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A la calle por Lucía y por todas: movilización para el Nunca Más de los femicidios impunes

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Este martes 23 de noviembre, desde las 11 horas, la familia de Lucía Pérez, la Campaña Nacional Somos Lucía, organizaciones sociales y sindicatos se movilizarán ante el Senado Bonaerense en La Plata y en todo el país para exigir la condena a los jueces que dejaron impune el femicidio de la joven marplatense y, a la luz de ese caso, reclamar el fin de la impunidad para los femicidios, medidas concretas para evitarlos y una reforma judicial que incorpore la perspectiva de las víctimas. Lo que se juzga y lo que se juega, la previa a una movilización que pretende dar vuelta la historia, y lo que dice la familia y las mujeres que acompañarán desde distintas organizaciones: «Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

“Hoy te recordamos, nos acordamos de vos como todos los días. Con esa sensación en el pecho, sabiendo que hoy en día nos falta una más. Una compañera que hoy no está a nuestro lado. Nos la arrebataron como el viento arranca las hojas de los árboles. Pero vos creaste raíces y con tu lucha llegó la primavera. Sos esa pequeña llama que encendió un movimiento enorme que hoy en día lleva tu nombre en sus banderas. Marta y Guillermo llevan la voz de tu memoria y atrás de ellos acompañamos. En silencio o con un grito que surge del fondo de nuestra alma. Tu nombre nos acompaña y nosotras acompañamos tu nombre. Lucía Pérez seguís presente en todas nosotras. Hoy y siempre, te recordamos”

La poesía le llega a Marta, mamá de Lucía Pérez, mientras corta y pega carteles con la cara de su hija y la palabra justicia en letras negras. Se lee también: “5 años de impunidad”. Guillermo, papá de Lucía, hace el mate. Están en La Plata, donde esperan el comienzo del el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de su hija.

La poesía les llega desde Mar del Plata. Se las mandan chicas que van ahora al colegio donde iba Lucía, lo cual representa el primer cambio. Pero la poesía la escribió Anni Kapitanchuk, una joven de otro colegio también marplatense. Marta se emociona: “Son semillas que van creciendo y que aunque algunos no quieran estas luchas continúan. Por más que se quiera tapar el sol con las manos, el sol se va a correr, y se va a ver. No nos van a parar: esto va a salir”, asegura en la previa del 23 de noviembre, día en que convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense para hacer presión sobre el tribunal que deberá juzgar a los jueces por el fallo misógino de Lucía Pérez.

Lo que se juega es si el jury va a archivo, o avanza.

Por eso, lo que se juega en esa jornada es, de nuevo, la posibilidad de un cambio para siempre y para todas.

La diferencia es la calle.

La previa

Entonces: este martes 23 de noviembre se define si comienza el juicio político a los jueces que pretendieron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. En el Senado Bonaerense, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El juez Aldo Carnevale logró evadir el proceso porque fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación anticipada.

Fueron esos tres jueces, quienes conformaban el Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, los que absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años.

Fue la familia de Lucía, y una red de organizaciones que la acompañan, quienes denunciaron el accionar de los magistrados, las fallas en la investigación, la misoginia de las interpretaciones y la revictmización durante el proceso, y logró no solo que ese fallo se cayera sino que los jueces que lo firmaron tengan que dar explicaciones.

La audiencia se seguirá desde la calle porque no es pública. Adentro, el Jurado de Enjuiciamiento presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se pronunciará respecto de la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía. Si la admiten tendrán que suspender a los jueces y fijar fecha para que inicie el juicio.

La convocatoria a acompañar la audiencia está llamada a las 9 horas, en la calle 7 entre 51 y 53, en La Plata. De 11 a 12 horas se convoca a un paro y a una Jornada Nacional de Lucha por Lucía Pérez. Hasta allí llegarán familias sobrevivientes de femicidios de distintos puntos de la provincia –desde Mar del Plata sale una combi con familiares-, y organizaciones sociales, sindicales y territoriales. Desde todo el país además se acompañarán las acciones en redes con el #SomosLucía.

