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Andalgalá sin paz social: política y minería aliadas nuevamente contra las leyes, el Aconquija y la voluntad de la comunidad

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La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, denunció que la minera Yamana Gold ingresó de forma ilegal maquinarias para empezar a operar en la zona del Nevado del Aconquija. Hace más de dos semanas que vecinas y vecinos mantienen bloqueos de ruta selectivos como medida de fuerza para visibilizar lo que lograron en 10 años de lucha y hoy no se está cumpliendo: una ordenanza municipal que prohíbe la actividad minera y una medida de amparo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin contar leyes como la de Glaciares, la de Medio Ambiente o instrumentos como la Constitución Nacional. Los movimientos del gobierno provincial para avanzar con el proyecto. Y el temor ante lo que está en juego.

Los camiones de la empresa minera con apoyo estatal y custodia de Gendarmería. De fondo y en peligro, las nieves y glaciares del Aconquija.

“Vecin@s es una realidad. El tiempo es hoy. Están subiendo a perforar nuestros cerros. Una postal muy triste, el Nevado del Aconquija amenazado hacia su extinción y con él, la nuestra”.

Con estas palabras, acompañada de las imágenes de los camiones gigantescos, la Asamblea El Algarrobo del departamento de Andalgalá, en Catamarca, comunicó a través de sus redes sociales que la minera Yamana Gold ingresó maquinarias a la zona del Nevado, la cordillera ubicada entre Catamarca y Tucumán, donde la empresa quiere explotar el proyecto Agua Rica, hoy reconvertido como Proyecto MARA, pese a la resistencia de la comunidad que desde 2010 defiende el agua y la vida frente al modelo extractivo.

“Lo que están haciendo es ilegal”, afirma a lavaca la docente Rosa Farías, integrante de la Asamblea, y explica que la empresa está violando dos resoluciones dictadas por la exsecretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) en 2009, que prohibía el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero, los dos accesos que la asamblea está bloqueando hace 18 días de forma selectiva. Es decir: sólo impide el paso a vehículos con trabajadores o maquinaria de la empresa, o a aquellos proveedores de insumos mineros.

“Pero ingresaron por otro camino, por el departamento de Belén. Tuvieron que hacer un rodeo 9 horas para poder realizarlo, custodiados por Gendarmería”, cuenta Farías.

El abogado Juan Figueroa, de la Comisión de Legales de la Asamblea, interpreta: “Hay una gran voluntad política de querer llevar la explotación a toda costa. Ya lo dijo el Gobierno provincial y también el nacional”.

Además de las resoluciones provinciales, en el distrito aún sigue vigente la ordenanza municipal 29/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”, informó la asamblea. En diciembre, la Corte de Justicia de la provincia declaró inconstitucional esa ordenanza, por lo que la asamblea apeló a un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que ya en 2016 había hecho lugar a un amparo en el que alertaba sobre el riesgo ambiental de la producción minera.

Pese a todo, los trabajos de perforación fueron habilitados por el gobierno catamarqueño (cabe recordar que, en plena pandemia, la megaminería fue declarada “actividad esencial” por el presidente Alberto Fernández), por lo que la asamblea denuncia: “Estos trabajos fueron autorizados irresponsablemente por el Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jalil, en un contexto de emergencia hídrica (declarada por el propio Gobierno de la provincia), poniendo en riesgo nuestra fuente de agua y vida”.

La advertencia ambiental de la Corte

La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 en Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 km de la capital provincial– tras una salvaje represión que dejó decenas de personas heridas y detenidas, entre ellas muchas mujeres, cuando intentaron impedir el ingreso de camiones de la minera Yamana Gold.

Desde entonces la resistencia al proyecto minero movilizó a toda la población, que presentó un amparo que se demoró seis años hasta la resolución de la Corte Suprema, luego de que vecinas y vecinos viajaron 20 horas hasta los Tribunales porteños e instalaron una carpa en la Plaza Lavalle, frente al tribunal, para exigir una respuesta.

