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Aislamiento y violencia machista, parte I. En la justicia: cuarentena violenta

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En lo que va del año, al menos 102 mujeres y personas trans fueron asesinadas. La mayoría de ellas, por sus parejas. Acá la primera parte del especial Aislamiento y violencia: la radiografía de la justicia.

Ilustración: Magalí Araya Villalba.

Por lavaca.dream.press y Lucrecia Raimondi

3 de abril. Maira Alejandra Sarmiento, 22 años, es asesinada a puñaladas delante de sus hijos por su ex pareja Luis Edmundo Martínez, 55 años, en Villa Mariano Moreno, Tucumán. Venía escapando de su agresor desde hacía meses. Encontró refugio en la casa de Cecilia, su cuñada y amiga, en el barrio Las Talitas al norte de San Miguel de Tucumán. No buscaba aislamiento por la pandemia de coronavirus: escapaba de la violencia.

En una llamada que Alejandra grabó, él le anunció que la quería a matar. Ella le dijo que no lo amaba, que no quería saber nada con él, que pensara en las hijas, que la deje tranquila. Pero Martínez insistía: “Yo te voy a matar porque yo te amo. Te voy a matar y me mato con vos”, le dijo por teléfono. Alejandra fue con el audio a la comisaría de El Colmenar para hacer la denuncia. La periodista tucumana Mariana Romero reconstruyó en su cuenta de Twitter la desidia: “Con el audio, se fue a la comisaría de El Colmenar. Le dijeron que le correspondía la comisaría de Villa Mariano Moreno, así que se fue para allá. Cuando llegó, le dijeron que le correspondía la comisaría de El Colmenar. Volvió. Le dijeron que le correspondía la de la Villa. Se hartó. Hizo que le tomen la denuncia y, cuando ella la fue a firmar, se dio cuenta de que no habían puesto el nombre del agresor. «Pucha se me pasó», cuenta su amiga Cecilia que les dijo el oficial, así que la tuvo que imprimir de nuevo. No quisieron escuchar los audios. Le dijeron que ahora tenía que ir a lo que llamamos la Comisaría de la Mujer. Pero, cuenta Cecilia, casi no había personal y le dijeron que cuando terminara la cuarentena la iban a hacer que haga «tratamiento psicológico». Alejandra les dijo que más que tratamiento psicológico lo que necesitaba era custodia, pero le respondieron que eso lo tenía que ordenar «tribunales».

En los 5 días que le quedaban de vida, ella nunca supo si su causa llegó a Tribunales. La mañana del 3 de abril Martínez quebró el aislamiento obligatorio por coronavirus, volvió a Las Talitas y esperó a que Cecilia abriera el portón de su casa para entrar la moto. El femicida la empujó y entró a la vivienda. Sacó a Alejandra de los pelos a la vereda, la arrinconó y la golpeó. La arrastró 20 metros y la hirió con una cuchilla de carnicero. Cecilia pidió ayuda a los gritos, solo una vecina se acercó. Lo apartaron de un golpe en la cabeza con un ladrillo. Pero se incorporó y volvió buscar a Alejandra para darle una puñalada en el pecho. Martínez fue detenido por un vecino policía que procedió después del ataque, con Alejandra muy mal herida. Murió en la vereda, a la vista de su hija de 5 años que salió de la casa y se horrorizó por encontrar a su madre desangrándose. La fiscal Adriana Giannoni imputó a Martínez por femicidio. Dos niñas pequeñas quedaron huérfanas.

El caso de Alejandra Sarmiento muestra las fisuras de un Estado que no sabe cómo actuar para proteger a una mujer en situación de violencia. Como le pasó también a Fátima Acevedo en Paraná, que denunció y las medidas que tomó el Estado no fueron suficientes para prevenir el asesinato en manos de su ex pareja. Las últimas estadísticas de la Defensoría del Pueblo de la Nación informaron que el 87 por ciento de los femicidios que se registraron en 2019 se cometieron en el hogar.

Fuerza mayor

La cuarentena agregó así un saldo sangriento de lo que va del 2020: 102 los femicidios y travesticidios confirmados: 87 mujeres y niñas, 3 asesinatos a travestis y otras 12 de esta comunidad LGBTTI fallecidas por el abandono del Estado.

