de lo ocurrido en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde ocurrió un hecho histórico: el enjuiciamiento a los jueces por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Por Anabella Arrascaeta / Fotos Juan Valeiro/lavaca.org.

El proceso fue impulsado en 2018 por diputados y diputadas nacionales tras analizar los argumentos del fallo firmado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale (este último logró eludir el jury al pedir la jubilación anticipada).

Antes de entrar a la audiencia, Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, junto al mural instalado en la pared del Senado, donde se desarrolla el jury, en el que se ven las imágenes de cientos de víctimas de femicidios. Foto Juan Valeiro para lavaca

Ese mismo fallo fue anulado en 2020 por la Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires que ordenó además celebrar un nuevo juicio. En esa nueva causa (2023) se encontró culpables por el femicidio a los dos acusados: Matías Farías fue condenado a cadena perpetua y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”, hasta entonces solo condenados a 8 años por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. En ese nuevo juicio los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez.

En el jury que comenzó este lunes 11 de noviembre, la Comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por senadores Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco y las diputadas Maité Milagros Alvado y Susana Haydee González

A sus espaldas, en el salón “Nunca Más”, una pared entera muestra junto a la inscripción “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, fotos históricas del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar. En la calle, decenas de mujeres habían instalado un gran mural con cientos de fotos de víctimas de femicidios, y escuchaban la audiencia a través de la transmisión oficial de la Corte Suprema bonaerense y tejían atrapasueños, tal como lo hacía Lucía.

Guillermo Pérez durante su declaración: contó lo que sentía al ver de qué modo se referían a su hija. Foto Juan Valeiro para lavaca

Perspectiva de género y discriminación  

El primero en hablar fue el fiscal Marcelo Lapargo, representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia. Lapargo avaló la acusación argumentando que los jueces Viñas y Gómez Urso violaron no solo la perspectiva de género sino toda una jurisprudencia en materia de discriminación, derechos humanos y protección de la niñez.

Dijo: “Se han desobedecido leyes, y buena conducta para un juez es cumplir con la ley”. 

En aquel primer juicio de 2018 los magistrados hoy enjuiciados realizaron una interpretación tendenciosa de las supuestas costumbres de Lucía –se reitera: una menor, 16 años– victimizándola nuevamente.

El fiscal Lapargo detalló: “Nada autoriza a meterse con la vida de una persona para resolver si es merecedor o no de la tutela que los jueces le deben garantizar. Hubo inclusive parcialidad. Al pensar en historias de vida, en estilos de desarrollo personal, se las analiza en perjuicio del imputado. Recordemos: el imputado, un vendedor de droga en la puerta del colegio. Lucía: una niña de 16 años. Y punto. Nada de su vida merece análisis, charlas sobre su genitalidad, todo sobra: ella tenía la tutela que establece ‘no se puede violar a otro’. Basta. No había forma de no tener en cuenta este punto”.

Más tarde agregó: “Se juzgó en materia de estereotipo y eso se utilizó para fundamentar la quita de derechos”. Para el fiscal, este proceso no interfiere en la independencia judicial. “No hay modo de que el juzgamiento por buena conducta afecte a la independencia de poderes”. 

Imagen durante la audiencia en el Salón Nunca Más, del Senado bonaerense. Foto Juan Valeiro para lavaca

Dijo Lapargo que la escucha de la familia por parte del Tribunal es parte “del proceso de reparación, y no es poco”. Durante las declaraciones Marta Montero, mamá de Lucía, profundizó sobre el mismo punto que había defendido el fiscal: “No se puede hablar de una víctima de esta manera. Es una criatura con 3 adultos que vendían droga; es una adolescente. Alguno de ustedes que haya tenido hijos adolescentes, me podrá entender. Que personas adultas, preparadas, jueces hablen desde ese lugar… lo que hicieron fue revictimizar a la víctima y culparla del delito que habían cometido otras personas: culparon a una niña de 16 años”.

Anatomía y victimización 

Una de las principales tensiones del inicio del debate de hoy fue la composición de la lista de oradores, que por parte de la defensa de los jueces incluía a médicos peritos del primer juicio. “No se me ocurre el aporte de la anatomía de la niña que puede orientar sobre la responsabilidad de los jueces”, dijo el fiscal Lapargo. “Lo que nosotros venimos a juzgar hoy es cuál fue el desempeño de quienes tuvieron tamaña responsabilidad y consagraron esta segunda victimización” aclaró el abogado de la familia Pérez.