“Este fin de semana para algunos es largo, para nosotros es de trabajo”, dice a lavaca Marta mientras prepara carteles, convoca y contesta mensajes. “Es importante la calle y hacer todo lo que estamos haciendo, y más, porque lo que se decide es si el jury progresa o se termina ahí”.

El juicio político, o jury, tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede derivar en la destitución.

Explica Marta: “El jury es político pero a ellos se los está juzgando por la sentencia. En este caso lo que se va a juzgar es la sentencia que ellos dieron, porque ellos son jueces, y más allá de que tengan una mirada que podemos estar o no de acuerdo, tienen que tener una mirada jurídica. No la tuvieron, y encima el agravante de que Lucía era menor. Eso tiene que ser un peso para este jurado: estamos hablando de una mujer y de una menor”.

Guillermo, papá de Lucía, suma: “Hemos luchado mucho por esto y quiero que las cosas salgan bien. A estos tipos los tenemos que sacar, no pueden estar haciendo el desastre que están haciendo. Hasta el 23 estarán en Tribunales: espero que el 24 ya no”.

La familia de Lucía analiza lo que significa este proceso en Mar del Plata, donde los magistrados ocupan cargos de poder y decisión. “Va a ser un antes y un después”, no duda Marta. “Va a ser un cambio en la justicia. Están mirando. Por ejemplo la destitución del juez de Tucumán (Juan Francisco Pisa), están mirando eso también. Nos ha costado 3 años este jury, y que todo salga bien es a favor de la calle, de toda la sociedad, es para quienes menos tienen y para quienes más necesitan tener justicia. Pero tenemos que redoblar la apuesta, hasta que la justicia exista”.

Lo que se juzga

La abogada Cristina Montserrat Hendrickse, acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución de los jueces. Explica: “lo que se está juzgando es la conducta de los jueces en tanto que no aplicaron la perspectiva de género que se integra en los tratados de Derechos Humanos incorporaron a la Constitución. Y también su falta de imparcialidad, han sido parciales”.

¿Por qué se los acusa de esto?

En eso ha sido coincidente la Cámara de Casación Penal en su decisión que fue confirmada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tanto entendieron que ellos decidieron con prejuicios de género, con estereotipos prejuiciosos respecto de la buena víctima, juzgando a la víctima y no juzgando los hechos que fueron traídos a su conocimiento. Aquí su parcialidad estuvo afectada por estos prejuicios. Entonces se los juzga por no aplicar el derecho, y por haber sido parciales.

¿Qué significa un proceso así para el Poder Judicial?

De admitirse las acusaciones y seguir el proceso sería una señal muy sana para el Poder Judicial. Se le estaría diciendo a todos los jueces que la aplicación de la perspectiva de género contemplada en los tratados de Derechos Humanos, en la Convención para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, y en tratados como la Convención de Belém do Pará, es el derecho que tienen que aplicar, no pueden apartarse de la ley a su gusto. Y si sus convicciones chocan contra las leyes que tienen que aplicar, entonces se tienen que apartar.

Es por abajo

“No estamos más dispuestas a aceptar que la justicia no solo nos abandone y no nos cuide, sino que encima falle en contra nuestra”, dice a lavaca Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad ATE Nacional, organización sindical que convoca a parar y movilizar en el inicio del jury. “Es muy importante estar en la calle. Llegamos hasta acá con esta articulación enorme de pedido de justicia que desde un primer momento pudo poner toda la fuerza en la calle para pedir justicia. Y en ese sentido esto es un paso enorme hacia la reforma judicial feminista, un paso que tiene que ver con la experiencia concreta de tener fuerza en la calle y organizada para lograr aquello que enunciamos. Si hay una reforma posible va a ser con nosotras, las mujeres organizadas”.

Otro de los gremios que se suma a la convocatoria es el de trabajadores y trabajadoras del subte. “Entendemos que representa un momento histórico, finalmente un poco de reparación después de una enorme cadena de violencias e impunidad es llevadas a cabo por parte de la justicia patriarcal. Y se hace realidad por la resistencia colectiva”, explica Karina Nicoletta, Secretaria de Género Asociación Gremial de Trabajadorxs del Subte y el Premetro.