Entre el 1 de marzo y el 7 de abril fueron halladas 29 mujeres y niñas víctimas de femicidio, según el relevamiento de organizaciones sociales y ONG a partir de noticias en los medios de comunicación o publicaciones en redes sociales. En los casos de travesticidios se suma otra dificultad: los medios de comunicación muchas veces no respetan sus identidades, además de que no todos salen publicados en las noticias, lo cual hace más difícil poder reconstruir la radiografía de la situación. El número al que llegó lavaca es a partir de un trabajo territorial de consulta a la comunidad trans que entiende la baja expectativa de vida como un travesticidio social. No hay datos oficiales actuales de estos crímenes.

Desde el 20 de marzo que empezó el aislamiento obligatorio por coronavirus fueron encontradas o asesinadas casi la mitad: 17 mujeres y niñas muertas por la violencia machista. De esos hallazgos, 13 mujeres y niñas fueron asesinadas durante el período de aislamiento. Algunas convivían con su agresor, otras fueron atacadas porque sus femicidas violaron la medida preventiva. Mientras lees esta nota la espantosa lista de femicidios y travesticidios posiblemente aumente.

“Esta cuarentena obliga a muchas mujeres a estar en sus casas junto a los agresores”, dice María Inés Benítez, del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán y de la Campaña Nacional Todas Somos Lucía, y explica que cada organización difundió el teléfono de alguna de sus integrantes a quien poder llamar para tener asesoramiento o acompañamiento en situaciones de violencia. María Inés es una de las que recibe llamados: en un solo día fueron tres las mujeres que se comunicaron con ella, y cuenta que en uno de los casos tuvieron que conseguir que intervenga un móvil policial. Resume así la emergencia: “Es preocupante. Más allá de que las organizaciones tratemos de suplir, los casos han aumentado muchísimo”. Fuentes judiciales revelaron a MU que los delitos contra la propiedad son prácticamente nulos. Mientras tanto, que las denuncias telefónicas por violencia machista se mantuvieron igual o aumentaron. En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires se detectaron un incremento en los casos: de 1 o 2 por día a 4 o 5 por día desde el 20 de marzo, fecha de inicio de la medida sanitaria. Otra de las fuentes judiciales agregó que considera que las medidas de protección que se están otorgando en este contexto se vuelven “endebles”.

A dieciséis días de que el Poder Ejecutivo Nacional decretase el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población con sus excepciones, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad dispuso en la Resolución 15/2020 que las salidas con fines de realizar las pertinentes denuncias por violencia serían permitidas para las mujeres y la comunidad LGBTTI. Ese mismo día se conoció la noticia de que el hombre que había acompañado a su cuñada a hacer una denuncia por violencia fue procesado por violar la cuarentena.

La única política pública nacional impulsada por este Ministerio en el período de aislamiento fue la iniciativa “barbijos rojos” que recibió duras críticas por no tener en cuenta que las mujeres quedaban expuestas frente a sus agresores y que las farmacias, además de no adherirse todas las federaciones que las nuclean dejando afuera a siete provincias y casi la mitad de los establecimiento de Capital, tampoco están capacitadas ni tienen la obligación de contener las demandas de auxilio. Sin contar que en muchísimos barrios a lo largo y ancho del país no hay farmacias cercanas.

Según Agustina Ciarletta, directora del espacio de la Mujer en la Legislatura porteña, el número de llamadas a la Línea 144 en la Ciudad se duplicó desde el inicio del aislamiento y explicó que el 43% son llamados de familiares y amigos de las víctimas. Cabe aclarar que las operadoras de esta línea no reciben denuncias, sino que brinda información, contención y asesoramiento a las personas que llaman. Pero frente a la situación actual de urgencia, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció hoy frente a la cámara de Diputados que en coordinación con el Ministerio de Mujeres y Géneros acordaron que todos los llamados recibidos por la línea 144 den aviso al 911 para atender las situaciones de emergencia. Además, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Fiscal firmaron el lunes un convenio de cooperación para agilizar las medidas de protección judiciales en período de aislamiento. También la ministra de Justicia, Marcela Losardo, anunció que reforzaron con un número de WhatsApp la Línea 137 de atención a víctimas de violencia familiar, que envía personal judicial para socorrer a las mujeres que llaman y las derivan a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para que hagan la denuncia penal.

