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Autogestión en tiempos de coronavirus. Primera parte: deliverys, barbijos y los reclamos para una vida digna

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El restaurante La Mangiata, el laboratorio Farmacoop y la autopartista 19 de Diciembre cuentan a lavaca los efectos de la cuarentena obligatoria en las empresas recuperadas. Cómo se siente la crisis. La ausencia de políticas para las cooperativas. Los rechazos del Ingreso Familiar de Emergencia. Las estrategias solidarias. Los anticuerpos de la economía popular. Del macrismo al coronavirus, primera entrega sobre el impacto en el sector autogestivo.

El restaurante cooperativo La Mangiata abrió una línea de delivery en medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional frente a la pandemia de coronavirus. De los 31 trabajadores y trabajadoras asociadxs al bodegón recuperado en 2013, están yendo a trabajar hasta un grupo de nueve, según el día. “Hoy somos seis: dos están cocinando, otros dos tomando pedidos y el resto repartiendo”, dice a lavaca Roberto Montero, hasta hace poco presidente de la cooperativa. “Enero y febrero veníamos trabajando normal. Marzo arrancó con un 50% por ciento menos de laburo, y hoy, con casi un mes y medio perdido, estamos facturando el 10% de lo que hacíamos”.

Lo que gráfica Montero es la preocupación que se extiende en cada una de las más de 400 fábricas recuperadas y cooperativas de todo el país, que generan fuentes de trabajo para más de 20 mil personas, y que no están siendo alcanzadas en su plenitud por ninguno de los resortes que el Estado dispuso hasta el momento para paliar los efectos de esta crisis. “El Ingreso Familiar de Emergencia les salió a algunos compañeros, pero a otros directamente no. Y algunos eran compañeros que cumplían con todos los requisitos. Sumale que los créditos que se están dando son para sociedades anónimas o SRL, y no para cooperativas. No estamos siendo contemplados por las políticas”.

Les trabajadorxs recuperaron La Mangiata en 2013 en una cadena de recuperaciones que implicó otros tres restoranes del mismo grupo económico: Don Battaglia, Alé Alé y Los Chanchitos, también cooperativos y también apelando al delivery como salida gastronómica para combatir esta restricción. “El jueves arrancamos con cuatro pedidos”, dice Montero. “El viernes, con 10. El sábado, con 14. El domingo hicimos día y noche, pero tampoco hubo gran cosa. Ahora arrancamos durante toda la semana por la noche, y el finde haremos doble, porque sabemos que es la única entrada que vamos a tener”.

La Mangiata está ubicada en Angel Gallardo 1008, en el barrio porteño de Villa Crespo. La línea que habilitaron para pedidos es 4982-6843/44.

Montero grafica con una palabra cómo se imagina lo que viene: “Es impredecible”.

Del macrismo al coronavirus

En mayo del 2019, la Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires otorgó una autorización provisoria para que las trabajadoras y los trabajadores del exlaboratorio Roux Ocefa continuaran la explotación de las dos plantas ubicadas en Villa Luro y Mataderos. Es que desde octubre del año anterior realizaban una permanencia pacífica para recuperar sus fuentes de trabajo. Y lo consiguieron: estaban poniendo a punto la fábrica para convertirse en el primer laboratorio recuperado del mundo.

“Teníamos programada una inspección para habilitar finalmente la planta  para la semana del 16 de marzo, pero el coronavirus nos pateó el tablero”, cuenta a lavaca Bruno Di Mauro, presidente de Farmacoop. “Estuvimos todo este verano trabajando con un equipo técnico nuevo que habíamos armado para llegar a la habilitación de producción de gotas, que era la primera que queríamos lanzar. Estábamos a días.”.

Farmacoop forma parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), desde donde están pensando formas colectivas de atravesar este momento de crisis. Di Mauro cuenta que todos los días llegan al Movimiento y, también, a la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, parte de la Secretaría de Economía Social (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), consultas desesperadas sobre la situación del sector. “La mayoría de las fábricas están paradas y no ha habido ninguna política concreta para las cooperativas. Estamos tratando de agilizar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero tuvimos muchos rechazados. Estamos pensando alguna vía de revindicación concreta, porque las recuperadas ya veníamos golpeadas”.