En un fallo de 14 páginas, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte hizo lugar al amparo de la Asamblea y concluyó que el poder judicial catamarqueño no podía rechazar el recurso sin tener en cuenta los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán que alertaban el riesgo ambiental de la producción minera a cielo abierto con el uso de sustancias químicas altamente peligrosas. De ese informe –que consta en la sentencia– puede extraerse además que el proyecto puede generar riesgo de “avalanchas, derrumbes o deslizamientos que pueden afectar la ciudad de Andalgalá”, que “no están dadas las condiciones de seguridad suficientes”, por lo que “existe riesgo de contaminación de las aguas subterráneas”.

La Corte respaldó la postura de la Asamblea ante los jueces provinciales.

Textual: “La sentencia recurrida es equiparable a definitiva en tanto le ocasiona un perjuicio de tardía o muy dificultosa reparación ulterior, dado que mantiene en pie la amenaza de la instalación del emprendimiento destinado a la explotación minera, aprobado de manera irregular por la autoridad provincial”. Por ese motivo, el tribunal sostuvo: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. Es lo que en términos jurídicos se llama también “principio precautorio”.

La prohibición de la prohibición

Al volver a la provincia el amparo motivó que el juez provincial Rodolfo Cecenarro dictara una medida cautelar acorde al fallo, y que la Municipalidad aprobara la ordenanza que prohibía la actividad minera en el territorio. Esa ordenanza es la que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial el 23 de diciembre del año pasado, y por lo que los vecinos acudieron nuevamente a la Corte Suprema con un Recurso Extraordinario. “Fue casualmente meses después de que el gobierno ampliara de 5 a 7 los miembros de la Corte provincial”, contextualiza Farías, en referencia a lo que tantas veces son ficciones sobre la “independencia” del poder judicial.  

No fueron los únicos movimientos del gobierno para promover la actividad minera pese al rechazo. La abogada de la Asamblea. Mariana Katz, explica: “El año pasado hubo una pseudo consulta que generó mucha movilización en Andalgalá: en el marco de la pandemia, el gobierno puso a consulta un expediente que tenía 6 cuerpos con un total de 3.000 páginas de información técnica minera. Les dijo a los vecinos que tenían 15 minutos para revistar y llenar una planilla en la Oficina de Gestión Minera. Información muy específica y compleja. Tuvimos que recurrir a cinco especialistas diferentes a quienes les llevó un mes leer lo que pretendían que los vecinos leyeran en 15 minutos”.

Contra la Ley de Glaciares

En septiembre del año pasado el gobierno puso a disposición de lxs vecinxs un pendrive con documentación sobre exploración de 11 pozos y 2.700 huellas mineras. Katz: “Elevamos la información a los técnicos para que fuera analizada. Determinaron ilegalidades, por ejemplo, en tres de los puntos de perforación que solicitó la empresa y fueron autorizados por el gobierno. Uno de ellos es por fuera de la mensura del área. En otro yacimiento minero que es de uranio, y donde hay glaciares”. Recuérdese que en la Argentina existe una Ley que defiende los Glaciares. Continúa Katz: “Otro de los puntos está a 700 metros de otro glaciar reconocido por instituciones oficiales. Además de las irregularidades de las autorizaciones, está la Ley de Glaciares que prohíbe todo esto, pero el Gobierno quiere avanzar igual”.

Trampa política y trampa Covid

Otro de esos movimientos se produjo cuando el gobierno provincial modificó el Código de Procedimientos Mineros. “En uno de sus puntos contempla que la competencia para otorgar yacimientos ya no queda en manos del Juzgado de Minas, que había rechazado ya varios proyectos a la provincia, sino que ahora queda a disposición del Poder Ejecutivo”.

Con todos estos antecedentes, en enero comenzaron los primeros alertas sobre la posibilidad de ingreso de camiones ante el apoyo oficial a la actividad extractiva. Rosa Farías: “Es una desazón. Es como darte cuenta de que a pesar de expresar hace más de 10 años lo que significa el agua, ningún estamento del poder se hace eco de los pueblos y las comunidades. Simplemente te avasallan”.