La OVD, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, está abierta las 24 horas los siete días de la semana y recibe todas las consultas de manera presencial, pero ahora atiende con una guardia reducida. El promedio habitual de denuncias que llegan a completarse -el tiempo de espera suelen ser de varias horas y muchas se van sin hacer la denuncia- es de un mínimo de 40 y un máximo de 52 casos por día; estiman que aumentarán cuando pase la emergencia sanitaria.

Durante el aislamiento obligatorio la atención es con un personal reducido y el tiempo de la entrevista que solía ser de una hora y media o dos, en cuarentena es menor. Analía Monferrer, directora de la OVD, informó a MU que del 20 de marzo al mediodía de hoy registran que recibieron un total 91 casos. Durante el aislamiento obligatorio tuvieron su pico de atenciones el 2 de abril con 11 casos. De las mujeres que se acercaron a la OVD durante el aislamiento, 36 conviven con sus agresores y en otros casos que no convivían el agresor violó la cuarentena y la restricción emitida por el juzgado de familia; todavía les resta analizar la situación de 15 casos. Monferrer atribuye la disminución de consultas al contexto de aislamiento obligatorio, y a la dificultad de circulación, pese al decreto ministerial.

La excepción fue la Provincia, que tiene la mayor densidad demográfica de todo el país. Allí se registró la mayor cantidad de femicidios. Mediante el Decreto 178/2020 publicado el 31 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires se otorga al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual provincial la facultad para otorgar un subsidio que permita dar asistencia inmediata y acompañamiento a quienes estén en situación de violencia machista. El Fondo permanente especial de ayuda en la emergencia está destinado a afrontar gastos urgentes, de asistencia económica inmediata y en el lugar de los hechos, a las propias víctimas, sus familiares o las personas que acompañen la situación de crisis y emergencia.

“La pandemia nos colocó en un cono de excepcionalidad que transformó toda nuestra vida –dijo a MU Estela Díaz, a cargo de esa cartera- Veníamos planteando la estructuración de todo el Ministerio, los mecanismos para que esa transversalidad sea posible con municipios, organismos del Estado, con mesa interpoderes, y todo esto se puso ahora en función de la atención de la violencia. Es un subsidio que ayuda para la salida de la emergencia. Estamos impulsando el proceso, trabajando con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ayuda a la salida de esas situaciones, cuando necesitas irte, cuando tenes gastos porque saliste de tu casa, favorece la respuesta y se rinde por parte de los Municipios o mesas locales de manera muy simple, explicando el caso. Está pensado para casos urgentes”. El contexto en que se implementó la medida: “Estamos restableciendo las líneas de atención y estalla la cantidad de llamados en estos días”.

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Informe julio 2021 Observatorio Lucía Pérez

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Ni Una Más es posible

En los 212 días de este año la violencia patriarcal ha producido:

172 femicidios y transfemicidios: uno cada 29 horas.

138 infancias huérfanas: una cada 36 horas.

262 intentos de femicidios: uno cada 19 horas.

92 mujeres desaparecidas: una cada dos días y medio.

230 marchas exigiendo justicia: más de una por día.

En tanto, el Ministerio de las Mujeres sólo ha invertido el 26, 52% de los 6 mil millones que tiene de presupuesto, siendo los más postergados los programas dedicados a la atención integral de estas violencias que han sembrado -desde que se inició la actual gestión del Estado- 498 mujeres, travestis y trans asesinadas. Es esta urgencia la que exige que el Estado acelere el ritmo de ejecución de las políticas públicas necesarias para prevenir, contener y reparar estos crímenes.

Hoy, ahora, ya.

Porque cada femicidio es evitable es posible Ni Una Más.

www.observatorioluciaperez.org

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Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

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El ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano y más: las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia, la inacción del Estado frente a las víctimas que siguen en riesgo y amenazadas, y la voz de la Multisectorial de Mujeres que las acompaña y teje organización enfrentar la impunidad.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

«No queremos que Tucumán siga siendo el jardín de la impunidad», dicen las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de 5 denuncias de abusos y acosos sexuales a legisladores, ex gobernadores y funcionarios de diferentes niveles. La Multisectorial de Mujeres y el colectivo local Ni Una Menos, frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas, formaron en plena pandemia y aislamiento la Mesa contra los abusos del poder político, integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y políticas de la provincia.

