CABA
Aguas turbias. Hidrovía: lo que está en juego en el río Paraná

MU en Rosario. Trabajadores, vecinos, pescadores e investigadores hablan acerca de qué pasa en las aguas donde se juega gran parte del destino económico del país. ¿Qué es el Paraná: hidrovía o río? De las promesas de retomar el control a la continuidad privatista, vigente desde el menemismo. Volúmenes y enigmas que fluyen. La impactante falta de controles. El gran ausente en el debate: el factor socioambiental. La experiencia en el lugar donde se ven al desnudo la pobreza y la concentración económica, lo legal y lo ilegal. Por Francisco Pandolfi.

Esta nota forma parte de la edición 159 de MU que hicimos gracias a nuestrxs suscriptorxs. #HaceteCómplice acá para seguir bancando el periodismo sin patrón.
La lancha va hacia el norte. A la izquierda, en el Gran Rosario, se erige el nodo agroexportador más importante del mundo; puertos, esqueletos, torres y grúas gigantes que solo pueden verse desde el río, por donde salen la soja, el trigo, la carne, el oro, la plata y todo lo que conocemos y muchas veces desconocemos. A la derecha se ven los humedales, la naturaleza que fue puesta en llamas para favorecer negocios y negociados. Recorrer el Paraná en esta zona, sus entrañas, su cielo abierto, es tan informativo como navegar sus lados ocultos. Allí quedan al desnudo la pobreza y la riqueza: puertos privados, sin controles estatales por donde escapan millones de dólares por año, por día, junto a asentamientos precarios donde la comida y el agua son bienes –o derechos– a veces invisibles.
Puede verse también cómo desde una planta como la de Celulosa Argentina, en Capitán Bermúdez, cuelga un caño por el cual sale a raudales un agua pastosa que de incolora no tiene nada, y cae al río.
Quedan visibles kilómetros y kilómetros de costa privada, repleta de clubes y guarderías náuticas. Uno tras otro interrumpidos, muy de vez en cuando, por algún puerto, también privado.
Estas son algunas de las imágenes que deja la recorrida por este tramo del río más importante del país, sujeto de un debate sobre el presente y el destino en tiempos en que muchos no quieren que se hable del río, sino de la hidrovía.
El Paraná es una de las venas abiertas de la Argentina. Algunas cifras: por esta vía fluyen el 75% de las exportaciones nacionales y el 95% de las importaciones; la atraviesan alrededor de 4.600 embarcaciones al año (98% de bandera extranjera) que trasladan unos 125 millones de toneladas de producción industrial y agropecuaria. Las exportaciones argentinas son, oficialmente, de unos 65.000 millones de dólares anuales, pero una investigadora como Alcira Argumedo (fallecida este mayo) calculó en marzo pasado: “Según nuestras estimaciones el contrabando de exportaciones de mineras, agro-industria, carnes, pesca, combustibles y otros ronda los U$S 30.000 millones por año”. La cifra exacta de cuánta riqueza pasa por la hidrovía es otro enigma sobre el cual no hay control ni precisiones. Según la página del Ministerio de Transporte Nacional, “el Estado percibe solo el 0.5% del total del peaje por tramo”. La palabra “solo” tal vez refleja el estado del Estado.
Estatización pero no tanto
Como parte de las cataratas privatizadoras que caracterizaron al gobierno de Carlos Menem, el 1º de mayo de 1995 no hubo demasiado que festejar: comenzó a regir la concesión adjudicada a la compañía Hidrovía S.A., fusión de la empresa belga Jan De Nul y su par argentina Emepa S.A., para el cobro de peajes y la realización del dragado (trabajo sobre el fondo del lecho para que pase un buque), balizamiento (marcación donde pasa cada barco), modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal.
El contrato era por 10 años, pero en 1997 lo extendieron a 18 y quedó sellado hasta 2013. Hubo más neoliberalismo: el Estado argentino subsidió a la empresa con 40 millones de dólares anuales.