Por todo esto, la abogada Mariana Katz relata: “Los vecinos están hablando de una tensa calma. Estamos preocupados por una situación similar a la del 15 de febrero del 2010, cuando ocurrió la represión. Hay un clima similar. Además, y aclaro que no desconozco los cuidados que debemos tener por la pandemia del Covid, pero hace dos días Andalgalá pasó de 3 casos a tener entre 40 y 50. Los vecinos sospechan. El intendente no sólo pidió insumos médicos, sino también que envíen más policía para controlar la circulación”.

El abogado Figueroa subraya que el rechazo social al extractivismo sigue intacto. “El poder político no se quiere hacer cargo de lo que significa el conflicto social en Andalgalá. Hay mucha gente que está poniendo el pecho frente a un gobierno que quiere hacer oídos sordos. Hace 11 años que estamos así”.

La asamblea continúa apegándose a la ley y a lo que determina la jurisprudencia existente: denuncian que el proyecto viola la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano. Por ese motivo, informa que los bloqueos (que comenzaron el 22 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua) continuarán. “Estas acciones demuestran que Andalgalá está de pie y que aquí no hay ni habrá paz ni licencia social mientras nuestro ambiente esté amenazado. Instamos a todas las asambleas socioambientales a defender nuestros territorios”.

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Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga: memoria contra la impunidad por un desaparecido en democracia

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A 14 años de la desaparición de Luciano Arruga (que tenía 16 años en aquel momento), la causa que investiga su muerte está congelada y los ocho policías implicados figuran apenas como testigos. En diálogo con lavaca la madre de Luciano recuerda algunas otras cosas: lo que no cierra alrededor del cuerpo que estuvo desaparecido 5 años y 8 meses, tras haberse negado a ser reclutado por la propia policía para robar. Las imágenes de la vida de adolescentes en territorios dominados por la trampa y la violencia de las instituciones. Las dudas sobre la teoría de que fue atropellado. La investigación a la propia familia, que tuvo los teléfonos pinchados. Las amenazas, la quema del auto a Vanesa, la hermana de Luciano. El hostigamiento a los amigos del joven que debieron mudarse del barrio. El silencio político, la complicidad judicial, y los límites de la defensa. El recuerdo de Luciano, su fanatismo por River, su generosidad para compartir comida con sus amigos: “Él me enseñó a ser mejor persona” dice Mónica. Este domingo desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde el adolescente fue torturado; Indart y San Martín, Lomas del Mirador), familiares y amigos organizan la tradicional jornada en recuerdo del joven de 16 años desaparecido por la Bonaerense: “Seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida”. Por Francisco Pandolfi.

Mónica Alegre el próximo 21 de agosto cumplirá 60 años. Siempre cumple, Mónica Alegre, que vive en la casa de su mamá, a quien cuida todos los días en la villa 12 de Octubre de Lomas del Mirador. El martes 31 de enero se cumplirá otro aniversario sin su hijo: 14 años de aquel 2009 cuando Luciano Arruga fue desaparecido por la Policía Bonaerense. Lo parió un 29 de febrero de 1992. Su Negrito tenía 16 años y estaba por festejar los 17. No lo dejaron.

Para Mónica la vida fue complicada mucho antes de la desaparición de Luciano. Junto a su familia, vivieron en la calle, en casillas, en un hotel. El papá de Luciano los abandonó cuando él tenía 5 años. Y Moni ahí, presente, estando, sosteniendo, pese a todo.  

Lo recuerda a “su morocho” bien flacucho, cartoneando para ayudar a su familia. Como ya habían conocido la nieve –cuando el 9 de julio de 2007 cayó sorpresivamente en Buenos Aires–, le quedaba el sueño de ver el mar y las montañas. No lo dejaron.

El rechazo a “trabajar” para la policía

A Luciano le gustaba mucho el fútbol y era tan pero tan fanático de River, que aseguraba que si tenía un hijo varón lo llamaría Enzo Ramón, por Enzo Francescoli y Ramón Díaz. Nunca le alcanzó la plata para ir al Monumental. Tenía intacto el deseo de llegar a ese día. Tampoco lo dejaron.