Desde la CTA-A convocan a movilizar a La Plata y en otros puntos del país a sumarse de 11 a 12 horas al paro en cada lugar de trabajo, con la foto de Lucía. ¿Por qué? Responde Silvia León, secretaria de género de la Central: “Porque es un logro inmenso que la familia de Lucía con todo el movimiento feminista hemos logrado: llevar al jury a estos dos jueces que dejaron impunes y libres a los femicidas. Para nosotras como Central de trabajadores y trabajadoras es una inmensa jornada. También frente al 25 de noviembre estamos planteando que haya una reforma democrática y feminista que ponga freno a la situación de violencia que seguimos sufriendo las mujeres y diversidades”.

Debora Bertone es Secretaria de Género de la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires, y desde donde convocan también a parar y acompañar la audiencia. “Es muy importante esta jornada porque venimos dando esta pelea, como trabajadoras, desde adentro del poder judicial”. Por eso para ellas la convocatoria es una manera más de decirle basta a la cadena de injusticias. Agrega: “Creemos además que las conquista y derechos se ganan en la calle, por eso ahí estaremos”.

A la calle se suma también CICOP, un gremio que representa a les profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires. Valeria Bonetto, Secretaria de Género del gremio, sintetiza así el por qué: “Estos jueces fueron inoperantes y misóginos. Convocamos porque exigimos una justicia con perspectiva de género y de derechos humanos. No queremos más jueces que dejen impunes a femicidas”.

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Alperovich fue procesado y embargado por abuso sexual

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La justicia procesó a José Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades. Además lo embargó por 2,5 millones de pesos. «Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019», celebra Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. «Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano», reflexiona. Las lecciones de esta demora en el avance judicial, y el contexto de violencia patriarcal que caracteriza a la provincia. Y un recuerdo imborrable: la desgarradora carta de la persona que denunció al ex gobernador.

El procesamiento, dictado por el juez Osvaldo Rappa, del Juzgado Criminal y Correccional 35, llega luego de la denuncia de su sobrina, y ex asesora, por abusos ocurridos entre 2017 y 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. En una carta pública la víctima relató así los abusos: «Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La causa se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires y en Tucumán, en ambas jurisdicciones se declaraban incompetentes. En mayo del año pasado, tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia de Nación, la causa pasó a CABA y fue impulsada por el fiscal Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10, y la fiscala Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres. 

Alperovich declaró el pasado 20 de abril, se aseguró inocente y luego tuiteó: “Realicé un extenso descargo de mi defensa, analizando todas las pruebas presentadas en la causa y demostrando que se trata de una falsa denuncia con fines de excluirme de la escena política”. 

Jardín de la impunidad

José Jorge Alperovich dio sus primeros pasos en la política como legislador provincial de Tucumán, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical en 1995. Allí se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese periodo Antonio Bussi era el gobernador. 

Luego fue gobernador de la provincia de Tucumán durante tres periodos seguidos, entre 2003 y 2015, año en el que asume como senador nacional. Su esposa, Beatriz Rojkés, también es senadora y, además, preside el Partido Justicialista en la provincia.

El caso de Alperovich no es aislado: en la provincia de Tucumán son los seis hombres de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron denunciados por casos de acoso, abuso sexual y de poder. Además de Alperovich ellos son: el legislador Ricardo Bussi, el ttular del Ministerio Publico de la Defensa Washington Navarro Dávila, Antonio Daniel Estofán vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Carlos Najar intendente de Las Talitas, y Bruno Gabriel Romano Concejal de Juan Bautista Alberdi.

El festejo y lo que falta

“Lo de Alperovich, para el movimiento feminista, es un triunfo”, dice a lavaca Leonor Cruz, Secretaria de Género de la CTAA Tucumán e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. “Decimos que hoy la justicia fue un poquito más justa, pero se demoró muchísimo. También es un mensaje, entendiendo otras cosas que vamos logrando, por ejemplo: hemos avanzado en la causa de Bussi pidiendo el desafuero, entendiendo que al juez Pisa el año pasado le pudimos hacer un juicio político”.