El 21 de enero de 2010 la compañía obtuvo mediante un decreto firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández la prórroga de la concesión hasta el 30 de abril de 2021, fecha en la que recientemente se volvió a prorrogar por 90 días en medio de una marcada interna gubernamental, una presión de diversos sectores sociales por un mayor control estatal y una coacción de multinacionales para que sigan reinando sus intereses como ocurre desde hace 26 años. Mientras tanto, continúa usufructuando la hidrovía Emepa S.A., cuyo titular es Gabriel Romero, quien en la causa judicial conocida como de los “Cuadernos” confesó haber pagado 600 mil dólares en sobornos para que la concesión fuese prorrogada.
Más acá, el 28 de agosto de 2020, en el Puerto General San Martín, Santa Fe, el presidente Alberto Fernández festejó el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, mediante el cual el Estado comenzaría a administrar la vía navegable junto a las siete provincias costeras: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires. Se creó la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, empresa cuya participación es del 51% del Estado Nacional y un 49% dividido en los siete distritos. ¿El objetivo? La administración, el control y la realización de obras complementarias y accesorias a la hidrovía.
Sin embargo, el anuncio que presagiaba la estatización quedó pulverizado tres meses después, cuando el 26 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial el decreto 949 con el llamado a licitación pública “nacional e internacional”. Carlos del Frade, escritor, periodista y diputado del Frente Social y Popular por Santa Fe, le dice a MU: “Con la hidrovía está ocurriendo lo mismo que pasó con Vicentín. El Gobierno había avanzado para la expropiación y retrocedió. En este caso habló de una empresa federal, expresó que las provincias serían propietarias de la hidrovía y eso ya no existe”. Coincide Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y referente del Movimiento Arraigo: “El decreto 949 es una marcha atrás; el fantasma de Vicentín está palpable porque la vinculación es evidente: Vicentín era uno de los principales usuarios de la hidrovía mientras estuvo en actividad”.
El 23 de abril pasado, siete días antes de que culminara la concesión, en un accidente de tránsito falleció Mario Meoni, hasta entonces Ministro de Transporte; su lugar lo ocupa Alexis Guerrera, también del Frente Renovador de Sergio Massa. La visión en cuanto al Paraná parece ser la misma que la de su antecesor: afirma que el Estado no está en condiciones de hacerse cargo del dragado, balizamiento y mantenimiento “ni en 90 días, ni en un año y medio, ni en dos”.
No acuerdan con el ministro María Rosa Carreño y Griselda Gianni, trabajadoras desde hace 40 y 37 años respectivamente, de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, organismo que hoy depende de Transporte y que, previo a la privatización, se encargaba del dragado y balizamiento: “La empresa privada está dragando con nuestras dragas y balizando con personal que era nuestro, ¿cómo no va a poder hacerse cargo el Estado? Falta voluntad política y decisión”, argumenta Griselda. “Solo falta mayor cantidad de personal porque nos desmantelaron”, suma María Rosa.
Desorganización organizada
Antes de 1995, Vías Navegables formaba parte del Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, hasta que las construcciones portuarias dejaron de ser tarea del Estado para darles paso a las privatizaciones portuarias. “Al concesionarse nos cortaron los brazos y las piernas; solo hacemos los relevamientos del río, el estudio que verifica la demarcación y dónde van las boyas, pero nos desguazaron: ni embarcaciones tenemos”, cuenta Griselda, que sentencia: “Nuestro edificio en el puerto ni agua potable tiene. En el gobierno de Macri nos cortaron hasta las horas extras, mi sueldo es de 33 mil pesos, ni antigüedad nos pagan. Si hay otra concesión, chau, Vías Navegables termina hundida”. María Rosa aporta otra arista: “Además del peaje, el Estado dejó de cobrar el canon por la extracción de arena”. En los 80, trabajaban 325 personas en el organismo; hoy, solo 55.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) corrió una (mala) suerte similar. Carlos Preiti vivió ese viraje. Trabajó allí 41 años y durante 12 fue responsable técnico de la ex Unidad de Gestión Ambiental (Santa Fe): “El Estado se fue desorganizando alrededor de algo que estuvo muy bien organizado: la planificación del extractivismo. Teníamos altos estándares muy altos para el mercado externo e interno, pero desaparecieron con Menem. Desde entonces los dueños de las empresas firman una declaración en la que juran que cumplen con todo, y con eso ya elaboran, faenan, crían, casi sin ninguna inspección”.
