Sigamos en contacto

Nota

Andalgalá sin paz social: política y minería aliadas nuevamente contra las leyes, el Aconquija y la voluntad de la comunidad

Publicada

el

La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, denunció que la minera Yamana Gold ingresó de forma ilegal maquinarias para empezar a operar en la zona del Nevado del Aconquija. Hace más de dos semanas que vecinas y vecinos mantienen bloqueos de ruta selectivos como medida de fuerza para visibilizar lo que lograron en 10 años de lucha y hoy no se está cumpliendo: una ordenanza municipal que prohíbe la actividad minera y una medida de amparo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin contar leyes como la de Glaciares, la de Medio Ambiente o instrumentos como la Constitución Nacional. Los movimientos del gobierno provincial para avanzar con el proyecto. Y el temor ante lo que está en juego.

Los camiones de la empresa minera con apoyo estatal y custodia de Gendarmería. De fondo y en peligro, las nieves y glaciares del Aconquija.

“Vecin@s es una realidad. El tiempo es hoy. Están subiendo a perforar nuestros cerros. Una postal muy triste, el Nevado del Aconquija amenazado hacia su extinción y con él, la nuestra”.

Con estas palabras, acompañada de las imágenes de los camiones gigantescos, la Asamblea El Algarrobo del departamento de Andalgalá, en Catamarca, comunicó a través de sus redes sociales que la minera Yamana Gold ingresó maquinarias a la zona del Nevado, la cordillera ubicada entre Catamarca y Tucumán, donde la empresa quiere explotar el proyecto Agua Rica, hoy reconvertido como Proyecto MARA, pese a la resistencia de la comunidad que desde 2010 defiende el agua y la vida frente al modelo extractivo.

“Lo que están haciendo es ilegal”, afirma a lavaca la docente Rosa Farías, integrante de la Asamblea, y explica que la empresa está violando dos resoluciones dictadas por la exsecretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) en 2009, que prohibía el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero, los dos accesos que la asamblea está bloqueando hace 18 días de forma selectiva. Es decir: sólo impide el paso a vehículos con trabajadores o maquinaria de la empresa, o a aquellos proveedores de insumos mineros.

“Pero ingresaron por otro camino, por el departamento de Belén. Tuvieron que hacer un rodeo 9 horas para poder realizarlo, custodiados por Gendarmería”, cuenta Farías.

El abogado Juan Figueroa, de la Comisión de Legales de la Asamblea, interpreta: “Hay una gran voluntad política de querer llevar la explotación a toda costa. Ya lo dijo el Gobierno provincial y también el nacional”.

Además de las resoluciones provinciales, en el distrito aún sigue vigente la ordenanza municipal 29/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”, informó la asamblea. En diciembre, la Corte de Justicia de la provincia declaró inconstitucional esa ordenanza, por lo que la asamblea apeló a un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que ya en 2016 había hecho lugar a un amparo en el que alertaba sobre el riesgo ambiental de la producción minera.

Pese a todo, los trabajos de perforación fueron habilitados por el gobierno catamarqueño (cabe recordar que, en plena pandemia, la megaminería fue declarada “actividad esencial” por el presidente Alberto Fernández), por lo que la asamblea denuncia: “Estos trabajos fueron autorizados irresponsablemente por el Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jalil, en un contexto de emergencia hídrica (declarada por el propio Gobierno de la provincia), poniendo en riesgo nuestra fuente de agua y vida”.

La advertencia ambiental de la Corte

La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 en Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 km de la capital provincial– tras una salvaje represión que dejó decenas de personas heridas y detenidas, entre ellas muchas mujeres, cuando intentaron impedir el ingreso de camiones de la minera Yamana Gold.

Desde entonces la resistencia al proyecto minero movilizó a toda la población, que presentó un amparo que se demoró seis años hasta la resolución de la Corte Suprema, luego de que vecinas y vecinos viajaron 20 horas hasta los Tribunales porteños e instalaron una carpa en la Plaza Lavalle, frente al tribunal, para exigir una respuesta.

En un fallo de 14 páginas, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte hizo lugar al amparo de la Asamblea y concluyó que el poder judicial catamarqueño no podía rechazar el recurso sin tener en cuenta los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán que alertaban el riesgo ambiental de la producción minera a cielo abierto con el uso de sustancias químicas altamente peligrosas. De ese informe –que consta en la sentencia– puede extraerse además que el proyecto puede generar riesgo de “avalanchas, derrumbes o deslizamientos que pueden afectar la ciudad de Andalgalá”, que “no están dadas las condiciones de seguridad suficientes”, por lo que “existe riesgo de contaminación de las aguas subterráneas”.

