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¿Aborto 2020?: Dijimos YA

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Durante la pandemia los organismos internacionales reclamaron que la salud reproductiva sea considerada esencial. En Argentina al menos dos mujeres murieron por abortos clandestinos; las consultas sobre el tema se multiplicaron por cinco pero la atención en instituciones bajó. Responsables de salud a nivel nacional y porteño cuentan por qué y brindan datos que explican la necesidad de una ley. El estudio que revela cuántas camas se desocuparían. Y el compromiso para que sea este año, con tensiones frente al lobby antiderechos. Por Anabella Arrascaeta.

¿Aborto 2020?: Dijimos YA
Foto: Lina Etchesuri

En la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que “dentro de los próximos diez días” presentaría un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Pasaron cien. 

En el medio se declaró al coronavirus como pandemia mundial, el proyecto nunca se envió, y a pesar de que el Congreso volvió a funcionar y de que la salud pública y la mirada sanitarista están en auge, ni los embarazos no deseados ni los abortos salieron de la clandestinidad. 

Al menos dos mujeres murieron como consecuencias de abortos clandestinos durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio. En marzo, una mujer de 22 años murió en Pirané, Formosa, como consecuencia de una infección generalizada producto de un aborto clandestino. Un mes después -aunque su historia trascendió recién en junio- murió otra mujer de 41 años, en González Catán, territorio bonaerense que dio a conocer lineamientos para la atención de interrupciones de embarazos en medio de la pandemia. La muerte de esta mujer sigue revelando la falta de una ley que no restrinja el acceso real y democrático a las políticas de salud. 

Sin una legislación que garantice derechos, en medio de una crisis económica, social y sanitaria, como los femicidios, lo que ya era una urgencia se vuelve emergencia. 

En Argentina, cada año, se producen entre 350.000 y 500.000 abortos. 

1300 por día, 54 cada hora que pasa. 

El acceso como privilegio

Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió por su parte que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Durante la cuarentena las consultas a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales -vigentes desde 1921- crecieron más del 500%.

La médica generalista Viviana Mazur es parte del equipo de la Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En conversación con MU plantea que declarar los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción legal del embarazo como esenciales “tampoco garantiza que las mujeres puedan llegar fácilmente a los servicios de salud y que los servicios de salud estén dispuestos totalmente a garantizarlos, sino al contrario”. Las posibilidades de trasladarse, el estar a cargo de cuidar a otres, la dificultad de confirmar la gestación previamente con una ecografía en un lugar privado y que las posiciones personales de médicos tanto sobre la pandemia como ante el aborto son algunas de las complicaciones que se suman a las que ya existían, y que se recrudecen en algunas zonas del país. 

Mazur cuenta que, durante la pandemia, a los centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires llegan menos casos de complicaciones por aborto. También hay menos oferta: “Sobre todas las cosas hay mujeres que tienen miedo a salir o que no pueden”, relata.

En la práctica, los casos que llegan no encuentran una mejor atención que en la prepandemia. Dice Mazur: “Hay gente con muy buena voluntad de los servicios de salud que ahora dice: ‘En este momento tengo la sala ocupada con casos de Covid’. Y así se empiezan a vulnerar derechos más allá de la declamación de ‘el acceso está garantizado de todas maneras’, en donde parecería que el acceso a la interrupción legal del embarazo sería un lujo en este contexto y la verdad es que no: seguramente esa persona joven tiene menos posibilidad de morir por Covid que por una interrupción insegura. La verdad es que se complejiza la situación, y se complejiza incluso en la medida en que las personas no pueden transitar fácilmente, que si no tienen un certificado quizá la paran, que quizás llegan al hospital y no pueden entrar… Esas cosas están sucediendo y hace que tengamos muchos más casos de interrupciones de segundos trimestres, más avanzados, que los que estábamos teniendo antes de la pandemia”. 

Además del contexto dado por la pandemia ¿cuáles son los principales factores de restricción del acceso? 

En la Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de médicos y médicas generalistas que integran el primer nivel de atención – trabajadoras sociales, psicólogas- que están posicionadas dentro de una política de protección de derechos y activamente trabajan en ese sentido. No es una casualidad: el entramado que se llamó después ‘Red de profesionales por el derecho a decidir’, hace muchos años que se viene gestando. Los obstáculos en este momento tienen que ver con los embarazos que superan las doce semanas. Hasta las doce semanas hay una comprensión cabal de la importancia para garantizar el acceso para disminuir el riesgo y también la interpretación de las causales. En nuestro país la legalidad es por causales, no por plazos, pero a pesar de eso hay algo que hace que los equipos de salud hasta las doce semanas tengan mucho menos conflicto en interpretar la causal salud desde una perspectiva amplia que cuando se supera la barrera de doce semanas. Empiezan a jugar otros factores que hay que tener en cuenta que se constituyen en barreras importantes, y a medida que pasan las semanas esas barreras van aumentando. 