Breve deliberación de integrantes del jury. Detrás, las imágenes del Salón dedicado a la memoria, verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura. Foto: Juan Valeiro para lavaca

Finalmente la defensa de los jueces desistió de los peritos pero solicitó que se pasara el video de la declaración del ateneo médico en el primer juicio.

El Tribunal se tomó un cuarto intermedio para decidir esto, y finalmente acordaron que solo ellos y ellas verían el video para no volver a exponer a la víctima. 

En total son 15 los testigos previstos, nueve en esta primera jornada. 

¿Qué espera una familia? 

“El primer juicio fue una tortura” describió Guillermo Pérez a mencionar cómo Lucía estaba siendo juzgada por su supuesta forma de vida. “Ver cómo se referían a mi hija, y el Tribunal no ponía orden… Vuelvo a repetir: cuando nuestro abogado preguntaba algo, decían: agotado el punto”. Guillermo describió la actitud del tribunal frente a la familia: “Eran rígidos solo con nosotros. A un perito nuestro lo trataron muy mal, diferente”, y contó hasta qué punto la sentencia de la impunidad los afectó: “Éramos una familia muy unida. Había tanta esperanza en el juicio… Y ver después una familia destruida. Marta, que hizo la secundaria de grande y estudió de grande enfermería, ver que después no podía rendir un examen para la licenciatura, me dolió muchísimo. Matías, mi hijo, que estudiaba Derecho, también tuvo que abandonar, por ahí tenía de profesores a estos mismos jueces que tenemos en el jury. Yo después, al tiempito que pasó lo de la sentencia, hacía 28 años que trabajaba en el lugar, me echaron. Me echaron por la causa, porque yo necesitaba tiempo para la causa. Después de 28 años me echaron. Sin trabajo, con la familia destruida, hasta el día de hoy: es muy duro. Y sin Lucía”.

La declaración culminó con una pregunta muy sencilla del abogado de la familia, Martín Olari: “¿Qué esperás vos Guillermo de este proceso?”

La respuesta también fue sencilla: “Justicia”.

“No vamos contra la justicia”

Marta Montero durante su declaración. Foto: Juan Valeiro para lavaca

Llegó el turno de escuchar a Marta Montero, mamá de la joven:

• “Nosotros llegamos acá a las 5.10 de la mañana, en un micro de línea. Cerré los ojos por dos horas y se me apareció Lucía, la vi a Lucía con su hermano. Y yo sé que Lucía ya no está”.
• “Hay cosas que no vuelven atrás, hay daños que se le hacen a una familia que son irreparables. Ese daño irreparable es también el que hicieron esos jueces. Tal vez muchos de ustedes son padres y madres y me podrían entender lo que me pasa por las entrañas cada vez que me levanto”.
• “Cuando hablamos de esas llagas que nos quedan en el cuerpo y en el alma, también hablamos de que en el juicio, esta mujer que ven acá, en un momento en el que estaban hablando de la autopsia de mi hija, se me caían las lágrimas. Y el doctor Viñas me dijo qué me pasaba, si necesitaba un vaso de agua o quería salir. Le dije que no, que le agradecía; que quería escuchar lo que dijeran de mi hija. Y me dijeron que me callara, que no era mi momento. Cuando a una persona que está escuchando esa pericia de su hija, lo único que merece es respeto. Respeto y piedad. Lo único que pedimos es respeto. Trátenos bien. Solamente yo, en ese momento, sabía lo que pasaba por mi cuerpo y por mi alma al ver eso. Entonces, no se puede decir “que se calle la boca o sino que se vaya afuera”. Yo tengo derechos como persona, como madre. Por lo menos se tenga piedad con las lágrimas de esa madre”
• “Todas las audiencias fueron del mismo tenor: había que hacer eso con la madre. No importaba. Tampoco importaba si los imputados puteaban a la familia, nunca se paraba la audiencia, la audiencia seguía. Yo creo que es una cuestión de sentido común, hablamos de sentido común: no se puede estar insultando a una familia. Alguien tiene que parar eso. Y estos jueces no lo hicieron. Entonces, todos los agravios que nosotros como familia sufrimos –los  tres: mi hijo, mi esposo y yo– solamente en nuestra alma queda; nosotros solos sabemos lo que sufrimos y pusimos en cada una de esas 15 audiencias. Todos los días levantándome a la mañana para ir a escuchar todo eso y con esa falta de respeto”. 
• “Nosotros no vamos contra la justicia ni vamos contra los jueces. Nosotros de hecho escuchamos a jueces, nos explican derecho… Pero acá a nosotros nos pasó esto. En esta causa, pasó todo esto. Y mucho más”.