Las cooperativas sortearon el azote macrista con una baja pronunciada en sus producciones, a la espera de un 2020 con nuevos aires de alivio. Pero, como expresa Di Mauro, el coronavirus modificó los planes. Sin embargo, las políticas anunciadas por el Gobierno no terminan de contemplar al sector cooperativo: algunas personas fueron rechazadas del IFE por diversos motivos (desde algún ingreso mínimo en relación de dependencia, categoría del monotributo, domicilio o datos desactualizados), mientras que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, anunciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para pymes, tampoco las alcanza.

“Estamos hablando de la economía popular como un sector bastante significativo, porque también pensemos que las políticas que el Estado baja a los territorios serían imposibles de hacer si no fuera, por ejemplo, a través de organizaciones sociales en los barrios”, dice Di Mauro. “Es un sector en la economía ya consolidado: no es de tránsito ni que aparece momentáneamente en una crisis a la espera de que un sistema formal reabsorba a toda esa masa de compañeros y compañeras. Y, en este caso, se ven las limitaciones para reconocer a este sector, porque ninguna de estas políticas están llegando a las organizaciones de la economía popular. Mientras, las empresas más concentradas plantean un escenario de negociación como Paolo Rocca echando 1400 trabajadores tres días antes del decreto que evitaba despidos. Ellos tienen ese poder para poder negociar sobre la mesa subsidios y otras exenciones. ¿Y las recuperadas?”.

Contagio solidario

Di Mauro cuenta que, aun en medio de la pandemia, encontraron dos formas de generar ingresos y puestos de trabajo. La primera fue un convenio con la provincia de Buenos Aires: están acondicionando una línea de producción para comenzar la producción de alcohol en gel en pequeña escala. “Estamos terminando la habilitación por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para esa línea de producción ya tenerla como propia. Es un proceso de reinversión constante”. 

La segunda estrategia fue organizar a diversas empresa recuperadas y a otras cooperativas de organizaciones sociales alrededor de la producción de barbijos. “No es nuestro rubro, pero pudimos articular varias experiencias. Hay otras recuperadas textiles como Alcoyana, Brukman o Sport Tech, además de cooperativas textiles de la Organización Libres del Pueblo (OLP-CTEP) en barrios de La Matanza. Nosotros sumamos el acondicionamiento y el control de calidad para garantizar que los barbijos lleguen a los clientes en buen estado y empaquetados de forma estandarizada”.

Son más de 200 personas trabajando de forma cooperativa. “Si hay algo que tenemos los que pasamos por situaciones de crisis o por recuperaciones, es la capacidad de encontrarle la vuelta, de pensar, y de ser solidario con el de al lado, y no ser mezquino con las ganancias. Se están por sumar algunos talleres de Merlo, que estaban parados. Se está tratando de repartir trabajo para que haya un ingreso para todos. Eso demuestra lo que siempre decimos: la cooperación supera a la competencia”.

Cómo se imagina el después: “Es tiempo de poder discutir algo que venimos planteando como movimiento y es la necesidad de un salario universal. Muchos países en Europa lo están discutiendo, y tiene que ver cómo garantizamos los recursos de una manera eficiente. Hay que dejar de pensar desde políticas focalizadas para segmentar a la población más pobre, porque no es algo que resolvés bajando 200 mil planes sociales. Debe ser algo integral, que rediscuta la producción, la distribución y el consumo”.

Los anticuerpos

Gisela Bustos es abogada y también integra el MNER desde la Cooperativa 19 de Diciembre, metalúrgica autopartista recuperada en 2002. Atiende a lavaca luego de realizar una recorrida por cooperativas de San Martín. “La situación es catastrófica”, resume. “Las de alimentos, se mueven algo. Las textiles, algunas trabajan los barbijos. La cooperativa Edy, que produce enchufes, logró sacar un micropedido. Nosotros, como autopartistas, parados: no se mueve un fierro. Veremos si ahora que abren los talleres se empieza a poner en movimiento algo. Pero, por el momento, todo está liquidado”.

