Presentamos el informe julio 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Se registraron 187 femicidios y travesticidios en todo el país durante el año, de los cuales 45 sucedieron en la provincia de Santa Fe, concentrados especialmente en Rosario. «En Santa Fe, se está feminizando la muerte», analiza en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira. Y agrega: «La expansión del crimen organizado y de economías ilegales en las sociedades latinoamericanas, en esos territorios de frontera -no en un sentido jurisdiccional, sino simbólico- donde el Estado se retrae y des-protege está profundizando la subordinación y violencia hacia mujeres racializadas y marginalizadas». El Observatorio Lucía Pérez realiza un registro diario de manera autogestiva de violencias patriarcales de todo el país para dar cuenta la dimensión de la violencia machista en Argentina.

187 femicidios y transfemicidios en lo que va de 2022 en todo el país. 187 vidas sustraídas y cuerpos que la violencia patriarcal apila de forma continua. ¿Cómo las miramos? ¿Cómo interpretamos esta violencia que sistemática y activamente desprotege las vidas de las mujeres y las personas trans para exponerlas a muertes violentas? 

La categoría de feminicidio/femicidio -y, posteriormente, la de transfemicidio- fue producida por activistas y académicas feministas que, desde hace décadas, intentan responder a estas preguntas. En palabras de la mexicana Julia Monárrez Fragoso, son categorías que nos proveen un medio para entender por qué ciertas mujeres son convertidas en sujetos asesinables y desechables. En este sentido, se trata de una categoría analítica y política para comprender las formas extremas y sistemáticas de la violencia de género, arraigadas en relaciones de poder y en nociones patriarcales de las mujeres como sujetos subordinados, como propiedad u objeto de los varones. Esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como una constante de la violencia femicida. 

La impunidad es otra de estas constantes. De hecho, aun cuando socialmente se encuentre más extendida la categoría de femicidio, la de feminicidio fue acuñada por Marcela Lagarde para enfatizar la implicancia estatal en estos crímenes, ya sea por omisión, negligencia, participación o complicidad. En este sentido, por su carácter sistemático, por estar imbricado con variadas formas de opresión y por este fracaso de los Estados en garantizar el respeto de la vida de las mujeres y sus derechos humanos se ha propuesto clasificar a los femicidios como crímenes de lesa humanidad y como una forma generizada de genocidio.

Femicidio es también una categoría jurídica, relativamente novedosa en términos históricos y con derivas particulares en distintos países. En este plano, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso conocido como “Campo Algodonero” vs. México constituye un hito fundamental. Este fallo (noviembre de 2009) sentó las bases de una interpretación jurídica de los femicidios desde una perspectiva de género, en tanto vincula los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez con la violencia misógina y la subordinación y discriminación estructurales por género. La expresión “homicidio de mujer por razones de género”, utilizada en el fallo, ha permeado legislaciones de numerosos países, incluida la Argentina. Se encuentra allí también una definición clave en términos del proceso judicial: “para determinar si un homicidio de mujer es un feminicidio se requiere conocer quién lo comete, cómo lo hace y en qué contexto”.

A nivel regional, otro instrumento importante es el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”. Allí se señala que, para establecer la especificidad de estos crímenes, deben ser considerados como femicidios las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género. Como indicadores, destacan que se trata de muertes violentas a través de las que se pretende refundar y perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer, tales como subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad, a la vez que reproducen asociaciones entre la masculinidad y el poder para determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, para castigarlas o sancionarlas, y en última instancia, para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. El documento también ofrece claves para investigar y analizar una muerte violenta de una mujer desde una perspectiva de género: abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho coyuntural y circunstancial sino como un crimen sistemático, cuya investigación requiere de la debida diligencia de las instituciones del Estado; ir más allá de posibles líneas de investigación que se centran en planteamientos individuales; evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima por lo que le pasó; visibilizar las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género permean los roles, las normas, las prácticas y las significaciones culturales entre hombres y mujeres; buscar alternativas legislativas en materia de prevención de los asesinatos de mujeres por razones de género, reconociendo que, históricamente, las mujeres han sido discriminadas y excluidas del ejercicio pleno y autónomo de sus derechos.