La Corte respaldó la postura de la Asamblea ante los jueces provinciales.

Textual: “La sentencia recurrida es equiparable a definitiva en tanto le ocasiona un perjuicio de tardía o muy dificultosa reparación ulterior, dado que mantiene en pie la amenaza de la instalación del emprendimiento destinado a la explotación minera, aprobado de manera irregular por la autoridad provincial”. Por ese motivo, el tribunal sostuvo: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. Es lo que en términos jurídicos se llama también “principio precautorio”.

La prohibición de la prohibición

Al volver a la provincia el amparo motivó que el juez provincial Rodolfo Cecenarro dictara una medida cautelar acorde al fallo, y que la Municipalidad aprobara la ordenanza que prohibía la actividad minera en el territorio. Esa ordenanza es la que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial el 23 de diciembre del año pasado, y por lo que los vecinos acudieron nuevamente a la Corte Suprema con un Recurso Extraordinario. “Fue casualmente meses después de que el gobierno ampliara de 5 a 7 los miembros de la Corte provincial”, contextualiza Farías, en referencia a lo que tantas veces son ficciones sobre la “independencia” del poder judicial.  

No fueron los únicos movimientos del gobierno para promover la actividad minera pese al rechazo. La abogada de la Asamblea. Mariana Katz, explica: “El año pasado hubo una pseudo consulta que generó mucha movilización en Andalgalá: en el marco de la pandemia, el gobierno puso a consulta un expediente que tenía 6 cuerpos con un total de 3.000 páginas de información técnica minera. Les dijo a los vecinos que tenían 15 minutos para revistar y llenar una planilla en la Oficina de Gestión Minera. Información muy específica y compleja. Tuvimos que recurrir a cinco especialistas diferentes a quienes les llevó un mes leer lo que pretendían que los vecinos leyeran en 15 minutos”.

Contra la Ley de Glaciares

En septiembre del año pasado el gobierno puso a disposición de lxs vecinxs un pendrive con documentación sobre exploración de 11 pozos y 2.700 huellas mineras. Katz: “Elevamos la información a los técnicos para que fuera analizada. Determinaron ilegalidades, por ejemplo, en tres de los puntos de perforación que solicitó la empresa y fueron autorizados por el gobierno. Uno de ellos es por fuera de la mensura del área. En otro yacimiento minero que es de uranio, y donde hay glaciares”. Recuérdese que en la Argentina existe una Ley que defiende los Glaciares. Continúa Katz: “Otro de los puntos está a 700 metros de otro glaciar reconocido por instituciones oficiales. Además de las irregularidades de las autorizaciones, está la Ley de Glaciares que prohíbe todo esto, pero el Gobierno quiere avanzar igual”.

Trampa política y trampa Covid

Otro de esos movimientos se produjo cuando el gobierno provincial modificó el Código de Procedimientos Mineros. “En uno de sus puntos contempla que la competencia para otorgar yacimientos ya no queda en manos del Juzgado de Minas, que había rechazado ya varios proyectos a la provincia, sino que ahora queda a disposición del Poder Ejecutivo”.

Con todos estos antecedentes, en enero comenzaron los primeros alertas sobre la posibilidad de ingreso de camiones ante el apoyo oficial a la actividad extractiva. Rosa Farías: “Es una desazón. Es como darte cuenta de que a pesar de expresar hace más de 10 años lo que significa el agua, ningún estamento del poder se hace eco de los pueblos y las comunidades. Simplemente te avasallan”.

Por todo esto, la abogada Mariana Katz relata: “Los vecinos están hablando de una tensa calma. Estamos preocupados por una situación similar a la del 15 de febrero del 2010, cuando ocurrió la represión. Hay un clima similar. Además, y aclaro que no desconozco los cuidados que debemos tener por la pandemia del Covid, pero hace dos días Andalgalá pasó de 3 casos a tener entre 40 y 50. Los vecinos sospechan. El intendente no sólo pidió insumos médicos, sino también que envíen más policía para controlar la circulación”.

El abogado Figueroa subraya que el rechazo social al extractivismo sigue intacto. “El poder político no se quiere hacer cargo de lo que significa el conflicto social en Andalgalá. Hay mucha gente que está poniendo el pecho frente a un gobierno que quiere hacer oídos sordos. Hace 11 años que estamos así”.