Bustos grafica que las cooperativas siguen siendo la Cenicienta, en la versión más atrasada del cuento. “Estamos todes de acuerdo que lo que se hizo como política en contexto de pandemia está bien: la vida vale más que el capital. ¿Pero qué ocurre que nuestro sector es una y otra vez discriminado? De toda la batería de políticas, los que siempre quedamos afuera somos los trabajadores y las trabajadores de las recuperadas”.

La abogada cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto del Covid 19 en el mercado de trabajo argentino: alerta que sólo un 26% de lxs ocupadxs trabajan en empresas de gran escala (con más de 40 personas asalariadas), mientras que un 68% son pymes o trabajadores por cuenta propia. “Ese sector recibe la crisis de forma brutal. Dentro de eso, el impacto en las recuperadas es tremendo”.

Bustos dice que como movimiento asumen que tienen fuerzas limitadas dentro de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, pero que están trabajando en proyectos y resoluciones para lograr políticas concretas. “El cuadro es malo, pero las recuperadas tenemos anticuerpos para salir adelante como sea. Siempre con imaginación y solidaridad, porque lo que estamos viviendo es difícil como pocas veces visto”.

Qué espera de lo que viene: “Esto es como en casa, cuando ves que hay un poco de arroz, un tomate, y hay que ingeniárselas para comer. Tenemos con qué hacerlo. Somos un sector que se ha consolidado en la economía y en la vida productiva de nuestro país. No nos merecemos ser ninguneados ni asistidos con limosnas. Tenemos que tener políticas de fondo para este sector, porque demostramos viabilidad y compromiso con la comunidad. Además de tener una Dirección, que es un paso histórico para el movimiento, necesitamos que se lleve adelante la política que necesitamos para tener una vida digna como trabajadores y trabajadoras de la autogestión”.

Bustos concluye: “Vamos a poner todo para que el se caiga, agarrarlo y que no se quede en el camino. Lo que no pudo la patronal, la justicia, la policía o el macrismo, no vamos a dejar que nos lo arrebate un virus. ¿Cómo nos veo? Peleando, como hicimos siempre”.

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Ley de humedales: el humo político

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La diputada Graciela Camaño revela que percibe “falta de voluntad política” tanto en el oficialismo como en la oposición para tratar la Ley de Humedales que sigue sin tratarse desde hace casi 10 años. Mientras tanto esas áreas continúan incendiándose para favorecer agronegocios a costa de la salud de la población y el medio ambiente. El 21,5% del territorio argentino es de humedales, lo que incluye los salares donde se explota el litio “sin ningún cuidado ambiental” reconoce Camaño. La advertencia de la Multisectorial de Humedales contra un proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.   

Mientras siguen incendiándose los humedales en el Delta del Paraná, el tema de esos espacios cruciales para la preservación del ambiente, el agua y el clima, tiene una historia densa en el Congreso de la Nación. Los primeros proyectos se presentaron en 2013, hace casi una década, y obtuvieron media sanción en el Senado, pero luego perdieron estado parlamentario por no ser tratados en Diputados.

En 2016 pasó lo mismo: media sanción en la Cámara Alta y pérdida de estado parlamentario por no ser tratado en la Cámara Baja. Luego, los proyectos presentados en 2018 perdieron estado sin siquiera ser tratados. Con la urgencia ineludible de los incendios de 2020 (vale recordar las quemas en Corrientes) se presentaron 15 proyectos (10 en Diputados y 5 en el Senado), que se unificaron en un texto de dictamen discutido ampliamente en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, por representantes de 18 provincias. Sin embargo, el tratamiento en las otras comisiones no continuó y meses después perdió nuevamente estado parlamentario. La última presentación de un proyecto fue en marzo de este año: organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, de todo el país acompañaron el proyecto que impulsó el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero aunque pasaron cinco meses, en la web oficial de la Cámara de Diputados continúa indicando que aún no se giraron a ninguna comisión.  

“Es una barbaridad, el reglamento establece que rápidamente hay que darle giro a los proyectos, no puede bajo ningún punto de vista la presidencia de la Cámara tener en revisión los giros”, dice a lavaca la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien sigue el tema desde su inicio intentando surfear las grietas.

En síntesis: sin comisiones no hay tratamiento. Y sin tratamiento no habrá ley. 

