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Muerte anunciada: El femicidio de Giuliana Silva en Córdoba

Publicada

hace 7 años

19/08/2019

Giuliana Silva venía denunciando que su ex pareja la amenazaba de muerte. Ella tenía 19 años y un botón antipánico. Él, 42 años y una perimetral. Nada impidió que él violara la medida judicial días antes del asesinato. La justicia no lo detuvo, y finalmente la mató a balazos. Hablan la fiscal de la causa, la familia y las trabajadoras del sistema de botones y tobilleras que revelan cómo (no) funciona el sistema de “protección” frente a la violencia machista. AGOSTINA PARISÍ

Diego Silva está sentado en el banco de una plaza junto a su hija más chica. Son las 6 de la tarde de un lunes y el frío de julio se cuela en los huesos. El hombre habla pausado y suspira profundo; la nena juega y, cuando se detiene, irrumpe el silencio. Frente a ellos está la entrada del cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba.
En ese lugar sepultaron hace días a Giuliana, la mayor de las hijas, y esa placita es ahora un espacio alejado donde sentarse a pensar entre tanto ruido y dolor. “A Giuliana le dieron la espalda”, dice su papá. “Ella hizo todas las denuncias que podía hacer y no la escucharon. Esto que hoy nos está pasando a nosotros, mañana le puede pasar a cualquiera”.

Lo predecible

El 7 de julio Rodolfo Tissera apareció a las 22.30 en la puerta de la vivienda de Giuliana Silva ubicada en barrio Suárez, al sur de la ciudad, y con un calibre 38 le disparó dos veces en el cuerpo y una vez en la cabeza.
Giuliana (19) y Rodolfo (42) habían sido pareja durante un tiempo y tenían un hijo en común, pero a principio de este año la joven había decidido ponerle fin a una relación marcada por la violencia. Desde entonces, vivía junto a su bebé de un año y cinco meses en una casa donde también estaban su abuelo, una concuñada y sus hijos chiquitos.
Contra Tissera pesaban distintas denuncias por violencia de género y órdenes de restricción que no sirvieron para impedir el femicidio. Apenas tres días antes del crimen, Tissera había aparecido en la vivienda de Giuliana rompiendo los vidrios de las ventanas. Ella activó el botón antipánico que la justicia le había brindado como protección, y a las pocas horas de hacer la denuncia en una sede policial un móvil la devolvió de regreso a su casa. A Tissera no lo detuvieron en ese momento, a pesar de que había violado una orden perimetral y había hecho una amenaza concreta: si no volvía con él, la mataría.
Pocos días antes Giuliana les había contado a algunos familiares y amigos que estaba embarazada. Sin embargo el padre confirmó a MU que la autopsia dio negativo en este sentido.
Para la familia de la joven se trató de una muerte anunciada, sobre todo después de la última amenaza días antes del femicidio. Sin embargo, según la fiscal Betina Croppi que hoy lleva adelante la causa, los mecanismos no fallaron. “Denuncias del tenor de la de Giuliana hay miles, y sería imposible meter presos a todos los varones que hacen amenazas de muerte. No daría abasto el país”, dijo la fiscal a MU. “La conducta humana es impredecible. A veces una situación que parecía inocua puede terminar en un femicidio, y situaciones que parecen más complicadas al final no terminan en nada. Es muy difícil establecer cuáles son los protocolos que sí o sí nos van a llevar a impedir que esto pase. Diría que es casi imposible saber qué es lo que tenemos que hacer”, agrega.
Con el de Giuliana, Córdoba ya suma 13 femicidios en lo que va del año. En 2018 el total de crímenes por violencia de género producidos en la provincia había sido 21.

