Andalgalá sin paz social: política y minería aliadas nuevamente contra las leyes, el Aconquija y la voluntad de la comunidad

La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, denunció que la minera Yamana Gold ingresó de forma ilegal maquinarias para empezar a operar en la zona del Nevado del Aconquija. Hace más de dos semanas que vecinas y vecinos mantienen bloqueos de ruta selectivos como medida de fuerza para visibilizar lo que lograron en 10 años de lucha y hoy no se está cumpliendo: una ordenanza municipal que prohíbe la actividad minera y una medida de amparo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin contar leyes como la de Glaciares, la de Medio Ambiente o instrumentos como la Constitución Nacional. Los movimientos del gobierno provincial para avanzar con el proyecto. Y el temor ante lo que está en juego.

“Vecin@s es una realidad. El tiempo es hoy. Están subiendo a perforar nuestros cerros. Una postal muy triste, el Nevado del Aconquija amenazado hacia su extinción y con él, la nuestra”.

Con estas palabras, acompañada de las imágenes de los camiones gigantescos, la Asamblea El Algarrobo del departamento de Andalgalá, en Catamarca, comunicó a través de sus redes sociales que la minera Yamana Gold ingresó maquinarias a la zona del Nevado, la cordillera ubicada entre Catamarca y Tucumán, donde la empresa quiere explotar el proyecto Agua Rica, hoy reconvertido como Proyecto MARA, pese a la resistencia de la comunidad que desde 2010 defiende el agua y la vida frente al modelo extractivo.

“Lo que están haciendo es ilegal”, afirma a lavaca la docente Rosa Farías, integrante de la Asamblea, y explica que la empresa está violando dos resoluciones dictadas por la exsecretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) en 2009, que prohibía el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero, los dos accesos que la asamblea está bloqueando hace 18 días de forma selectiva. Es decir: sólo impide el paso a vehículos con trabajadores o maquinaria de la empresa, o a aquellos proveedores de insumos mineros.

“Pero ingresaron por otro camino, por el departamento de Belén. Tuvieron que hacer un rodeo 9 horas para poder realizarlo, custodiados por Gendarmería”, cuenta Farías.

El abogado Juan Figueroa, de la Comisión de Legales de la Asamblea, interpreta: “Hay una gran voluntad política de querer llevar la explotación a toda costa. Ya lo dijo el Gobierno provincial y también el nacional”.

Además de las resoluciones provinciales, en el distrito aún sigue vigente la ordenanza municipal 29/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”, informó la asamblea. En diciembre, la Corte de Justicia de la provincia declaró inconstitucional esa ordenanza, por lo que la asamblea apeló a un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que ya en 2016 había hecho lugar a un amparo en el que alertaba sobre el riesgo ambiental de la producción minera.

Pese a todo, los trabajos de perforación fueron habilitados por el gobierno catamarqueño (cabe recordar que, en plena pandemia, la megaminería fue declarada “actividad esencial” por el presidente Alberto Fernández), por lo que la asamblea denuncia: “Estos trabajos fueron autorizados irresponsablemente por el Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jalil, en un contexto de emergencia hídrica (declarada por el propio Gobierno de la provincia), poniendo en riesgo nuestra fuente de agua y vida”.

La advertencia ambiental de la Corte

La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 en Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 km de la capital provincial– tras una salvaje represión que dejó decenas de personas heridas y detenidas, entre ellas muchas mujeres, cuando intentaron impedir el ingreso de camiones de la minera Yamana Gold.

Desde entonces la resistencia al proyecto minero movilizó a toda la población, que presentó un amparo que se demoró seis años hasta la resolución de la Corte Suprema, luego de que vecinas y vecinos viajaron 20 horas hasta los Tribunales porteños e instalaron una carpa en la Plaza Lavalle, frente al tribunal, para exigir una respuesta.

En un fallo de 14 páginas, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte hizo lugar al amparo de la Asamblea y concluyó que el poder judicial catamarqueño no podía rechazar el recurso sin tener en cuenta los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán que alertaban el riesgo ambiental de la producción minera a cielo abierto con el uso de sustancias químicas altamente peligrosas. De ese informe –que consta en la sentencia– puede extraerse además que el proyecto puede generar riesgo de “avalanchas, derrumbes o deslizamientos que pueden afectar la ciudad de Andalgalá”, que “no están dadas las condiciones de seguridad suficientes”, por lo que “existe riesgo de contaminación de las aguas subterráneas”.

La Corte respaldó la postura de la Asamblea ante los jueces provinciales.