La situación es alarmante: si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

Camaño desde adentro del Congreso detalla los pasos que deberían hacerse: “Lo que debe haber es una reunión de todas las comisiones que tengan el tema para dictaminar. Nosotros hicimos todo el trabajo de consulta durante el año pasado y el anterior, lo que falta es una reunión conjunta de todas las comisiones para emitir dictamen. No sirve que hagamos una reunión de la Comisión de Ambiente, eso no sirve, no alcanza. Desde Ambiente tenemos que exigir al resto de las comisiones que se sienten y debatan y que digan por qué no tiene que haber una ley de  humedales”.  

Rosca vs urgencias

El 21,5% de la superficie de Argentina –600.000  km²– la constituyen humedales: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas distribuidas en once regiones, en zonas urbanas y rurales. 

El proyecto de ley busca entonces que se les brinde un uso ambientalmente respetuoso, que las actividades preserven sus funciones ecológicas y se eliminen los factores que los perturban. Además, dispone fondos para protegerlos, estimula la participación ciudadana en la toma de decisiones, y propone un inventario para registrar las zonas de humedales.  

Con los pies en este panorama responde Camaño: 

¿El oficialismo no quiere tratar este proyecto?  

Yo creo que en el oficialismo y en la oposición de Cambiemos hay diputados que no quieren impulsar el proyecto. 

¿Es posible establecer los consensos necesarios para que sea tratado?

Lo que veo es que hay una oposición férrea. Nosotros estamos pensando en los humedales como en el Delta, pero la Convención Internacional tiene definidos 42 humedales, 42 cuestiones geográficas que son humedales. Por ejemplo: los salares son humedales y fijate de qué manera se está produciendo litio en Argentina sin ningún cuidado ambiental. Las turberas son humedales. Los deltas son humedales. Acá hay una suerte de mora en la definición y en la protección de los humedales de darle un tratamiento, porque el cuidado ambiental no tiene que ver con la prohibición: tiene que ver con que en los lugares donde se produce se cuide el ambiente, y se reponga, que se hagan las cosas correctamente cuidando el ambiente. Aparentemente quienes están produciendo en zonas de humedales pretenden producir de cualquier forma y a cualquier costo, y ese es el problema más serio que tenemos. Se tiene que producir, pero de manera sostenible, y se tiene que reproducir reparando el daño que se produce al ambiente cuando se produce. 

Uno de los discursos contra la ley es que se frena la producción y reactivación económica, ¿qué opina de este argumento?

Eso es mentira. Lo que se pretende es que quien se va a beneficiar con el recurso natural no se beneficie tanto como para dejar el daño no solamente a nuestro país sino a las generaciones futuras. Hay un discurso mentiroso respecto al tema ambiental de aquellos que intentan tener muy grandes ganancias en contra del ambiente que es un bien de todos. 

La «cuchillada en la espalda«

Aunque el proyecto presentado este año por el diputado Leonardo Grosso toma como texto el dictamen consensuado durante 2021 con 37 firmas de diputados y diputadas que adhieren –todos de la bancada oficialista a excepción de la diputada Margarita Stolbizer- el tratamiento no llega. 

“No veo voluntad política, honestamente”, sintetiza la diputada Camaño, quien también presentó un proyecto propio, como muchos otros diputados y diputadas. La cantidad de proyectos da cuenta de que el tema está en agenda de parte de la Cámara pero no llega a impulsarse. 

Camaño menciona el anteproyecto del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como un ejemplo de la falta de esa voluntad: “Es lamentable no solamente porque han habido dos instancias en el 2013 y en 2016 con media sanción del Senado, sino porque en el año 2016 el COFEMA fijó los lineamientos de lo que tiene que ser la Ley de Humedales, y no tienen nada que ver con el proyecto que anda dando vuelta y que todavía no fue presentado a la Cámara”. 

El 11 de julio, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con el Ministerio Nacional de Ambiente en manos de Juan Cabandié, anunció que se presentaría otro proyecto. Desde la Multisectorial de Humedales emitieron un comunicado en el que dicen de manera contundente que “se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales, no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”. 

