CABA
¿Aborto 2020?: Dijimos YA
Durante la pandemia los organismos internacionales reclamaron que la salud reproductiva sea considerada esencial. En Argentina al menos dos mujeres murieron por abortos clandestinos; las consultas sobre el tema se multiplicaron por cinco pero la atención en instituciones bajó. Responsables de salud a nivel nacional y porteño cuentan por qué y brindan datos que explican la necesidad de una ley. El estudio que revela cuántas camas se desocuparían. Y el compromiso para que sea este año, con tensiones frente al lobby antiderechos. Por Anabella Arrascaeta.
En la apertura de las sesiones legislativas el 1° de marzo, el presidente Alberto Fernández anunció que “dentro de los próximos diez días” presentaría un Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Pasaron cien.
En el medio se declaró al coronavirus como pandemia mundial, el proyecto nunca se envió, y a pesar de que el Congreso volvió a funcionar y de que la salud pública y la mirada sanitarista están en auge, ni los embarazos no deseados ni los abortos salieron de la clandestinidad.
Al menos dos mujeres murieron como consecuencias de abortos clandestinos durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio. En marzo, una mujer de 22 años murió en Pirané, Formosa, como consecuencia de una infección generalizada producto de un aborto clandestino. Un mes después -aunque su historia trascendió recién en junio- murió otra mujer de 41 años, en González Catán, territorio bonaerense que dio a conocer lineamientos para la atención de interrupciones de embarazos en medio de la pandemia. La muerte de esta mujer sigue revelando la falta de una ley que no restrinja el acceso real y democrático a las políticas de salud.
Sin una legislación que garantice derechos, en medio de una crisis económica, social y sanitaria, como los femicidios, lo que ya era una urgencia se vuelve emergencia.
En Argentina, cada año, se producen entre 350.000 y 500.000 abortos.
1300 por día, 54 cada hora que pasa.
El acceso como privilegio
Desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud recomendó que los servicios vinculados con la salud sexual y reproductiva sean considerados servicios esenciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió por su parte que los Estados garanticen el acceso a anticoncepción y a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos en el marco jurídico de cada país. Durante la cuarentena las consultas a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales -vigentes desde 1921- crecieron más del 500%.
La médica generalista Viviana Mazur es parte del equipo de la Coordinación de Salud Sexual, Sida e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. En conversación con MU plantea que declarar los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción legal del embarazo como esenciales “tampoco garantiza que las mujeres puedan llegar fácilmente a los servicios de salud y que los servicios de salud estén dispuestos totalmente a garantizarlos, sino al contrario”. Las posibilidades de trasladarse, el estar a cargo de cuidar a otres, la dificultad de confirmar la gestación previamente con una ecografía en un lugar privado y que las posiciones personales de médicos tanto sobre la pandemia como ante el aborto son algunas de las complicaciones que se suman a las que ya existían, y que se recrudecen en algunas zonas del país.
Mazur cuenta que, durante la pandemia, a los centros de salud en la Ciudad de Buenos Aires llegan menos casos de complicaciones por aborto. También hay menos oferta: “Sobre todas las cosas hay mujeres que tienen miedo a salir o que no pueden”, relata.
En la práctica, los casos que llegan no encuentran una mejor atención que en la prepandemia. Dice Mazur: “Hay gente con muy buena voluntad de los servicios de salud que ahora dice: ‘En este momento tengo la sala ocupada con casos de Covid’. Y así se empiezan a vulnerar derechos más allá de la declamación de ‘el acceso está garantizado de todas maneras’, en donde parecería que el acceso a la interrupción legal del embarazo sería un lujo en este contexto y la verdad es que no: seguramente esa persona joven tiene menos posibilidad de morir por Covid que por una interrupción insegura. La verdad es que se complejiza la situación, y se complejiza incluso en la medida en que las personas no pueden transitar fácilmente, que si no tienen un certificado quizá la paran, que quizás llegan al hospital y no pueden entrar… Esas cosas están sucediendo y hace que tengamos muchos más casos de interrupciones de segundos trimestres, más avanzados, que los que estábamos teniendo antes de la pandemia”.
Además del contexto dado por la pandemia ¿cuáles son los principales factores de restricción del acceso?
