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Autogestión en tiempos de coronavirus. Primera parte: deliverys, barbijos y los reclamos para una vida digna

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El restaurante La Mangiata, el laboratorio Farmacoop y la autopartista 19 de Diciembre cuentan a lavaca los efectos de la cuarentena obligatoria en las empresas recuperadas. Cómo se siente la crisis. La ausencia de políticas para las cooperativas. Los rechazos del Ingreso Familiar de Emergencia. Las estrategias solidarias. Los anticuerpos de la economía popular. Del macrismo al coronavirus, primera entrega sobre el impacto en el sector autogestivo.

El restaurante cooperativo La Mangiata abrió una línea de delivery en medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional frente a la pandemia de coronavirus. De los 31 trabajadores y trabajadoras asociadxs al bodegón recuperado en 2013, están yendo a trabajar hasta un grupo de nueve, según el día. “Hoy somos seis: dos están cocinando, otros dos tomando pedidos y el resto repartiendo”, dice a lavaca Roberto Montero, hasta hace poco presidente de la cooperativa. “Enero y febrero veníamos trabajando normal. Marzo arrancó con un 50% por ciento menos de laburo, y hoy, con casi un mes y medio perdido, estamos facturando el 10% de lo que hacíamos”.

Lo que gráfica Montero es la preocupación que se extiende en cada una de las más de 400 fábricas recuperadas y cooperativas de todo el país, que generan fuentes de trabajo para más de 20 mil personas, y que no están siendo alcanzadas en su plenitud por ninguno de los resortes que el Estado dispuso hasta el momento para paliar los efectos de esta crisis. “El Ingreso Familiar de Emergencia les salió a algunos compañeros, pero a otros directamente no. Y algunos eran compañeros que cumplían con todos los requisitos. Sumale que los créditos que se están dando son para sociedades anónimas o SRL, y no para cooperativas. No estamos siendo contemplados por las políticas”.

Les trabajadorxs recuperaron La Mangiata en 2013 en una cadena de recuperaciones que implicó otros tres restoranes del mismo grupo económico: Don Battaglia, Alé Alé y Los Chanchitos, también cooperativos y también apelando al delivery como salida gastronómica para combatir esta restricción. “El jueves arrancamos con cuatro pedidos”, dice Montero. “El viernes, con 10. El sábado, con 14. El domingo hicimos día y noche, pero tampoco hubo gran cosa. Ahora arrancamos durante toda la semana por la noche, y el finde haremos doble, porque sabemos que es la única entrada que vamos a tener”.

La Mangiata está ubicada en Angel Gallardo 1008, en el barrio porteño de Villa Crespo. La línea que habilitaron para pedidos es 4982-6843/44.

Montero grafica con una palabra cómo se imagina lo que viene: “Es impredecible”.

Del macrismo al coronavirus

En mayo del 2019, la Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires otorgó una autorización provisoria para que las trabajadoras y los trabajadores del exlaboratorio Roux Ocefa continuaran la explotación de las dos plantas ubicadas en Villa Luro y Mataderos. Es que desde octubre del año anterior realizaban una permanencia pacífica para recuperar sus fuentes de trabajo. Y lo consiguieron: estaban poniendo a punto la fábrica para convertirse en el primer laboratorio recuperado del mundo.

“Teníamos programada una inspección para habilitar finalmente la planta  para la semana del 16 de marzo, pero el coronavirus nos pateó el tablero”, cuenta a lavaca Bruno Di Mauro, presidente de Farmacoop. “Estuvimos todo este verano trabajando con un equipo técnico nuevo que habíamos armado para llegar a la habilitación de producción de gotas, que era la primera que queríamos lanzar. Estábamos a días.”.

Farmacoop forma parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), desde donde están pensando formas colectivas de atravesar este momento de crisis. Di Mauro cuenta que todos los días llegan al Movimiento y, también, a la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, parte de la Secretaría de Economía Social (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), consultas desesperadas sobre la situación del sector. “La mayoría de las fábricas están paradas y no ha habido ninguna política concreta para las cooperativas. Estamos tratando de agilizar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero tuvimos muchos rechazados. Estamos pensando alguna vía de revindicación concreta, porque las recuperadas ya veníamos golpeadas”.

Las cooperativas sortearon el azote macrista con una baja pronunciada en sus producciones, a la espera de un 2020 con nuevos aires de alivio. Pero, como expresa Di Mauro, el coronavirus modificó los planes. Sin embargo, las políticas anunciadas por el Gobierno no terminan de contemplar al sector cooperativo: algunas personas fueron rechazadas del IFE por diversos motivos (desde algún ingreso mínimo en relación de dependencia, categoría del monotributo, domicilio o datos desactualizados), mientras que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, anunciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para pymes, tampoco las alcanza.