Los casos comenzaron primero a circular por Whatsapp. Y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Esa intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta, el 11 de julio de este año, que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada en muchos casos gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales y al abogado Gustavo Morales que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip.

Lo que animó a otras mujeres a hablar fueron las masivas movilizaciones frente a las distintas formas de violencias. La denuncia por abuso sexual agravado al ex gobernador José Alperovich fue también otro puntapié.

El legislador Bussi

Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen: hace más de un año que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima, amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos pequeñas hijas.

Fueron las mujeres de la Multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía su ex pareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta 600 mil pesos: según denunció habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella.

“Bussi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar”, dice Vicky Disatnik, referente de la casa de las mujeres Norma Nassif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo, y tampoco ningún plan, ni Asignación Universal por Hijo, ni Plan Alimentar.

Milagro Mariona, del colectivo Ni una Menos de Tucumán explica a lavaca: “La víctima de Bussi tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir, y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad, y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y no se ha conseguido resolver la urgencia que tienen Lupe y también Ingrid”.

El intendente Najar

El Intendente de Las Talitas, Tucumán, Carlos Najar, también fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. Najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido: “Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir”, contó Ingrid en entrevista con TN.

El 24 de marzo de este año, Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó de cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó a la fuerza de la casa, yendo de su casa y dejando a la nena sola encerrada con llave: “Quedé en medio de la nada mirando por una ventana como lloraba mi hija. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias”, relata la joven que tuvo que romper el vidrio para encontrarse con su beba.

El juez Estofán

El juez de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de la Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad, que estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Además de rechazar la propuesta, Elvira denunció lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2019, y a partir de ese momento, comenzó a sufrir acoso laboral, por lo cual en septiembre de 2020 intentó hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema pero no le tomaron la denuncia.

El concejal Romano

Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y sin embargo, Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 km de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.

El defensor Navarro Dávila

Erika Juárez es otra de las denunciantes. “Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. Erika jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena: “El acoso comenzó en mayo de 2020″, le contó a Lorena en la entrevista.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda Erika en diálogo con Lorena.

Agregó luego para explicar la violenta relación: “Pasaban cosas insólitas, como por ejemplo subir la calefacción al máximo cuando llegaba abrigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así y todo se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.

“Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de la Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó”, le dijo Erika a Maciel.

El Jardín de la impunidad

“A nivel estatal, en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas», dice Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras Tendencia, otra de las integrantes de la Mesa. «El Gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas, como con Lupe que se gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado, y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización, o cuando las compañeras necesitan algo”.

Leonor Cruz, de la CTA Autónoma de Tucumán, suma: «Es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada “pro-vida”, que no estamos adheridos a la ESI y que para conseguir la Ley Micaela tuvimos que lucharla. Acá tenemos 6 chicas desaparecidas, y eso no se sabe.

Somos las organizaciones que junto con las familias salimos a denunciar y visibilizar esto. La provincia de Tucumán está atravesando hace varios años una cuestión de impunidad demasiado clara, y como Mesa venimos activando para terminar con el cerco y nacionalizar esta situación, poniendo en contexto lo que pasa acá”.

Milagro Mariona se refiere al rol clave que tienen las organizaciones para que las mujeres se animen a denunciar: “Somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas a gestionar subsidios para víctimas de violencia, o asistencia psicológica, y eso ha generado muchísimo trabajo. En los casos donde son víctimas del poder, para conseguir estas cosas hay muchas trabas, es muy costoso. La víctima de Alperovich no recibe ningún tipo de asistencia, y tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, sabiendo incluso desde el Estado que son personas mucho más vulnerables, que están muy expuestas, en riesgo”.

“En Tucumán hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara”, sentencia Cruz y ejemplifica: “Cuando fue denunciado, Alperovich se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza, nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Bussi, la Legislatura está callada y yo creo que se va a volver a postular como gobernador”.

Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y también integrante de la Mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista: “Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave, y lo que pasa con la composición del Poder Judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial, Tucumán tiene Fiscalía con perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera, o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar”.

