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Muerte anunciada: El femicidio de Giuliana Silva en Córdoba

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Giuliana Silva venía denunciando que su ex pareja la amenazaba de muerte. Ella tenía 19 años y un botón antipánico. Él, 42 años y una perimetral. Nada impidió que él violara la medida judicial días antes del asesinato. La justicia no lo detuvo, y finalmente la mató a balazos. Hablan la fiscal de la causa, la familia y las trabajadoras del sistema de botones y tobilleras que revelan cómo (no) funciona el sistema de “protección” frente a la violencia machista. AGOSTINA PARISÍ

Diego Silva está sentado en el banco de una plaza junto a su hija más chica. Son las 6 de la tarde de un lunes y el frío de julio se cuela en los huesos. El hombre habla pausado y suspira profundo; la nena juega y, cuando se detiene, irrumpe el silencio. Frente a ellos está la entrada del cementerio San Jerónimo de la ciudad de Córdoba.
En ese lugar sepultaron hace días a Giuliana, la mayor de las hijas, y esa placita es ahora un espacio alejado donde sentarse a pensar entre tanto ruido y dolor. “A Giuliana le dieron la espalda”, dice su papá. “Ella hizo todas las denuncias que podía hacer y no la escucharon. Esto que hoy nos está pasando a nosotros, mañana le puede pasar a cualquiera”.

Lo predecible

El 7 de julio Rodolfo Tissera apareció a las 22.30 en la puerta de la vivienda de Giuliana Silva ubicada en barrio Suárez, al sur de la ciudad, y con un calibre 38 le disparó dos veces en el cuerpo y una vez en la cabeza.
Giuliana (19) y Rodolfo (42) habían sido pareja durante un tiempo y tenían un hijo en común, pero a principio de este año la joven había decidido ponerle fin a una relación marcada por la violencia. Desde entonces, vivía junto a su bebé de un año y cinco meses en una casa donde también estaban su abuelo, una concuñada y sus hijos chiquitos.
Contra Tissera pesaban distintas denuncias por violencia de género y órdenes de restricción que no sirvieron para impedir el femicidio. Apenas tres días antes del crimen, Tissera había aparecido en la vivienda de Giuliana rompiendo los vidrios de las ventanas. Ella activó el botón antipánico que la justicia le había brindado como protección, y a las pocas horas de hacer la denuncia en una sede policial un móvil la devolvió de regreso a su casa. A Tissera no lo detuvieron en ese momento, a pesar de que había violado una orden perimetral y había hecho una amenaza concreta: si no volvía con él, la mataría.
Pocos días antes Giuliana les había contado a algunos familiares y amigos que estaba embarazada. Sin embargo el padre confirmó a MU que la autopsia dio negativo en este sentido.
Para la familia de la joven se trató de una muerte anunciada, sobre todo después de la última amenaza días antes del femicidio. Sin embargo, según la fiscal Betina Croppi que hoy lleva adelante la causa, los mecanismos no fallaron. “Denuncias del tenor de la de Giuliana hay miles, y sería imposible meter presos a todos los varones que hacen amenazas de muerte. No daría abasto el país”, dijo la fiscal a MU. “La conducta humana es impredecible. A veces una situación que parecía inocua puede terminar en un femicidio, y situaciones que parecen más complicadas al final no terminan en nada. Es muy difícil establecer cuáles son los protocolos que sí o sí nos van a llevar a impedir que esto pase. Diría que es casi imposible saber qué es lo que tenemos que hacer”, agrega.
Con el de Giuliana, Córdoba ya suma 13 femicidios en lo que va del año. En 2018 el total de crímenes por violencia de género producidos en la provincia había sido 21.