Víctor de Girolamo es delegado actual del SENASA Rosario, donde trabaja hace 18 años: “Se cuida mucho lo que se exporta pero no lo que llega a la mesa de los argentinos; se hace con menos calidad y controles. Si bien con quien peor estuvimos fue con Macri, a medida que pasan los gobiernos perdemos funciones como ente controlador; cada vez nos falta más gente por despidos, jubilaciones, fallecimientos y no se repone”. Los puertos privados se multiplican, los frigoríficos se amplían, pero los operarios del SENASA se reducen. Lo describe Víctor: “Mínimo tendríamos que ser 8.500 trabajadores en el país; sin embargo, cada vez somos menos: en 2017 el macrismo echó a 338 personas. Éramos 6.600 y hoy seremos 6.000, de los cuales solo el 20% es planta permanente y el 80% somos contratados”.

Des-control
El 2 de septiembre de 1996 se dispuso la creación de un órgano de control dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Transporte de Larga Distancia, pero nunca se materializó. Un tiro en los pies a sí mismo del Estado, que evitó fiscalizar qué pasaba por las aguas del segundo río más largo de Sudamérica, después del Amazonas. “Lograron que las empresas hicieran lo que quisieran. En ese entonces era funcionario, con ingreso irrestricto a frigoríficos y puertos, pero a partir de ese momento tuve que esperar que me autorizaran a entrar. ¡Hasta amenazamos ingresar con un escribano! Los puertos privados son como embajadas: tienen reglas propias”, asegura Preiti.
El SENASA también verificaba que los residuos portados por las embarcaciones tuvieran el tratamiento indicado: “Los barcos son una fábrica andando que producen basura orgánica e inorgánica, pero la gestión pasada nos sacó ese control y se lo dio a Prefectura, que no lo llevó a cabo pese a ser de las tareas más importantes porque desechan la basura en el agua”, sigue Víctor de Girolamo. “Deberíamos ejercer un control estatal con poder de policía sanitario que muchas veces no hacemos. Como no tenemos gente propia, capacitamos a personal de la empresa, que termina autocontrolándose. Hace 15, 20 años que el Estado no controla prácticamente nada; es como poner al lobo a cuidar el gallinero”. ¿Cómo funciona actualmente? “La gestión de Macri les dio el poder a las exportadoras, retirando controles muy importantes. El perito, quien debe aprobar lo que se carga, ya no sube más a todos los buques porque el gobierno anterior generó una matriz de riesgo y solo subimos a un 20% de los que pasan por nuestros muelles”.
Desde el río, la falta de controles aparece a simple vista. El club náutico Remeros, como lo hicieron antes tantos otros y lo harán en un futuro tantos más, agranda la caleta donde estacionan los veleros; el espigón de hormigón se amplía y el río es destinatario de los escombros levantados por esa máquina excavadora que se mueve de un lado al otro. Al lado, justo donde emergen alambres sueltos, se sitúa la playa pública, un escueto paréntesis entre entidades privadas.
Daniela Montagnini es ingeniera hidráulica y participa del Foro por la Recuperación del Paraná. Dice a MU: “El río es un recurso natural estratégico. Por sus características únicas en el territorio nacional, la cantidad de especies de flora y fauna que sustenta, así como de poblaciones humanas asentadas en sus márgenes, su administración, control y mantenimiento no deberían entregarse a manos privadas, ni nacionales ni extranjeras”. Profundiza: “Se dejaron de realizar mediciones periódicas de la condición morfológica del cauce, de las islas y de los cursos secundarios del río Paraná. No se midieron caudales en condición de crecida o estiaje en la totalidad de las estaciones –que antiguamente lo hacían– por la reducción de personal capacitado y falta de inversión en equipamiento técnico específico, flota de embarcaciones livianas y sistemas de medición automática”. Daniela, como el Estado, carece de información: “No es posible acceder a informes producidos por el consorcio Jan De Nul-Emepa; si los hubiera, no son de acceso público”.