La violencia cotidiana

En la cuenta de Facebook de Giuliana abundan fotos de amigas, amigos, familiares, salidas al baile, escapadas al río y a las sierras cordobesas. En algunas imágenes se la ve junto a su agresor. En otras, de hace dos años, luce su panza de embarazada a la espera del hijo de ambos. A los mensajes de felicitaciones los responde con palabras de agradecimiento y “bendiciones”. “Espero ser una buena madre como vos”, le comenta a una de sus amigas que la saluda por su embarazo. “Giuli era muy chica. Era una persona muy buena y generosa. Tenía muchas ganas de vivir, pero le faltaban oportunidades”, dice su amiga Jenifer.
A los 17 años Giuliana se había sumado a participar de las actividades solidarias del Encuentro de Organizaciones, una agrupación popular con trabajo territorial en distintos barrios de la ciudad. “Los martes, Giuli salía a repartir comida a la gente que duerme en la calle en el centro. Este tipo -su ex pareja- era muy celoso y no la dejaba ni siquiera hacer cosas de la organización. Cuando se volvía con los chicos después de repartir las viandas, ella les pedía que la alcanzaran a unas cuadras de su casa para que él no la viera llegar con nadie”, relata la joven. “Giuli siempre me contaba que él la trataba muy mal, que no la dejaba salir y tampoco arreglarse o tener amigos. Le controlaba hasta la ropa. Cuando se separaron y ella se mudó a barrio Suárez, pude ver muchas veces cómo él venía a molestarla e insultarla. Le gritaba frente a todos los vecinos”, agrega.
Un día de febrero, Giuliana apareció llorando en barrio Suárez con su bebé en brazos, y le tocó la puerta a su abuelo Juan Carlos diciendo que no aguantaba más. “Me contó que Rodolfo le pegaba todo el tiempo. En ese momento ellos estaban viviendo juntos en barrio La Lonja. Nosotros no teníamos mucha onda con el tipo. Lo conocimos después de que se separaron porque venía todos los días a molestarla. Supuestamente venía para ver al bebé, pero si realmente el bebé le hubiera importado no la hubiera matado a la madre como la mató”, dice su abuelo.
El 22 de julio Giuliana tenía pactada una cita en el Polo Integral de la Mujer, el organismo provincial dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinado a brindar protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ya se había presentado ante esta institución en dos oportunidades a raíz de las denuncias contra Rodolfo Tissera. Sin embargo, nunca pudo llegar a esa tercera entrevista. Los disparos de su ex la alcanzaron antes.

A quemarropa

La noche del femicidio Giuliana estaba en su vivienda junto a su bebé, su concuñada y sus hijos. Eran las 22.30 del 7 de julio y su abuelo Juan Carlos había salido a trabajar como sereno del hogar “Madres de la esquina, donde Giuliana y otros voluntarios preparaban los platos de comida para repartir en la calle. “Parece que él esperaba a que yo me fuera, porque el día que la amenazó también se apareció en la casa después de las 10 de la noche”, recuerda hoy Juan Carlos. “Ese domingo yo ya estaba en el hogar. Estaba por acostarme pero escuché tres disparos”, relata el hombre. “Abrí una ventana que da a un pasaje acá en la villa, y lo vi pasar al tipo con un fierro en la mano. Al segundo cayó mi familia a buscarme a los gritos. Me cambié como pude y fui corriendo para mi casa, pero ya estaba todo hecho: Giuliana estaba muerta en el piso”.
Del otro lado de la ciudad, cerca de la plaza San Martín, el papá de Giuliana realizaba sus tareas como cocinero de un hotel, cuando recibió el peor llamado. “La tía de Giuli me dijo que mi hija estaba tirada en el suelo y que le habían pegado tres tiros”, dice Diego. “Salí a las corridas. En el camino me avisaron que la ambulancia ya la estaba trasladando al hospital. Era interminable, trataba de no pensar. Cómo podía ser que la haya matado. Cuando llegué me dejaron verla en una cama llena de sangre. Lo único que pensé fue en justicia”, dice el hombre.
Según la fiscalía, Giuliana no alcanzó ese día a usar el botón antipánico. El femicida fue detenido. La justicia sigue pendiente.