La violencia cotidiana

En la cuenta de Facebook de Giuliana abundan fotos de amigas, amigos, familiares, salidas al baile, escapadas al río y a las sierras cordobesas. En algunas imágenes se la ve junto a su agresor. En otras, de hace dos años, luce su panza de embarazada a la espera del hijo de ambos. A los mensajes de felicitaciones los responde con palabras de agradecimiento y “bendiciones”. “Espero ser una buena madre como vos”, le comenta a una de sus amigas que la saluda por su embarazo. “Giuli era muy chica. Era una persona muy buena y generosa. Tenía muchas ganas de vivir, pero le faltaban oportunidades”, dice su amiga Jenifer.
A los 17 años Giuliana se había sumado a participar de las actividades solidarias del Encuentro de Organizaciones, una agrupación popular con trabajo territorial en distintos barrios de la ciudad. “Los martes, Giuli salía a repartir comida a la gente que duerme en la calle en el centro. Este tipo -su ex pareja- era muy celoso y no la dejaba ni siquiera hacer cosas de la organización. Cuando se volvía con los chicos después de repartir las viandas, ella les pedía que la alcanzaran a unas cuadras de su casa para que él no la viera llegar con nadie”, relata la joven. “Giuli siempre me contaba que él la trataba muy mal, que no la dejaba salir y tampoco arreglarse o tener amigos. Le controlaba hasta la ropa. Cuando se separaron y ella se mudó a barrio Suárez, pude ver muchas veces cómo él venía a molestarla e insultarla. Le gritaba frente a todos los vecinos”, agrega.
Un día de febrero, Giuliana apareció llorando en barrio Suárez con su bebé en brazos, y le tocó la puerta a su abuelo Juan Carlos diciendo que no aguantaba más. “Me contó que Rodolfo le pegaba todo el tiempo. En ese momento ellos estaban viviendo juntos en barrio La Lonja. Nosotros no teníamos mucha onda con el tipo. Lo conocimos después de que se separaron porque venía todos los días a molestarla. Supuestamente venía para ver al bebé, pero si realmente el bebé le hubiera importado no la hubiera matado a la madre como la mató”, dice su abuelo.
El 22 de julio Giuliana tenía pactada una cita en el Polo Integral de la Mujer, el organismo provincial dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinado a brindar protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Ya se había presentado ante esta institución en dos oportunidades a raíz de las denuncias contra Rodolfo Tissera. Sin embargo, nunca pudo llegar a esa tercera entrevista. Los disparos de su ex la alcanzaron antes.

A quemarropa

La noche del femicidio Giuliana estaba en su vivienda junto a su bebé, su concuñada y sus hijos. Eran las 22.30 del 7 de julio y su abuelo Juan Carlos había salido a trabajar como sereno del hogar “Madres de la esquina, donde Giuliana y otros voluntarios preparaban los platos de comida para repartir en la calle. “Parece que él esperaba a que yo me fuera, porque el día que la amenazó también se apareció en la casa después de las 10 de la noche”, recuerda hoy Juan Carlos. “Ese domingo yo ya estaba en el hogar. Estaba por acostarme pero escuché tres disparos”, relata el hombre. “Abrí una ventana que da a un pasaje acá en la villa, y lo vi pasar al tipo con un fierro en la mano. Al segundo cayó mi familia a buscarme a los gritos. Me cambié como pude y fui corriendo para mi casa, pero ya estaba todo hecho: Giuliana estaba muerta en el piso”.
Del otro lado de la ciudad, cerca de la plaza San Martín, el papá de Giuliana realizaba sus tareas como cocinero de un hotel, cuando recibió el peor llamado. “La tía de Giuli me dijo que mi hija estaba tirada en el suelo y que le habían pegado tres tiros”, dice Diego. “Salí a las corridas. En el camino me avisaron que la ambulancia ya la estaba trasladando al hospital. Era interminable, trataba de no pensar. Cómo podía ser que la haya matado. Cuando llegué me dejaron verla en una cama llena de sangre. Lo único que pensé fue en justicia”, dice el hombre.
Según la fiscalía, Giuliana no alcanzó ese día a usar el botón antipánico. El femicida fue detenido. La justicia sigue pendiente.

Mujeres en peligro

La noticia del femicidio de Giuliana sacudió al barrio y a la organización donde la joven y algunos de sus familiares dedicaban su tiempo y solidaridad. “Fue muy impactante, pero al mismo tiempo activó mucho la organización en el barrio. Después del funeral hicimos una asamblea para definir qué hacer y cómo canalizar tanta tristeza y dolor”, cuenta Candela, integrante del Encuentro de Organizaciones. “Lo que le pasó a Giuliana fue la punta del iceberg de un montón de otras violencias. No la mató solamente el arma de Tissera. La mataron muchas cuestiones conectadas: las denuncias previas que hizo y no fueron escuchadas, la falta de medidas de protección, la falta de políticas de género concretas en los territorios y en los barrios más vulnerables, la lucha por la comida, por el trabajo que ella no tenía, la falta de acceso a la vivienda”, agrega la joven.
on 19 años y un bebé a su cargo, Giuliana era parte del entramado de mujeres jóvenes que en tiempos de extrema crisis sufren la falta de oportunidades para acceder a un empleo formal. Como parte de las políticas provinciales destinadas a cuidar a las víctimas de violencia de género, en los últimos meses había comenzado a percibir una ayuda económica para sobrevivir junto a su hijo. “Yo la ayudaba a Giuli en lo que podía, le compraba pañales para el bebé. El Polo le daba esa ayuda económica para que tuviera algo. Si esto no hubiera pasado se podría haber alquilado una casa. Esta violencia se tiene que acabar, y el Estado se tiene que hacer responsable, porque ella estaba en peligro y no la escucharon”, insiste su papá.