Valeria Isla es directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, cargo que también ocupó de 2005 a 2007 pero cuando en lugar de una dirección era una coordinación. La nueva institucionalidad “implica más capacidad de gestión”, explica a MU y confiesa que en esa transformación política fue clave la calle: “Es un escenario absolutamente diferente al de 2005, es otra agenda”. Sobre el regreso relata que se encontró “con un equipo muy sólido que viene de hace muchísimos años, formado, con mucho conocimiento de las provincias” pero también con “las redes feministas, las organizaciones de la sociedad civil, como los Consejos Asesores de la Dirección y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”. El pendiente: “Hay provincias que tienen más avances que otras”.

En algunas zonas del país es evidente la aparición de grupos antiderechos muy organizados, ¿tienen incidencia en la política pública sanitaria?

Sí, por supuesto, hay una puja de fuerzas importantes porque tienen apoyo y financiamiento de toda una estrategia regional. Por otro lado se hicieron más visibles, antes no eran tan evidentes y nos costaba más acceder a una situación concreta para poder intervenir. Nosotros tenemos una estrategia de intervención más directa. También todo el trabajo de profesionales de salud y de redes de mujeres por fuera del sistema de salud arman un sistema de monitoreo y alerta que es fundamental a la hora de poder intervenir y de hacer frente a estos núcleos más duros que están dentro de los sistemas de salud y en las autoridades políticas e institucionales. 

¿Cómo se trabajan estas tensiones a nivel legislativo, para que sea ley?

Lo que pasó en la Cámara de Diputados (en el debate 2018) fue un proceso excelente y la Senadores es una cámara mucho más conservadora. Si uno analiza los argumentos, esos sectores políticos no estuvieron a la altura de las demandas ni de la despenalización y la legalización social que se realizó. Hay un problema de escucha política para incorporar la agenda que está demandando la sociedad en términos de salud sexual y reproductiva. Ahora el desafío es trabajar con cada uno de los senadores y senadoras para que puedan apoyar la agenda de las mujeres. Ese es un punto, además de todo lo que se está haciendo. Trabajar con algunas de las provincias representadas en el Senado por sectores conservadores es muy importante, porque finalmente ahí está el voto. 

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Por qué Aborto Legal YA

La pandemia puso a contrarreloj la urgencia de engrosar y reforzar el sistema de salud con la lupa puesta en los indicadores sanitarios. Si esa misma lectura se traslada a la interrupción de los embarazos, la legalización, ¿qué sucede?

En un informe reciente el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se plantea, ante la necesidad de camas disponibles en centros de salud, cuántas camas liberaría la legalización del aborto. La respuesta multiplica: “Decenas de miles de camas hospitalarias”. 

El resultado sigue esta cuenta: entre los años 2005 y 2015 se produjeron, según datos publicados por el Ministerio de Salud, en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. La cifra ascendería a más de 70.000 sumando al sector privado. “De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98 por ciento de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID 19”, concluye el informe. 

El análisis se suma a las razones que la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Nación enumera: “Está dicho en un montón de estudios que una ley que garantice el aborto desde una perspectiva de salud pública tiene un impacto altísimo. También desde lo económico. El otro tema importante, que está comprobado, es que frente a escenarios de legalización las mujeres y personas con capacidad de gestar llegamos más temprano a la práctica. Esto evita internaciones innecesarias y complicaciones. Y además, como dijo el ministro de Salud Ginés González García a principio de año, se eliminaría una causa de muerte. Esto es muy fuerte estadísticamente: la mortalidad por muerte insegura se eliminaría prácticamente de la estadística sanitaria. Sanitariamente tendría un impacto altísimo la legalización por semanas. La legalización que tenemos ahora por causales ha demostrado que no se ha podido superar un montón de barreras de acceso, entonces ampliar la legalización por semanas y luego por causales ha demostrado en los países que así lo tienen que ha mejorado todos los indicadores de la salud sexual y reproductiva”. 

