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10 de diciembre: la sesión para votar el Aborto Legal ya tiene fecha

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La diputada Cecilia Moreau confirmó hoy, el día del cuarto debate legislativo, la fecha en la que la Cámara de Diputados votará la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Anticipó la dinámica para que la calle se organice para acompañar y empujar la media sanción de la Ley. Qué dijeron las y los diputados para argumentar a favor y en contra. Y el remate de Moreau sobre el final, quien relató un aborto clandestino en primera persona que debió hacerse a los 16 años: “A cada una de nosotras le puede pasar. Y no tenemos que tener miedo; miedo a hablar, miedo a poder decidir qué hacer, miedo a charlarlo los padres; miedo a tomar una decisión que, si no lo hacés contenida, acompañada y cuidada por el Estado, te puede sacar la vida”.

Se confirmó la fecha. Por segunda vez en la historia el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo llegará al recinto para ser votado en la Cámara de Diputados en búsqueda de la media sanción. Lo confirmó la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la comisión cabecera del tratamiento, durante la última jornada de debate en sesiones informativas. 

“Quiero recordar para quienes tengan que viajar que el día miércoles (9 de diciembre) se va a firmar el dictamen y el día jueves (10) se va a convocar a la sesión por este tema”, detalló la diputada.

Y así quedó confirmada una nueva fecha histórica.

Foto: Lina Etchesuri

Voces a favor

En el plenario de comisiones, esta vez sin invitados ni invitadas, se escucharon las voces -no sin obviar problemas técnicos y de conexión-  de alrededor de treinta diputados y diputadas. La mayoría a favor, la mayoría mujeres, y la mayoría, también, del oficialismo. Durante la mañana la posición a favor de la legalización fue casi unánime; solo un diputado -Karim Alume, del Frente de Todos en San Luis- se mostró en contra pero argumentó por la despenalización. Durante la tarde varias legisladoras expusieron sobre porqué no alcanza con la despenalización.

A la tarde hubo más variedad pero mayoría acompañó el proyecto. La primera voz militantemente en contra se escuchó recién cerca de las cuatro de la tarde, fue la diputada Dina Rezinovsky, del PRO de la Ciudad de Buenos Aires que, aunque es parte de una de las instituciones de la política argentina, dijo que no vio cómo la política transforma la vida de las personas como lo hace la iglesia. Su compañera de partido y de distrito, Camila Crescimbeni, de las más jóvenes de la Cámara, tiene 30 años, argumentó a favor. También lo hizo con una sentida exposición la diputada Silvia Lospennato, vicepresidenta de una de las comisiones intervinientes, y quien en 2018 fue parte del grupo transversal Las Sororas.

Mientras tanto, la calle acompañó vestida de verde. Desde la mañana hubo acciones alrededor del Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados estaba discutiendo el proyecto en comisiones, pero donde también los senadores y senadoras sesionaban en el recinto. Fueron varios los y las legisladoras que durante la jornada reafirmaron que el debate volvió a ingresar al parlamento por la fuerza del movimiento feminista y no respondiendo, únicamente, a lo partidario. El diputado Leonardo Grosso, en esa línea pidió que el debate no quede atrapado por la grieta, y dijo: “Si bajaron las muertes en la clandestinidad del aborto fue porque los feminismos construyeron redes que permitieron garantizar condiciones más seguras, el que está en deuda con la sociedad es el Estado».

Algunas diputadas también recordaron a mujeres muertas por la clandestinidad. Patricia Mounier compartió la historia de Ana María Acevedo, nombró la lucha de Norma, su mamá, y de sus hijxs, y pidió «por tantas Ana Marías en nuestro país: que sea ley». La misma historia también la contó la diputada Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación General, quien también relató como en su pueblo en Entre Ríos le obstaculizaron el acceso a un aborto legal a una niña, le ofrecieron una casa a la familia y se la pintaron de celeste. En el debate se nombró también a Mariela, quien murió en Córdoba a causa de un aborto clandestino y que su historia se conoció esta semana.