Botones y tobilleras

Sandra Cáceres es psicóloga, trabaja en el Polo Integral de la Mujer, donde todos los días atiende a mujeres que buscan escapar de distintas violencias machistas. A partir de la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin en diciembre del año pasado, los llamados y denuncias de mujeres cordobesas, cuenta, se incrementaron al máximo. “Se nota que hay un cambio significativo que no tiene vuelta atrás. Hoy vemos que las mujeres tienen más recursos y se animan a hablar”, explica y sigue: “Cuando nos enteramos del femicidio de Giuliana, que era conocida por algunas de las profesionales del Polo, fue muy fuerte para todo el plantel de psicólogas y trabajadoras sociales. Fue muy duro ver a mis compañeras llorando desbordadas, y todavía estamos movilizadas”, señala.
Para Cáceres, en el caso de Giuliana fallaron los mecanismos judiciales y también los propios del Ejecutivo provincial. “Es prioridad que ante situaciones tan complejas y de riesgo la política estatal tenga un trabajo más afianzado de interacción entre tribunales. Vemos muchas carencias, como la formación prejuiciosa de quienes trabajan en el Poder Judicial, pero también en las medidas que se toman desde allí, por ejemplo, si ya hubo determinada cantidad de activaciones de un botón antipánico”, explica la psicóloga y se pregunta: “¿Cuántas veces hace falta activar un botón para que el agresor sea detenido?”. Desde la Brigada de Protección de la Mujer, el área del Polo que asiste telefónicamente a las mujeres que cuentan con un botón antipánico, María advierte que sobre esta población hay que prestar especial atención “porque justamente ya ha existido una denuncia contundente y se ha evaluado un alto riesgo”.
Según datos relevados por la titular del Polo, Claudia Martínez, desde que se inauguró la institución fueron entregados 5.483 botones antipánico y apenas 110 tobilleras duales, cuyo control se realiza desde el Centro de Monitoreo que funciona en coordinación con la Policía de Córdoba.
En la plaza frente al cementerio, Diego Silva piensa en el resto de sus hijos y en la necesidad de cobrar fuerza y salir adelante. “Si no fuera por ellos, no sé si me aguantaría todo esto que está pasando. Soy el único sostén de la familia y tengo que seguir”, dice el hombre.
Al igual que muchos familiares de víctimas de violencias estatales, se vio obligado a aprender los términos y códigos legales para pedir justicia por el femicidio de su hija. “Junto a una abogada que me está ayudando nos admitieron como querellantes y estamos a la espera de la información. Queremos saber todo sobre el caso. Giuliana me había comentado que posiblemente estaba embarazada porque un test le había dado positivo. Son muchas las cosas que necesitamos saber”, señala.
Según el relato de los familiares, días después del femicidio de Giuliana apareció un policía custodiando la casa de una vecina. “Ella tiene botón antipánico y después de lo que le pasó a mi hija le pusieron un custodio en la puerta. ¿Por qué no lo hicieron antes con Giuliana?”, pregunta su padre. “En el Polo de la Mujer me mostraron todo lo que hacen, y me trajeron una caja con 30 tobilleras para varones. Les pregunté por qué las tenían guardadas y no en los tobillos de algún agresor. Me mostraron también unas pantallas donde hacían todo el seguimiento de los botones. Ahora ya es tarde. ¿Cuántas denuncias más tenía que hacer mi hija para que la escucharan?”.