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10ma carta de Familiares Sobrevivientes de Femicidios al Presidente: el frío afuera y adentro de la Rosada

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Como cada segundo miércoles del mes, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunió en Plaza de Mayo, actualizó el estado de las causas impunes de sus familiares, renovó los reclamos de justicia, por medidas urgentes y por una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. Las palabras de la familia de Luciana Sequeira, joven de 17 años asesinada en Santiago del Estero, junto a las de Luna Ortiz, Cecilia Basaldúa y Lucía Pérez. Lo que tienen en común los casos, de la impunidad a la lucha. La lista de los 153 femicidios y transfemicidios leídos hoy en la voz de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner; y la carta completa, entregada por décima vez.

“Seguimos viniendo. No nos cansaremos. Nos toca frío, agua. ¡Nos falta nieve! Todos los climas hemos pasado, y el Estado no escucha lo que estamos diciendo”.

En un nuevo encuentro de Familiares Sobrevivientes de femicidios, Marisa, la mamá de Luna Ortíz, encuentra esa síntesis entre el clima adentro y afuera de la Casa Rosada, que se dibuja sobre el fondo de estas cuatro familias que sentadas en Plaza de Mayo esperan ser atendidas.

La familia de Luna Ortíz.

La familia de Lucía Pérez.

La familia de Cecilia Basaldúa.

La familia de Luciana Sequeira, 17 años, asesinada recientemente en Santiago del Estero.

Y a través de ellas, de cientos de otras familias que comparten el grito de justicia por los femicidios, el pedido de medidas urgentes al Estado y encarnan la lucha como la única manera de que algo cambie.

Las cartas en juego

Hoy se entregó la décima carta al presidente Alberto Fernández. En ella, los familiares detallan los patrones de impunidad, revictimización y la máquina de violencia machista que se repiten en cada una de las causas, en los casos, en sus vidas. Debajo, la letra completa.

El 11 de mayo pasado, esta carta fue entregada también ante el Ministerio de Mujeres y Diversidades. “El 11 de mayo dejamos el mismo petitorio a la ministra”, aseguró hoy Marta Montero, mamá de Lucía Pérez. “Lejos de tener una respuesta tuvimos una negativa: el Ministerio de Mujeres de Nación no puede hacerse cargo de las pericias de nuestras hijas”.

Marta y, luego, Marisa, mamá de Luna Ortíz, contaron en detalle el problema que representa enfrentar los costos del proceso, y en particular el relacionado a los peritajes. Para Marisa, se trata de otra instancia de revictimización: “Que se deje revictimizar a las víctimas en lo que cuesta pagar un perito. Hoy le decimos a este Estado que vamos a venir días de lluvia y frío porque todos los días tenemos la ausencia. Y que no vamos a parar hasta tener verdadera justicia”, sintetizó luego de relatar el pedido urgente para que su caso sea considerado femicidio.

Marta Montero también hizo referencia a las inclementes condiciones del clima: “Gracias por estar haciendo el aguante con este frío”, se dirigió a las personas y medios (Télam, Radio 10, Radio Continental, IP Noticias, Canal de la Ciudad) que se acercaron al Encuentro. Y contextualizó: “A la humedad y el frío lo soportamos igual, pero no deberíamos estar acá. El presidente bien podría hacer la diferencia de recibirnos. Esta es la décima carta que le venimos a traer, con todo respeto”.

Daniel Basaldúa, papá Cecilia, estuvo presente como cada miércoles. Inició el encuentro de esta manera: “Estamos dando la lucha en los medios y en la calle, y eso es lo que no les gusta a la justicia patriarcal. Vamos a seguir en la lucha por todo el ocultamiento que hay en el caso de mi hija, y para que esto no siga pasando”.

Daniel se refiere a la causa que tiene detenido a un hombre que denuncian se trata de un “perejil”, mientras los verdaderos autores del femicidio seguirían libres en Capilla del Monte; un círculo de impunidad encabezado por la fiscal Paula Kelm. Susana Reyes, mamá de Cecilia, quien realizó su propia investigación ayudada por la comunidad de Capilla, puntualizó hoy en la Plaza de Mayo: “A los asesinos de mi hija los tenemos fichados, y andan libres. Eso tiene que frenarse. Nos gustaría nos escuche el gobernador de Córdoba”.