En 2007, aquel año donde sus ojos vislumbraron la nieve porteña, la Policía Bonaerense le ofreció salir a robar para ellos. Se lo contó a su madre, que se quedó tranquila con la negativa de su hijo. Pero ante el “no”, vendría el hostigamiento policial, las amenazas. Y ya no lo dejarían en paz.

El 28 de septiembre de 2008 lo detuvieron de manera irregular y fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, inhabilitado para alojar personas y prohibido para menores. Fue amenazado y golpeado. Allí fue a rescatarlo Moni, que escuchaba sus gritos para que le dejaran de pegar. Por esas torturas el ex policía bonaerense Julio Torales, fue condenado en mayo de 2015 a diez años de prisión.

Cuatro meses después, el 31 de enero de 2009, Luciano fue desaparecido. Fernando Espinoza era el intendente de La Matanza; Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner, la presidenta de la Nación. El silencio de las cúpulas fue ensordecedor.

La causa da cuenta de que esa noche los móviles policiales tuvieron “un funcionamiento irregular”, con circulación por fuera del recorrido asignado, falta de registros y estadío “durante varias horas en un descampado conocido como Monte Dorrego”.

Además, los libros de guardia del destacamento fueron adulterados. El 5 de febrero, su hermana Vanesa Orieta presentó un Habeas Corpus, pero fue rechazado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del Juez Gustavo Blanco y la fiscal Roxana Castelli, meses después reemplazada por Celia Cejas.

La aparición

Finalmente el 17 de octubre de 2014 –5 años  y 8 meses después– se encontró el cuerpo de Lucianor enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Se descubrió que había fallecido el 1º de febrero de 2009, supuestamente atropellado por un auto al intentar cruzar la General Paz, desesperado, escapando (según declararon testigos), en circunstancias que aún siguen siendo investigadas. Y que había sido llevado al Hospital Santojanni, justamente donde su familia había ido dos veces a preguntar si estaba allí, y se lo negaron. Supuestamente se buscaba a un joven desaparecido, mientras un NN era enterrado por las mismas autoridades sin investigar quién era ni dar noticia alguna a la sociedad.

La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción y el juicio político pedido por sus familiares a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco, está estancado.

A 14 años, se sabe de la amnesia de los distintos gobiernos que se sucedieron, como de la complicidad policial-judicial. A 14 años, se sigue sin saber qué le pasó a Luciano esa noche. A 14 años, Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Nahuel Arruga, su orgullo, su “Negrito que se negó a robar para la Policía”, habla, llora, lo recuerda sonriendo.

–¿Cómo te llevás con esta fecha?

–Intento no pensar tanto, pero no se trata del 31 de enero, de una fecha particular: así son todos y cada uno de los días de mi vida. Pasaron 14 años, duele, va a doler siempre, toda mi vida. Es mentira que el tiempo cura todo. Hace muchos años una vez te dije, “el ser humano es un animal de costumbre” y es así. Una se acostumbra a vivir con el dolor, y es horrible; también con la desidia, la angustia, la tristeza, a no haber tenido justicia. Hasta a eso una se acostumbra hasta que se acaba la nafta, hasta que la pacha dice basta; no creo en Dios, aunque debe ser que exista, pero para nosotros no tuvo tiempo. Ahora, al estar cuidando a mi mamá, no estoy yendo a actividades de otros familiares, lo que me significaba sentirme viva. Al no estar en esos espacios como antes, siento que me ahogo, pero son procesos. Lo único que me queda es vivir con el recuerdo, con las anécdotas.

–¿Hay algunos de esos recuerdos o anécdotas que te sirven para sobrellevar mejor el día a día?

–Sí, sobre todo sus sonrisas, el recordarlo riendo. Agradezco lo mucho que me enseñó, lo que aprendí de él a ser mejor persona, más solidaria con mis pares, a no juzgar; del dolor también se aprende.

–Una de las primeras veces que hablamos en 2009 contabas que pese a vivir re contra justos, si tenías cuatro papas, a veces él se llevaba dos para sus amigos, porque no tenían nada para comer.