Jorge Bártoli, referente de la organización El Paraná no se toca, suscribe: “La hidrovía ha tenido efectos ambientales muy poco evaluados, como la erosión de sus costas, la modificación del curso natural, las modificaciones sobre niveles históricos de la altura en el río”. Y analiza: “No se puede avanzar en un proceso licitatorio transparente sin que haya un estudio ambiental adecuado y en estos años no lo hubo. El principal dato es que faltan datos”. Sobre esto focaliza Luciano Orellano, autor de Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná, libro imprescindible para entender la historia y el presente: “Lo único que está claro es lo que el Estado le subsidió a Hidrovía S.A. hasta 2001-2002. El Estado argentino carece de una base de datos; la información que tiene fue suministrada por la empresa”.
Antonio Yapur, presidente de la Coordinadora de la Costa santafesina e integrante del Foro por la Recuperación del Paraná, sostiene: “El Estado debe controlar pues está comprobado que los puertos privados son cómplices de la evasión en las exportaciones estimadas en un 20 % del total”.
Ambiente caldeado
En la página del Ministerio de Transporte hay un apartado titulado “Desafíos de la nueva obra”, en el cual se consigna: “La nueva concesión debería revertir los motivos que generan la pérdida de tiempo y congestión en el tráfico actualmente”. Para eso, exhorta a “la existencia de mayor profundidad para adaptar la vía navegable a los nuevos tipos de embarcaciones que permita navegar con mayores calados”. No se mencionan los desafíos ambientales, ni el modo en que esa mayor profundidad afectaría al río. El tema ni figura. No resulta un “desafío”.
“Hoy navegan los barcos Panamax (diseñados para ajustarse a las dimensiones permitidas del canal de Panamá). Pero ya existen los post o gran Panamax, más grandes que los actuales. El mercado de exportación granaria requiere buques de mayor calado y para eso se necesita ampliar el dragado”, comenta Bártoli. “Estamos ante la amenaza de un desastre ambiental por carecer de un estudio de impacto ambiental serio. No puede prevalecer la mirada productivista, por eso decimos que el Paraná no es una hidrovía, sino un río, un curso de agua de mucha importancia para la vida humana; de una biodiversidad invalorable que buscan transformar en un zanjón para que vayan y vengan barcos. Está claro que el medio ambiente es el gran ausente en la discusión”.
La Multisectorial Humedales nació en agosto del año pasado tras las quemas de 300 mil hectáreas en el Delta del Paraná. Está conformada por vecinas y vecinos autoconvocados y movimientos socio-ambientales. Siete de sus activistas dialogan con MU. Rodolfo: “Si el río se profundiza en base a la misma agua, hay agua que llenará donde antes había tierra, lo que genera que haya menos agua en los costados y, por ende, se sequen las lagunas y los arroyos. Esto coincide con la pampeanización de la isla, en un ecosistema que no es la Pampa”. Lisandro: “Estos proyectos destruyen a 30 años, sin embargo no hubo ni una consulta popular. La intención de volver a privatizar la concesión completa un círculo, porque a barcos más grandes, más necesidad de dragado. A eso se le suma la construcción de terraplenes por parte de terratenientes para extender la frontera agrícola ganadera, cerrando el círculo de destrucción”. Anabel: “El río es un sujeto de derecho, tiene un valor independiente de la productividad humana; en su entorno viven un montón de ecosistemas que debemos conservar porque si no se seguirá prendiendo fuego todo”.
Continúa Antonela: “Al pensar la hidrovía con una visión economicista, se olvidan de las leyes y acuerdos consagrados, como las convenciones del Cambio Climático y RAMSAR; la Ley General del Ambiente; el Acuerdo de Escazú firmado recientemente por el Gobierno Nacional. Si no se tienen en cuenta, se vulneran los derechos del ambiente así como de los seres humanos; por eso decimos que somos ‘cuidadanos’ y nos parece fundamental que se modifique el Código Penal para incorporar los delitos ambientales”. Andrés: “Para que las leyes dejen de ser una puesta en escena, es clave la ciudadanía presionando a los gobiernos”. Magalí: “Les molesta la participación ciudadana porque en la ilegalidad suceden muchos negocios; mientras, en los barcos extranjeros ya se están llevando nuestra agua potable”. Estefanía: “Nos quieren vender espejitos de colores prometiendo que las empresas traerán trabajo, cuando el cordón industrial no solo está contaminado sino lleno de desocupados; estos proyectos no son inclusivos, son invasivos”.