“Quieren hacer pasar que ella murió por Covid”

El Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se repite cada segundo miércoles del mes, y siempre contiene un nuevo condimento. Esta vez se acercó Yolanda, la joven hermana de Luciana Sequeira, quien falleció el 16 de junio luego de ser herida de muerte en un hotel alojamiento en Villa Atamisqui, Santiago del Estero. Durante el Encuentro, Yolanda se limitó a decir: “Pido justicia por mi hermana y que esto se esclarezca”.

Luego, en diálogo con lavaca profundizó sobre el caso que involucra a esferas del poder santiagueño, su ocultamiento e impunidad: “Ahora están tapando todo allá en Santiago. La autopsia no deja mucho lugar a duda: fue un femicidio, y están haciendo pasar que ella murió por Covid, y no es así”.

¿De qué sospechan?

Cuando mi mamá fue al hospital le dijeron que tenía una hemorragia por un corte que le habían hecho. Y en la autopsia dice que ella tuvo un desgarro. Y un desgarre y un corte es algo totalmente diferente. Ahora dicen que murió por una neumopatía, cuando nunca tuvimos un resultado positivo de Covid. El 15 la hisoparon y le dio negativo en el propio Hospital.

¿En la justicia figura que este cuadro está asociado al Covid?

Sí, asociada a un shock. Pero no es así: el cuerpo habla por sí mismo.

¿Por qué el ocultamiento?

Él es un hijo de policía, y para variar menor de edad. Pensamos que por eso está todo comprado allá; todo lo maneja el gobierno. El tipo este está metido con el gobierno, también.

¿Qué pasa en Santiago?

No se hace justicia, todo se tapa, no sale de Santiago. El caso de Luciana salió porque pudimos hablar con medios de acá de Buenos Aires, sino se quedaba allá.

¿Cómo se da vuelta la impunidad?

Saliendo a pedir justicia y a pedir ayuda, porque si te quedás callada no se hace justicia.


El sábado 17 a las 15 horas habrá una movilización en la plaza central de Villa Atamisqui, Santiago del Estero.

La larga lista

En las voces conmovedoras de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner estuvieron presentes los femicidios y transfemicidios de 2021. Una lectura y escucha prolongada en medio de Plaza de Mayo que permite dar dimensión no solo a la cantidad, sino a cada nombre y edad que encarna la cifra.

La lista completa, elaborada por el equipo del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez (http://observatorioluciaperez.org/), el primer padrón público y autogestivo:

Graciela Carolina Flores, 44 años

Elisa Robles, 36 años

Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años

Noelia Albornoz, 32 años

Bebé de Elisa Robles, 1 día

Gabriela Verónica Lencina, 43 años

Mariana Madonna, 63 años

María Florencia Ascaneo, 41 años

Jaqueline del Carmen Pino, 43 años

Yésica Celina Paredes, 22 años

Ana Astorga, 29 años

Alicia Moreno, 72 años

Anabella Viviana Olmos, 26 años

Nancy Villa, 14 años

Marcia Dominga Acuña, 16 años

Natalia Maldonado, 24 años

Felipa Correa, 39 años

Yésica Viviana Palma, 23 años

Karen Jazmín Ponce, 19 años

Jacinta Ester Acosta, 81 años

Cintia Edith Romero, 37 años

Carla Yanina Gomelsky, 39 años

Corina Soledad Irazu, 24 años

María José Villalón Escudero, 41 años

Ivana Soledad Juárez, 32 años

Margarita Mercedes Zárate, 28 años

Nilda Peano, 57 años

Rosa Gabriela Vallejos, 51 años

María Belén Montenegro, 23 años

Rocío Macarena Quesada, 28 años

Esther Mamani Canaviri, 35 años

Melina Laura Rojas Urbano, 20 años

Noelia Vanina Sánchez, 36 años

Milagros Orieta, 21 años

Teresa Silvana Leguizamón, 41 años

Melisa Moyano, 40 años

Liliana Beatriz Stefanatto, 45 años

Ángeles Castañares, 80 años

Noelia Vanessa Lobo Noble, 35 años

Carmen López de Vargas, 62 años

Úrsula Bahillo, 18 años

Florencia Figueroa, 23 años

Vanesa Carreño, 29 años

Rosita Marina Patagua, 46 años

Mirna Elizabeth Palma, 44 años

Silvia Raquel Rojas, 31 años

Silvina Rojas, 35 años

Emilse Stefanía Gajes, 25 años

Miriam Beatriz Farías, 45 años

Ivana Módica, 47 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 25 años

Verónica Escobar, 22 años

Lorena Alejandra Franco, 41 años

Florencia Cañete, 27 años

Guadalupe Curual, 21 años

Gabriela Alejandra Frasoli, 24 años

Estefany Escobar González, 33 años

Sol Acuña Bilbao, 24 años

Graciela Noemí Funes, 41 años

Katherine Saavedra, 22 años

Julia Hortensia Ríos, 42 años

Claudia Alejandra Casmuz, 29 años

Fabiola Pamela Ramírez, 22 años

Macarena Sol Blanco Domínguez, 28 años

Vanesa Vera, 35 años

Nora Emilce Moyano, 73 años

Noelia Almada, 33 años

Noelia Eliana Maidana, 22 años

Margarita Carrizo, 40 años

Angélica Soledad Cardozo, 36 años

Flavia Ortiz, 30 años

Fabiola Andrea Echenique, 30 años

Paola Mirna Leiva, 38 años

Carolina Beatriz Díaz, 31 años

Norma Alicia Miller, 61 años

María Dolores Barceló, 79 años

Miriam Emilce Sombo, 32 años

Viviana Olga Sagastizabal, 58 años

Marcela Analía Maydana, 44 años

Violeta Argentina Fernández, 70 años

Nancy Florentín Karen, 30 años

Débora Jesús de la Pasión Barros, 30 años

Priscila Arce, 16 años

Sofía Micaela Catán, 24 años

María José Gramajo, 23 años

Josefina Cruceño, 28 años

Dana Berenice, 7 meses

Abigail Carniel, 18 años

Adela Rodriguez, 46 años

Isabel Monzón, 45 años

Victoria Morena Nieva, 37 años

Daiana Aballay, 24 años

Mayerling Mariana Blanco Bravo, 25 años

Analía Maldonado, 40 años

Andrea Alejandra García, 45 años

Yanet Carolina Aleman, 25 años

Marisol Elizabeth Alcaraz Martínez, 35 años

Roxana Romina Olivera, 40 años

María Cristina Ancatén, 38 años

Gimena Islas, 14 años

Florencia Sandoval, 23 años

Cielo De Lucca, 23 años

Ester Del Valle Correa, 61 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 67 años

Gabriela Daiana Juárez, 23 años

Gilda Estefanía Klocker, 20 años

Mirta Cardozo, 59 años

Laura Nancy Rodríguez, 36 años

Patricia Arroyo, 53 años

Agostina Gisfman, 22 años

Felipe Sainz, 13 años

Ramona Adriana Luque, 63 años

Johana Paola Díaz, 26 años

Jésica Maribel Solís, 29 años

Aylin Carolina Reyes García, 33 años

Ayelén Elizabeth Jara Gutiérrez, 20 años

Laura Sánchez, 45 años

Zoe, hija de Laura Sánchez, 9 años

Johana Galdeano, 28 años

Antonella Díaz, 29 años

María José Fernández, 35 años

Victoria, 6 años

Sandra Marilin Carricaberri, 43 años

Mayra Bustos, 32 años

Santiago Cancinos, 14 años

Nancy Roxana Viano, 19 años

Lorena Beatriz Vique, 35 años

Rocío Milagros Rojas, 4 años

María Elena Caro, 73 años

Liliana Fernández, 22 años

Natalia Natividad Guamantes, 24 años

Mayra Guadalupe Flores, 27 años

Wanda Soraya de La Fuente, 29 años

Beatriz Teodora Aldecoa, 61 años

Luciana Sequeira, 17 años

Gabriela Nilvia Giménez, 22 años

Gloria Cristina Domínguez, 29 años

Lía Aguirre García, 32 años

Karen Gisele López, 25 años

María Ester Balbore, 61 años

Marcela Rota, 44 años

Nélida Susana Benítez, 45 años

Elsa Beatriz Gutiérrez, 51 años

La carta dirigida al Presidente

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

El petitorio entregado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad:

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