Textual: “La sentencia recurrida es equiparable a definitiva en tanto le ocasiona un perjuicio de tardía o muy dificultosa reparación ulterior, dado que mantiene en pie la amenaza de la instalación del emprendimiento destinado a la explotación minera, aprobado de manera irregular por la autoridad provincial”. Por ese motivo, el tribunal sostuvo: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. Es lo que en términos jurídicos se llama también “principio precautorio”.

La prohibición de la prohibición

Al volver a la provincia el amparo motivó que el juez provincial Rodolfo Cecenarro dictara una medida cautelar acorde al fallo, y que la Municipalidad aprobara la ordenanza que prohibía la actividad minera en el territorio. Esa ordenanza es la que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial el 23 de diciembre del año pasado, y por lo que los vecinos acudieron nuevamente a la Corte Suprema con un Recurso Extraordinario. “Fue casualmente meses después de que el gobierno ampliara de 5 a 7 los miembros de la Corte provincial”, contextualiza Farías, en referencia a lo que tantas veces son ficciones sobre la “independencia” del poder judicial.  

No fueron los únicos movimientos del gobierno para promover la actividad minera pese al rechazo. La abogada de la Asamblea. Mariana Katz, explica: “El año pasado hubo una pseudo consulta que generó mucha movilización en Andalgalá: en el marco de la pandemia, el gobierno puso a consulta un expediente que tenía 6 cuerpos con un total de 3.000 páginas de información técnica minera. Les dijo a los vecinos que tenían 15 minutos para revistar y llenar una planilla en la Oficina de Gestión Minera. Información muy específica y compleja. Tuvimos que recurrir a cinco especialistas diferentes a quienes les llevó un mes leer lo que pretendían que los vecinos leyeran en 15 minutos”.

Contra la Ley de Glaciares

En septiembre del año pasado el gobierno puso a disposición de lxs vecinxs un pendrive con documentación sobre exploración de 11 pozos y 2.700 huellas mineras. Katz: “Elevamos la información a los técnicos para que fuera analizada. Determinaron ilegalidades, por ejemplo, en tres de los puntos de perforación que solicitó la empresa y fueron autorizados por el gobierno. Uno de ellos es por fuera de la mensura del área. En otro yacimiento minero que es de uranio, y donde hay glaciares”. Recuérdese que en la Argentina existe una Ley que defiende los Glaciares. Continúa Katz: “Otro de los puntos está a 700 metros de otro glaciar reconocido por instituciones oficiales. Además de las irregularidades de las autorizaciones, está la Ley de Glaciares que prohíbe todo esto, pero el Gobierno quiere avanzar igual”.

Trampa política y trampa Covid

Otro de esos movimientos se produjo cuando el gobierno provincial modificó el Código de Procedimientos Mineros. “En uno de sus puntos contempla que la competencia para otorgar yacimientos ya no queda en manos del Juzgado de Minas, que había rechazado ya varios proyectos a la provincia, sino que ahora queda a disposición del Poder Ejecutivo”.

Con todos estos antecedentes, en enero comenzaron los primeros alertas sobre la posibilidad de ingreso de camiones ante el apoyo oficial a la actividad extractiva. Rosa Farías: “Es una desazón. Es como darte cuenta de que a pesar de expresar hace más de 10 años lo que significa el agua, ningún estamento del poder se hace eco de los pueblos y las comunidades. Simplemente te avasallan”.

Por todo esto, la abogada Mariana Katz relata: “Los vecinos están hablando de una tensa calma. Estamos preocupados por una situación similar a la del 15 de febrero del 2010, cuando ocurrió la represión. Hay un clima similar. Además, y aclaro que no desconozco los cuidados que debemos tener por la pandemia del Covid, pero hace dos días Andalgalá pasó de 3 casos a tener entre 40 y 50. Los vecinos sospechan. El intendente no sólo pidió insumos médicos, sino también que envíen más policía para controlar la circulación”.

El abogado Figueroa subraya que el rechazo social al extractivismo sigue intacto. “El poder político no se quiere hacer cargo de lo que significa el conflicto social en Andalgalá. Hay mucha gente que está poniendo el pecho frente a un gobierno que quiere hacer oídos sordos. Hace 11 años que estamos así”.

La asamblea continúa apegándose a la ley y a lo que determina la jurisprudencia existente: denuncian que el proyecto viola la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano. Por ese motivo, informa que los bloqueos (que comenzaron el 22 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua) continuarán. “Estas acciones demuestran que Andalgalá está de pie y que aquí no hay ni habrá paz ni licencia social mientras nuestro ambiente esté amenazado. Instamos a todas las asambleas socioambientales a defender nuestros territorios”.