La resistencia a una nueva privatización se huele en las calles y también en las redes sociales. Las organizaciones multiplican su defensa a un medio ambiente dejado de lado. Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, Carlos Manessi alza la voz: “El río está contaminado por agrotóxicos, desechos industriales, aguas servidas provenientes de los sistemas cloacales y de pozo. Que haya bajado su caudal en los últimos años producto del cambio climático, potencia la contaminación por agrotóxicos debido a que la mayo parte de la soja producida en América del Sur está instalada en las regiones de influencia del Paraná”. Y culmina: “Al río lo estamos desconociendo pensándolo solo como vena económica… y cuando terminemos de destruirlo, otra historia será la de este país”.
Los dólares y el trueque
El sureste de Rosario tiene prohibida la vista al río. Kilómetros de rejas negras resguardan terminales portuarias, areneras, industrias, frigoríficos. No es casualidad que en las barrancas que dan al río se emplace una serie de asentamientos humildes. La Sexta (a punto de ser desalojado para la ampliación de la Ciudad Universitaria), Tablada, Villa Manuelita, La Planchada, Mangrullo y Saladillo son los barrios empobrecidos en toda la margen sureste, que miran cómo se van las riquezas, barquito a barquito, y ni migajas quedan. Carlos del Frade es terminante: “El caso Santa Fe sintetiza el drama. El año pasado, por los 700 kilómetros de costa pasaron 21 mil millones de dólares de exportaciones por las cinco aduanas. No le quedó un peso a la provincia por una modificación de la Constitución Nacional durante la Guerra del Paraguay en 1866 y que el menemismo retomó como argumento para los pactos fiscales, desde 1991 en adelante”.
Aquel cambio deja a los distritos sin posibilidad de cobrar impuestos a las exportaciones que tengan como origen sus territorios. Mientras tanto, se multiplican nuestras penas en las provincias costeras: en Rosario, donde el 20% de las personas recibe asistencia alimentaria del Estado, hay 506 mil personas bajo la línea de la pobreza y en Santa Fe capital, 212 mil; en Chaco, el 66% de los menores de edad son pobres. Corrientes tiene un 42,9% de su población en la pobreza; Misiones, 37.7%, Formosa un 36,4%; Buenos Aires un 51%.
En Tablada, a metros del puerto rosarino, se erige el Bachillerato Popular de Gestión Social de Ciudad Futura. De allí egresaron Estela y Wanda. Las acompaña Corina, vecina que ayuda en lo que haga falta. Los barrios populares siempre tuvieron, tienen y tendrán voces, tan potentes como subestimadas. Denuncia Wanda: “Lo único que nos queda del puerto son las enfermedades. Nos llenan de pelusitas, cáscaras desprendidas de los cereales que afectan las vías respiratorias”. Y agrega: “Sufrimos el humo, el olor a quemado y convivir con roedores”.
Estela, tras haber terminado el Bachi, decidió ser docente y hoy da clases de Ciencias Sociales. Entonces, enseña: “A la contaminación del suelo y del agua, se suma que en parte del barrio no hay cloacas. Las empresas poceras descargan directamente al río; esto es terrible”. Sobre la pobreza, detalla: “Volvió el trueque y hay muchos ‘roperitos’ con venta de ropa usada. Es muy triste la situación; tendríamos que organizarnos por otras cosas, no para que la gente coma”. Corina la complementa: “Ya no sabemos qué hacer; hay un montón de vecinos que abren comedores para tener la comida asegurada”.
En el asentamiento Los Pumitas, en el barrio Empalme Granero al noroeste de Rosario, vive Edgardo Orellano. Es pescador. Y como todo pescador tiene voz, aunque no se la escuche al discutir la hidrovía: “En Santa Fe somos 5.000 pescadores, todos trabajando en negro mientras los frigoríficos exportan en dólares. ¿Cómo justifican la compra? ¿Quién los fiscaliza? ¿Llueven pescados dentro de las empresas, como decía la Biblia? Se autocontrolan, entonces cuando la AFIP los revisa… pobrecitos, tuvieron pérdidas, ¡no pagan ganancias y están exentas de ingresos brutos, es un negocio redondo! El Estado debe tener el control, no solo por lo económico y lo ambiental, también porque entra y sale el contrabando de mercadería, de personas y de drogas”.