“Estamos hablando de la economía popular como un sector bastante significativo, porque también pensemos que las políticas que el Estado baja a los territorios serían imposibles de hacer si no fuera, por ejemplo, a través de organizaciones sociales en los barrios”, dice Di Mauro. “Es un sector en la economía ya consolidado: no es de tránsito ni que aparece momentáneamente en una crisis a la espera de que un sistema formal reabsorba a toda esa masa de compañeros y compañeras. Y, en este caso, se ven las limitaciones para reconocer a este sector, porque ninguna de estas políticas están llegando a las organizaciones de la economía popular. Mientras, las empresas más concentradas plantean un escenario de negociación como Paolo Rocca echando 1400 trabajadores tres días antes del decreto que evitaba despidos. Ellos tienen ese poder para poder negociar sobre la mesa subsidios y otras exenciones. ¿Y las recuperadas?”.

Contagio solidario

Di Mauro cuenta que, aun en medio de la pandemia, encontraron dos formas de generar ingresos y puestos de trabajo. La primera fue un convenio con la provincia de Buenos Aires: están acondicionando una línea de producción para comenzar la producción de alcohol en gel en pequeña escala. “Estamos terminando la habilitación por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para esa línea de producción ya tenerla como propia. Es un proceso de reinversión constante”. 

La segunda estrategia fue organizar a diversas empresa recuperadas y a otras cooperativas de organizaciones sociales alrededor de la producción de barbijos. “No es nuestro rubro, pero pudimos articular varias experiencias. Hay otras recuperadas textiles como Alcoyana, Brukman o Sport Tech, además de cooperativas textiles de la Organización Libres del Pueblo (OLP-CTEP) en barrios de La Matanza. Nosotros sumamos el acondicionamiento y el control de calidad para garantizar que los barbijos lleguen a los clientes en buen estado y empaquetados de forma estandarizada”.

Son más de 200 personas trabajando de forma cooperativa. “Si hay algo que tenemos los que pasamos por situaciones de crisis o por recuperaciones, es la capacidad de encontrarle la vuelta, de pensar, y de ser solidario con el de al lado, y no ser mezquino con las ganancias. Se están por sumar algunos talleres de Merlo, que estaban parados. Se está tratando de repartir trabajo para que haya un ingreso para todos. Eso demuestra lo que siempre decimos: la cooperación supera a la competencia”.

Cómo se imagina el después: “Es tiempo de poder discutir algo que venimos planteando como movimiento y es la necesidad de un salario universal. Muchos países en Europa lo están discutiendo, y tiene que ver cómo garantizamos los recursos de una manera eficiente. Hay que dejar de pensar desde políticas focalizadas para segmentar a la población más pobre, porque no es algo que resolvés bajando 200 mil planes sociales. Debe ser algo integral, que rediscuta la producción, la distribución y el consumo”.

Los anticuerpos

Gisela Bustos es abogada y también integra el MNER desde la Cooperativa 19 de Diciembre, metalúrgica autopartista recuperada en 2002. Atiende a lavaca luego de realizar una recorrida por cooperativas de San Martín. “La situación es catastrófica”, resume. “Las de alimentos, se mueven algo. Las textiles, algunas trabajan los barbijos. La cooperativa Edy, que produce enchufes, logró sacar un micropedido. Nosotros, como autopartistas, parados: no se mueve un fierro. Veremos si ahora que abren los talleres se empieza a poner en movimiento algo. Pero, por el momento, todo está liquidado”.

Bustos grafica que las cooperativas siguen siendo la Cenicienta, en la versión más atrasada del cuento. “Estamos todes de acuerdo que lo que se hizo como política en contexto de pandemia está bien: la vida vale más que el capital. ¿Pero qué ocurre que nuestro sector es una y otra vez discriminado? De toda la batería de políticas, los que siempre quedamos afuera somos los trabajadores y las trabajadores de las recuperadas”.

La abogada cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto del Covid 19 en el mercado de trabajo argentino: alerta que sólo un 26% de lxs ocupadxs trabajan en empresas de gran escala (con más de 40 personas asalariadas), mientras que un 68% son pymes o trabajadores por cuenta propia. “Ese sector recibe la crisis de forma brutal. Dentro de eso, el impacto en las recuperadas es tremendo”.

Bustos dice que como movimiento asumen que tienen fuerzas limitadas dentro de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, pero que están trabajando en proyectos y resoluciones para lograr políticas concretas. “El cuadro es malo, pero las recuperadas tenemos anticuerpos para salir adelante como sea. Siempre con imaginación y solidaridad, porque lo que estamos viviendo es difícil como pocas veces visto”.

Qué espera de lo que viene: “Esto es como en casa, cuando ves que hay un poco de arroz, un tomate, y hay que ingeniárselas para comer. Tenemos con qué hacerlo. Somos un sector que se ha consolidado en la economía y en la vida productiva de nuestro país. No nos merecemos ser ninguneados ni asistidos con limosnas. Tenemos que tener políticas de fondo para este sector, porque demostramos viabilidad y compromiso con la comunidad. Además de tener una Dirección, que es un paso histórico para el movimiento, necesitamos que se lleve adelante la política que necesitamos para tener una vida digna como trabajadores y trabajadoras de la autogestión”.

Bustos concluye: “Vamos a poner todo para que el se caiga, agarrarlo y que no se quede en el camino. Lo que no pudo la patronal, la justicia, la policía o el macrismo, no vamos a dejar que nos lo arrebate un virus. ¿Cómo nos veo? Peleando, como hicimos siempre”.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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