En Argentina, el entramado normativo que define el abordaje de la violencia de género y del femicidio lo constituyen la ley 26.485 (2009) de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley 26.791 (2012), conocida como “agravante por femicidio”, incorporado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal. Sin embargo, estas leyes no se traducen mecánicamente en la incorporación de una perspectiva de género en el procesamiento judicial de estos crímenes, sino que se trata de un proceso aún en curso de disputas simbólicas y políticas.

¿Qué nos permite pensar Rosario?

Hace diez días, en Rosario ocurrió algo inusual. Dos hermanas, Marianela y Estefanía Gorosito, fueron asesinadas y arrojadas en un basural. Este crimen, que se presume tendrían vinculación con el entramado narco de la ciudad, fue caratulado como femicidio por el fiscal Patricio Saldutti. Aquí lo inusual. Porque, como es sabido, el asesinato de mujeres de inusual no tiene nada. Pero sí es infrecuente que femicidios sin un componente de violencia sexual explícita, sin móvil claro y sin un vínculo de intimidad entre víctima y victimario sean calificados como tales por la justicia. Desde hace años los movimientos feministas y de mujeres han logrado visibilizar las formas de violencia de género más íntimas y la alta frecuencia en que familiares, parejas y conocidos resultan los victimarios. Sin embargo, esto no debe conducir a lecturas simplificadas de la violencia y, sobre todo, a interpretaciones jurídicas restrictivas de las figuras penales y los protocolos. En relación a las hermanas Gorosito, en la audiencia el fiscal argumentó que el protocolo de femicidio corresponde porque está claro que se trata de: «la muerte violenta de dos mujeres, víctimas vulnerables, madres con hijos menores (uno cada una), en un contexto de violencia de género de relieve, por la violencia y la atrocidad con la que se cometió y por la forma y lugar de descarte de sus cuerpos». 

En Santa Fe, se está feminizando la muerte. Desde que empezó el año, hubo 45 femicidios en la provincia, concentrados especialmente en Rosario. En comparación con el período 2015-2021, en 2022 se duplicó la proporción de mujeres asesinadas. Distintas voces asocian esta problemática con el narcotráfico, que configura a su vez escenarios de mayor crueldad y atrocidad en los crímenes. Sin embargo, lo que se empieza a conocer como narco-femicidios no son (solo) cosas de narcos. La expansión del crimen organizado y de economías ilegales en las sociedades latinoamericanas, en esos territorios de frontera -no en un sentido jurisdiccional, sino simbólico- donde el Estado se retrae y des-protege está profundizando la subordinación y violencia hacia mujeres racializadas y marginalizadas, como analizó Monárrez Fragoso en esta charla con Marta Montero, organizada por el Observatorio. Cuerpos en disputa en territorios en disputa. 

Hace más de diez años, la filósofa feminista de Tijuana, Sayak Valencia, publicó el libro Capitalismo Gore. Allí retoma el concepto de “necropolítica”, elaborado por el camerunés Achille Mbembe, para abordar la relación entre política y muerte y comprender cómo los Estados emergen, se consolidan y sostienen en la reproducción de la muerte. Retomando y discutiendo con la idea foucaltiana de biopolítica, Mbembe argumenta que la amenaza de muerte violenta sigue prevaleciendo como técnica de gobierno en escenarios contemporáneos. Desde este enfoque, la obra de Valencia ha contribuido a mostrar cómo el Estado-nación neoliberal engendra mundos cotidianos de muerte que incluyen formas de violencia ordinaria y normalizada de racismo y machismo. A partir de investigar espacios de frontera y subordinados basados en la violencia, el narcotráfico y el necropoder, Valencia denominó capitalismo gore a la forma de explotación atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado y corrupción. Mundos cotidianos de muerte estructurados por lógicas coloniales y generizadas, donde el valor de la vida y la humanidad se distribuyen de forma desigual. 