¿Qué quiere decir ese mensaje?

Que a la larga esta tozudez que tenemos el movimiento feminista en plantar bandera, en salir a decir, en tomar las calles, en no dejar que se invisibilice y desaparezca el tema; a la larga, tiene estos resultados. Hoy Alperovich se enfrenta a un juicio, algo que era impensable en 2019. Es un mensaje para todos los demás pero también sigue demostrando que mientras sos parte del poder sos impune, cuando dejás el poder te largan la mano. Esa es la primera reflexión que hago cuando veo la noticia.

¿Qué falta? 

Falta mucho, falta que la justicia se reforme con mirada feminista, lo que significa que hay que poner se a discutir, hoy más que nunca, qué es esta reforma judicial. Pero hoy estamos contentas, porque es un mensaje para una provincia como Tucumán, donde la impunidad camina tranquila por la calle. 

La carta de su sobrina

A la luz del procesamiento, leer completa la carta abierta que su sobrina difundió en noviembre de 2019 es una forma clara de contextualizar esta noticia. Dice:

“Estoy segura que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual quisiera estar en este lugar, desnudando la intimidad más dolorosa de su vida. Pero nos obligan a encontrar en esta manera la posibilidad de ser escuchadas. Ya no nos callamos más, pero tampoco queremos hablar por lo bajo de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que nos hicieron y de cómo hacemos para volver a la vida después de que hechos tan traumáticos nos la cambiaron para siempre.

No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe.

El mío se llama Jose Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él.

No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mi. Ya se cansaría de mi, de que no quiera, de que sea “asexuada” como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia.

La sensación de que nunca nadie iba a salvarme, de que no iba a haber una interrupción o algo que me sacara de esos lugares. Era expresamente su voluntad. Yo no podía salir sola del encierro porque sabía que tras la primera puerta había caseros, y policías y custodios armados. Todos sabiendo lo que estaba pasando adentro y cuidando las fronteras de él. Estaba completamente atrapada.

Yo nunca elegí estar ahí de esa manera. Se lo decía en cada no. Pero mis no para él nunca fueron suficientes. No se trataba del ímpetu ni de la cantidad de veces que se lo decía ni de como se lo explicaba ni de como mezquinaba mi cuerpo ni de como intentaba defenderme ni si lloraba o no. Nunca en mi vida lloré tanto.

Durante todo ese tiempo no tuve ni un respiro. Trabajé sin parar, sin vacaciones, sin feriados. Solo me liberaba cuando él viajaba. Pero cuando regresaba, volvía también la pesadilla. Hasta que se detuvo, hasta que las situaciones en las que el disponía quedarse solo conmigo para tocarme y penetrarme se volvieron situaciones ya de violencia y maltrato público, delante de personas. Pero ya no más por dentro, ya no más al hueso, ya no más solos.

Pensar en quién era yo antes, sin miedo, con deseo de desarrollarme, de aprender, de vivir. Si me conocías pensarías que era una mujer a la que jamás le podría pasar algo así. El peligro cayó sobre mí todo junto, encubierto en el afecto familiar y en la seriedad de lo laboral. Quedé atrapada y atravesada para siempre.

A mí esto me cuesta desde el día que empezó a pasar y en todos los sentidos. Solo quiero justicia. Recuperar mi vida. Tengo 29 años, soy libre, soy joven. Quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Responsabilidad de acciones, consecuencias para quien corresponde. Hasta ahora, sólo las cargo yo. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño.

No miento, no busco fama. Nadie quiere hacerse famosa por contar el horror que vivió. No quiero dinero ni hay un trasfondo político detrás de mi denuncia. Soy mucho más que todo eso que se pueda especular. Esto es por mí. El motivo más importante de mi vida es mi renacimiento, mi sanación y la búsqueda de justicia. ¿Qué motivo más importante que el valor de mi propia vida puedo tener?