La asamblea continúa apegándose a la ley y a lo que determina la jurisprudencia existente: denuncian que el proyecto viola la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano. Por ese motivo, informa que los bloqueos (que comenzaron el 22 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua) continuarán. “Estas acciones demuestran que Andalgalá está de pie y que aquí no hay ni habrá paz ni licencia social mientras nuestro ambiente esté amenazado. Instamos a todas las asambleas socioambientales a defender nuestros territorios”.

Nota

Aparece una nueva prueba y se suspende el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa

Publicada

el

A pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte haber encontrado encontrado en una casa deshabitada de su propiedad una habitación manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. La aparición de esta prueba obligó a suspender el juicio por el femicidio de la joven, plagado de irregularidades, y para la familia Basaldúa arroja una luz de esperanza para saber qué pasó con su hija, y que paguen los verdaderos culpables. Incluida la propia justicia.

Por Bernardina Rosini

Córdoba.-  Desde que se inició el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa el pasado 3 de mayo en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra el joven Lucas Bustos y las irregularidades de la investigación que encabezó la fiscal Paula Kelm.

Hasta acá, nada nuevo.

Pero este jueves 19, cuando se esperaba la última jornada de testimonios, la aparición de una nueva y – para las abogadas de la familia Basaldúa- “trascendental” prueba, irrumpió el proceso y obligó la suspensión del juicio hasta el próximo 10 de junio.

En diálogo con lavaca, la abogada Giselle Videla relata que en mayo del 2020, a tan sólo unas semanas después de la aparición del cuerpo de Cecilia, una familia denunció a la policía de Capilla del Monte que habían encontrado en una casa deshabitada de su propiedad un escenario de horror: una de las habitaciones estaba manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. Un dato más para resaltar además de la proximidad de la fecha es la ubicación de la casa, a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.

Entonces: la fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado, y a unos pocos metros un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre, pero sin embargo no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron.

A Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, esto no le sorprende: “Es el modus operandi de la fiscal Kelm, hace mímicas de que investiga pero está todo sesgado, nunca llega al fondo, toma muestras pero no realiza los análisis para obtener la información necesaria. A la familia les respondieron que la sangre correspondía a un animal para que no preguntaran más”.

Entre los policías que se acercaron a tomar muestras en la casa abandonada estaba el subcomisario Ariel Zárate, quien participó desde el primer momento de la búsqueda de Cecilia tras la denuncia de su desaparición. Zárate era uno de los oficiales que estaba a cargo de la investigación y mantenía comunicación con la familia Basaldúa. Tomaba la información que proveía la familia de Cecilia pero no hacía nada. Incluso en un audio que aportó la familia y tampoco fue debidamente investigado, el subcomisario fue mencionado por una testigo dejándolo implicado junto al principal sospechoso para la familia Basaldúa; Mario Mainardi, quien alojó en su casa a Cecilia justo antes de su desaparición.

Ariel Zárate declaró recientemente en el juicio y lo hizo de modo virtual ya que se encuentra detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de una joven de 21 años.

En el momento de presentar esta nueva prueba, la familia de Cecilia Basaldúa solicitó que las muestras de sangre tomadas del colchón de la casa abandonada se cotejen con la información de Cecilia, del imputado Lucas Bustos pero también de Zárate y de Mario Mainardi, con la esperanza de poder dar con los verdaderos culpables del femicidio. Sin embargo no se aceptó este pedido: sólo se cotejará con la muestras de la víctima y del imputado, considerando que ésta no es una instancia de investigación para ampliar la base de análisis.

Si bien esta respuesta por parte del Tribunal fue tomada con desánimo por la querella, esperan que, ahora sí, se inicie una etapa de respuestas.

Seguir leyendo

Nota

Justicia por Lucía: el juicio que se empuja entre todas

Publicada

el

El próximo jueves 26 de mayo, a las 14.30 horas, el Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata decidirá en audiencia la fecha del nuevo juicio penal por el femicidio de Lucía Pérez. Desde su asesinato pasaron ya 6 años sin justicia. La familia reclama que suceda durante la feria judicial: “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice su madre, Marta Montero, que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas. Distintos gremios acompañarán el reclamo por la nueva fecha y por justicia con distintas acciones. Vos también podés sumarte a la Campaña, en tu barrio, escuela o lugar de trabajo, o por las redes: enterate cómo en esta nota.

Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. La incansable lucha de su familia, la Campaña Somos Lucía, y las organizaciones que abrazan y acompañan lograron la anulación del juicio que pretendía dejar impune su femicidio. Pero el Estado argentino sigue sin avanzar en la fecha del nuevo proceso.

Es por eso que tanto el fiscal del caso, Leonardo Arevalo, como la familia de Lucía solicitaron a los jueces Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz, que el juicio se realice durante la feria judicial de julio.

“Hace seis años que Lucía no tiene justicia”, dice a lavaca Marta Montero, mamá la joven Marplatense, y recuerda que cuando la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló el juicio misógino, exigió la realización de un nuevo juicio con premura. “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice Marta que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas.

El pedido de juicio inmediato se da luego de una larga espera repleta de impunidad. “Ya se tomaron 12 vacaciones y Lucia no tiene justicia, una que no se la tomen y que le den la justicia que le corresponde”.

#JusticiaPorLucía

El mismo jueves se va a realizar la acción federal #JusticiaPorLucía para acompañar la audiencia. “Tenemos que estar juntos, es la manera, no tenés otra. Es la importancia que tenemos los de a pie, los que salimos a luchar por nuestros hijos. Salimos porque nos mataron a nuestros hijos, y no nos importa nada: no voy por un canje o un puesto, voy por mi hija. Y juntos vamos por los derechos de las personas, y en contra de los privilegios de la justicia”.

La campaña consiste en tres acciones:

1) Pegar la foto de Lucía en tu barrio, escuela, trabajo, colectivo y todos los lugares posibles. La foto se puede descargar acá.

2) Mandar la foto de tu acción por mail a todessomoslucia@gmail.com; o por twitter: @somos_lucia; o Facebook: somosluciaperez, o Instagram: @somos.lucia

3) Subirla a tus redes el 26 de mayo con el hashtag #JusticiaporLucia #JuicioYA

Es por abajo

El acompañamiento y la campaña de pedido de justicia a 6 años del femicidio de Lucía Pérez se articuló con organizaciones sociales, sindicales y territoriales de todo el país.

“Nuestra organización y todo el movimiento feminista, como ya lo sabemos desde ese primer paro internacional que hicimos, estamos en pie de alerta y exigiendo justicia”, Silvia León, secretaria de género de la CTA-A nacional. “Interpela, primero, porque Lucía es un símbolo nacional. Y porque todos los días siguen asesinando a jóvenes, y en cada lugar del país nuestras compañeras siguen saliendo a pedir justicia por cada una y reclamando la reforma de la justicia por una que sea democrática y feminista, porque todavía los fallos siguen siendo aberrantes”. Desde la CTA-A van a sumarse a la movilización en los tribunales marplatense y van a acompañar desde el resto del país poniendo la foto de Lucía en cada lugar de trabajo. “Es seguir sensibilizando e interpelar a los compañeros y compañeras trabajadoras, porque esta lucha es colectiva. Lo que logramos es por la movilización popular y ahí la clase trabajadora tenemos un rol protagónico; para nosotras no está separada la lucha por trabajo, por salarios, por equidad, contra la violencia y acoso laboral, de lo que es el reclamo de justicia por los femicidios”.

Las y los Metrodelegados van a acompañar desde la Ciudad de Buenos Aires pegando la foto de Lucía en las diferentes líneas y sectores del subte. “Es importante que se mantenga vigente y visible el reclamo de justicia. Cada vez que hacemos la pegatina los usuarios y usuarias nos acompañan. El subte es un medio de transporte, cotidiano, donde viajan los sectores populares, los sectores de trabajo, es fundamental que esté visible la imagen de Lucía y el reclamo por justicia”. Contagiándose de esa iniciativa desde la Asociación del Personal Aeronáutico se va a hacer pegatina en todos los aeropuertos del país.

Otro de los gremios que convoca es la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Noelia Parcesepe, trabajadora judicial marplatense, cuenta que van a pegar los carteles dentro de tribunales y a acompañar desde la calle. “Como trabajadoras también sufrimos violencia en nuestro ámbito laboral, incluso los jueces que parecen tan progres para afuera. Lo que queremos es que las personas puedan acceder a su derecho a tener justicia y los queremos hacer bien: no queremos ser cómplices del poder judicial patriarcal”.