Los dolorosos números en relación a niñas y adolescentes los compartió la diputada de la UCR por Córdoba Brenda Austin: de las muertes maternas de 2016-2018 el 15% eran niñas entre 15 y 19 años. En esos mismos tres años 7262 niñas entre 10 y 14 años fueron madres y 5800 fueron producto de embarazos no intencionales. La diputada Florencia Lampreabe, del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, expuso en la misma línea “Queremos un país en el que no haya niñas torturadas, ni violentadas, ni mujeres forzadas a ser madres”.

Foto: Lina Etchesuri

Hubo argumentos políticos, sanitarios –hubo diputadas argumentaron como trabajadoras de la salud-, jurídicos y sociales. La mayoría a favor, pero también en contra.

La salteña Alcira Figueroa compartió lo nerviosa que estaba por el debate y cómo pidió ayuda a la Pachamama para saber qué decir. Regaló entonces una pregunta: “¿En qué momento el aborto pasó a ser un pecado y la mujer fue criminalizada por esa práctica tan antigua y ancestral?”.

Relato en primera persona

Cerca de las seis de la tarde fue nuevamente Cecilia Moreau la encargada de cerrar el plenario de comisiones, tal como lo había iniciado el martes de esta semana. Agradeció el marco de escucha y respeto en el que se dieron las reuniones y remarcó el logro que significa dar el debate: “Esta discusión no la abrió la política. Muchas veces creemos que dar estos debates son contraproducentes, porque como decía alguna diputada tenés la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad de la biblioteca para el otro; porque son debates que generan dilemas y muchas veces la dirigencia política prefiere no tomar partido. Porque tomar partido para unos y para otros en algún sentido implica pagar costos políticos: debemos estar orgullosos de llevar este debate adelante, porque nos estamos haciendo cargo”.

Después, con la voz notablemente emocionada, relató un aborto clandestino que ella misma se practicó: “A esta mujer que está presidiendo el debate a le pasó a los 16 años: me falló el método anticonceptivo. Yo tomé la decisión de interrumpir ese embarazo, y la tomé consciente de lo que estaba haciendo. Yo era una nena que quería tener una vida, soñaba con ser médica, con militar, con viajar, con vivir un montón de cosas que hasta ese momento no había vivido. Tuve la suerte de hablarlo con mi mamá sin miedo, y que con mi decisión consciente y responsable me acompañase. También tuve la suerte de que tenía los medios económicos como para llegar a un consultorio en el barrio de Recoleta un sábado a la mañana; en ese momento no había Misoprostol. Fui, había un médico, un anestesista, había un lugar seguro, tenía la plata -$30.000 creo que era en ese momento, una barbaridad-. También me pasó que en mi colegio, en el Nacional de San Isidro, he vivido situaciones de compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto más seguro, y esas compañeras tuvieron que vivir situaciones traumáticas. No murieron, algunas de ellas sí perdió la fertilidad y la posibilidad de ser madre más adelante. Tengo una hija que es lo que más amo en la vida, y cuando tomé la decisión de maternar fue a conciencia y la decisión más feliz que me hizo en mi vida. A mí no me pesa el embarazo que interrumpí, al día de hoy lo que me sigue pesando es el miedo y la clandestinidad, el miedo que sentí siendo una nena sintiendo que estaba haciendo algo que estaba prohibido, sintiendo que podía ir presa por lo que estaba haciendo. En definitiva, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida. Y las mujeres y las nenas tenemos derecho a tomar decisiones. Lo que tenemos que hacer es pensar que a las próximas generaciones, a nuestras hijas, a las hijas de todos y cada una de nosotras le puede pasar, y en el caso de que les pase lo que me paso a mí, lo que le paso a muchas, tienen que tener la certeza de no tener miedo; miedo a hablar, miedo a poder decidir qué hacer, miedo a charlarlo con los padres; miedo a tomar una decisión que, si no lo hacés contenida, acompañada, cuidada por el Estado, por la familia, te puede sacar la vida”.

Dejó así a un auditorio en silencio e impactado, que deberá votar el 10 si quiere seguir perpetuando este tipo de relatos.

Moreau pidió, para cerrar, que el próximo jueves, cuando el proyecto se vote en el recinto, puedan los diputados y diputadas decirle a la sociedad “que este Congreso se hace cargo de los debates que encara».

Que así sea.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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