Estoy acá contando lo que viví por mi seguridad pero también para que otras mujeres se animen a hablar. Esto no me mato, me puedo proclamar y me puedo defender. Me puedo recuperar, me puedo cuidar, me puedo elegir. Hoy elijo no callarme nunca más. A pesar de que me decía, en pleno horror: ‘cállate, ¿no ves como estoy?’, para tapar todos mis no. No me callo nunca más. Este es mi nunca más. Ojalá también sea el nunca más de todas aquellas que queremos dejar de callar.

Elijo cerrar con estas palabras de Zuleika Esnal: “A las que denunciaron. A las que no. A las que pudieron salir. A las que no. A las que me escriben pidiendo que escriba. A las que me escriben pidiendo que no, que solo quieren probar qué se siente que alguien más sepa su infierno. A las todavía no. A las ahora sí. A las no puedo. A las sin nombre ni apellido. A las no pongas mi ciudad, por si me encuentra. A las mi vieja sabía y no hizo nada. A las de huesos rotos. A las que ya no están para contar su historia. A las que están acá pero no pueden contarla. A las que escriben paredes. A las que no. A las que salen a la calle. A las que no. A las que me va a sacar el nene si denuncio. A la memoria de todas. A sus mamás. A todas las mamás. (…) A las callate y aguantá. A las no aguanto más. A las me quiero morir. A las de sexo anal para no quedar embarazada de mi viejo en sexto grado. A las viajeras que no vuelven. A las que vuelven y es un lujo. A las te escribo ahora que duerme. A las te dejo que volvió. A las me mata si se entera. A las no sé a quién recurrir. A las te escribo porque yo no tengo a nadie””.

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La familia de Carla Soggiu denuncia a Larreta y Santilli por las fallas en el sistema de GPS que debió protegerla

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A 3 años y 3 meses sin Carla Soggiu, y sin culpables por su femicidio, su familia apunta contra el sistema que debió protegerla: el botón antipánico concesionado por el Gobierno de la Ciudad. Carla lo apretó 5 veces antes de morir. La denuncia apunta sin vueltas contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces vicejefe, Diego Santilli, quien dijo que el sistema funcionaba cuando las pruebas, y los hechos, indican lo contrario.  Cómo se desprotegio no solo a Carla sino a las 3 mil mujeres que contaban con el botón en la Ciudad. Y la necesidad de empujar justicia, cuando la impunidad de los femicidios es lo único que sigue funcionando.

5 veces.

Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces.

5 veces apretó el botón antipánico, antes de dejar de responder. Llegó a hablar con dos operarios de la empresa Coradir S.A., concesionaria del servicio licitado por el Gobierno de la Ciudad. Y pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. La pregunta es: ¿por qué?

4 días.

4 días Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero la encontró, ya fallecida, en el riachuelo. Según la autopsia, Carla murió por “asfixia mecánica por sumersión”.

La justicia le había otorgado el botón antipánico tras haber denunciado a su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, por torturas y violación ante la Oficina de Violencia Doméstica.

La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación que terminó desencadenando en su muerte. Sin embargo, la causa judicial que investiga el caso no conectó esos dos hechos: Fuentes fue condenado por violación, pero no por femicidio.

Tampoco la causa investigó por qué a pesar de que Carla Soggiu pidió ayuda, el GPS del botón antipánico no funcionó.

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Declaraciones versus pruebas

La familia asegura que no la encontraron porque el GPS del botón antipánico que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había entregado, evidentemente, no funcionaba. Alfredo Barrera: “Escuchando los audios de mi hija no te queda ninguna duda de que no funciona nada. Cuando mi hija se comunicó, a los 5 minutos tenía que haber un patrullero: le dieron un aparato especialmente para eso”. En cambio, los patrulleros fueron enviados al domicilio de Carla, donde no había nadie.

“En programas de radio (Diego) Santilli dijo que el sistema funcionaba y que la contuvieron. Nunca nada más alejado de la realidad: él se refiere a que habló con los operadores pero ese no es el tema. Ella estaba hablando con alguien que no le podía solucionar nada, porque no funcionaba el GPS. Si funcionaba, a los 5 minutos ya le hubiesen mandado un móvil. Dicen que mandaron para su casa, y en la casa no estaba: no tenían ni idea donde estaba. Les reportaba por todos lados, pero en realidad no funcionaba”.