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

¿Qué es la Justicia? La familia de Cecilia Basaldúa – joven asesinada en Capilla del Monte- debió soportar hasta ayer un juicio en el que se acusaba una persona, sin pruebas, señalada únicamente por la policía y el fiscal Sergio Cuello, que en el alegato dijo esto: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Finalmente, el jurado absolvió al joven y su madre y la de Cecilia Basaldúa terminaron abrazadas. Lo que reveló el proceso judicial fue que a metros de donde fue hallado el cuerpo, una familia denunció haber encontrado una habitación llena de sangre: eso nunca se investigó. Ahora la familia motoriza un nuevo proceso en el que se investigue esa prueba y las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía que buscaron armar este no-juicio. La movilización social, clave para desarmar la in-justicia.

Por Bernardina Rosini desde Cruz del Eje.

La gramática de la justicia explotó. Ésta es la noticia.

Cuando a poco más de las 18:30hs del viernes 1 de julio se anunció la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la decisión fue celebrada por la familia de la víctima.

Tras la lectura del veredicto la madre de Cecilia vio a la mamá del acusado en el pasillo de Tribunales, y le dio un fuerte abrazo.

Si el imaginario de Justicia – por lo menos el que sobrevive raquíticamente entre quienes se mantienen vírgenes de estas experiencias infernales- es un juez o jurado imparcial dirimiendo entre dos partes en conflicto, eso ya no existe. Como ver estrellas en la noche que hace tiempo no están. Otros tiempos, y otras distancias.

Veamos esto de cerca.

El proceso judicial que se inició el 2 de mayo ya tenía otro encuadre: no había conflicto entre las partes, los padres de Cecilia jamás consideraron a Lucas como posible femicida. Sabían que el joven poblador rural de 24 años había sufrido aprietes por parte de la policía local para forzar una confesión. La consistencia de la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. La supuesta confesión se basaba únicamente en el testimonio de cuatro policías que dicen haber escuchado dicha confesión. Eso declaró, por ejemplo, el oficial Ariel Zárate, quien participó de manera virtual de la audiencia por encontrarse detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Nada más. No había testigos que incriminaran a Lucas en la escena del crimen, ni rastros genéticos. Tampoco en el cuerpo de Cecilia. No había pruebas siquiera de que Lucas y Cecilia se hubieran conocido. En las audiencias casi no se lo mencionaba, a él, a Lucas, a quien se supone que todo debiera señalar. Pero sí se mencionaba a otras personas: a la última persona que con certeza se sabe vio con vida a Cecilia, a Mario Mainardi. A quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa. Por mencionar solo una de las líneas de investigación que claramente se presentaban y fueron descartadas, a pesar del pedido insistente de la familia de la víctima.

Las audiencias entraron en pausa en el mes de junio cuando la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, presentó al Tribunal una denuncia realizada a pocos días de la desaparición de Cecilia en abril del 2020. Una familia se acercó a la policía de Capilla del Monte tras haber encontrado en una casa de su propiedad una habitación manchada de sangre.  Radicaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. Casa ubicada a sólo 600 metros de donde se halló finalmente el  cuerpo de Cecilia. Quedó  tambaleante la definición del lugar del crimen.

Y así, repetidamente en las audiencias del juicio se exhibía la desprolijidad, el incumplimiento de los procesos y la deficiencia de la fiscal Paula Kelm. Y de una investigación llevada no judicialmente sino por efectivos policiales locales.

Tan trastocados estaban los roles y responsabilidades que en el alegato final, el fiscal Sergio Cuello expresó: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Seguidamente, repitió su solicitud de condena a cadena perpetua. Fue el abogado Gerardo Battiston, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debió recordarle al fiscal que su deber no era forzar una condena sino exhibir una sucesión de hechos probados que constituyan el crimen juzgado. “No hay certezas sobre el lugar del hecho, se omitieron testimonios claves, se ha dejado de valorar pruebas determinantes. ¿Van a condenar a un joven con un fiscal que manifiesta el deseo de tener más pruebas contra él?»