En la Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de médicos y médicas generalistas que integran el primer nivel de atención – trabajadoras sociales, psicólogas- que están posicionadas dentro de una política de protección de derechos y activamente trabajan en ese sentido. No es una casualidad: el entramado que se llamó después ‘Red de profesionales por el derecho a decidir’, hace muchos años que se viene gestando. Los obstáculos en este momento tienen que ver con los embarazos que superan las doce semanas. Hasta las doce semanas hay una comprensión cabal de la importancia para garantizar el acceso para disminuir el riesgo y también la interpretación de las causales. En nuestro país la legalidad es por causales, no por plazos, pero a pesar de eso hay algo que hace que los equipos de salud hasta las doce semanas tengan mucho menos conflicto en interpretar la causal salud desde una perspectiva amplia que cuando se supera la barrera de doce semanas. Empiezan a jugar otros factores que hay que tener en cuenta que se constituyen en barreras importantes, y a medida que pasan las semanas esas barreras van aumentando.
Valeria Isla es directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, cargo que también ocupó de 2005 a 2007 pero cuando en lugar de una dirección era una coordinación. La nueva institucionalidad “implica más capacidad de gestión”, explica a MU y confiesa que en esa transformación política fue clave la calle: “Es un escenario absolutamente diferente al de 2005, es otra agenda”. Sobre el regreso relata que se encontró “con un equipo muy sólido que viene de hace muchísimos años, formado, con mucho conocimiento de las provincias” pero también con “las redes feministas, las organizaciones de la sociedad civil, como los Consejos Asesores de la Dirección y del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia”. El pendiente: “Hay provincias que tienen más avances que otras”.
En algunas zonas del país es evidente la aparición de grupos antiderechos muy organizados, ¿tienen incidencia en la política pública sanitaria?
Sí, por supuesto, hay una puja de fuerzas importantes porque tienen apoyo y financiamiento de toda una estrategia regional. Por otro lado se hicieron más visibles, antes no eran tan evidentes y nos costaba más acceder a una situación concreta para poder intervenir. Nosotros tenemos una estrategia de intervención más directa. También todo el trabajo de profesionales de salud y de redes de mujeres por fuera del sistema de salud arman un sistema de monitoreo y alerta que es fundamental a la hora de poder intervenir y de hacer frente a estos núcleos más duros que están dentro de los sistemas de salud y en las autoridades políticas e institucionales.
¿Cómo se trabajan estas tensiones a nivel legislativo, para que sea ley?
Lo que pasó en la Cámara de Diputados (en el debate 2018) fue un proceso excelente y la Senadores es una cámara mucho más conservadora. Si uno analiza los argumentos, esos sectores políticos no estuvieron a la altura de las demandas ni de la despenalización y la legalización social que se realizó. Hay un problema de escucha política para incorporar la agenda que está demandando la sociedad en términos de salud sexual y reproductiva. Ahora el desafío es trabajar con cada uno de los senadores y senadoras para que puedan apoyar la agenda de las mujeres. Ese es un punto, además de todo lo que se está haciendo. Trabajar con algunas de las provincias representadas en el Senado por sectores conservadores es muy importante, porque finalmente ahí está el voto.
Por qué Aborto Legal YA
La pandemia puso a contrarreloj la urgencia de engrosar y reforzar el sistema de salud con la lupa puesta en los indicadores sanitarios. Si esa misma lectura se traslada a la interrupción de los embarazos, la legalización, ¿qué sucede?
En un informe reciente el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se plantea, ante la necesidad de camas disponibles en centros de salud, cuántas camas liberaría la legalización del aborto. La respuesta multiplica: “Decenas de miles de camas hospitalarias”.
El resultado sigue esta cuenta: entre los años 2005 y 2015 se produjeron, según datos publicados por el Ministerio de Salud, en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. La cifra ascendería a más de 70.000 sumando al sector privado. “De acuerdo con cálculos oficiales, la legalización conllevaría una reducción de un 98 por ciento de estas internaciones en hospitales. La evidencia demuestra que esta produce una disminución inmediata de la mortalidad y morbilidad maternas asociadas al aborto inseguro. Estas cifras advierten que la legalización redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID 19”, concluye el informe.
