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Alerta BAUEN: la nueva amenaza
Un nuevo plazo judicial para la cooperativa que gestiona el Hotel Bauen pone más cerca la posibilidad de un desalojo. La jueza que lleva la causa les dio una semana para llegar a un acuerdo con la empresa. Frente a eso, los trabajadores anunciaron una serie de medidas que van desde elaborar una propuesta a la empresa Mercoteles S.A., hasta un plan de lucha. Recibieron el apoyo de cientos de organizaciones, movimientos, partidos políticos y otras cooperativas que reconocen en el Bauen un emblema de la recuperación y generación de fuentes de empleo frente a las crisis. La empresa que reclama la propiedad del edificio mantiene deudas con el Estado y goza de un beneficio crediticio otorgado en dictadura y perdonado por los sucesivos gobiernos. La contracara: la cooperativa decidió albergar estos años a otros proyectos como La Garganta Poderosa, la revista Cítrica, el almacén de economía social de el movimiento La Dignidad, la cooperativa teatral El descubridor, entre otros, que suman en total más de 200 trabajadorxs amenazadxs.
“Entramos en zona de tormenta”.
Las palabras de Federico Tonarelli, referente histórico del recuperado Hotel Bauen, sintetizan la instancia del litigio judicial que mantienen desde hace casi veinte años con la empresa Mercoteles S.A., de la familia Iurcovich, que llegó ayer martes a una instancia decisiva. En una audiencia en la que se vieron las caras las dos partes, la jueza Paula Hualde, del Juzgado Comercial nº 9, otorgó un plazo de una semana para llegar a un “acuerdo”.
¿Qué significa? Los trabajadores encienden la alarma, pero son prudentes: “Fuimos intimados a buscar acuerdo so pena de que continúe el expediente judicial que tiene firme una sentencia de desalojo”, resumen a lavaca.
Es decir: el desalojo no es la semana próxima, sino que en la misma causa en la que se tramita el desalojo, la jueza generó una instancia (¿la última?) más. “Si nosotros rechazamos la propuesta que nos hacen estos días, sabemos que nos exponemos a que la jueza nos notifique que tenemos que dejar el edificio. ¿Cuándo? No lo sabemos”.
Breve historia de una estafa
Ante el alerta, cientos de personas se acercaron al hotel de la Avenida Callao al 300 para escuchar la conferencia en la que el abogado de la cooperativa, Ataliva Dinani, la presidenta, María Eva Lossada, y el referente Federico Tonarelli contaron las malas nuevas.
Allí recordaron que la sentencia de desalojo se encuentra firme desde julio de 2007 por parte del mismo juzgado de primera instancia que tomó la causa tras la quiebra de la empresa Mercoteles en el 2001. Luego de esa decisión, hubieron distintas instancias judiciales cuyos trámites fueron permitiendo la gestión ininterrumpida de la cooperativa al día de hoy, que mantiene 130 trabajadores.
#ElBauenNoSeVa: más de 500 personas en la cena contra el desalojo
A pesar de que la Corte Suprema falló en contra de la cooperativa, en conferencia los trabajadores recuerdan que en 2016 una Ley sancionada en ambas cámaras planteó la expropiación del edificio a manos del Estado. Esa expropiación –dictaba el proyecto- sería abonada con los créditos impagos que el grupo Mercoteles S.A. mantiene con el Estado, a partir de un préstamo oficial obtenido en 1978, en plena dictadura militar. Esa deuda permanece impaga al día de hoy; según un cálculo judicial de 2016, el monto de esa deuda supera en 2 ó 3 veces el valor del edificio.
La historia de cómo la justicia le otorga la propiedad del edificio a un grupo empresario que jamás lo pagó puede sintetizar parte de la trama oscura de este país. “Pero ese no es el principal problema”, recuerda Federico Tonarelli. “El tema central es que el sujeto de esa causa no es Mercoteles S.A., sino Bauen S.A., otra empresa de la familia Iurcovich. Es decir, la forma de eludir la responsabilidad jurídica de estos grupos es mandar a la quiebra a una sociedad y crear otra. Y esa otra es la que compra el Bauen en la quiebra. La justicia es la que debe vincularlas. Esa es la única manera de terminar con la impunidad de estos grupos que representan la especulación financiera que fundió el país en los 90 y pretende volver a hacerlo ahora”.
Las dos causas se mantuvieron en paralelo y la que avanza –con cierta malicia en un año electoral- es la que pone contra la pared a los trabajadores. Tonarelli lo define así: “Estamos hablando de expertos en maniobras judiciales para hacerse de fondos públicos, estamos hablando de un empresariado parasitario del Estado, que ha tejido relaciones de todo tipo –jurídicas, políticas, sociales, personales- que les permiten manejar esto de una forma imposible para cualquiera de nosotros. Es muy simple y lo puede entender cualquiera: si vos debés la cuota de tu crédito hipotecario, te rematan el departamento, pero ellos pretenden que les perdonemos las deudas y le devolvamos algo que, a esta altura, es de todos. No sólo nuestro, de los trabajadores del Bauen: de todos”.
La Ley de expropiación soluciona(ba) la amenaza de desalojo: simplemente legalizaba la gestión de la cooperativa frente al hotel, lo que en la práctica ya viene pasando. Y no le otorgaba la propiedad a la cooperativa – lo cual circuló, también, con cierta malicia- sino que se la entregaba en comodato, una especie de alquiler.