Lo ilegal
Edgardo es papá de Carlos, “Bocacha”, como lo apodaban. “A mi hijo lo mataron en Ming, confitería bailable que era un puerto de droga. De noche pasaban delante de Prefectura a dejar ‘mercadería’; tenemos un audio, presentado en la justicia, en el que el abogado le dice al dueño ‘sacá eso de ahí, poné todo en caja de vinos’. Como ese ejemplo hay un montón: traen droga por el río, pero al ser todo privado hacen lo que quieren”.
Bocacha fue a bailar a Ming River House la madrugada del 24 de febrero de 2020 y su cuerpo apareció flotando en el Paraná dos días después. “Todos sabemos lo que pasa, pero no podemos creer que sea tan evidente. Quieren sacar del río al pescador porque nosotros vemos lo que pasa las 24 horas, en medio del silencio y la oscuridad, como cuando va una lancha a buscar algún paquete que se ‘cayó’ de algún barco…”.
Del Frade es una de las personas que más ha investigado el tema desde el periodismo: “Discutir la hidrovía es discutir el narcotráfico, porque desde 1978 es una de las principales vías de acceso. Desde acá salen los contenedores a Europa como quedó demostrado con las 16 toneladas de cocaína que en marzo se descubrieron en Alemania”. Y completa: “El 24 de abril se cumplieron 43 años del primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llegó desde la zona franca de Bolivia a Rosario. Son maniobras que se hacen desde los nichos corruptos del Estado a partir de que vino Emilio Massera a legitimar y avalar estas dinámicas. Es uno de los negocios principales de la hidrovía, sin control porque no está permitido investigar los cargamentos cuando los barcos están en circulación. En la hidrovía están en juego dos riquezas: la legal y la ilegal”.
90 días
«Nadie está pensando prorrogar la concesión”. Las palabras de Alberto Fernández parecen haber quedado en el olvido, igual que la conformación de la Sociedad del Estado impulsada en agosto de 2020. Primero el decreto 949 y luego la prórroga concesionaria diluyeron los dichos del presidente, así como los augurios de estatización. Al cierre de esta edición, el pedido de MU para entrevistar al ministro Guerrera no había sido respondido.
Los pliegos para la licitación “nacional e internacional” se encuentran en proceso de diseño y elaboración, a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Transitoria Hidrovía, que asesora al Ministerio de Transporte. Presentados los pliegos, se recibirán las ofertas en el lapso de 180 días, que analizará la Comisión Evaluadora cuya composición aún se encuentra en instancia de selección.
Así como sucedieron los hechos, queda al descubierto la inacción gubernamental en los 17 meses de gestión: “Hubo una estrategia del Ministerio de Transporte de no hacer nada, para que llegara el 30 de abril y prorrogar la concesión”, asegura Pedro Peretti, que mira al futuro: “Tenemos 90 días para seguir peleando que se construya una empresa estatal. Hay tres requisitos indispensables para lograr soberanía: que el peaje lo cobre el Estado, que las dragas se construyan en Argentina y que se haga el Canal Magdalena para que no haga falta salir del país para exportar nuestra mercadería. No hay obstáculo que nos lo impida”.
Del Frade proclama: “Estos 90 días deben servir para democratizar la información, generar conciencia y conseguir mayoría política para impulsar la reactivación del protagonismo del Estado, con el fin de que la mayor parte de la riqueza le quede al pueblo argentino, quien la ha parido. Para eso, es vital dejar de tener un Estado bobo, cómplice y espectador de los negocios de las multinacionales”. Y añade: “No podemos repetir el esquema capitalista, en que las inquilinas ponen condiciones al propietario. Es un tema de decisión política y me parece que no da para especular tener 19 millones de personas en la pobreza”.
Desde el 1º de mayo de 1995 hasta el 30 de abril de 2021 pasaron 25 años, 11 meses y 29 días de concesión privada de las vías navegables del río Paraná. Precisamente 9.496 días en los que se llevaron las riquezas y ha quedado la pobreza. El gobierno nacional, para revertirlo, no tiene en sus manos mucho más que una posibilidad. Y 19 millones de urgencias.
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
CABA
La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
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