El análisis se suma a las razones que la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Nación enumera: “Está dicho en un montón de estudios que una ley que garantice el aborto desde una perspectiva de salud pública tiene un impacto altísimo. También desde lo económico. El otro tema importante, que está comprobado, es que frente a escenarios de legalización las mujeres y personas con capacidad de gestar llegamos más temprano a la práctica. Esto evita internaciones innecesarias y complicaciones. Y además, como dijo el ministro de Salud Ginés González García a principio de año, se eliminaría una causa de muerte. Esto es muy fuerte estadísticamente: la mortalidad por muerte insegura se eliminaría prácticamente de la estadística sanitaria. Sanitariamente tendría un impacto altísimo la legalización por semanas. La legalización que tenemos ahora por causales ha demostrado que no se ha podido superar un montón de barreras de acceso, entonces ampliar la legalización por semanas y luego por causales ha demostrado en los países que así lo tienen que ha mejorado todos los indicadores de la salud sexual y reproductiva”.
La funcionaria de Ciudad, por su parte, aporta más argumentos a la necesidad de una ley: “El riesgo de una práctica segura es de 0,2 a 2 cada 100.000 procedimientos, y el riesgo de morir de una práctica insegura es de 100 a 1.000 cada 100.000 procedimientos”. Es decir que el riesgo de contraer hemorragias, infecciones, lesiones, traumatismos, y hasta de muerte de un aborto inseguro -definido por la Organización Mundial de la Salud como un aborto realizado por personas que carecen de las habilidades necesarias o en un ambiente que no cumple los mínimos estándares médicos- es de cien a mil veces mayor que si se realizase en un ámbito seguro. “Es impactante -sostiene Mazur-. Tenemos que saber que cuando nosotros le decimos a una mujer que su pedido de interrupción va a ser contemplado o no, no le estamos diciendo ‘vos vas a abortar’ o ‘no vas a abortar’, porque en gran parte cuando la mujer o persona gestante consulta ya tienen una decisión tomada y lo va a hacer más allá del acompañamiento que uno pueda ofrecer o no”.
Si hablamos de economía, durante el debate legislativo la senadora Nancy González presentó un informe sobre el costo del aborto inseguro donde detalló que la legalización implicaría un uso más justo y eficiente de los recursos del sistema público de salud. Dice el informe: “Garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría no solo evitar la muerte de muchas mujeres, generalmente de jóvenes de bajos recursos, sino también la reducción del 43% de lo que actualmente destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones. Si además hubiese producción pública de misoprostol, el presupuesto destinado a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo sería un 55% menor de lo que cuesta en la actualidad”.
Si pensamos que en este momento de pandemia las decisiones se enmarcan en la política sanitaria y de derechos, ¿no es el marco preciso para avanzar en una Ley? ¿Qué la detiene?
Viviana Mazur: Por sobre todas las cosas porque una parte de las mujeres que llegan tarde lo hace por temor a ser rechazadas, a ser maltratadas. Piensan que lo que les sucede no va a ser interpretado bien por los equipos de salud, porque no tienen en claro su derecho, porque las personas no tienen el Código Penal en sus cabezas. Hay una parte de esas personas que van a llegar antes, y otras no porque los motivos por los que deciden hacer una interrupción legal del embarazo aparecen después de las doce semanas. En los países que hay aborto legal por plazos además de por causales hay un porcentaje importante que de todas maneras no se puede resolver antes de las doce semanas.
Valeria Isla: El Presidente mencionó que, justo antes de arrancar la pandemia, ya estaba listo el proyecto para enviarlo a las cámaras. Pensamos que este es un buen año, quizá cuando pase un poco este momento más crítico de la pandemia. Están dadas las condiciones y en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva estamos trabajando fuertemente para apoyar a los servicios de salud en el acceso a la interrupción legal del embarazo, que es condición para que una vez que se apruebe la ley poder trabajar con todos los equipos de salud para garantizar el acceso. Tenemos la expectativa de que este año podamos cumplir con el objetivo planteado de la aprobación de la ley.
Que así sea.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.
Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.
A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero
A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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