–Era así, si tenía media docena de huevos, y me faltaban dos o tres, ya sabía qué había pasado. Lo mismo con las papas, porque los pibes no tenían para comer, pero la verdad es que nosotros tampoco, entonces a veces me enojaba con él. “Pero yo salgo con el carro, mamá, y si no, pido; los pibes no tienen nada”. Y después me decía: “Aprendé mamá, ¿cuándo vas a aprender?”. Y mamá aprendió, aprendió de la peor manera, tuvo un gran costo, pero aprendí: hoy soy más humana. Ese pibe era mi Negrito, que jugaba descalzo a la pelota por un sanguche de milanesa y una coca; un pibe de barrio, un pibe villero, un pibe cartonero. Y sabés que ahora que pienso en esto, por primera vez caigo en que hace 14 años que no amaso pan casero, ¡14 años! Antes los hacía siempre, porque a él le gustaba mucho, y también se llevaba para sus amigos que no tenían nada.

Moni deja por un momento unos parches que está cosiendo para la actividad de este domingo y llora de la impotencia. Se le reestablece un poco la voz y el pan casero se asocia a las mentiras que sembraron alrededor de la causa: “Pasaron 14 años sin justicia, de disfrazar la realidad, de que dijeran que había muerto en un accidente de tránsito. ¿Quién tiene las herramientas para desaparecer un cuerpo? Se necesita de todo el aparato del Estado, judicial, policial y político para desaparecer a una persona durante 5 años y 8 meses. No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, con el paso del tiempo cierra todo: tres hábeas corpus nos rechazaron antes que aceptaran el último, unos meses antes de encontrar el cuerpo. Se ve que no estaba aceitado el ocultamiento total y algo podía quedar al azar. Ya para cuando apareció el cuerpo, habían borraron todo. En el medio, pasaron muchas cosas en el caso, como la Policía espiándonos a los familiares porque investigaban un secuestro extorsivo; el hostigamiento a uno de los pibes de Familiares y Amigos que amenazaron que iba a terminar como el Negro y se tuvo que ir a vivir al sur; el quemar el auto de Vanesa; el querer incendiarme mi casa; las amenazas al resto de mis hijos… Hay pibes acá en el barrio que tuvieron que irse a Paraguay por miedo. Se fueron porque la Policía los re cagó a palos y los amenazó. Así, con esta impunidad, ya pasaron 14 años y la causa sigue en etapa de instrucción; es una burla, los ocho policías implicados ¡siguen como testigos! Me pregunto: ¿podrán dormir tranquilos? ¿vivirán en paz?”.

–¿Cómo explicas que luego de tantos años todavía se esté en la etapa de instrucción, o sea, de investigación penal?

–Yo me pregunto lo mismo, ¿cómo se explica? Como la causa no prescribe, porque si hay algo que luchamos con uñas siguiente es para caratularla como desaparición forzada, la van a mantener en ese estado. Juegan con el desgaste, con el cansancio, con los recuerdos y también con tu economía, porque si vos no tenés un buen abogado… Mi abogado es del CELS y el CELS vos sabés hasta dónde patea; se va a desgarrar las vestiduras por el caso hasta que tocás al Estado, ahí da un pasito atrás. Entonces se dan pequeños pasos, la causa sigue moviéndose, pero no avanza. Todo seguirá así hasta que quizá algún día tenga un buen abogado y empiece de vuelta.

–¿Qué creés que debe aprender de Luciano la sociedad, para ser un poco mejor?

–Ese corazón inmenso que tenía el Negro; a ser un poco más humano, a valorar la vida, a aprender. Ojalá, sí, ojalá que la sociedad aprenda a no ser tan egoísta. El Negro era así; no le gustaba tanto estudiar, pero tenía un corazón de oro. Vos fijate, se llevaba pan casero para dárselo a sus amigos; al día siguiente quizá no iba a tener nada para comer, pero priorizaba a los demás.

–¿Por qué es importante la actividad de esta tarde?

–Desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde fue torturado Luciano; Indart y San Martín, Lomas del Mirador) seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida. Es importante para tener la memoria del Negro viva y presente, para saber nosotros mismos que no estamos derrotados; para que sepan que no estamos derrotados y que seguimos luchando.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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