La Multisectorial de Rosario denuncia esta trampa: “Ese proyecto de Cabandié es una tremenda cuchillada en la espalda a las organizaciones que vienen sosteniendo el proyecto de Ley de Humedales consensuado, que fue el que llevamos en la travesía el año pasado y dejaron caer en 2021. Hace modificaciones clave sobre la definición de humedales, sobre el cuidado de ese ambiente. Cuando decimos ‘Ley de Humedales ya!’, hay que aclarar cuál ley. Están negando y aplastando la voz popular, de la gente que está en los territorios diciendo qué ley necesita”.

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El patrón del fuego: humo, agronegocios, y el Delta en llamas

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Se destruyeron 853.000 hectáreas de humedales en dos años y medio, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este año, 100.000. “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. El objetivo, alimentar ganado que ocupa esas zonas para agrandar la frontera agropecuaria y liberar áreas para los negocios transgénicos e inmobiliarios. Links a notas e investigaciones sobre el tema. (Foto de portada tomada del la cuenta de Federico Padin en Twitter, @fede_padin).

“Nosotros tenemos humo en la ciudad bastante seguido, desde el 2020 a esta parte. Lo que pasa es que llega a los medios de Buenos Aires cuando ya es zarpado, que es lo que pasó el fin de semana”.

Julia Vélez, integrante de la Multisectorial Humedales, habla desde Rosario mientras coordina con sus compañeros los detalles de la movilización de este miércoles en el Monumento a la Bandera. Una marcha que surgió de manera espontánea desde las redes sociales, ante la evidencia del humo, y a la cual se le fueron montando todas las organizaciones sociales de la provincia e incluso, por primera vez, la Universidad Nacional, que decretó un cese de las actividades para que la comunidad universitaria pueda asistir.

“La Universidad abrió un teléfono para recibir casos de afecciones por el humo: en la primera hora recibió 100 consultas”, cuenta Julia sobre nuevos apoyos institucionales que hablan de una bronca transversal en la ciudad del puerto internacional, azotada por la violencia, lo narco, el hambre, las quemas y los femicidios. Se suman a las víctimas todas las personas con problemas en las vías respiratorias, y quienes empiezan a sufrirlos por la invasión del humo.

La violencia de cada día

·         “Basta de humo”

·         “Humo es el negocio”

·         “Plomo y humo, el negocio de matar”

Foto: Eduardo Bodiño

Las pintadas aparecieron en edificios públicos y en la ya famosa escultura Barquito de Papel (popularmente rebautizado “narquito”) luego de tres días de humo sostenido, y merecieron más notas periodísticas que las propias causas que las originaron: los incendios que desde hace al menos 2 años destruyen el Delta, y que el pasado fin de semana volvieron a intensificarse de manera asfixiante para la población urbana.

“Tomó una relevancia a nivel nacional, pero humo tenemos casi todas las semanas. A veces muy leve, y a veces como pasó este fin de semana de dos días y medio, sin poder respirar, y gente muy afectada a nivel salud. Cada 4 meses pasa así, de manera alevosa, desde hace 2 años”, cuenta Julia sobre la a-normalidad.

La masiva movilización de hoy en Rosario pone en contexto a las pintadas. Si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales sobre un área total, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

En San Pedro y las Islas Las Lechiguanas, parte del mismo Delta en llamas: https://lavaca.org/notas/san-pedro-argentina-la-realidad-en-llamas/

Y en Corrientes, donde otros incendios recientes confirmaron la necesidad de la Ley de Humedales: https://lavaca.org/mu168/la-ley-del-fuego/

La Multisectorial en Defensa de los Humedales nació como una respuesta en pleno pico de la pandemia: su bautismo desesperado fue una histórica toma del puente en pleno aislamiento obligatorio.

“Estábamos muriendo por el humo más que por el Covid, esa era la sensación”, relata Julia, y enseguida conecta con la actualidad. “Ahora parecería que el humo vuelve, ya no hay Covid, pero es como si fuera natural”. La movilización de este miércoles intentó sacudir esa naturalización postpandémica de lo antinatural.