Seguir leyendo

Nota

30 años de movimiento: feliz cumple, Kiné

Publicada

el

Revista Kiné cumple treinta años y festeja en Espacio Tucumán con charlas, videos, canto y cierre a puro baile. Sostener durante tres décadas un medio de comunicación independiente es para Julia Pomiés, su creadora y directora, un desafío y también un sueño. La revista del movimiento se prepara para recibir a lectores, colegas y amigxs, porque este sábado la autogestión está de fiesta. 

A comienzos de los ´90, saturada del trabajo en redacciones y con ganas de trabajar disfrutando de hacer periodismo, Julia Pomiés renunció a su trabajo como jefa de redacción en una revista y decidió encarar un proyecto independiente. Lo corporal le gustaba y lo practicaba —es licenciada en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y profesora de expresión corporal— así que esa fue la temática elegida para arrancar su emprendimiento personal.  De esta manera nació Kiné, en 1992. Treinta años después, la revista se sostiene y es un emblema del periodismo autogestivo. 

“La empezamos con muchísimo entusiasmo —cuenta Julia— con cierta confianza, pero con muchas dudas, incluso pensamos en sostenerla durante un año aunque sea a pérdida y resultó que desde el primer número se sostuvo con sus propias patitas y anduvo muy bien. Lo relacionado a trabajos corporales suaves, conscientes, como la eutonia, la gimnasia consciente, la expresión corporal, estaban necesitando un espacio donde expresarse, donde compartir su punto de vista sobre el cuerpo. Creo que eso hizo que prendiera de entrada y después se sostuvo, un poco por la persistencia de los lectores y anunciantes y otro poco por nuestra propia persistencia”. 

Luchas con las imprentas, con los distribuidores, los kioscos, el precio del papel, son algunos de los sinsabores que les tocó atravesar, pero en la balanza, también hay gran cantidad de satisfacciones: “Ver armarse y crecer este espacio de lo que llamamos lo corporal, de la gente que interpreta al cuerpo no solo como biología sino como un atravesamiento cultural, histórico, psíquico, social, político y ver crecer también nuestro enfoque, que recurrió tantas veces a la biopolítica hasta establecerse directamente como una sección de la revista”.

Junto a su compañero de vida, Carlos Martos, pensaron en hacer la versión digital de Kiné, pero con la pandemia la decisión se precipitó y la revista en este momento es digital. Como trabajadora de la gráfica, Julia extraña el papel.  Al elaborar un video alusivo a los 30 años, repasó las tapas de Kiné y se conmovió porque esas tapas también la llevaron a hacer un recorrido de su propia vida. “El festejo es para juntarse, reflexionar sobre estos años que pasaron y que pasó con los cuerpos, qué caminos importantes se hicieron, cuántos derechos se ganaron, eso ya es para celebrar, y cuántos quedan pendientes, eso es para militarlo y seguir luchando. Vamos a escuchar buena música, ver danza bonita, juntarnos con los amigues en forma presencial, colaboradores, lectores, anunciantes, brindar y comernos unas empanadas, intercambiar opiniones y abrazos”.

La celebración de las tres décadas de vida será este sábado 21 de mayo, a las 19 hs en Espacio Tucumán,  Suipacha 140, CABA. Aquí te contamos el cronograma de la jornada festiva:

Charla: 30 años de lo corporal en la Argentina. Celeste Choclin contará un breve panorama de las leyes que ampliaron derechos, sobre todo en relación al tema género y feminismos. Mariane Pécora reseñará las principales luchas sociales, que se desarrollaron con gran compromiso corporal. Emiliano Blanco hará referencia a los cuerpos disidentes de la comunidad LGTBIQ+. Sandra Reggiani se centrará en los cuerpos en el arte, y su capacidad de acompañar y generar transformaciones y resistencias. Susana Kesselman hablará de los vaivenes del tono vital en estas épocas conflictivas y el rol de las disciplinas de lo corporal. Carlos Trosman pondrá su foco en los recorridos de la revista Kiné. 

Danza con el GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, UNA),  Raquel Guido, Sandra Reggiani. 

Desfile de máscaras: coordinadores y alumnos del Instituto de la Máscara obsequiarán ejemplares de la colección de Kiné. 

Canto con Emiliano Blanco, Gabriela González López, Paola Grifman y el exquisito trío “Sinahuela”. 

Danza comuniaria:  el grupo «Bailarines toda la vida», coordinado por Aurelia Chillemi, con música en vivo de Osvaldo Aguilar nos invitará a bailar a todes.

En los intervalos, habrá delicias regionales tucumanas que se podrán adquirir en el bar: empanadas, tamales, dulzuras y vino.

Seguir leyendo

La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00