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Autogestión en tiempos de coronavirus. Primera parte: deliverys, barbijos y los reclamos para una vida digna

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El restaurante La Mangiata, el laboratorio Farmacoop y la autopartista 19 de Diciembre cuentan a lavaca los efectos de la cuarentena obligatoria en las empresas recuperadas. Cómo se siente la crisis. La ausencia de políticas para las cooperativas. Los rechazos del Ingreso Familiar de Emergencia. Las estrategias solidarias. Los anticuerpos de la economía popular. Del macrismo al coronavirus, primera entrega sobre el impacto en el sector autogestivo.

El restaurante cooperativo La Mangiata abrió una línea de delivery en medio de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional frente a la pandemia de coronavirus. De los 31 trabajadores y trabajadoras asociadxs al bodegón recuperado en 2013, están yendo a trabajar hasta un grupo de nueve, según el día. “Hoy somos seis: dos están cocinando, otros dos tomando pedidos y el resto repartiendo”, dice a lavaca Roberto Montero, hasta hace poco presidente de la cooperativa. “Enero y febrero veníamos trabajando normal. Marzo arrancó con un 50% por ciento menos de laburo, y hoy, con casi un mes y medio perdido, estamos facturando el 10% de lo que hacíamos”.

Lo que gráfica Montero es la preocupación que se extiende en cada una de las más de 400 fábricas recuperadas y cooperativas de todo el país, que generan fuentes de trabajo para más de 20 mil personas, y que no están siendo alcanzadas en su plenitud por ninguno de los resortes que el Estado dispuso hasta el momento para paliar los efectos de esta crisis. “El Ingreso Familiar de Emergencia les salió a algunos compañeros, pero a otros directamente no. Y algunos eran compañeros que cumplían con todos los requisitos. Sumale que los créditos que se están dando son para sociedades anónimas o SRL, y no para cooperativas. No estamos siendo contemplados por las políticas”.

Les trabajadorxs recuperaron La Mangiata en 2013 en una cadena de recuperaciones que implicó otros tres restoranes del mismo grupo económico: Don Battaglia, Alé Alé y Los Chanchitos, también cooperativos y también apelando al delivery como salida gastronómica para combatir esta restricción. “El jueves arrancamos con cuatro pedidos”, dice Montero. “El viernes, con 10. El sábado, con 14. El domingo hicimos día y noche, pero tampoco hubo gran cosa. Ahora arrancamos durante toda la semana por la noche, y el finde haremos doble, porque sabemos que es la única entrada que vamos a tener”.

La Mangiata está ubicada en Angel Gallardo 1008, en el barrio porteño de Villa Crespo. La línea que habilitaron para pedidos es 4982-6843/44.

Montero grafica con una palabra cómo se imagina lo que viene: “Es impredecible”.

Del macrismo al coronavirus

En mayo del 2019, la Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires otorgó una autorización provisoria para que las trabajadoras y los trabajadores del exlaboratorio Roux Ocefa continuaran la explotación de las dos plantas ubicadas en Villa Luro y Mataderos. Es que desde octubre del año anterior realizaban una permanencia pacífica para recuperar sus fuentes de trabajo. Y lo consiguieron: estaban poniendo a punto la fábrica para convertirse en el primer laboratorio recuperado del mundo.

“Teníamos programada una inspección para habilitar finalmente la planta  para la semana del 16 de marzo, pero el coronavirus nos pateó el tablero”, cuenta a lavaca Bruno Di Mauro, presidente de Farmacoop. “Estuvimos todo este verano trabajando con un equipo técnico nuevo que habíamos armado para llegar a la habilitación de producción de gotas, que era la primera que queríamos lanzar. Estábamos a días.”.

Farmacoop forma parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), desde donde están pensando formas colectivas de atravesar este momento de crisis. Di Mauro cuenta que todos los días llegan al Movimiento y, también, a la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, parte de la Secretaría de Economía Social (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), consultas desesperadas sobre la situación del sector. “La mayoría de las fábricas están paradas y no ha habido ninguna política concreta para las cooperativas. Estamos tratando de agilizar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero tuvimos muchos rechazados. Estamos pensando alguna vía de revindicación concreta, porque las recuperadas ya veníamos golpeadas”.

Las cooperativas sortearon el azote macrista con una baja pronunciada en sus producciones, a la espera de un 2020 con nuevos aires de alivio. Pero, como expresa Di Mauro, el coronavirus modificó los planes. Sin embargo, las políticas anunciadas por el Gobierno no terminan de contemplar al sector cooperativo: algunas personas fueron rechazadas del IFE por diversos motivos (desde algún ingreso mínimo en relación de dependencia, categoría del monotributo, domicilio o datos desactualizados), mientras que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, anunciado por el Ministerio de Desarrollo Productivo para pymes, tampoco las alcanza.