Mujeres en peligro

La noticia del femicidio de Giuliana sacudió al barrio y a la organización donde la joven y algunos de sus familiares dedicaban su tiempo y solidaridad. “Fue muy impactante, pero al mismo tiempo activó mucho la organización en el barrio. Después del funeral hicimos una asamblea para definir qué hacer y cómo canalizar tanta tristeza y dolor”, cuenta Candela, integrante del Encuentro de Organizaciones. “Lo que le pasó a Giuliana fue la punta del iceberg de un montón de otras violencias. No la mató solamente el arma de Tissera. La mataron muchas cuestiones conectadas: las denuncias previas que hizo y no fueron escuchadas, la falta de medidas de protección, la falta de políticas de género concretas en los territorios y en los barrios más vulnerables, la lucha por la comida, por el trabajo que ella no tenía, la falta de acceso a la vivienda”, agrega la joven.
on 19 años y un bebé a su cargo, Giuliana era parte del entramado de mujeres jóvenes que en tiempos de extrema crisis sufren la falta de oportunidades para acceder a un empleo formal. Como parte de las políticas provinciales destinadas a cuidar a las víctimas de violencia de género, en los últimos meses había comenzado a percibir una ayuda económica para sobrevivir junto a su hijo. “Yo la ayudaba a Giuli en lo que podía, le compraba pañales para el bebé. El Polo le daba esa ayuda económica para que tuviera algo. Si esto no hubiera pasado se podría haber alquilado una casa. Esta violencia se tiene que acabar, y el Estado se tiene que hacer responsable, porque ella estaba en peligro y no la escucharon”, insiste su papá.

Botones y tobilleras

Sandra Cáceres es psicóloga, trabaja en el Polo Integral de la Mujer, donde todos los días atiende a mujeres que buscan escapar de distintas violencias machistas. A partir de la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin en diciembre del año pasado, los llamados y denuncias de mujeres cordobesas, cuenta, se incrementaron al máximo. “Se nota que hay un cambio significativo que no tiene vuelta atrás. Hoy vemos que las mujeres tienen más recursos y se animan a hablar”, explica y sigue: “Cuando nos enteramos del femicidio de Giuliana, que era conocida por algunas de las profesionales del Polo, fue muy fuerte para todo el plantel de psicólogas y trabajadoras sociales. Fue muy duro ver a mis compañeras llorando desbordadas, y todavía estamos movilizadas”, señala.
Para Cáceres, en el caso de Giuliana fallaron los mecanismos judiciales y también los propios del Ejecutivo provincial. “Es prioridad que ante situaciones tan complejas y de riesgo la política estatal tenga un trabajo más afianzado de interacción entre tribunales. Vemos muchas carencias, como la formación prejuiciosa de quienes trabajan en el Poder Judicial, pero también en las medidas que se toman desde allí, por ejemplo, si ya hubo determinada cantidad de activaciones de un botón antipánico”, explica la psicóloga y se pregunta: “¿Cuántas veces hace falta activar un botón para que el agresor sea detenido?”. Desde la Brigada de Protección de la Mujer, el área del Polo que asiste telefónicamente a las mujeres que cuentan con un botón antipánico, María advierte que sobre esta población hay que prestar especial atención “porque justamente ya ha existido una denuncia contundente y se ha evaluado un alto riesgo”.
Según datos relevados por la titular del Polo, Claudia Martínez, desde que se inauguró la institución fueron entregados 5.483 botones antipánico y apenas 110 tobilleras duales, cuyo control se realiza desde el Centro de Monitoreo que funciona en coordinación con la Policía de Córdoba.
En la plaza frente al cementerio, Diego Silva piensa en el resto de sus hijos y en la necesidad de cobrar fuerza y salir adelante. “Si no fuera por ellos, no sé si me aguantaría todo esto que está pasando. Soy el único sostén de la familia y tengo que seguir”, dice el hombre.
Al igual que muchos familiares de víctimas de violencias estatales, se vio obligado a aprender los términos y códigos legales para pedir justicia por el femicidio de su hija. “Junto a una abogada que me está ayudando nos admitieron como querellantes y estamos a la espera de la información. Queremos saber todo sobre el caso. Giuliana me había comentado que posiblemente estaba embarazada porque un test le había dado positivo. Son muchas las cosas que necesitamos saber”, señala.
Según el relato de los familiares, días después del femicidio de Giuliana apareció un policía custodiando la casa de una vecina. “Ella tiene botón antipánico y después de lo que le pasó a mi hija le pusieron un custodio en la puerta. ¿Por qué no lo hicieron antes con Giuliana?”, pregunta su padre. “En el Polo de la Mujer me mostraron todo lo que hacen, y me trajeron una caja con 30 tobilleras para varones. Les pregunté por qué las tenían guardadas y no en los tobillos de algún agresor. Me mostraron también unas pantallas donde hacían todo el seguimiento de los botones. Ahora ya es tarde. ¿Cuántas denuncias más tenía que hacer mi hija para que la escucharan?”.

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 11 horas

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 5 días

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 6 días

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.