La investigación de por qué el botón no funcionó no la realizó la justicia penal sino la periodista María Miranda para el medio El Destape: la misma comprueba que el servicio de geolocalización de la empresa Coradir S.A. se encontraba caído porque el Gobierno de la Ciudad no había renovado el contrato. El 31 de diciembre de 2018 Coradir habría dejado de brindar el servicio de soporte; las últimas llamadas de Carla datan del 15 de enero. Según El Destape, el último “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad, arrojó “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”.

En la denuncia Alfredo detalla: “A raíz de lo sucedido en el caso de mi hija que tomamos conocimiento de que se produjo un cambio de empresa tercerizada prestadora del servicio de botón antipánico, y durante veinte días ninguna de las personas asistida por el sistema tuvo cobertura de ubicación por GPS”. Esto significa que el sistema no funcionaba ni para Carla ni para cerca de tres mil mujeres en situación de riesgo, de manera simultánea. 

Por esta razón Alfredo Barrera acaba de firmar y presentar una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, puntualmente contra su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe al momento de la muerte de Carla, Diego Santilli. En la misma se los cita a declarar junto a los dos operarios que hablaron con Carla, como al dueño de la empresa, y la periodista de El Destape.

La denuncia es clara: “El Gobierno de la Ciudad es culpable”. Y remata: “Es claro por qué: no funcionaba el GPS. Si hubiese funcionado, mi hija estaría. No hay mucha vuelta que darle”. 

Lo que no funciona

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión. “El fallo es vergonzoso. Nosotros ni estábamos de querellantes”, cuenta Alfredo sobre el proceso de injusticia.

La familia Soggiu denunció que esta condena no contempló la relación con la muerte de Carla, con graves secuelas tras la golpiza de Fuentes, y por eso abrió otra causa por femicidio. La misma fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. “Nos enteramos en noviembre de 2021 que estaba archivada. Ese mismo día habíamos ido a hablar con el abogado, que nos dijo que seguía todo parado, pero ¡no nos dijo que estaba archivada! Nos enteramos después. Ahí nosotros caímos de que estaba todo armado, de que este tipo habrá hecho su negocio o no sé, pero a nosotros nos iba a dejar sin nada”.

Que no exista una condena por “femicidio” implica, entre muchas otras cosas, que los padres de Carla hayan quedado a cargo de sus hijos sin poder obtener la asistencia que brinda la Ley Brisa a familiares víctimas de femicidios.

Sin culpables por la muerte de Carla, ahora la familia apunta al sistema que debió protegerla: el provisto por la Corte Suprema de Justicia y controlado por el Gobierno de la Ciudad. Cómo lo lograron: “Tuvimos que andar a las corridas, moviéndonos nosotros. Desde la Defensoría General de la Nación me consiguieron una audiencia con Defensoría de la Ciudad que de mala gana y porque yo les preguntó si podían hacer un papel para prorrogar la prescripción, me lo hicieron. Después de eso teníamos que encontrar un abogado que quisiera ir contra la ciudad. Y también pudimos”.

Alfredo subraya lo que no funciona: “Ni el GPS, ni la justicia”. Y describe este nuevo round judicial contra un rival difícil, de esta manera: “Pudimos subirnos al ring de nuevo; nos habían bajado violentamente. Después faltan un montón de cosas pero, simplemente, es tener la chance de poder pelear. Ahí estamos”.

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Crimen perpetuo: el caso de Paula Martínez

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Denunció a sus violadores, ocho hombres, hace seis años. Desde entonces sufrió amenazas por parte de ellos y sus familiares. Encaró una lucha para “que no le pase a ninguna piba más”, pero en diciembre de 2021, agobiada, sin justicia ni contención estatal, se quitó la vida. Su familia sostiene el reclamo de justicia. Por Delfina Pedelacq.

Foto: Agustina Olivera
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La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

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