Para el cierre, Susana, la madre de Cecilia, pidió decir unas palabras. Se paró en el medio de la sala, micrófono en mano dijo desilusión. Dijo que todo era un mamarracho. Giró hacia el fiscal y le dijo que rompió una promesa, el compromiso de ir hacia la verdad. Y le apuntó: “Voy a pedir juicio político para vos”.

Afuera del edificio, bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Anunciaron el veredicto dos horas más tarde: “El Tribunal, integrado por jurados populares y jueces técnicos por unanimidad resuelve absolver a Lucas Adrián Bustos”. Y ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación y recomendó al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscalía de instrucción.

De este modo se celebró alegremente la absolución del acusado por el femicidio de Cecilia, se reconoció su inocencia y se logró abrir la puerta para una nueva investigación. Después de este estallido, puede que nazca algo nuevo.

Tal vez, luz.

Las capas rojas y cofias blancas volvieron a recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires en la tarde del jueves 30 de junio.  Vestidas como las protagonistas de la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada (convertida también en serie televisiva), doce mujeres caminaron en fila desde el Museo Eva Perón hasta la Embajada de Estados Unidos, donde el embajador Marc Stanley celebraba un cóctel con más de mil invitados por el aniversario 246 de la independencia de su país, que se festeja el 4 de julio.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que el pasado viernes 24 de junio anuló el derecho a la interrupción del embarazo en todo ese país revocando la histórica sentencia Roe vs. Wade, que data de 1973, cada estado tomará la decisión de legalizar o no el derecho al aborto. Con este panorama, la colectiva Las Criadas —cuya primera acción fue en junio de 2018, iniciativa que se repitió en CABA y en distintas ciudades del país hasta que se obtuvo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina— encendió el alerta y volvió a ponerle el cuerpo al vestuario, al pañuelo verde y a la afirmación de este derecho adquirido. Y como tantas veces repitió la marea verde: “Si tocan a una, nos tocan a todas”.

Con la intención de acercarse a la puerta de la Embajada y permanecer allí sosteniendo en alto el pañuelo verde, Las Criadas se dirigieron en fila hacia la esquina de Av. Del Libertador y John F. Kennedy pero a pocos metros de la entrada fueron interceptadas por la custodia policial. Varios patrulleros, personal policial, perros y caballos formaban parte del operativo.

Las Criadas permanecieron en fila y en silencio sobre la plaza que está frente a la Embajada, durante cuarenta minutos. Frente a ellas, un cordón policial.  

La web de la Embajada estadounidense publicó el discurso que dio el  embajador Stanley ante sus invitados, en el que expresa que “es un buen momento para reflexionar sobre los principios que fueron la base de nuestro país: la igualdad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estamos orgullosos de estos valores”. Y anunció que junto a su esposa Wendy prepararon un “programa maravilloso” que consistió en un video de fuegos artificiales y música en vivo.

La escritora Margaret Atwood escribió hace días una columna que reprodujo el diario español El País titulada: “Yo inventé Gilead. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo está haciendo realidad”, en referencia a esa geografía que imaginó de autoritarismo, fundamentalismo y sometimiento de las mujeres.

Continúa Atwood: “Cuando escribí El cuento de la criada creía que era ficción. Qué ingenua. Las dictaduras teocráticas no pertenecen solo al pasado remoto, hoy existen varias en el planeta. ¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no sea una más?”. 

Inspiradas en esas mujeres que imaginó Atwood, Las Criadas en Argentina realizaron desde 2018 sus acciones en la puerta del Congreso de la Nación, en Tribunales, en la Feria del Libro, en la Casa Rosada, en el Centro Cultural Recoleta y la acción realizada en el Parque de la Memoria fue considerada por el sitio norteamericano de arte y cultura visual Artsy.net como uno de los hechos más importantes del fotoperiodismo mundial en 2018.

Ayer volvieron a estar en la calle, movilizadas por una lucha urgente, por un derecho de todas. Los pañuelos verdes se siguen agitando.