La descripción de la actitud de los jueces, según Marta: “Mal, déspota, a uno de los testigos lo trataban de tonto. De hecho, hay una testigo, una oficial de policía, que quiso dar su testimonio, ella tenía una prueba fundamental, y fueron a un cuarto intermedio y deciden que no se presente esa prueba. Era una foto que se había sacado en el momento en que la llevan (a Lucía). Ellos deciden que esa foto no se sume. Esa foto era una prueba fundamental, y no se quiso sumar a la causa en ese momento. En cambio seis años después se sumó. Y ahí los enjuiciaron”.

Finalmente le habló al nuevo tribunal: “Ustedes son parte de las leyes que tenemos. Son parte de este proceso de justicia. Desde mi humildad, que sea lo que tenga que ser: que se haga justicia, por mi hija y por tantas hijas”.

“Se nos pasa la vida pidiendo justicia”

En la calle: los ojos de Lucía y un celular con la transmisión del jury. Foto: lavaca

Después declaró Matias Pérez, hermano de Lucía: “Hasta que no terminó todo no me di cuenta lo que pasaba. Hasta que no pasó, no me de cuenta que las cosas no éramos como pensábamos, no eran a nuestro favor: eran a favor de la otra parte”.

Así comenzó su declaración en el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio de su hermana. Su declaración fue breve, precisa y muy clara. 

Sobre aquel juicio de 2018: “Básicamente se le echaba la culpa a Lucía, como si ella hubiese buscado lo que le pasó”.

Sobre la sentencia: “De los acusados se decía básicamente que eran unos buenos tipos”.

Sobre el impacto en la familia, dijo Matías: “No volvimos a ser nunca más los que éramos antes. Seguimos juntos, todos con un mismo objetivo, pero siempre esperándola. Con esto que no se termina más, que no tiene un fin. Solemos juntarnos los domingos a comer y el tema de todos los domingos hace ocho años es el mismo: es Lucía, y el juicio. Y lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Daniel, papá de Cecilia Basaldúa con los ojos de Lucía. Foto: Juan Valeiro para lavaca.

Cómo sigue

Luego de que declarara el ex abogado de la familia Pérez Montero se hizo un cuarto intermedio. Durante la tarde se presentaron seis testigos más: 

• Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años. Sobre el accionar de los jueces dijo: “Los jueces hablan con sus sentencias. Ahí hablaron. Saleron a condenar a Lucía”.
• María Elena Naddeo, Secretaria General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ex legisladora, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs, explicó que en el caso de Lucía se produce una intersección de la discriminación por ser mujer y por ser adolescentes, “es lo que vemos que no se tuvo en cuenta”. Agregó: “La sentencia fue absolutamente parcial, cargada de un espíritu contrario a los derechos de la infancia, con la tendencia a negar el abuso sexual en la infancia, como una tendencia conservadora a negar los delitos sexuales más aberrantes contra la infancia”.
• Laureana Malacalza, en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, explicó que en el juicio fue convocada para dar cuenta de la importancia de la perspectiva de género en la justicia y que cuando expuso los jueces le preguntaron “si eran conceptos que ella había inventado”. Sobre la sentencia dijo: “Lo que dice una sentencia es un mensaje reparador para la familia y para la sociedad, o puede ser un mensaje legitimador de la violencia, en este caso fue legitimador de la violencia”
• Natalia Gauna, que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias, quien relató también la misma situación contada por Malacalza y los comentarios que los jueces hacían durante la audiencia de pericias del cuerpo de Lucía. Explicó incluso cómo sonreían mientras se describían las vejaciones a las que Lucía Pérez había sido sometida.
• Además expusieron dos trabajadores judiciales: Fernando Fernandez y Alejandro Agote. En ambos casos brindaron un panorama sobre el accionar de los jueces ante trabajadoras y trabajadores, episodios de maltrato incluidos, y antecedentes sobre otras sentencias en las que tampoco aplicaron perspectiva de género alguna: “Ya teníamos un antecedente respecto a la conducta de este tribunal”.

Mañana en la segunda jornada habrá dos testigos. Luego, todas las partes harán sus alegatos. La sentencia se conocerá dentro de los cinco días hábiles posteriores. 

En la calle se seguía la audiencia, entre abrazos y atrapasueños.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.