El proyecto en juego

Estamos en agosto. La misma época –en 2020 y en 2021- que en Rosario se registraron el mismo tipo de quemas y el acoso del humo, una sincronía que la Multisectorial no lee como casualidad: “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. ¿Para qué? “Entendemos que para los pastizales, para que en primavera estén los brotes y las vacas coman… Tenemos datos de zonas quemadas de islas que aparecen como campos en grandes inmobiliarias. También se puede pensar que es preparar el terreno para que se extienda la frontera agropecuaria, la soja básicamente. Pero… no los sabemos a ciencia cierta: son las tres cosas y alguna otra cosa más que no estamos sabiendo” dice y repite para enmarcar: “Esto responde a un proyecto económico de país”:

Sobre las causas y efectos de estas quemas, el periodista rosarino Tomás Viú investigó en esta nota para la MU 150: https://lavaca.org/mu150/todos-los-fuegos-el-delta-en-llamas/

Este territorio, el Delta del Paraná, es zona de puerto donde entran y salen barcos, en un territorio de islas de aproximadamente 70 kilómetros de monte nativo, con acceso a lo que suele llamarse “hidrovía”: el Paraná. “No es tan romántico el asunto”, pincha el paisaje Julia. “Las islas siempre fueron territorio de cualquier cosa, es decir, de cualquier tipo de negocio por fuera de la ley, con acceso al río de salida internacional. La hidrovía simboliza el territorio como disputa de poderes de los grandes negocios… es un análisis, una lectura que hago yo personalmente pero que está en boca de todos”.

En esta nota, el diputado Carlos del Frade desarrolla este análisis que da cuenta de la relación entre modelo extractivo, narcotráfico y quemas: https://lavaca.org/mu163/carlos-del-frade-contar-para-vivirla/

La encerrona

Sigue Julia: “La ciudad está estallada de violencia: hoy tenemos 18 niñes muertes por balaceras en lo que va del año… La sensación es como de una encerrona: nos matan porque no aplican políticas sociales, y tampoco tratan seriamente la cuestión del narcotráfico. Y esto no está distante de las quemas de las islas”.

Mientras tanto, el gobierno de la provincia decidió reaccionar a las quemas con un cambio de Ministro de Seguridad que las organizaciones sociales leen como una provocación: Omar Perotti le pidió la renuncia al ministro José Lagna y puso como sucesor a Rubén Rimoldi, un comisario general retirado. “A partir de estas pintadas que surgieron el gobierno empezó a justificar todo como en mensajes mafiosos… la famosa criminalización de la expresión popular. Parece más importante que te escriban una pared de un edificio público. que si se está llenando todo de humo y nadie del Estado hace nada. El mensaje parece ser: acostúmbrense que va a ser así, y si no, palos para todos”. 

Hacia adelante se vislumbra más de lo mismo: “Hay un claro camino para el proyecto económico de este país que nada tiene que ver con conservar el ambiente, y mucho menos darle lugar y voz a la organizaciones de los territorios. Es un manoseo de un discurso que se dice federal, inclusivo, colectivo, bla bla, versus la realidad de las acciones que son: de derecha, conservadoras y absolutamente extractivistas y neoliberales. Es una contradicción, una esquizofrenia sin fin. Y en el medio, nos ahogamos. Por eso vamos a seguir movilizándonos”.

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Informe América: dictamen del INADI establece que hubo violencia machista

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El Informe América fue elaborado por el colectivo Periodistas Argentinas en relación a la violencia laboral ejercida en el Grupo América hacia trabajadoras y trabajadores. A raíz de la presentación en distintos organismos del Estado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dictaminó que el periodista Antonio Laje tuvo conductas “violentas”, “cínicas” y “perversas” y que la conducción de dicho grupo de medios tuvo una actitud “reaccionaria, anacrónica y a todas luces ineficientes”. Los principales puntos y las recomendaciones del organismo.

El Informe América se presentó el diciembre pasado en la Sala II del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para dar cuenta de un sistema y un modus operandi que se viene desarrollando a lo largo del tiempo en el multimedio Grupo América. 

El documento se presentó luego oficialmente en distintos organismos estatales: la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público y el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). Además se entregaron copias al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid).

Luego de una investigación la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, a cargo de Demián Zayat, emitió un dictamen técnico de opinión que confirma “la conducta violenta de género del Sr. Laje y la complicidad o aquiescencia de las autoridades y dueños del multimedios en el cual se desempeña”.

Esta situación fue denunciada por Periodistas Argentinas cuando enfatizó que no se trataba de una sola persona sino de una situación sistemática que se viene desarrollando a lo largo del tiempo.