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Lucía Pérez: mil firmas por una fecha para el jury a los jueces que dejaron impune el femicidio

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A pesar de haber sido votado por unanimidad hace más de un año, el juicio político a Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas sigue sin fecha. Pasaron ya cuatro años del fallo misógino y la familia logró un nuevo proceso que comenzará en febrero, pero en paralelo reclama el fin de la impunidad para quienes buscaron consagrar la impunidad. Organizaciones, sindicatos y hasta la actual Ministra de la Mujer de la Nación acompañan el pedido de la familia, a través de distintas cartas dirigidas a la Corte Suprema de la Provincia y miles de firmas cosechadas durante la muestra El cuarto de Lucía el mes pasado en Mar del Plata.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, viajó toda la noche y llegó a la Plata a las 7.20 de la mañana para entregar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas que acompañan el pedido urgente de que se resuelva el jury a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes pretendieron consagrar la impunidad en el femicidio de la jóven marplatense de 16 años.

“Ya han pasado cuatro años del fallo y un año de que los jueces han sido apartados de sus cargos pero aún seguimos sin respuesta. Exigimos la audiencia de prueba a estos magistrados que han sido apartados por mal desempeño de funcionario público. Queremos una reforma judicial con perspectiva en derechos humanos”, dice el texto que reunió mil firmas durante la exposición de El Cuarto de Lucía en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. 

Además, junto a las firmas, se entregaron cartas de organizaciones que acompañan el reclamo, entre ellas una firmada por Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en la que solicita “tengan a bien adoptar las medidas necesarias para que dicho poder del Estado tome razón de los cambios que han venido operándose a nivel social, que comprenda lo imperativo de adoptar como elemento central la perspectiva de género y feminista a la hora de juzgar, que se posicione como servidor de la comunidad, que escuche sus reclamos y reivindicaciones, y se convierta así en un ejemplo y un pilar más de la lucha contra el patriarcado, las vulneraciones sociales y desigualdades por razones de género”. Además, dejando en claro que no pretende la intromisión en otros poderes, sigue la Ministra: “Deseamos que la población bonaerense y del resto de la nación Argentina pueda observar prontamente que se transita hacia un efectivo juzgamiento de los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso”. 

Marta Montero ante la Corte Suprema bonaerense: en sus manos, la carta que reclama fecha urgente para el jury, acompañada por mil firmas.

La falta de decisión

Lucía tenía 16 años cuando la abusaron y mataron. Pero los jueces Gómez Urso, Viñas y Aldo Carnevale (que evadió el jury político porque fue beneficiado por la ex gobernadora Vidal con la jubilación anticipada) absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel y se dedicaron a hacer un minucioso análisis de la vida de Lucía: qué le gustaba escuchar, qué profesión quería seguir, con quién y de qué chateaba, qué le gustaba fumar.

En noviembre del año pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados votó por unanimidad a favor de la suspensión de los jueces Pablo Viñas y Juan Facundo Gómez Urso, y del inicio del juicio político por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. La audiencia estuvo presidida por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Pero el proceso aún no inició. Dice Marta Montero: “Ya está sorteado quienes van a llevar adelante la audiencia, entonces solamente se tienen que sentar y hacerlo. Tiene que tomar la decisión”. 

¿Qué falta, entonces? “Decisión política”. 

El cuarto

Para exigir que se concrete el inicio del jury se inició una campaña durante la exposición de “El Cuarto de Lucía” en el Teatro Auditorium de Mar del Plata en la cual se juntaron nada menos que mil firmas. Todas dirigidas a la Corte Bonaerense, algunas de ellas se acompañan con cartas que suman su voz al reclamo. Entre otras, están firmadas por: 

  • Ayelen Mazzina Guiñazú, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
  • Comisión Ejecutiva Nacional de la Central de Trabajadores/as de la Argentina Autónoma
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional tuyú Sur
  • Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Regional Mar del Plata.
  • Asociación Judicial Bonaerense. Departamental Mar del Plata.
  • Foro de Géneros, foro interdistrital de géneros sobre abuso, violencia y trata de personas. 
  • Red Regional de Mujeres.

“Para seguir creyendo en la justicia, solicitamos que este jury se concrete a la brevedad”, dice la carta de la Red Regional de Mujeres. Desde la Asociación Judicial Bonaerense, por su parte, solicitan el inicio del juicio “cumpliendo de esta forma el propio Estado los compromisos internacionales asumidos de lucha contra la violencia de género”. Desde el Foro de Géneros interpelan: “No entendemos por qué el retardo de la justicia de esta medida votada por unanimidad”. 

Remata el pedido Marta Montero: “Hemos ido, hablado, preguntado miles de veces. Ahora hacemos esta campaña porque no queremos seguir esperando y porque no estamos solos: nos apoyan. Entonces que nos escuchen: queremos que se ponga fecha”. 

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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