Durante largos años el hotel funcionó sin leyes ni soluciones concretas por parte de la dirigencia política del entonces oficialismo kirchnerista. Pero se logró sancionar la Ley en Diputados y luego en Senadores la Ley de expropiación, vetada finalmente por el presidente Mauricio Macri en 2016. Tras el veto, la causa judicial volvió a flote. Y después de un 2017 y un 2018 de idas y venidas judiciales, finalmente el 28 de diciembre del año pasado la Corte Suprema rechazó las apelaciones finales de la cooperativa. “A partir de ese rechazo vuelve el expediente a la jueza de primera instancia que, como tiene firme la sentencia de desalojo desde 2007. Nos convoca a un acuerdo. En la breve audiencia de este martes nos comunica que nos otorga un plazo de 7 días hábiles a los efectos que las partes en conflicto intentemos un acuerdo”, cierra Tonarelli.
El complejo cooperativo
Cualquiera que pisó el hotel sabe que la consigna “el Bauen es de todos” no es una consigna. Cientos de actividades sociales, culturales, sindicales y de cualquier otra índole – desde reuniones de inmigrantes senegaleses hasta convenciones de tatuadores, pasando por la Asociación Argentina de Luthiers- llenan los pasillos, los auditorios y las piezas de este hotel que se ha convertido en un emblema del cooperativismo argentino.
Durante los últimos años, la cooperativa del Bauen se ha encargado además de cobijar en el edificio a otros proyectos: “Están en riesgo los puestos de trabajo de la cooperativa cultural El descubridor, de la revista Cítrica, de la cooperativa que hace La Garganta Poderosa, del área de distribución y comercialización del Movimiento La Dignidad”, enumera Tonarelli. “Al hablar del Bauen, nos referimos a un conjunto de al menos 200 trabajadores y trabajadoras en total”.
Esta trama de cooperativas y organizaciones sociales no solo se ve sino que se siente en la conferencia en la que el Bauen pide, y a su vez, manifiesta un apoyo transversal a los distintos colores políticos en pleno año electoral. “De ahora en más la solidaridad es con todos: estamos dispuestos a defender los puestos de trabajo de todos los trabajadores que estamos acá” plantearon ante la presencia de representantes de las dos CTA, la CGT, la asociación de teatros independientes, gremios de aceiteros, actores, bancarios y muchos otros. Así lo rubrica Eva, la presidenta de la Cooperativa Bauen: “Gracias a cada organización. Más allá de donde estén políticamente, sentimos que hay mucha gente defendiendo nuestros puestos de trabajo. Por eso una se siente invencible. No somos la única cooperativa que paga el gas, la luz, que nos cuesta. No nos dejen caer, lo único que les pido. Estén con nosotros y lleven esta lucha porque así como nosotros hay un montón de compañeros que pueden quedar sin trabajo si esto se cae. Sabemos lo que es levantarnos temprano con la lluvia, con el viento para tomarnos el colectivo: ellos no lo saben. Eso es lo que hace que no nos puedan desalojar. El Bauen no es de los trabajadores solamente: es de todos. Y al que no le gusta, se jode.
La instancia internacional
Frente a los malos anuncios, y después de dos recorridos completos en instancias judiciales nacionales, el equipo jurídico del Bauen preparó una serie de presentaciones que plantean el caso ante dos organismos internacionales. “También hemos vuelto a presentar nuevamente en el Congreso de Nación el proyecto de declaración de utilidad pública del Hotel, nada menos que el proyecto que fue Ley en 2016”, suma Tonarelli.
Lavaca dialogó con el abogado Ataliva Dinani para precisar las instancias del acuerdo urgente y conocer sobre las instancias que siguen fuera del país.
¿Qué iniciativa va a tomar la cooperativa en el acuerdo?
Nosotros le explicamos hoy a la jueza que lo que queremos preservar son las fuertes de trabajo. Es una necesidad laboral: no podemos aceptar cualquier tipo de acuerdo que implique quedar en la calle y no tener nada para llevar a las casas. Hace unos años hubo una propuesta que tenía que ver con seguir ele emprendimiento aunque sea en otro lado. Negar ese derecho es inadmisible. Espero que la justicia entienda que esta situación no es un capricho: hay una necesidad básica que es sostener las fuentes de trabajo. Todo lo que desarrolla el Bauen, toda la solidaridad que genera, los vínculos con la sociedad tienen que poder seguir desarrollándolos.
¿Cuál es la posición de la empresa?
Ellos piden que se atengan a la sentencia que ya está: el desalojo. La audiencia de hoy terminó con Iurcovich hijo diciendo que viaja a Brasil el viernes y que hasta ese día nos daba tiempo para hablar con él. Fue muy shockeante, porque fue lo mismo que sucedió en 2003 cuando los trabajadores se vieron ante la obligación de tomar este lugar para preservar las fuentes de trabajo: ese mismo ultimátum, pero de Iurcovich padre. En el plano jurídico nosotros hemos trabajado cada instancia que teníamos a nivel de derecho interno y ahora a nivel internacional.
¿Cómo es la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Ahora elevamos una denuncia a la Comisión que evaluará si amerita ser tratado el caso en la Corte Interamericana. Es una denuncia al Estado: nosotros decimos que, de favorecer a la familia Iurcovich nuevamente, se produce un incumplimiento del derecho a la justicia de los trabajadores – y una violación al derecho al trabajo. Es notoria la violación. Y el día de mañana (por hoy, miércoles 26) estará viajando a Perú José Schulman (de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre) para llevar una denuncia ante el relator de la ONU con respecto a la independencia de los magistrados. La idea es que los organismos internacionales tomen conocimiento de esta situación: lejos de ser un problema de 200 personas, es un problema de una visión social del Estado argentino respecto de sus ciudadanos.
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El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad
Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.
Por Lucas Pedulla
Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.
Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.
Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.
A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Del Hospital a la Plaza
La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.
La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:
“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.
Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.
Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.
Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.
Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.
Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.
Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.
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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
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