La funcionaria de Ciudad, por su parte, aporta más argumentos a la necesidad de una ley: “El riesgo de una práctica segura es de 0,2 a 2 cada 100.000 procedimientos, y el riesgo de morir de una práctica insegura es de 100 a 1.000 cada 100.000 procedimientos”. Es decir que el riesgo de contraer hemorragias, infecciones, lesiones, traumatismos, y hasta de muerte de un aborto inseguro -definido por la Organización Mundial de la Salud como un aborto realizado por personas que carecen de las habilidades necesarias o en un ambiente que no cumple los mínimos estándares médicos-  es de cien a mil veces mayor que si se realizase en un ámbito seguro. “Es impactante -sostiene Mazur-. Tenemos que saber que cuando nosotros le decimos a una mujer que su pedido de interrupción va a ser contemplado o no, no le estamos diciendo ‘vos vas a abortar’ o ‘no vas a abortar’, porque en gran parte cuando la mujer o persona gestante consulta ya tienen una decisión tomada y lo va a hacer más allá del acompañamiento que uno pueda ofrecer o no”. 

Si hablamos de economía, durante el debate legislativo la senadora Nancy González presentó un informe sobre el costo del aborto inseguro donde detalló que la legalización implicaría un uso más justo y eficiente de los recursos del sistema público de salud. Dice el informe: “Garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría no solo evitar la muerte de muchas mujeres, generalmente de jóvenes de bajos recursos, sino también la reducción del 43% de lo que actualmente destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones. Si además hubiese producción pública de misoprostol, el presupuesto destinado a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo sería un 55% menor de lo que cuesta en la actualidad”. 

Si pensamos que en este momento de pandemia las decisiones se enmarcan en la política sanitaria y de derechos, ¿no es el marco preciso para avanzar en una Ley? ¿Qué la detiene?

Viviana Mazur: Por sobre todas las cosas porque una parte de las mujeres que llegan tarde lo hace por temor a ser rechazadas, a ser maltratadas. Piensan que lo que les sucede no va a ser interpretado bien por los equipos de salud, porque no tienen en claro su derecho, porque las personas no tienen el Código Penal en sus cabezas. Hay una parte de esas personas que van a llegar antes, y otras no porque los motivos por los que deciden hacer una interrupción legal del embarazo aparecen después de las doce semanas. En los países que hay aborto legal por plazos además de por causales hay un porcentaje importante que de todas maneras no se puede resolver antes de las doce semanas. 

Valeria Isla: El Presidente mencionó que, justo antes de arrancar la pandemia, ya estaba listo el proyecto para enviarlo a las cámaras. Pensamos que este es un buen año, quizá cuando pase un poco este momento más crítico de la pandemia. Están dadas las condiciones y en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva estamos trabajando fuertemente para apoyar a los servicios de salud en el acceso a la interrupción legal del embarazo, que es condición para que una vez que se apruebe la ley poder trabajar con todos los equipos de salud para garantizar el acceso. Tenemos la expectativa de que este año podamos cumplir con el objetivo planteado de la aprobación de la ley. 

Que así sea.

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El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

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A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.

Por María del Carmen Varela

El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.

La propuesta reza:

El Teatro está Abierto: ENTRÁ.

La historia no se repite igual, pero rima.

El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.

La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.

Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».

El texto poético que acompaña el mitín:

Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada

Ayer fue incendio, hoy es apagón

Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito

Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva

Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital

En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.

Entrá porque es urgente

Entrá porque es ahora.

El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.

Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)

[email protected]

Instagram: @festivalentra

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Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

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Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.

Por Francisco Pandolfi

Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra). 

La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.

La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.

Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra. 

Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran: 

• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.

• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.

• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.

• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.

• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.

• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.

Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:

• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.

• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.

• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.

La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.

¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?

Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.

¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?

Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.

¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?

Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.

La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.

Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.

Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.

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Actualidad

Marcha de jubilados: balas y bolitas

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Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales. 

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.

Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.

Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.  

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.

Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.

Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla. 

  • “Vacas gordas, jubilados flacos”.
Marcha de jubilados: balas y bolitas

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.

Números y un café

Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca  mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.

Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.

De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.

Abus en la calle 

Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.

En la marcha hubo muchos carteles al respecto: 

  • No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
  • Ni veto ni represión: fuera el FMI
  • No al veto a las leyes en jubilaciones
  • No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei). 

Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.

Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.

Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Jubilado hablándole a la pared.

Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”. 

Vallas a donde vayas

El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.

Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.

Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.

La violencia y las bolitas

Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar). 

La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

¿Qué escudan los escudos?

Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”. 

Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.

Sin embargo, la gente no se fue.

La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió. 

“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.

Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.

De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.

Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:

–Juguemos a las bolitas.

Todos se rieron, por el absurdo de la situación. 

De nuevo, frente al horror, la creatividad social. 

Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

Marcha de jubilados: balas y bolitas
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