El dictamen sostiene que se identifica “un modus operandi generalizado en el ámbito de los medios masivos de comunicación: el machismo imperante en ellos, materializado en el acoso, abuso, maltrato, intimidación y descrédito profesional al que son sometidas las mujeres”. Además remarca que ”mientras la violencia de género gana lugar y relevancia en los medios” son los propios medios  en donde “se perpetúan y reproducen conductas machistas contra las trabajadoras”. 

Sobre el modus operandi detallado en el Informe América, el INADI entiende que “dicha práctica tiene un aspecto cínico y otro perverso”. Y detalla cada uno: 

  • “El costado cínico reside en el principal argumento de defensa esgrimido generalmente por las personas acusadas, argumento que endilga a la vorágine de ‘la exigencia profesional’ la responsabilidad por ‘algún exceso’”. 
  • Respecto al costado perverso: “Anida en que los maltratos y abusos denunciados generalmente implican el desastre para la denunciante, su descrédito profesional, persecución o despido, que generalmente incluye también caer en una suerte de lista de vetados que impide trabajar en otros programas o medios del grupo en cuestión o, en casos graves, incluso en cualquier otro medio del país. Este rasgo ruin, montado sobre el temor e incertidumbre que genera la posibilidad de perder el empleo, es el que precisamente habilita su propia existencia y continuidad”. 

Además en el documento emitido hoy por parte del organismo se sostiene que «Laje se victimizó y denunció una “operación” para destruirlo. Más allá del egotismo del Sr. Laje, que al parecer se considera lo suficientemente importante e influyente como para que se instalen operaciones en su contra, con sólo apreciar las declaraciones de las mujeres implicadas, sus tareas y sobre todo las consecuencias que tuvieron en sus trabajos, basta para descartar la falsa ‘operación’ argüida por Laje»

Otra definición: “La defensa del Sr. Laje consistió en definir a esta situación no como maltrato, sino como exigencia. Más allá del nombre que le quiera poner, los hechos encuadran sin lugar a dudas en todas las definiciones de violencia

contra la mujer que establece la normativa internacional y nacional». 

Respecto al papel y responsabilidad de los dueños y autoridades del Grupo América el organismo remarca que “su actitud ante la situación resultó reaccionaria, anacrónica y a todas luces insuficiente. En relación a su intervención en este expediente, si bien puede entenderse el derecho a la defensa que toda persona física y jurídica tiene, la actitud aséptica y tecnicista evidencia en las presentes actuaciones un desinterés absoluto por la violencia engendrada contra las mujeres en el medio que presiden”. 

Subraya el INADI que “en el afán de defender a su conductor deja a la empresa en una posición de absoluta complicidad con los graves hechos denunciados y de espaldas a una realidad (el empoderamiento de las mujeres para terminar de una vez con prácticas y conductas violentas contra ellas) que no va a detenerse por más caso omiso que quiera hacerse. Con su actitud la empresa, además, revictimiza a las mujeres implicadas, ya que la inacción respecto a lo ocurrido, aún ante la presentación de denuncias formales, reafirma la postura tomada al despedir a las trabajadoras que no se sometían a los abusos de Laje, o al permitir su persecución y acoso laboral, sin garantizar los más elementales derechos laborales”. 

Como organismo estatal que actúa contra toda forma de discriminación, el INADI estableció en el dictamen una serie de recomendaciones con el fin de prevenir y reparar las acciones denunciadas. Las recomendaciones son: 

  • “Arbitrar los medios necesarios de manera inmediata para evitar la continuidad de conductas denunciadas, sin que se adopten represalias contra las víctimas y denunciantes”. 
  • “Establecer capacitaciones sobre violencia de género a fines de evitarlas en el futuro y lograr un estándar aceptable en cuanto a los derechos de la mujer”. 
  • “Establecer segmentos sobre derechos de la mujer para sacar al aire en el programa de las noticias de la mañana”. 
  • “Aprobar y poner en práctica, de un modo conjunto con los representantes sindicales, un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 190 de la OIT, y crear un área de género para prevenir este tipo de conductas que deberá tener intervención en la investigación que se lleve adelante en las denuncias de este tipo”. 
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La última Mu: La voz originaria

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