“Estamos hablando de la economía popular como un sector bastante significativo, porque también pensemos que las políticas que el Estado baja a los territorios serían imposibles de hacer si no fuera, por ejemplo, a través de organizaciones sociales en los barrios”, dice Di Mauro. “Es un sector en la economía ya consolidado: no es de tránsito ni que aparece momentáneamente en una crisis a la espera de que un sistema formal reabsorba a toda esa masa de compañeros y compañeras. Y, en este caso, se ven las limitaciones para reconocer a este sector, porque ninguna de estas políticas están llegando a las organizaciones de la economía popular. Mientras, las empresas más concentradas plantean un escenario de negociación como Paolo Rocca echando 1400 trabajadores tres días antes del decreto que evitaba despidos. Ellos tienen ese poder para poder negociar sobre la mesa subsidios y otras exenciones. ¿Y las recuperadas?”.

Contagio solidario

Di Mauro cuenta que, aun en medio de la pandemia, encontraron dos formas de generar ingresos y puestos de trabajo. La primera fue un convenio con la provincia de Buenos Aires: están acondicionando una línea de producción para comenzar la producción de alcohol en gel en pequeña escala. “Estamos terminando la habilitación por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para esa línea de producción ya tenerla como propia. Es un proceso de reinversión constante”. 

La segunda estrategia fue organizar a diversas empresa recuperadas y a otras cooperativas de organizaciones sociales alrededor de la producción de barbijos. “No es nuestro rubro, pero pudimos articular varias experiencias. Hay otras recuperadas textiles como Alcoyana, Brukman o Sport Tech, además de cooperativas textiles de la Organización Libres del Pueblo (OLP-CTEP) en barrios de La Matanza. Nosotros sumamos el acondicionamiento y el control de calidad para garantizar que los barbijos lleguen a los clientes en buen estado y empaquetados de forma estandarizada”.

Son más de 200 personas trabajando de forma cooperativa. “Si hay algo que tenemos los que pasamos por situaciones de crisis o por recuperaciones, es la capacidad de encontrarle la vuelta, de pensar, y de ser solidario con el de al lado, y no ser mezquino con las ganancias. Se están por sumar algunos talleres de Merlo, que estaban parados. Se está tratando de repartir trabajo para que haya un ingreso para todos. Eso demuestra lo que siempre decimos: la cooperación supera a la competencia”.

Cómo se imagina el después: “Es tiempo de poder discutir algo que venimos planteando como movimiento y es la necesidad de un salario universal. Muchos países en Europa lo están discutiendo, y tiene que ver cómo garantizamos los recursos de una manera eficiente. Hay que dejar de pensar desde políticas focalizadas para segmentar a la población más pobre, porque no es algo que resolvés bajando 200 mil planes sociales. Debe ser algo integral, que rediscuta la producción, la distribución y el consumo”.

Los anticuerpos

Gisela Bustos es abogada y también integra el MNER desde la Cooperativa 19 de Diciembre, metalúrgica autopartista recuperada en 2002. Atiende a lavaca luego de realizar una recorrida por cooperativas de San Martín. “La situación es catastrófica”, resume. “Las de alimentos, se mueven algo. Las textiles, algunas trabajan los barbijos. La cooperativa Edy, que produce enchufes, logró sacar un micropedido. Nosotros, como autopartistas, parados: no se mueve un fierro. Veremos si ahora que abren los talleres se empieza a poner en movimiento algo. Pero, por el momento, todo está liquidado”.

Bustos grafica que las cooperativas siguen siendo la Cenicienta, en la versión más atrasada del cuento. “Estamos todes de acuerdo que lo que se hizo como política en contexto de pandemia está bien: la vida vale más que el capital. ¿Pero qué ocurre que nuestro sector es una y otra vez discriminado? De toda la batería de políticas, los que siempre quedamos afuera somos los trabajadores y las trabajadores de las recuperadas”.

La abogada cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el impacto del Covid 19 en el mercado de trabajo argentino: alerta que sólo un 26% de lxs ocupadxs trabajan en empresas de gran escala (con más de 40 personas asalariadas), mientras que un 68% son pymes o trabajadores por cuenta propia. “Ese sector recibe la crisis de forma brutal. Dentro de eso, el impacto en las recuperadas es tremendo”.

Bustos dice que como movimiento asumen que tienen fuerzas limitadas dentro de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, pero que están trabajando en proyectos y resoluciones para lograr políticas concretas. “El cuadro es malo, pero las recuperadas tenemos anticuerpos para salir adelante como sea. Siempre con imaginación y solidaridad, porque lo que estamos viviendo es difícil como pocas veces visto”.

Qué espera de lo que viene: “Esto es como en casa, cuando ves que hay un poco de arroz, un tomate, y hay que ingeniárselas para comer. Tenemos con qué hacerlo. Somos un sector que se ha consolidado en la economía y en la vida productiva de nuestro país. No nos merecemos ser ninguneados ni asistidos con limosnas. Tenemos que tener políticas de fondo para este sector, porque demostramos viabilidad y compromiso con la comunidad. Además de tener una Dirección, que es un paso histórico para el movimiento, necesitamos que se lleve adelante la política que necesitamos para tener una vida digna como trabajadores y trabajadoras de la autogestión”.

Bustos concluye: “Vamos a poner todo para que el se caiga, agarrarlo y que no se quede en el camino. Lo que no pudo la patronal, la justicia, la policía o el macrismo, no vamos a dejar que nos lo arrebate un virus. ¿Cómo nos veo? Peleando, como hicimos siempre”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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